Sentencia C-174 de febrero 14 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

VENTA DE COSA AJENA

LA NORMA QUE LE OTORGA VALIDEZ ES EXEQUIBLE

SENTENCIA NÚMERO C-174 DE 2001

Ref.: Expediente D-3142

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actores:

Sandra Liliana Arias Loaiza y otros

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1871, 1874 y 1875 del Código Civil.

Bogotá, D.C., catorce de febrero del año dos mil uno.

EXTRACTOS: «II. Las normas demandadas

El siguiente es el texto de las disposiciones demandadas contenidas en el Código Civil.

“LIBRO CUARTO

De las obligaciones en general y de los contratos

TÍTULO XXIII

De la compraventa

CAPÍTULO IV

De la cosa vendida

ART. 1871.—La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo.

CAPÍTULO V

De los efectos inmediatos del contrato de venta

ART. 1874.—La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta.

ART. 1875.—Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición.

Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, porque los artículos 1871, 1874 y 1875 están contenidos en el Código Civil que es una ley de la República.

2. Problema jurídico planteado e inhibición parcial.

Los actores solicitan la exclusión del ordenamiento jurídico de los artículos 1871, 1874 y 1875 del Código Civil por cuanto consideran que darle validez a la venta de cosa ajena vulnera el orden justo, que la Constitución Política impone, es causa de inseguridad jurídica y desconoce el derecho de dominio sobre la cosa negociada que el Estado debe garantizar a su verdadero titular.

No obstante, los artículos que los actores dicen demandar no sólo privan al comprador de la posibilidad de impugnar el contrato de compraventa, por el solo hecho de la titularidad del derecho sobre la cosa vendida; también dejan a salvo los derechos del verdadero dueño, se refieren a la extinción de los mismos por el transcurso del tiempo —C.C., art. 1871—, le otorgan al contrato la posibilidad de conferir “al comprador los derechos de tal desde la fecha de venta”, una vez ratificado el contrato por el verdadero dueño —C.C., art. 1874— y regulan los efectos del negocio jurídico cuando el vendedor adquiere la cosa vendida con posterioridad a su celebración, tanto en el caso de venta única como de ventas sucesivas —art. 1875.

Ahora bien, sin reparar en el contenido descrito, los actores acusan los artículos mencionados por violar el preámbulo y los artículos 2º y 58 de la Constitución Política, porque se le confiere valor a la venta de cosa ajena desconociendo los derechos del comprador y del verdadero dueño.

Por lo anterior, y de conformidad con la competencia que le ha sido asignada por el artículo 241 de la Constitución Política, la Corte se limitará a analizar la constitucionalidad de los efectos de la compraventa, cuando el contratante vendedor no es el verdadero dueño, considerando, además, la exclusión del verdadero titular, por cuanto —como quedó dicho— respecto de la expresión “La venta de cosa ajena vale”, que hace parte del artículo 1871 del Código Civil, los actores dieron cumplimiento a los requisitos que el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 exige, para los juicios de constitucionalidad y la frase que le sigue “sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño” conforma con la anterior unidad normativa.

No obstante, se declarará inhibida para considerar y pronunciarse con relación a la constitucionalidad de los artículos 1874 y 1875 del estatuto civil, al igual que respecto de la expresión “mientras no se extinga por el lapso de tiempo” que hace parte del 1871 demandado, porque —tal como se expuso— contra estas disposiciones no se formularon cargos y la inconstitucionalidad propuesta no fue motivada. Lo anterior por cuanto al entrar a estudiar de fondo el asunto, para decidir como corresponde, tal omisión se ha hecho evidente.

3. Cuestiones preliminares.

El ciudadano interviniente conceptúa, que conferirle validez a la venta de cosa ajena, denota cuál fue el sistema jurídico elegido por la ley para regular las relaciones patrimoniales, en uso de las facultades que le fueron conferidas por los artículos 150 y 58 del ordenamiento constitucional y, al parecer de la Corte, le asiste razón.

Lo anterior por cuanto, en aquellos sistemas que le confieren a la sola voluntad de las partes —vendedor y comprador— el poder de transferir y adquirir el derecho sobre la cosa, la titularidad del vendedor es presupuesto de validez del contrato —nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet—; mientras que en aquellos en los cuales el vendedor tan solo se obliga a transferir “tradere”, o a garantizar la posesión pacífica de la cosa negociada —dare—, tal titularidad resulta indiferente al contrato, porque el comprador asume el riesgo contractual de que la transferencia y la entrega de la cosa vendida, se den o no se den, en tanto que el vendedor garantiza su ejecución y, de no producirse, una, otra, o ambas, se obliga a resarcir el daño causado —res aliena venire potest—. Es decir que en el primer caso la compraventa es un contrato traslativo, en tanto que en el segundo este mismo contrato es simplemente obligacional.

Ahora bien, si el contrato de compraventa sólo genera obligaciones, la venta de cosa ajena, aunque válida, no produce efectos para el titular del derecho negociado; mientras que un contrato traslativo requiere para su validez el consentimiento o la posterior ratificación del verdadero dueño, por ser modo de adquirir y transmitir el derecho sobre la cosa vendida.

Por lo anterior les asiste razón a los intervinientes, y a la vista fiscal, cuando se detienen en la necesidad de distinguir con claridad el sistema jurídico que rige las relaciones patrimoniales en nuestro ordenamiento, porque, como lo destaca el vocero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, tal distinción informa no sólo las fuentes de las obligaciones, sino también el modo de adquirir los derechos reales.

Dice don Luis Claro Solar al referirse al sistema elegido por don Andrés Bello:

“El sabio redactor de nuestro código, no teniendo en el antiguo derecho, ni en el código francés precedentes que poder seguir, y preocupado de la necesidad de constituir la propiedad inmueble sobre una base de publicidad que fuera sólida garantía de dominio y del régimen hipotecario se inspiró en lo que a este respecto existía en aquella época en varios Estados de Alemania” (1) .

(1) Claro Solar Luis, “Explicaciones de derecho civil chileno y comparado”, tomo séptimo, De los bienes II, Editorial Jurídica de Chile, Editorial Temis, 1992, página 315.

La trascendencia de tal distinción fue destacada por don Andrés Bello en el mensaje que sirvió de preámbulo al Código Civil chileno, en los siguientes términos:

“La transferencia y la transmisión de dominio, la constitución de todo derecho real, exceptuadas como he dicho las servidumbres, exigen una tradición; y la única forma de tradición que para estos actos corresponde es la inscripción en el registro conservatorio. Mientras ésta no se verifique, un contrato puede ser perfecto, puede producir obligaciones y derechos entre las partes, pero no transfiere el dominio, no transfiere ningún derecho real, ni tiene respecto de terceros existencia alguna” (2) (destaca la Corte).

(2) Ibídem página 323.

Interpretando el sentido del anterior aparte, dice don Luis Claro Solar:

“Lo que se ha entendido decir en estos conceptos del mensaje es que con respecto a los contratos que constituyen títulos traslaticios de dominio, la inscripción es la única forma de tradición que la ley admite y que la inscripción, como tal, da al adquirente, no la propiedad libre y saneada de toda carga o gravamen, sino como la tenía el tradente; de modo que si éste no es el verdadero dueño de la cosa, aunque tenga posesión inscrita, no transfiere al adquirente, conjuntamente con la posesión, otros derechos que los que él tenía y tales como los tenía. Idéntica es la disposición del código austríaco de 1811 y ambos códigos están conformes con la ley romana …” (3) .

(3) Ibídem página 325.

Y más adelante el mismo autor sostiene:

... Para nuestro derecho civil en que el dominio y los demás derechos reales no se adquieren por el solo efecto de los contratos; para nuestro derecho civil en que la venta de cosa ajena vale, precisamente, porque la venta por sí sola no está llamada a traspasar el dominio, sino a servir de título a la transferencia que debe efectuar el deudor, como cumplimiento de su obligación de transferir la cosa al comprador, la imposibilidad en que puede encontrarse el heredero para hacer en forma legal la tradición del dominio del inmueble hereditario que ha enajenado … no puede afectar a la validez del título …” (4) .

(4) Ibídem página 359.

Así las cosas, al parecer de la Corte, de la lectura del artículo 1871 en estudio, se desprende con claridad que el legislador colombiano optó por el sistema jurídico en que el consentimiento simplemente genera obligaciones, como principio regulador de las relaciones patrimoniales, facultad que le ha sido conferida por los artículos 58 y 150 numerales 2º y 10 de la Constitución Política, en cuanto son los derechos patrimoniales adquiridos conforme a la legislación civil los que el ordenamiento superior garantiza, y la expedición de códigos, en éste como en otros aspectos de la legislación, se encuentra entre los deberes que a este órgano del poder público le corresponde asumir.

4. Asignar al contrato la posibilidad de generar únicamente obligaciones concuerda con el postulado de la justicia, brinda seguridad jurídica y garantiza los derechos de las partes y terceros.

Una vez aceptado que la adopción del sistema regulador de los derechos patrimoniales, se encuentra entre las funciones concedidas al Congreso de la República, corresponde decidir si el elegido concuerda con los postulados y principios de la Constitución Política, porque los demandantes acusan al artículo 1871 del Código Civil de vulnerar el Preámbulo y los artículos 2º y 58 de dicho ordenamiento.

Ahora bien, contrario a lo afirmado en la demanda, disponer que la venta de cosa ajena sea válida, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, propugna por la realización de la justicia, debido a que circunscribe los efectos del contrato a quienes intervinieron en su celebración y distingue entre validez o invalidez del contrato y cumplimiento.

Además, dejar a salvo los derechos del verdadero titular porque no intervino en la negociación, así ésta tenga por objeto su propio derecho, es un principio que desarrolla debidamente los artículos 15, 16 y 17 de la Constitución Política, toda vez que resulta imperativo excluir de los efectos del contrato a quien no tuvo la oportunidad de consentir en él, y es principio ordenador de la libertad que cada cual pueda disponer de sus bienes o dejar de hacerlo conforme se lo dictaminen sus propios intereses, haciendo caso omiso, sin tener que explicarlo, de las estipulaciones de terceros que involucran lo suyo.

También respecto de las partes las expresiones en estudio dan correcta aplicación a los artículos antes mencionados, porque las obligaciones libremente asumidas —transferencia del derecho negociado, entrega real y material de la cosa y pago del precio—, pueden ser exigidas prescindiendo de la titularidad del bien.

Lo anterior por cuanto si el vendedor no cumple con la obligación de transferir el derecho, habiéndose comprometido a ello, cualquiera fuera la causa, el afectado podrá optar por la resolución del contrato con el resarcimiento de perjuicios, pero, de involucrarse el cumplimiento con la validez del negocio, el afectado tendría que acudir a una acción de nulidad o anulabilidad, para reclamar lo suyo, situación que además de alejarlo de la posibilidad de llegar a ser dueño de la cosa, lo pondría en desventaja respecto del otro contratante porque, ante el no pago del precio, el vendedor sí podría optar por la resolución del acuerdo.

Así mismo, aunque las disposiciones que así lo preceptúan no sean objeto de juicio de constitucionalidad, tal como lo afirma el académico interviniente si el vendedor pone al comprador en posesión pacífica de la cosa vendida; aunque no le transfiera el derecho, éste puede acceder a él por medio de la prescripción, alegando la existencia de un título válido —C.C., arts. 762, 764 y 765— y, si lo desea, podrá sumar su posesión a la de su antecesor —C.C., art. 778—. Posibilidades que se verían truncadas de aceptar los planteamientos de la demanda, debido a que lo ilícito no puede producir efectos favorables en el ordenamiento —C.C., art. 766— porque de producirlos vulneraría el orden justo —C.P., art. 2º—.

De otra parte, las expresiones del artículo 1871 del Código Civil, en estudio, garantizan los derechos de las partes contratantes y de los terceros conforme a lo preceptuado por el artículo 58 constitucional, porque haciendo caso omiso de la titularidad de la cosa vendida permite la realización del derecho adquirido a que se ejecute el contrato celebrado, de tal suerte que el vendedor estará obligado a entregar la cosa —tradere y dare—, el comprador a pagar el precio, y ambos pueden acudir a la justicia para exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Además el derecho real adquirido en nada se afecta, aun siendo el objeto del contrato celebrado por otros, en razón de que el contrato es “res inter alios acta" respecto de aquél y, en caso de que su ejecución afecte al verdadero dueño, tiene acciones para defender lo suyo —C.C., arts. 646 y siguientes.

Por lo anterior esta corporación mantendrá en el ordenamiento jurídico las expresiones “la venta de cosa ajena vale, sin perjuicios de los derechos del dueño de la cosa vendida”, contenidas en el artículo 1871 del Código Civil, sin que esta decisión pueda entenderse como el prohijamiento de la conducta punible de quien dolosamente vende lo que no es suyo porque, en tales casos el ordenamiento tiene previstas sanciones, que, además, afectan la validez del contrato —C.P., arts. 349, 356, 358 y 365; C.C., 1502 a 1526. Empero, la práctica enseña que son muchos los casos en que se vende lo ajeno sin que medie dolo ni engaño en la celebración del contrato, porque vendedor y comprador consienten en el estado del derecho negociado y, en muchos casos, se presentan errores insalvables creadores de derecho —C.C., art. 947 (5) .

(5) Gaceta Judicial Tomo XLIII junio de 1936. Corte Suprema de Justicia — Sala de Casación Civil, sentencia de 20 de mayo de 1936, M.P. Eduardo Zuleta Ángel.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declararse inhibida para decidir respecto de los cargos formulados contra los artículos 1874 y 1875 del Código Civil, por ineptitud formal de la demanda.

2. Declararse inhibida para decidir respecto de la constitucionalidad del artículo 1871 del Código Civil, salvo respecto de las expresiones “la venta de cosa ajena vale, sin perjuicios de los derechos del dueño de la cosa vendida” que se declaran EXEQUIBLES.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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