Sentencia C-176 de mayo 6 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

INIMPUTABLES

MEDIDAS DE SEGURIDAD

EXTRACTOS: «El ciudadano Jaime Enrique Lozano demandó parcialmente los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980, cuyo texto es el siguiente (se subraya lo demandado):

“DECRETO 100 DE 1980

ART. 94.—Internación para enfermo mental permanente. Al inimputable por enfermedad mental permanente, se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, de carácter oficial, en donde será sometido al tratamiento científico que corresponda. Esta medida tendrá un mínimo de dos (2) años de duración y un máximo indeterminado. Se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica.

ART. 95.—Internación para enfermo mental transitorio. Al inimputable por enfermedad mental transitoria, se le impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico o similar, de carácter oficial, en donde será sometido al tratamiento que corresponda. Esta medida tendrá un mínimo de seis (6) meses de duración y un máximo indeterminado. Transcurrido el mínimo indicado se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica.

ART. 96.—Otras medidas aplicadas a imputables. A los inimputables que no padezcan enfermedad mental, se les impondrá medida de internación en establecimiento público o particular, aprobado oficialmente, que pueda suministrar educación o adiestramiento industrial, artesanal o agrícola. Esta medida tendrá un mínimo de un (1) año de duración y un máximo indeterminado. Se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona haya adquirido suficiente adaptabilidad al medio social en que se desenvolverá su vida”.

4. Rehabilitación y libertad

Dos conceptos de extrema importancia se encuentran en juego en el negocio de la referencia: la rehabilitación y la libertad. El primero encuentra su fundamento constitucional en los artículos 13 y 47 de la Carta Política. El segundo en el preámbulo y en los artículos 16, 28, 29 y 34 ídem.

4.1. La rehabilitación de los disminuidos. 

1. Dice así el artículo 13 de la Constitución:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan”.

La Sala Plena de la Corporación ha esclarecido los alcances de este artículo en los siguientes términos:

“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática.

Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí misma hacer imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos del orden natural, biológico, moral o material, según la conciencia social dominante en el pueblo colombiano.

Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. En este sentido se deben adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de inferioridad manifiesta, como afirma el artículo 13 en sus incisos 2º y 3º.

La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad

El principio de igualdad entonces implica que frente a los inimputables se deba adoptar una legislación particular y especial, distinta de la aplicable a los imputables, justamente por su condición de distintos por motivos psíquicos.

2. El artículo 47 de la Constitución prescribe lo siguiente: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

La norma citada es concordante con la anterior, así como con el derecho a la seguridad social en general (C.P., art. 48), como quiera que la contrapartida de la constatación de una persona desigual en el correlativo deber especial del Estado para prestarle una atención especializada y doblemente eficiente, pues aparte de los derechos generales de los disminuidos, éstos tienen derechos específicos no extensibles al resto de la sociedad.

Se trata de unos derechos de aplicación inmediata, como quiera que la especial protección que requieren los disminuidos es un mandato imperativo para todos los operadores jurídicos, al tenor del artículo 13 de la Carta.

Es por ello entonces que respecto de los inimputables del Estado deberá prestarles la atención integral “que requieran”, sin importar el tiempo o la intensidad de los respectivos tratamientos científicos, los cuales deben estar inscritos en un marco de dignidad propia del ser humano.

Así, de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y de rehabilitación, un disminuido psíquico no sólo es tan persona como cualquier otra, con su misma dignidad, sino que además posee derechos específicos y adicionales, derivados de su condición.

3. En los artículos 350 y 366 se hacen idénticos términos la siguiente afirmación:

... el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación...

Se observa entonces que si dentro de los fines esenciales del Estado se consagra la efectividad de los derechos (C.P., art. 2º), y los derechos de los disminuidos —en este caso psíquicos— poseen un plus respecto de los demás (arts. 13 y 47), el deber estatal de garantizarles una seguridad social integral es prioritario sobre cualquier otra asignación del gasto público.

4.2. La libertad. 

1. El preámbulo de la Carta de 1991 dispone que la libertad es uno de los valores fundantes del Estado colombiano.

2. El artículo 16 de la Constitución de Colombia establece lo siguiente:

“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

Se observa que la axiología del preámbulo se traduce en un derecho concreto, de orden fundamental, consistente en el derecho a la autodeterminación de la persona.

El libre desarrollo de la personalidad se traduce en la libertad de opción y de toma de decisiones de la persona, siempre que no se alteren, como la misma norma lo establece, los derechos de los demás y el orden jurídico.

Ahora bien, el ejercicio concreto de este derecho exige un presupuesto básico: que la persona tenga la capacidad psíquica para autodeterminarse. De lo contrario el derecho debe ser asegurado en su núcleo esencial mediante un debido tratamiento y curación, que le permita a la persona finalmente gozar a plenitud del mismo.

Es por ello que los inimputables que cometan un hecho punible y cuya condición haya sido establecida debidamente por dictamen pericial debe ser sometido por parte del juez a una medida de seguridad. Así, la causa última de la limitación de la libertad en estos casos no es otra que la especial condición personal de una persona que ha atentado contra un bien jurídico tutelado. El dictamen pericial que constata la condición del inimputable —permanente o transitorio—, así como la decisión del juez competente son mecanismos accesorios que constatan médica y judicialmente una situación previa y esencial. La persona no es inimputable porque un juez, apoyado en un dictamen médico, así lo diga, sino que el juez, basado en un experticio, constata una condición que la persona ya tenía: inimputable.

3. Dice así el artículo 28 de la Carta Política de 1991:

“Toda persona es libre...

En ningún caso podrá haber detención, prisión y arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles” (negrillas fuera de texto).

La claridad de esta disposición despeja toda duda acerca de la imposibilidad de establecer medidas de seguridad imprescriptibles. En otras palabras, tanto las penas como las medidas de seguridad tienen constitucionalmente un tiempo límite más allá del cual prescribe la acción penal.

4. El artículo 29 de la Constitución Política es del siguiente tenor en su inciso primero: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.

La garantía del debido proceso es una conquista secular de la humanidad, enderezada a asegurar la libertad de las personas frente el ius puniendi a cargo del Estado.

El debido proceso entonces, aplicado a los inimputables, implica que éstos deben recibir el tratamiento jurídico-penal previsto en la Constitución y en la ley, de suerte que si se viola alguno de sus derechos se menoscaba, al mismo tiempo, el derecho constitucional fundamental al debido proceso.

Y de conformidad con los acápites anteriores, el debido proceso para los inimputables debe ser especialmente generoso y respetado, ya que, se reitera, goza por tal calidad de un plus en su contenido y eficacia.

5. El artículo 34 de la Constitución reza así en su inciso primero: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

Esta norma es concordante con la anterior, como quiera que repite que no habrá pena perpetua en Colombia.

De la mano del silogismo, si se acepta que las medidas de seguridad son una consecuencia de un hecho punible realizado por un inimputable, se concluye con una lógica elemental que las medidas de seguridad no podrán ser perpetuas.

5. Relación entre las penas y las medidas de seguridad

La consecuencia de un hecho punible puede ser una pena o una medida de seguridad. Tales resultados tienen semejanzas y diferencias, como se analiza a continuación.

5.1. Identidades.

Tanto la pena como la medida de seguridad son consecuencias de la comisión de un hecho punible tipificado en las normas penales. Ambas medidas acarrean en principio la privación de la libertad en virtud de una providencia judicial de un juez de la República. En ambas se debe respetar el debido proceso. En los dos casos además se debe probar de manera plena los elementos que determinan tales medidas.

Tanto la pena como la medida de seguridad tienen finalidades similares, porque con ellas se pretende aislar a quien con su conducta ha demostrado ser un peligro para el medio social, y ambas cumplen fines de readaptación, buscando la inocuización de quien mostró ser peligroso.

Como acertadamente lo afirma Welzel, tanto la pena como a medida de seguridad suponen una restricción de la libertad del individuo y ambas a su vez deben tender a la resocialización, razón por la cual no hay entre ellas diferencias de estructura.

Por otra parte, la imposición de la medida de seguridad por parte del poder judicial del Estado, es otra característica común con las penas que las identifican en cuanto a su estructura tanto interna como externa. Ambas se imponen como consecuencia de la realización de un hecho punible y por tanto ambas son “posdelictuales”. De las dos se exige el principio de legalidad, en el sentido de que no pueden imponerse, una ni otra, sino está previamente definida en la ley, de la misma manera que exige el principio de legalidad del proceso, en el sentido de que no pueden ser aplicadas sino como consecuencia de un proceso previamente determinado por ley anterior, y sólo puede ser impuesta como consecuencia de una decisión judicial.

La responsabilidad penal es el compromiso que le cabe al sujeto por la realización de un hecho punible y conforme a la legislación vigente no existe duda alguna de que ésta se predica tanto de los sujetos imputables como de los inimputables.

Tal conclusión en consecuencia de la existencia de dos clases de hechos punibles, en términos estructurales, en el Código Penal Colombiano, esto es, el hecho punible realizable por el sujeto inimputable que surge como conducta típica antijurídica y culpable, y el hecho punible realizable por sujeto inimputable que surge como conducta típica y antijurídica pero no culpable (delito en sentido amplio).

Por tanto ambas estructuras jurídicas implican responsabilidad penal, siendo la de los imputables responsabilidad subjetiva, al tiempo que para los inimputables la responsabilidad penal es objetiva.

5.2. Diferencias. 

No obstante las anteriores semejanzas, entre las penas y las medidas de seguridad median, entre otras, las siguientes diferencias.

5.2.1. Las penas. 

5.2.1.1. Noción general. La pena es la consecuencia de la responsabilidad penal de los imputables, cuando judicialmente se ha establecido que se ha cometido un hecho punible en forma típica, antijurídica y culpable. Precisamente este último elemento, la culpabilidad, es el que diferencia, desde el punto de vistas conceptual, la pena de la medida de seguridad.

5.2.1.2. Fines de la pena. Según el artículo 12 del Código Penal, “la pena tiene función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora”. Se advierte que, siendo imputable la persona condenada, no se le trata como a un disminuido psíquico sino como a una persona normal pero que ha cometido un hecho punible.

5.2.1.3. Deber del Estado. En los casos de los imputables, el Estado tiene el deber, al privarlo de la libertad, de otorgarle ciertas condiciones mínimas de dignidad, comunes para todas las personas que se encuentren en semejante situación, sin necesidad de realizar un tratamiento penitenciario especial en cada caso.

5.2.1.4. Obligaciones del imputable condenado. El imputable condenado, por su parte, tiene el deber jurídico de soportar la privación de la libertad y demás medidas accesorias de la pena principal.

5.2.1.5. Determinación del tiempo de la pena en la sentencia. En el caso de los imputables, el juez en la sentencia determina un tiempo cierto y preciso de reclusión, sin perjuicio de la eventual y futura existencia de las diferentes modalidades de subrogados penales. En todo caso, y esto es lo importante para el negocio que nos ocupa, el tiempo de la pena es un tiempo determinado, fijado definitivamente en la propia sentencia de manera exacta en términos de años, meses y días.

5.2.2. Las medidas de seguridad.

5.2.2.1. Noción general. La medida de seguridad es la privación o restricción del derecho constitucional fundamental a la libertad, impuesta judicialmente por el Estado, con fines de curación, tutela y rehabilitación, a persona declarada previamente como inimputable, con base en el dictamen de un perito psiquiatra, con ocasión de la comisión de un hecho punible. Es imposible desconocer que al igual que la pena, la medida de seguridad es, cuando menos, limitativa de la libertad personal, así se establezca que la medida de seguridad tiene un fin “curativo” no está sometida a la libre voluntad de quien se le impone. Ella es una medida coercitiva de la que no puede evadirse el inimputable por lo menos en relación con la internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada de carácter oficial (C.P., art. 94). Así mismo no escapa a la Corte Constitucional que sobre esta materia se ha desarrollado un amplio debate jurídico. La Corte sin embargo no entra a tomar partido sobre las varias teorías existentes en torno a la naturaleza jurídica de las medidas de seguridad. Por otra parte, respecto de la ejecución de la medida de seguridad, el nuevo Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91) creó los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. El artículo 75 del Código de Procedimiento Penal determina la competencia de dichos jueces, especialmente para verificar que los lugares destinados al cumplimiento de la sentencia se encuentren aceptables condiciones para el cumplimiento de la pena —y también debe entenderse, con mayor razón todavía, que igualmente se aplica para las medidas de seguridad—. Para la vigilancia de la ejecución de las medidas de seguridad del nuevo Código de Procedimiento Penal creó un grupo interdisciplinario asesor del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. El grupo interdisciplinario podrá integrarse un médico, un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo, un trabajador social, un criminólogo y el director del establecimiento, de acuerdo con las capacidades de cada centro de reclusión. La ejecución de la pena y de la medida de seguridad exige la intervención de diversos profesionales con el fin de que aporten sus conocimientos para la satisfacción de cada una de las necesidades existentes. Por lo tanto la colaboración de un grupo interdisciplinario facilita la resocialización y rehabilitación de imputables e inimputables.

5.2.2.2. Fines de la medida de seguridad. El artículo 12 del Código Penal establece lo siguiente:

“ART. 12.—Función de la pena y de las medidas de seguridad. La pena tiene función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación” (negrillas no originales).

Este artículo sólo se podría interpretar a partir de la necesidad que tiene la sociedad de protegerse de los individuos respecto de los cuales, por haber realizado una conducta prevista en al ley como delito y sin concurrir una causal de justificación, puede decirse con un juicio razonable de probabilidad que pueda volver a cometer la misma conducta. Este ha sido el argumento central para justificar los fines de “curación, tutela y rehabilitación” dentro de un Estado social de derecho. Tales fines se especifican así:

1. Mediante el término “curación” se pretende sanar a la persona y restablecerle su juicio. Ello sin embargo plantea el problema de los enfermos mentales cuya curación es imposible por determinación médica y por lo tanto se encuentran abocados a la pérdida de su razón hasta la muerte.

2. Cuando la ley habla de “tutela” se hace alusión a la protección de la sociedad frente al individuo que la daña. Así las cosas, si se llegare a establecer que un individuo ha recuperado su “normalidad psíquica” es porque no ofrece peligro para la sociedad y por tanto no debe permanecer por más tiempo sometido a una medida de seguridad.

3. Y por “rehabilitación” debe entenderse que el individuo recobre su adaptación al medio social. La rehabilitación es la capacitación para la vida social productiva y estable, así como la adaptabilidad a las reglas ordinarias del juego social en el medio en que se desenvolverá la vida del sujeto.

Por otra parte, las medidas de seguridad no tienen como fin la retribución por el hecho antijurídico, sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las reglas de grupo. La prevención que aquí se busca es la especial. De acuerdo con este objetivo se conforma su contenido. Otra cosa es que, por su carácter fuertemente aflictivo, también tenga efectos intimidatorios.

5.2.3. Deber del Estado. Frente a los inimputables el Estado tiene un doble deber: al igual que los imputables, el Estado tiene el deber de privar de la libertad al inimputable que ha cometido un hecho punible. Pero a diferencia de aquéllos, el Estado tiene frente a los inimputables un deber distinto, adicional y específico, según los artículos 13 y 47 de la Constitución: debe adelantar una política de rehabilitación de las personas diferentes del punto de vista psíquico. Por eso, mientras el inimputable que ha cometido un hecho punible se encuentre siendo objeto de una medida de seguridad, el Estado debe proveer obligatoria e ininterrumpidamente todo el tratamiento científico especializado para curar, tutelar y rehabilitar a la persona, con el fin de que ella tenga dignidad. Se establece pues un especial vínculo jurídico entre el inimputable que ha cometido un hecho punible y el Estado.

5.2.2.4. Obligación del inimputable objeto de la medida de seguridad. Como contrapartida de lo anterior, el inimputable que ha cometido un delito debe soportar la privación de la libertad durante el tiempo que dure el tratamiento que lo rehabilitará par la vida en sociedad.

5.2.2.5. Indeterminación del tiempo al momento de la sentencia. Al momento de dictarse la providencia judicial que impone la medida de seguridad para el inimputable que ha cometido un hecho punible, el juez no fija la duración precisa de tal medida. Es por ello que la norma objeto de esta demanda emplea el termino “máximo indeterminado”. En ningún caso sin embargo la medida debe exceder el tiempo previsto en el respectivo tipo penal para ese delito.

6. Del examen de constitucionalidad del caso concreto

6.1. Inconstitucionalidad del máximo indeterminado de la medida de seguridad.

Se ataca en la medida el término “indeterminación”, en el sentido de que para el actor él significa la falta del límite máximo en la medida de seguridad, de suerte que ésta deviene en cadena perpetua.

Para la Corte Constitucional el tiempo de duración máxima de la medida de seguridad es el equivalente del término de la pena prevista para ese hecho punible. Tal tope tiene dos efectos: primero, no se podrá internar a nadie en calidad de medida de seguridad más allá de dicho lapso; segundo, dicho tiempo señala igualmente el plazo para la prescripción de la medida de seguridad.

Entonces cuando se llegue el plazo máximo de la medida de seguridad, el juez está obligado a poner en libertad al inimputable. La razón de ser de ello es que la medida de seguridad supone privación de la libertad.

Tal conclusión es la única que se aviene con la preceptiva constitucional del artículo 28, según la cual “en ningún caso podrá haber ... medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ahora bien, ¿quién fija el término de internación?

La respuesta el calra: el juez de la causa. Es de su resorte exclusivo. Sin embargo el juez debe basarse en el dictamen médico, el cual orienta pero no obliga al juez. El juez puede razonablemente separarse del experticio, por el monopolio que tiene de la conducción del proceso.

Incluso en derecho comparado se ha establecido por parte de la Comisión Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo que la evidencia médica acerca del estado mental de un procesado constituye sólo un elemento de juicio para el juez.

Es por ello además que Juan Fernández Carrasquilla ha criticado el condicionamiento de la finalización de la medida de seguridad a la “recuperación de la normalidad psíquica” (5) decretada por el experto médico —psiquiátra o psicoanalista—, en vez de condicionarla a la decisión del juez adoptada dentro de los términos legales.

Por otra parte, se pregunta la Corte ¿qué pasa cuando, una vez cumplido el tiempo previsto para el máximo del hecho punible, la persona no se ha rehabilitado a nivel psíquico?

Al tenor de las líneas anteriores, la persona debe ser puesta en libertad. Termina para ella el tiempo de reclusión en calidad de inimputable, sin perjuicio de que el Estado le garantice el tratamiento especial que requiera, pero ya no como inimputable sino como disminuido psíquico. En estos casos deberá asegurarse la presencia de un representante legal para el disminuido psíquico. Tales representantes pueden ser los padres en ejercicio de la patria potestad si el hijo es menor de edad (arts. 288 y 438 del Código Civil), o un curador que se nombre para el caso (arts. 428, 432, 480 y 545 a 556 del mismo código). En particular deben tenerse en consideración para los efectos de este proceso las siguientes disposiciones del Código Civil:

“ART. 554.—El demente no será privado en su libertad personal, sino en los casos en que sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro o notable incomodidad a otros.

Ni podrá ser trasladado a una casa de locos, encerrado, ni atado sino momentáneamente mientras a solicitud del curador o de cualquiera persona del pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera de estas medidas.

ART. 556.—El demente podrá ser rehabilitado para la administración de sus bienes si apareciere que ha recobrado permanentemente la razón; y podrá también ser inhabilitado de nuevo con justa causa”.

De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional estima que la expresión “y un máximo indeterminado” de los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980 es contraria a la preceptiva constitucional y por lo tanto será declarada inexequible en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.2. Inconstitucionalidad del mínimo de duración por unidad normativa.

El artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 establece lo siguiente en su inciso tercero, parte final:

“... La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”.

En este caso la Corte estima que se encuentra en presencia de una proposición jurídica completa entre los tiempos del tratamiento de rehabilitación, pues si declara inexequible la expresión “y un máximo indeterminado”, debe en consecuencia declarar inexequible el mínimo de internamiento de dos años (artículo 94 de la norma acusada), de seis meses (art. 95 ídem) y de un año (art. 95 ídem). Ello por cuanto se ha establecido en esta sentencia que el tiempo de internación del inimputable no depende de la duración prevista en el tipo penal respectivo sino de la duración que tome el tratamiento. Ahora bien, la rehabilitación psiquiátrica no tiene topes mínimos de duración sino que depende en cada caso del tratamiento científico pertinente. Es por ello que no se compadece con la preceptiva constitucional, particularmente con el valor y derecho a la libertad, el internar a un inimputable más tiempo del estrictamente necesario para lograr su rehabilitación. De allí la inconstitucionalidad de los plazos mínimos establecidos en los tres artículos estudiados.

Así las cosas, en la parte resolutiva de esta sentencia se declararán inexequibles los mínimos de duración de las medidas de seguridad consagrados en los artículos 94 (2 años), 95 (6 meses) y 96 (1 año) del Decreto Nº 100 de 1980, por conformar unidad normativa, con la expresión “condicional” declarada inexequible.

6.3. Constitucionalidad de la suspensión condicional de la medida de seguridad.

Aborda ahora la Corte Constitucional la acusación respecto de la expresión “condicionalmente”, relativa a la suspensión de la medida de internación cuando la persona se hubiere recuperado.

Para la corporación la condicionalidad de la suspensión de la internación de los enfermos mentales debe ser entendida en el sentido de que ella sólo opera durante una “suspensión” de la medida de seguridad, la cual es finita por naturaleza, según se estableció anteriormente.

En otras palabras, la internación tiene un tope máximo de duración —no un mínimo—, dentro del cual, por motivos de rehabilitación gradual, se puede suspender condicionalmente la medida de internación. Ello por cuanto la rehabilitación mental no siempre es absoluta sino que a veces es parcial o progresiva. Incluso en ocasiones no se recupera totalmente la salud psíquica pero desaparece la propensión al delito. Es justamente merced a la suspensión condicional de esta medida que el inimputable puede gozar de libertad en forma anticipada.

Por lo anterior esta Corporación declarará exequible la expresión “condicionalmente”, que obra en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980.

7. Síntesis de los fundamentos que motivaron esta sentencia

a) El carácter indeterminado del tiempo máximo de duración de las medidas de seguridad es inconstitucional porque el artículo 34 de la Carta prohíbe las penas perpetuas.

b) La fijación de topes mínimos de las medidas de seguridad es inconstitucional porque la recuperación de la libertad por parte de los inimputables no está condicionada a un cierto término sino al restablecimiento de la capacidad psíquica.

c) La declaratoria judicial de la calidad de inimputable es monopolio del juez, el cual sin embargo debe orientarse por el dictamen —no vinculante— del médico especialista.

d) Los inimputables tienen derecho, en los términos de los artículos 13 y 47 de la Carta, así como de los pactos internacionales sobre la materia —ratificados por Colombia—, a un trato especial y digno de manera inmediata.

e) La suspensión condicional de las medidas de seguridad —sin exceder los topes máximos—, es constitucional porque a veces la rehabilitación mental no es absoluta y total sino relativa y gradual.

8. Texto definitivo de los artículos

De conformidad con las anteriores razones de constitucionalidad e inconstitucionalidad de las normas estudiadas, el siguiente es el texto definitivo de las mismas:

“DECRETO 100 DE 1980

ART. 94.—internación para enfermo mental permanente. Al inimputable por enfermedad mental permanente, se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, de carácter oficial, en donde será sometido al tratamiento científico que corresponda. Esta medida ... se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica.

ART. 95.—Internación para el enfermo mental transitorio. Al inimputable por enfermedad mental transitoria, se le impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico similar, de carácter oficial, en donde será sometido al tratamiento que corresponda. Esta medida ... se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica.

ART. 96.—Otras medidas aplicables a inimputable. A los inimputables que no padezcan enfermedad mental, se les impondrá medida de internación en establecimiento público o particular, aprobado oficialmente, que pueda suministrar educación o adiestramiento industrial, artesanal o agrícola. Esta medida ... se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona haya adquirido suficiente adaptabilidad al medio social en que se desenvolverá su vida”.

En mérito de lo expuesto, la Corte constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y un máximo indeterminado”,contenida en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980, por los motivos expuestos, los cuales se condensan en la síntesis de esta sentencia.

2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “tendrá un mínimo de dos (2) años de duración” contenida en el artículo 94 del Decreto 100 de 1980, por conformar unidad normativa con la frase “y un máximo indeterminado”, declarada inexequible, por los motivos expuestos, los cuales se condensan en la síntesis de esta sentencia.

3. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “tendrá un mínimo de seis (6) meses de duración”, contenida en el artículo 95 del Decreto 100 de 1980, por conformar unidad normativa con la frase “y un máximo indeterminado”, declarada inexequible, por los motivos expuestos, los cuales se condensan en la síntesis de esta sentencia.

4. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “tendrá un mínimo de un (1) año de duración” contenida en el artículo 96 del Decreto 100 de 1980, por conformar unidad normativa con la frase “y un máximo indeterminado” declarada inexequible, por los motivos expuestos, los cuales se condensan en la síntesis de esta sentencia.

5. Declarar EXEQUIBLE las expresiones “se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica”, contenidas en el artículo 94 del Decreto 100 de 1980, por los motivos expuestos, los cuales se condensan en la síntesis de esta sentencia.

Cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese”.

(Sentencia C-176 de mayo 6 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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