Sentencia C-177 de abril 13 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: expediente D-10913

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Actor: Gustavo Adolfo Roa Díaz y Julio Adel Álvarez Sáenz.

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “los ancianos” contenida en el último inciso del artículo 59 de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: « 1.1. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada. Se subraya el aparte acusado(1):

“LEY 769 DE 2002

(Agosto 6)

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones

(…).

ART. 59.—Limitaciones a peatones especiales. Los peatones que se enuncian a continuación deberán ser acompañados, al cruzar las vías, por personas mayores de dieciséis años:

Las personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o transitorios.

Las personas que se encuentren bajo el influjo de alcohol, drogas alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos.

Los invidentes, los sordomudos, salvo que su capacitación o entrenamiento o la utilización de ayudas o aparatos ortopédicos los habiliten para cruzar las vías por sí mismos.

Los menores de seis (6) años

Los ancianos”.

(…).

3. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional

3.1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, en los términos del artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra una Ley de la República, que cuestiona su contenido material.

3.2. Cuestiones preliminares. Análisis de la aptitud de la demanda

3.2.1. Como se expuso en precedencia, uno de los intervinientes estima que esta Corte debe declararse inhibida para emitir un fallo de fondo, por considerar que los cargos no contienen argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes ni suficientes que demuestren que la norma demandada vulnera la Constitución.

3.2.2. El Decreto 2067 de 1991, en su artículo 2º, señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad(4). Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.

Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que lo expresado en ella permita a la Corte Constitucional efectuar una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.

Bajo ese entendido, esta Corporación ha reiterado en numerosas ocasiones que no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad. En efecto, es necesario que los razonamientos alegados contengan unos parámetros mínimos que permitan a la Corporación hacer un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado.

En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001(5), esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de lo contrario la decisión que adopte la Corte será necesariamente inhibitoria(6).

3.2.3. En otras palabras, la falta de formulación de una demanda en debida forma, impide que esta Corporación pueda confrontar la disposición acusada con el Texto Superior, ya que carece de cualquier facultad oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico. En la referida providencia se explicó lo que debe entenderse por cada uno de estos requisitos en los siguientes términos:

“La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

(...).

[Que] las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”. 

Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad. 

La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.

La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” (Subrayado fuera del texto)

De lo anterior, se concluye entonces, que la acusación “debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia).”(7) Adicionalmente, la acusación no sólo debe estar enunciada en forma completa sino ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

3.2.4. Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido requerimientos especiales cuando lo que se busca es la declaración de inconstitucionalidad de una norma por supuesta vulneración del derecho a la igualdad. En efecto, ha dicho la Corporación que la carga argumentativa se acrecienta y por tanto, “la condición esencial para que se consolide un cargo por vulneración del principio de igualdad consiste en la identificación de un tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de personas que se encuentren en idénticas circunstancias”(8) o al menos muy similares.

De la misma manera, en la sentencia C-264 de 2008,(9) se dijo que el simple hecho de que el legislador establezca diferenciaciones, no lleva consigo una vulneración del derecho a la igualdad. Por tanto, no es válido para los demandantes hacer juicios genéricos, sino que deben presentar las razones por las cuales las situaciones son idénticas o muy similares, y sustentar por qué el trato diferenciado es arbitrario. Al respecto sostuvo la Corte:

“Esta Corporación ha indicado, refiriéndose a la carga argumentativa que corresponde al demandante, cuando la pretendida inconstitucionalidad se deriva de la vulneración del principio de igualdad, que no resulta suficiente que el actor aluda a la existencia de un trato diferenciado en relación con determinadas personas, aunado a la aseveración de que ello resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 13 superior sino que, resulta imperioso que se expongan además las razones con base en las cuales se considera que la referida diferencia en el trato resulta arbitraria y que se sustente la pretendida discriminación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida. No es, el trato diferenciado de algunos de los destinatarios de la ley lo que determina per se el quebranto del principio de igualdad, sino la arbitrariedad, la falta de una justificación objetiva y razonable, que comporte realmente la configuración de una situación de discriminación.”

3.2.5. En este caso, la Sala analizará el cumplimiento de los requisitos antes descritos en los cargos admitidos, de manera individual.

3.2.5.1. Con relación a que el término demandado, contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, es impreciso porque no define cuándo, ni bajo qué circunstancias a una persona se le puede calificar como “anciana”, se considera que la demanda reúne los elementos necesarios para suscitar un debate constitucional.

En primer lugar, como se indicó previamente, el requisito de claridad exige que en los argumentos de acusación a la norma exista un hilo conductor que permita la adecuada comprensión del contenido de la demanda y las justificaciones en las que basa su argumento.

En el presente caso, los demandantes manifiestan con el cargo planteado, que la imprecisión del término “los ancianos”, al no definir qué personas y bajo qué circunstancias debe entenderse dicha expresión, hace imposible la aplicabilidad de la norma, por cuanto en la práctica no se sabe con certeza cuándo se requiere de acompañante para cruzar las vías.

En ese sentido, los demandantes consideran que la aplicación de la norma queda supeditada a la valoración discrecional de lo que el operador jurídico considere es un “anciano”, lo cual se presta para arbitrariedades.

Asimismo, consideran que la medida priva a cualquier persona del grupo poblacional “los ancianos”, de transitar libremente por las calles sin la ayuda de terceros, pese a que existe la posibilidad de que sujetos que hagan parte de ese grupo, cuenten con las facultades físicas y sensoriales para realizar la actividad sin necesitar la ayuda de otros, lo cual en su parecer viola el artículo 24 Constitucional, según el cual, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional.

Finalmente, consideran que la norma se presta para que se exculpe de responsabilidad a los investigados o procesados por embestir a personas “ancianas”, por el simple hecho de que la víctima circula libremente por las vías sin el acompañamiento de mayores de 16 años, pese a que en dichos eventos también se debe tener en cuenta la conducta del presunto victimario.

En ese contexto, advierte la Corte que la inconformidad de los actores deviene de la imprecisión e indeterminación del término “los ancianos”, lo que impediría una aplicación práctica y concreta de la norma. La Corte puede verificar, prima facie, que no existe una definición legal del concepto impugnado, con lo cual, considera que es suficientemente claro el cargo presentado.

En segundo lugar, en cuanto a la certeza, esta Corporación exige que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no sobre una deducida por el actor o implícita, o sobre otras normas que no son objeto de la demanda.

En el presente caso, los accionantes plantean que la norma al consagrar que “los ancianos” deberán ser acompañados por mayores de 16 años para cruzar las vías del país, limita arbitrariamente el derecho a la movilidad de este grupo poblacional, por cuanto no tiene en cuenta que muchas personas “ancianas” cuentan con las facultades físicas y sensoriales para realizar esta actividad sin la ayuda o acompañamiento de terceros.

Al respecto, manifiestan que el artículo 24 Constitucional consagra que “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional (…)”, por lo que, una norma que restrinja arbitraria e injustificadamente los derechos de los asociados, desconoce los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales se encuentra la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución(10).

Al examinar el contenido de la expresión acusada, la Corte encuentra que los demandantes realizaron una interpretación razonable que logra persuadir y crear una duda de orden constitucional que amerita un pronunciamiento de fondo.

En ese orden de ideas, se enarbola en los argumentos la existencia de una restricción al derecho a la libre circulación que surge del supuesto según el cual toda persona que haga parte del grupo poblacional “los ancianos” no estaría facultada para atravesar las vías del país sin el acompañamiento de un tercero. Dicha interpretación se sostiene en una lectura del texto del artículo 59 de la Ley 769 de 2002. En consecuencia, los argumentos de la demanda cumplen con el requisito de certeza exigida por esta Corporación.

En tercer lugar, en cuanto al requisito de especificidad, la jurisprudencia reiterada de esta Corte ha precisado que en la demanda se debe definir con claridad cómo la disposición demandada desconoce o vulnera la Carta Política a través de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada.

En efecto, observa esta Corporación que los argumentos según los cuales, la indeterminación e imprecisión del término “los ancianos” imposibilita el cumplimiento de la norma, y priva a cualquier persona “anciana” de transitar libremente por las vías sin justificación alguna, generarían una contradicción con las disposiciones de la Constitución, específicamente con el artículo 24 sobre la libre circulación y el artículo 2º respecto a los fines esenciales del Estado.

En cuarto lugar, respecto al requisito de pertinencia, en virtud del cual no se admiten argumentos formulados a partir de consideraciones legales, doctrinarias o puntos de vista subjetivos, ni análisis de conveniencia, observa esta Corporación que el cargo sometido a estudio se basa en apreciaciones objetivas sobre la imprecisión del término “los ancianos” y los efectos jurídicos derivados de ello, explicando en términos constitucionales por qué se torna inoportuna la actuación del legislador y por tanto, el término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, debería salir del ordenamiento jurídico.

En el escrito de demanda, folio 5, los demandantes aluden al marco normativo nacional sobre “adulto mayor” y personas de la “tercera edad”, haciendo referencia a que son esos los términos que, en el ordenamiento jurídico colombiano se han utilizado por el legislador y por la jurisprudencia(11) constitucional para referirse a aquellas personas, que en la norma impugnada se señalan como “ancianas”.

En efecto, con su exposición los demandantes logran sustentar con argumentos idóneos por qué consideran que el término “los ancianos” es arbitrario, desconoce el derecho fundamental de las personas a circular libremente, e implica subjetividad y arbitrariedad de parte de los operadores jurídicos a la hora determinar qué personas deben estar acompañadas de terceros para cruzar las vías.

Así las cosas, se hace evidente que el cargo propuesto cumple el requisito de pertinencia para que este Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad del término demandado.

En quinto lugar, en cuanto al requisito de suficiencia, la jurisprudencia ha señalado que corresponde al demandante presentar los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para el estudio constitucional y que permitan despertar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma acusada.

En esta oportunidad, el cargo analizado cumple con este presupuesto, en tanto se advierten argumentos que permiten determinar tanto la supuesta imposibilidad de cumplimiento del artículo 59 de la Ley 769 de 2002, porque no se tiene certeza de quienes pueden ser considerados “ancianos”, así como la aparente restricción injustificada de transitar libremente a las personas que eventualmente se puedan considerar incluidas en este grupo.

De manera que en el presente caso, se observan elementos de juicio que indican que los argumentos presentados por los demandantes despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad del término demandado.

3.2.5.2. Respecto al cargo de violación del derecho a la igualdad y discriminación de las personas por su edad, se considera que la demanda reúne los elementos necesarios para suscitar un debate constitucional.

Este cargo se sustenta en que el término “los ancianos” es actualmente utilizado para referirse de manera despectiva o peyorativa a una persona de avanzada edad. Por tal motivo, a su modo de ver, tal expresión denota visos de segregación. Además, sostienen que dicha limitación desconoce el derecho a la igualdad y discrimina a las personas en razón de su edad, pues se parte del supuesto de que quien pertenece al grupo poblacional “los ancianos”, no cuenta con las capacidades físicas y sicológicas para movilizarse libremente sin el acompañamiento de otra persona.

Asimismo, sostienen los demandantes que el aparte acusado no logra crear una medida integradora, por el contrario, impone una restricción a los peatones que hacen parte de este grupo poblacional, consistente en el deber de estar acompañados de otra persona para atravesar las vías, configurándose así una presunción de “incapacidad” y de discriminación de las personas por el hecho de ser “ancianas”. Finalmente, subrayan que las personas consideradas “ancianas” tienen restringido su derecho a circular libremente por el territorio nacional.

En primer lugar, en cuanto al requisito de claridad, se encuentra que los argumentos presentados por los demandantes permiten comprender la inconformidad que tienen con el término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, la cual consiste en que la expresión actualmente es usada con un fin peyorativo; también, en que permite que las personas consideradas “ancianas” sean discriminadas en razón de su edad, impidiéndoseles movilizarse libremente por las vías del país, sin tener en cuenta consideraciones adicionales como sus capacidades físicas y sicológicas para realizar la actividad sin el acompañamiento de un tercera persona.

En efecto, de la demanda se advierte una coherencia argumentativa que le permite a la Corte comprender con nitidez el contenido de la demanda y su justificación. En ese sentido, se evidencia que los demandantes exponen algunos argumentos en contra de la norma demandada, los cuales guardan un hilo conductor que permite entender con suficiente claridad la razón por la que consideran que el término “los ancianos” debe ser declarado inconstitucional.

En segundo lugar, respecto a la certeza, se observa que los accionantes plantean que la norma al consagrar que “los ancianos” deberán ser acompañados por mayores de 16 años para cruzar las vías del país, discrimina a las personas en razón de su edad, vulnerando el mandato del artículo 13 Constitucional, que consagra que todas las personas gozarán de los mismos derechos sin ninguna discriminación.

En efecto, al estudiar el contenido de la expresión acusada, la Corte encuentra que los demandantes realizaron una interpretación razonable de la norma, logrando crear una duda razonable que amerita que el juez constitucional resuelva de fondo la demanda planteada.

En tercer lugar, de la demanda se desprende que puede existir realmente una oposición objetiva y verificable entre la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002 y el texto de la Constitución Política, esto es, se presenta un cargo con carácter de especificidad. Los demandantes presentan argumentos sobre la denotación peyorativa del término y sobre la limitación injustificada y discriminatoria del derecho de libre circulación de las personas “ancianas”.

Así mismo, se observa que los demandantes establecen en qué medida la expresión demandada vulnera los preceptos constitucionales por él mencionados (artículo 13 y 46 Constitucional).

En cuarto lugar, se advierte que la demanda cumple con el requisito de pertinencia, por cuanto el cargo ahora estudiado, se basa en apreciaciones objetivas, fundadas en el marco normativo y la interpretación jurisprudencial, sobre los rasgos peyorativos del término “los ancianos”, y sobre la discriminación que envuelve, al permitir que las personas pertenecientes al grupo poblacional “los ancianos”, por el hecho de serlo, pese a que cuenten con las suficientes facultades físicas y sicológicas para cruzar las vías sin ayuda de terceros, tengan restricciones en su circulación.

En efecto, con la exposición de sus argumentos, los demandantes logran sustentar su posición respecto a que el término “los ancianos” es peyorativo y desconoce el derecho fundamental de las personas a la igualdad y a circular libremente.

Así las cosas, se hace evidente que el cargo propuesto cumple el requisito de pertinencia, para que este Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad del término demandado.

En quinto lugar, en cuanto al requisito de suficiencia, se observa que el cargo cumple con este presupuesto, en tanto se advierten argumentos que logran prime facie despertar una duda razonable sobre la inconstitucionalidad de la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002.

3.3. Problema jurídico y metodología de la decisión

Los ciudadanos Gustavo Adolfo Roa Díaz y Julio Adel Álvarez Sáenz, consideran que el término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, es contrario a la Constitución, particularmente al principio de igualdad, al derecho a la libre circulación, a la protección especial de las personas de la tercera edad y a la obligación de respetar sus derechos, contenida en el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Advierten los demandantes que de esa norma se desprende una expresión altamente vaga, imprecisa, peyorativa y discriminatoria, en el sentido en que, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe, legal ni jurisprudencialmente, un límite temporal ni circunstancial concreto que permita establecer con meridiana claridad cuándo una persona llega a la edad en la que puede ser considerada “anciana”, y por tanto, no tiene la suficiente capacidad sicológica y motriz para realizar la actividad de movilizarse sin ayuda ni acompañamiento de otra persona.

En sentir de los demandantes, la imprecisión de la norma demandada permite que las personas de avanzada edad, por el hecho de serlo, pese a que cuenten con la suficiente capacidad física y psicológica, tengan restricciones en su circulación; y por el contrario, las personas que no pertenezcan a este grupo poblacional, pero que tengan algún impedimento físico y/o sicológico para cruzar las vías, puedan hacerlo libremente sin la ayuda de terceros, lo cual es un factor de discriminación de las personas por su edad.

Algunos de los intervinientes apoyan la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada, por cuanto consideran que ésta crea un límite razonable al derecho a la libertad de locomoción, protegiendo intereses generales superiores, como lo son los derechos de “los ancianos”, quienes son sujetos de especial protección constitucional. Agregan que el término “los ancianos” no es peyorativo, por cuanto la Corte Constitucional lo ha empleado para referirse a las personas de la “tercera edad”, que debido a su condición física o sicológica merecen una acción positiva de parte del Estado.

Otros intervinientes concluyeron que el término “los ancianos” es compatible con la Constitución, si se condiciona a que “los ancianos” son las personas de la “tercera edad” o “adultos mayores”, siempre que no cuenten con las facultades físicas ni sicológicas suficientes para cruzar las vías por sus propios medios.

Finalmente, el Ministerio Público apoya la declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada, por cuanto el legislador acudió a un término vago, relacionado con el paso objetivo de los años, para restringir de manera desproporcionada el ejercicio de un derecho.

De acuerdo con estos antecedentes, corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿la posible vaguedad e imprecisión del término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, constituiría una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación, que en consecuencia discrimina a las personas en razón de su edad?

Para resolver esta controversia, la Sala adoptará la siguiente metodología. En primer lugar y a manera de asunto preliminar, hará referencia al abordaje jurídico de las personas “ancianas” en el Estado Social de Derecho colombiano. En segundo lugar, hará mención del derecho fundamental a la libertad de circulación. En tercer lugar se referirá al control constitucional del lenguaje. En cuarto lugar, se hará referencia a la igualdad de trato y al test de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Finalmente, pasará a examinar la constitucionalidad del término “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002.

3.4. El abordaje jurídico de las personas “ancianas” en Colombia.

3.4.1. La consagración de Colombia como un Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991, significó entre otras cosas, que uno de los pilares del mismo es el reconocimiento de la igualdad de las personas (artículo 13 Constitucional); por lo tanto, todos deben gozar de los mismos derechos y la misma protección “sin importar su sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Esto es lo que se conoce como igualdad formal, o en sentido negativo, pues solo implica el deber de abstención de discriminación en razón de los factores mencionados(12).

No obstante lo anterior, dada la desigualdad social que se vive en nuestro país, el constituyente del 91 incluyó también un mandato para lograr una “igualdad real y efectiva”, lo que implica que el Estado debe adoptar medidas a favor de grupos históricamente discriminados o marginados para la reivindicación de sus derechos. Esto supone entonces una visión positiva de la igualdad, es decir en sentido material, que implica acciones afirmativas por parte del Estado dirigidas a aquellos grupos poblacionales que están en condición de vulnerabilidad, y por lo tanto son los que más lo necesitan(13). Dentro de éstos, se encuentran, entre otros, los niños, las personas en situación de discapacidad y los adultos mayores (artículos 13, 46 y 47 de la Constitución Política).

3.4.2. El artículo 46 Constitucional crea una obligación al Estado, a la sociedad y a la familia, consistente en la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, a través de la promoción de su “integración a la vida activa y comunitaria”. Por lo tanto, las autoridades tienen el deber de realizar acciones positivas en beneficio de este grupo poblacional, a través del incentivo del respeto de sus derechos y la asistencia para que vivan en condiciones dignas, teniendo una especial consideración en razón de su avanzada edad.

3.4.3. Si bien no existe una definición legal o constitucional del concepto “ancianos”, esta Corporación sí se ha ocupado de darle un contenido al término, que si bien carece de la precisión requerida en una norma sancionatoria, es lo suficientemente claro para otra clase de fines jurídicos. Así por ejemplo, la Corte ha destacado en varias oportunidades que las personas de la “tercera edad”, los “adultos mayores” o los “ancianos” son titulares de una especial protección por parte del Estado, cuando el perjuicio sufrido afecta la dignidad humana(14), la subsistencia en condiciones dignas(15), la salud(16), el mínimo vital(17), cuando surgen lazos de conexidad con derechos fundamentales(18), o cuando resulta excesivamente gravoso someterlas a los trámites de un proceso judicial ordinario(19).

3.4.3.1. Al respecto, cabe recordar la sentencia T-456 de 1994(20), en la que la Corte al estudiar el caso de un reajuste pensional, hace alusión a la protección especial de la “ancianidad”. En este fallo, el Alto Tribunal, específicamente en cuanto a las personas “ancianas”, sostiene que:

“La ancianidad, la cual definimos como "El último período de la vida de un hombre" era en esas civilizaciones, presea de sabiduría en el manejo de la justicia y del Estado. Los antiguos consideraban que si bien la ancianidad es fuente de sabiduría, no ocurre lo mismo en cuanto a la virilidad (…). Pero la disminución de la capacidad física y mental va aparejada con el respeto a la dignidad del anciano”. (Negrilla fuera del texto).

Agregó la Corte en esta sentencia que la acción de tutela es el medio idóneo para proteger los derechos no solo de la vejez sino también de la ancianidad. En palabras del Alto Tribunal:

“Todo lo anterior nos lleva a postular como imperativo en la acción de tutela, la protección no solo de la VEJEZ sino especialmente de la ANCIANIDAD. No se puede ubicar en la misma situación a quien adquiere su pensión de vejez por llegar a los sesenta años con quien habiéndola adquirido ya entra en la respetabilisima etapa de la ancianidad donde cada día que pasa es un inexorable y veloz alejamiento de la vida.

Lo anterior implica preguntar: qué garantías constitucionales tiene quienes sobrepasan la edad de la vida probable?

Si un anciano afirma que no puede esperar más tiempo para reclamar su derecho, (…) la equidad permite que para igualar las cargas de los ancianos frente a otros jubilados que no han superado la edad de vida probable de los colombianos, se puede aplicar la tutela, como mecanismo transitorio”.

3.4.3.2. En la sentencia T-463 de 2003(21), la Corte, en el marco de la solicitud de una pensión de vejez, manifestó que entre los sujetos de especial protección constitucional se encuentran los “adultos mayores”. Respecto a la protección reforzada de este grupo poblacional, se advierte que esta Corporación usa los términos “ancianos”, “adulto mayor” y “persona de la tercera edad” para referirse a un grupo poblacional que dado su estado de debilidad, merece mayor amparo de la sociedad y del Estado. Al respecto sostuvo este Tribunal:

“Entre los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad física y con ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensión algunos de sus derechos. Dada esta pérdida progresiva de - entre otras cosas- la fuerza laboral, es probable que la única fuente de ingresos que puedan percibir sea la pensión. Es por esto que resulta especialmente grave la no cancelación o la cancelación parcial de las mesadas pensionales, pues ello puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna, el derecho a la salud y el derecho al mínimo vital, entre otros, de las personas ancianas.

Ha dicho esta Corporación al respecto: "Si una persona sobrepasa el índice de promedio de vida de los colombianos (se estima en 71 años), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada, entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente se ordene el respeto a su derecho”.

3.4.3.3. En sentencia T-138 de 2010(22), la Corte nuevamente en el marco de una solicitud de pensión de vejez, aparte de la protección especial y reforzada que les asiste a los “adultos mayores”, “ancianos” o “personas de la tercera edad” en un Estado social de derechos regido por el mandado de la promoción de la integración a la vida activa y comunitaria de este grupo poblacional, sostuvo:

“En aras estos fines, el concepto de “tercera edad” no puede asimilarse al de “edad de pensión”, pues se trastocaría totalmente la excepción en regla. Precisamente debido a estas dificultades, algunas Salas de Revisión han adoptado un criterio distinto a los dos aquí mencionados que parte, razonablemente, de distinguir el concepto de “vejez” (que determina la posibilidad de acceder a una pensión), del concepto de “ancianidad”, “adulto mayor” o “tercera edad”, que es el que auténticamente amerita una especial protección constitucional, y por lo tanto justificaría que, en concurrencia con otros requisitos, quienes se encuentren en dicha categoría especial puedan, en principio, acudir a la acción de tutela para reclamar su derecho a la pensión de vejez”.

3.4.4. La especial protección para las personas de la tercera edad, también tiene su fundamento en el principio de solidaridad consagrado en el artículo primero de la Constitución de 1991. En este sentido, la Corte ha definido el principio de solidaridad como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o mental”(23).

El principio de solidaridad impone entonces una serie de deberes fundamentales al poder público y a la sociedad para la satisfacción plena de los derechos de los asociados, que dado su estado de debilidad manifiesta, merecen una protección especial. Por lo tanto, la Carta proyecta este deber de solidaridad de manera específica, a partir de los mandatos constitucionales que establecen una obligación de especial protección para personas y grupos humanos en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las mujeres cabeza de familia (art. 43 CP), los menores de edad (arts. 44 y 45), las personas enfermas y en situación de discapacidad (art. 47) y los adultos mayores (art. 46), entre otros(24).

En la misma línea de pensamiento, esta Corte ha encontrado “estrechamente relacionado con el principio de la solidaridad, el tema de la definición y distribución equitativa de las cargas públicas en una sociedad democrática, aspecto éste a su vez ligado al tema de los deberes sociales del Estado y de los particulares”(25). Es por ello que esta Corporación ha señalado que “La familia, la comunidad y el Estado concurren, en muchos casos, para el cumplimiento de los deberes sociales de apoyo, atención, protección y promoción de las personas que no están en capacidad de valerse por sí mismas”(26).

En consecuencia, es posible afirmar que la Constitución establece un régimen de protección para este grupo poblacional fundamentado en el principio de solidaridad, orientado al logro de los fines esenciales de la organización política (artículos 1º y 2º C.N.), el derecho fundamental a la igualdad que se traduce en la protección de personas en condición de debilidad manifiesta (artículo 13 C.N.) y la tutela jurídica específica frente a los adultos mayores que cobija a los adultos mayores en estado de indigencia por mandato expreso de la norma (artículo 46 C.N.)(27).

3.4.5. El cuidado de la vejez también ha sido consagrado por los instrumentos internacionales como una obligación propia de los Estados constitucionales. En efecto, esta Corporación en sentencia C-503 de 2014(28), dio cuenta del amplio margen de protección que dichos instrumentos le han otorgado a las personas de la tercera edad, dada su condición de sujetos de especial protección. A continuación se citará in extenso el aparte de la aludida providencia, en el que se hace un estudio juicioso de los instrumentos que nutren el contenido de la obligación en cabeza de los Estados, consistente en amparar los derechos de los adultos mayores en aras de propiciar las condiciones necesarias para hacer efectivo el goce de sus derechos.

“Es así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador, firmado en 1988 y ratificado por Colombia a través de la Ley 319 de 1996, establece una obligación progresiva de los Estados en favor de la población de la tercera edad, como lo es la adopción de medidas médicas, alimentarias y laborales que les permitan mejorar su calidad de vida.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) firmada en 1948, hace una referencia indirecta a la especial protección que deben recibir ciertos grupos poblacionales en el seno de esta organización, entre ellos los sujetos de la tercera edad. En su artículo 25, se estipula el derecho que tiene toda persona a un nivel de vida adecuado, el cual comprende, no solo las necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica) sino también los seguros en caso de vejez.

Otro referente normativo cuya mención es relevante es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), firmado en 1966 y ratificado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968, instrumento que si bien no alude de forma expresa a los derechos de los adultos mayores, consagra en su artículo 9º “el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”, cláusula que ha sido interpretada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expandiendo su alcance.

En efecto, “la protección limitada que proporcionan las convenciones existentes a los derechos de las personas de edad se ha visto reforzada parcialmente gracias a su interpretación progresiva, realizada por los órganos encargados de su supervisión”. Es el caso del Comité de Derechos Humanos, que ha desarrollado el principio de no discriminación por la edad, en ciertos casos que ha analizado dentro de su procedimiento contencioso.

Mención aparte merece la destacada labor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encargado de la interpretación del PIDESC que en cumplimiento de sus funciones emitió la Observación General 6 de 1995 sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores. En este documento, el Comité especifica las obligaciones que corresponden en el ámbito de los derechos de las personas de la tercera edad, a los Estados que son parte de esta Convención.

En la Observación General 6, el Comité ha desarrollado el contenido y alcance de los derechos de los adultos mayores mediante distintas cuestiones abarcadas por el Pacto en varias disposiciones, sobre igualdad de derechos de hombres y mujeres, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, protección de la familia, nivel de vida adecuado, salud física y mental y educación y cultura.

Existen además, otros instrumentos, convenios y declaraciones internacionales que si bien no forman parte del bloque de constitucionalidad, son parámetros útiles y guías de interpretación frente a estos derechos como ya se ha establecido.

La Resolución 46 de 1991 de la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una serie de principios en materia de derechos de las personas de avanzada edad, los cuales recomienda incluir en sus programas nacionales. Tales principios son: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad en favor de las personas mayores. Con respecto a los cuidados, son concebidos a partir de una noción de integralidad que abarca varias aristas de su desarrollo humano. Con relación a las instituciones donde se les prestan cuidados, la Resolución 46 afirma:

“Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro.

Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida”.

La Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos firmada en 2002 por los países de la Comunidad Andina de Naciones, da cuenta de la voluntad conjunta de los Estados por “cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos de los adultos mayores”. Esta declaración además delimita algunas prioridades de acción de los gobiernos frente a los adultos mayores.

También se destaca el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (Plan Madrid) aprobado en 2002 en desarrollo de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid. Este plan, adoptado por 159 Estados, está dirigido a la promoción y protección de los derechos humanos de los adultos mayores, así como incluir el envejecimiento en las agendas globales. Se encuentra estructurado en torno a tres prioridades: las Personas de Edad y el Desarrollo, el Fomento de la Salud y el Bienestar en la Vejez y la Creación de un Entorno Propicio y Favorable.

La Declaración de Brasilia adoptada en el marco de la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe en 2007, organizada por la CEPAL, manifiesta el compromiso de los países firmantes para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas de la tercera edad, en diversos frentes tales como salud, educación, trabajo, no discriminación, entre otros”.

3.4.6. Del ámbito de protección que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano a este grupo poblacional, se puede destacar el siguiente marco legal(29), en el cual también se promueve el cuidado de la vejez como parte del cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tiene el Estado, la sociedad y la familia.

3.4.6.1. Es así como el Congreso de la República profirió la Ley 29 de 1975, la cual tenía como objetivo garantizar la protección a la “ancianidad”, para lo cual creó el “Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida”. Igualmente, en dicha norma se condicionó la prestación de los servicios garantizados por esta ley a la admisión de la persona dentro del “ancianato”.

3.4.6.2. Con el Decreto Ley 2011 de 1976, se creó un “Consejo Nacional de Protección al Anciano” y se establecieron otras regulaciones pertinentes a la atención de los “adultos mayores”. Igualmente, se ordenó denominar a los hogares y “ancianatos como Centros de Bienestar del Anciano (CBA)”.

3.4.6.3. Por su parte, la Ley 48 de 1986 autorizó a las asambleas departamentales, concejos intendenciales, comisariales y del Distrito Capital, para la emisión de una estampilla pro-construcción, dotación y funcionamiento de los “Centros de Bienestar del Anciano”.

3.4.6.4. Posteriormente, en el Decreto 77 de 1987 se establece que los “Centros de Bienestar del Anciano” quedan a cargo de los municipios y distritos.

3.4.6.5. Luego, a través de la Ley 687 de 2001, se reformó la antigua Ley 48 de 1986. En la Ley 687 se definen algunos conceptos importantes en materia de protección y garantía de derechos de personas de la “tercera edad”, y se enuncian los derechos de los “ancianos” y los deberes de la sociedad para con ellos.

Es así como se comienza a hablar de los “Centros de Vida” y se autoriza a las asambleas departamentales y concejos distritales y municipales “para señalar el empleo, la tarifa discriminatoria y demás asuntos inherentes al uso de la estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, centros de la vida para la tercera edad en todas las operaciones que se realicen en sus entidades territoriales”. Igualmente, para aquellos centros en los que los ancianos indigentes no pernocten, se impone la obligación de garantizar “el soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales”.

3.4.6.6. La Ley 1251 de 2008, cuyo objeto es “proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez”, plantea una serie de principios rectores para su aplicación (art.4), y enuncia los derechos de estas personas y los deberes de la sociedad para con ellos (art. 5 y 6).

3.4.6.7. Por último, la Ley 1276 de 2009, que modificó la Ley 687 de 2001, acentúa la protección de los derechos de los “adultos mayores” a través de los “Centros Vida” “como instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y mejorar su calidad de vida”, lo cuales tendrán “la obligación de prestar servicios de atención gratuita a los ancianos indigentes que no pernocten necesariamente en los centros, a través de los cuales se garantiza el soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales y los demás servicios mínimos establecidos en la ley”.

El literal b del artículo 7 de dicha ley, define al adulto mayor como aquella persona con edad superior a sesenta años. A saber, “Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen”. (Negrilla fuera del texto).

3.4.6.8. Del anterior recuento se evidencia que el término “ancianos” sí tiene un significado jurídico en la jurisprudencia constitucional colombiana, y está ligado a aquellas personas que por su avanzada edad o por estar en el último periodo de la vida, han perdido algunas de sus facultades y ameritan por ello una especial protección constitucional.

En ese sentido, en general, los conceptos de “adulto mayor”, de la “tercera edad” o “ancianos”, pueden ser usados indistintamente para hacer referencia a la vejez como un fenómeno preponderantemente natural que trae implicaciones constitucionales. Pero en algunas circunstancias, como sucede con la valoración de la inminencia de un daño por el paso del tiempo, la Corte ha considerado que la ancianidad, por tratarse de una avanzada edad, que supera el estándar de los criterios de adulto mayor, requiere de una protección inmediata a través de la acción de tutela.

En general, no es posible determinar un criterio específico para establecer el momento o la circunstancia que permita calificar a una persona con la palabra “anciano”. Pero tampoco es posible adjudicarle un valor peyorativo o discriminatorio, sino que al parecer, la expresión “ancianos” se refiere a un concepto sociológico, más propio del lenguaje común y en general referente a una persona que por su avanzada edad ha visto disminuidas algunas de sus capacidades, por lo que en consecuencia requiere de la protección y el apoyo de la sociedad y del Estado, en el marco del máximo respeto a su dignidad humana.

3.5. El derecho fundamental a la libre circulación.

3.5.1. La Corte Constitucional ha desarrollado una línea respecto de la libertad de circulación y específicamente sobre la restricción a esta garantía, a saber:

3.5.2. La sentencia SU-257 de 1997(30), la Sala Plena de esta Corporación conoció la acción de amparo interpuesta por el Personero Municipal de Curillo (Caquetá) quien señaló que el Comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional había bloqueado las vías que comunicaban los municipios aledaños con la ciudad de Florencia.

Específicamente, respecto a los límites impuestos al derecho a la libre circulación, la Sala Plena adujo que la libertad de locomoción no reviste un carácter absoluto. Luego de realizar un análisis jurisprudencial sobre esta garantía, concluyó que las restricciones impuestas a ese derecho no pueden desconocer el núcleo esencial de este derecho, y que el legislador “no goza de la discrecionalidad suficiente como para llegar al punto de hacer impracticable, a través de las medidas que adopte, el ejercicio de tal libertad en su sustrato mínimo e inviolable.”

Sumado a ello, manifestó que “Se trata de la imposición de obligaciones o prohibiciones extraordinarias, pero razonables, que el Estado exige a los particulares para sostener la estabilidad institucional, la pacífica convivencia y la seguridad jurídica, no menos que la eficacia de los demás derechos y libertades (Preámbulo y artículo 2 C.P.).”

3.5.3. Mediante sentencia T-483 de 1999(31), la Sala Primera de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta contra el Gobernador del Departamento del Norte de Santander, el Alcalde Municipal de Cúcuta, el Comandante del Grupo Mecanizado Número 5 Maza del Ejército Nacional, y del Comandante del Departamento de Policía del Norte de Santander. Según los solicitantes, los accionados se encontraban impidiendo una marcha de once mil campesinos desde La Alejandra ubicado en la zona del Catatumbo, en jurisdicción del Municipio de El Zulia, hasta la Ciudad de Cúcuta.

La Sala realizó un estudio del derecho de circulación para lo que se remitió a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de imponer restricciones a dicho derecho en los siguientes términos:

“el derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales.”

Para completar el análisis, se trajo a colación los estudios del doctrinante Gustavo Zagrebelsky(32), quien señala que los derechos orientados a la libertad, son intrínsecamente ilimitados. Sin embargo, no descartó la posibilidad de establecer límites extrínsecos que harían posible el ejercicio mismo de dichas garantías.

Teniendo en cuenta ese panorama y luego de analizar las medidas de policía adoptadas por el gobernador del Departamento de Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta, la Sala Primera de Revisión sostuvo que todas las decisiones estuvieron enmarcadas en el ejercicio de las competencias otorgadas a dichas autoridades y tenían como objeto garantizar el orden público. Así pues, confirmó la decisión de instancia que negó el amparo de los derechos.

3.5.4. En la sentencia T-823 de 1999(33), se estudió una acción de tutela en la que el accionante solicitó una autorización especial de circulación durante las horas que opera la medida de restricción vehicular conocida como “pico y placa”, lo anterior debido a su diagnóstico de cuadriplejia.

Dentro de la ponencia se indicó que el Decreto 626 de julio 15 de 1998, por medio del cual restringió la circulación de vehículos automotores particulares o privados, tenía como fin disminuir los efectos negativos del tránsito en la ciudad y que tal restricción, lo que en principio, no reñía contra los postulados constitucionales pues la limitación no impedía que las personas acudieran a otros medios alternativos de transporte. Sin embargo, la Sala Tercera de Revisión consideró que tratándose de personas en situación de discapacidad, dichas restricciones representan una vulneración a su derecho a la libre circulación y a su autonomía.

Para llegar a tal determinación, la Sala sostuvo que la restricción impuesta era una limitación del uso de los vehículos, cosa que no impedía el uso otros medios de transporte. Adicionalmente, que los comportamientos solidarios, es decir, la posibilidad de acudir a amigos y vecinos “no constituyen deberes jurídicos sino imperativos morales que, muchas veces, no pueden ser exigidos coactivamente.”

3.5.5. Con posterioridad, la sentencia C-355 de 2003(34), realizó el análisis de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 98 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito Terrestre-. La norma objeto de censura contemplaba la erradicación de los vehículos de tracción animal, para lo cual establecía un término de un año. A juicio del demandante, la prohibición de circulación desconocía los artículos 16, 25, 26, 53 y 58 de la Constitución Política.

Dentro de sus consideraciones, la sentencia hizo énfasis en la importancia de establecer una regulación de la circulación de personas y de vehículos sobre las vías públicas para garantizar que el interés colectivo y los derechos de los particulares no se vieran afectados.

Con el fin de establecer la constitucionalidad de la medida adoptada, la Corte acudió al juicio de proporcionalidad y llegó a las siguientes conclusiones: (i) el Código Nacional de Tránsito Terrestre tiene como objetivo la realización de los principios constitucionales, lo anterior, en atención al artículo 82 Superior que consagra el deber del Estado de velar por la protección del espacio público; y (ii) aunque el legislador estimó necesario que se debían habilitar las vías para circulación de los automotores en los municipios de categoría especial y de primera categoría, un porcentaje de la malla vial exige menores niveles de velocidad y debido a su congestión reducida permitiría la circulación de los vehículos de tracción animal. De esta manera, entendió que la medida desconocía la realidad de los municipios y las exigencias del tejido vial, razón por la cual la medida debía atenuarse de manera que resultara proporcional.

3.5.6. Por su parte, mediante sentencia C-799 de 2003(35), esta Corporación estudió la demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 140 de la Ley 769 de 2002. La norma en cuestión establecía la procedencia de la inmovilización de vehículos o la retención de la licencia de conducción cuando pasados 30 días de la imposición de una multa de tránsito, la misma no hubiera sido cancelada.

A juicio del demandante, tal disposición violaba el derecho al trabajo y el de escoger libremente profesión u oficio. En esa oportunidad, la Corte manifestó que “en la adecuada regulación del derecho a la libre circulación y en la efectividad de las normas correspondientes están implicados el interés general y los derechos de terceros.”

Para resolver el problema jurídico planteado, reconoció que algunas de las multas podrían representar el desembolso de altas sumas de dinero por parte de los infractores que de cancelar los comparendos verían afectado su mínimo vital. En palabras de la Sala Plena:

“Este grupo de conductores se ve ante la siguiente disyuntiva: o pagar inmediatamente la multa con afectación de su mínimo vital de subsistencia, o verse expuesto a la limitación indefinida de su libertad de circulación y, en ciertos casos, privado de su elemento de trabajo.”

Este Tribunal consideró que existen otras medidas para solicitar el pago de las multas, que implican una afectación menor del derecho a la libre circulación y al trabajo de los conductores. En este punto se refirió a la jurisdicción coactiva entendida como un “privilegio exorbitante” de la Administración. Finalmente, se resolvió declarar inexequible la expresión demandada.

3.5.7. En conclusión, la garantía de la que trata el artículo 24 Superior no es absoluta y por el contrario, puede ser sujeta a los límites que el legislador considere necesarios para garantizar el orden público y el respeto por derechos de carácter fundamental. De ahí que en algunas oportunidades el operador judicial deba hacer uso del test de proporcionalidad para determinar la constitucionalidad de las medidas adoptadas y que limitan la circulación.

Sin perjuicio de lo anterior, no se debe perder de vista que las restricciones impuestas de ninguna manera pueden el núcleo esencial de la libertad de locomoción.

3.5.8. Finalmente, es importante señalar tal y como se hizo en la sentencia T-823 de 1999, que a la hora de analizar las restricciones impuestas a la circulación, no se puede aludir únicamente a los comportamientos solidarios como razones para soportar dichas limitaciones, ello pues los mismos no constituyen deberes jurídicos sino imperativos morales que no pueden ser exigidos coactivamente.

3.6. El control constitucional del lenguaje jurídico

3.6.1. La jurisprudencia constitucional en varias ocasiones ha estudiado el lenguaje usado por algunas normas legales, y ha reiterado que éste debe ajustarse a la dignidad humana y a los principios y valores constitucionales.

3.6.2. Asimismo, ha resaltado el Alto Tribunal, que el lenguaje como instrumento de comunicación no goza de la característica de neutralidad; por el contrario, tiene un enorme poder instrumental y simbólico(36). En ese sentido, es instrumento, puesto que “constituye el medio con fundamento en el cual resulta factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y la construcción de cultura”(37), y es símbolo, por cuanto “refleja las ideas, valores y concepciones existentes en un contexto social determinado”(38). Entonces, puede ser modelador de la realidad o reflejo de la misma, constituyéndose así en un factor potencial de inclusión o exclusión social.

3.6.3. En cuanto al control judicial del lenguaje legal, la Corte en la sentencia C-458 de 2015, reveló la complejidad de dicho control y las varias respuestas que este Tribunal ha dado al interrogante sobre la viabilidad del escrutinio del lenguaje legal, así como a las dudas sobre los criterios para valorar el léxico del derecho positivo.

En efecto, en esa sentencia se hizo alusión a una primera línea de pensamiento, en la que se ha sostenido que el escrutinio judicial versa únicamente sobre el contenido normativo de los enunciados legales, más no sobre la terminología en la que se expresan las prescripciones jurídicas, porque en principio esta dimensión lingüística del Derecho carece en sí misma de relevancia normativa. En este orden de ideas, se concluyó que cuando se demanda una palabra aisladamente considerada, la tarea del juez constitucional consiste, de ordinario, en evaluar su faceta regulativa, una vez integrada la expresión en el enunciado del que hace parte, y determinando la compatibilidad de la prescripción resultante con el ordenamiento superior. En este contexto, entonces, no sería factible valorar los signos lingüísticos como tal.

De acogerse esta línea interpretativa, concluye la Corte que “palabras como “sordo”, “limitado auditivo”, “personas con limitaciones físicas” o “minusválidas” no podrían ser inconstitucionales en sí mismas, sino tan solo en la medida en que, una vez insertadas en un texto legal específico, configuren una regla contraria a la Carta Política. (…) asimismo, las palabras “limitados auditivos” y “población sorda”, previstas en el artículo 10 de la Ley 324 de 1996 sólo podrían cuestionarse en cuanto la regla resultante se oponga al ordenamiento constitucional, es decir, en la medida en que el establecimiento de cuotas laborales en las entidades estatales para este segmento social, o la priorización de su inclusión en el régimen subsidiado de salud, vulnere la Carta Política”.

En contraste con esta tendencia, en la misma sentencia se llamó la atención respecto a que en algunas oportunidades, el juicio de constitucionalidad se ha extendido a la terminología legal como tal, sobre la base de que el léxico jurídico no solo tiene una función instrumental, como mecanismo para la regulación de la conducta humana, sino que también tiene una función simbólica, en tanto los discursos jurídicos representan, reproducen, crean, definen y perpetúan concepciones del mundo, valores, ideas, cosmovisiones, valores y normas. En este orden de ideas, se en esa providencia se afirmó que como el lenguaje también puede encarnar esquemas ideológicos y conceptuales contrarios al sistema de principios y valores de la Constitución, la Corte se encontraría habilitada para ampliar el espectro del escrutinio judicial, independientemente de los efectos jurídicos de los enunciados legales.

3.6.4. Con base en la segunda vertiente conceptual, la jurisprudencia constitucional no ha sido extraña a los problemas constitucionales implicados en el uso del lenguaje jurídico. Es así como a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, tras múltiples demandas de inconstitucionalidad contra expresiones contenidas en el ordenamiento jurídico, por su no correspondencia con el contenido axiológico del nuevo ordenamiento constitucional, palabras y expresiones con cargas valorativas contrarias a la Constitución han sido expulsadas del ordenamiento jurídico, por cuanto en su momento no tenían un sentido negativo pero que, en el presente y luego de proclamada la Constitución Política de 1991 se muestran arcaicas y con una fuerte carga peyorativa y despectiva. Tal es el caso de las expresiones “amo-sirviente” o “criado”(39), “si la locura fuere furiosa” o “loco”(40), “furiosos locos”, “mantecatos”, “imbecibilidad idiotismo y locura furiosa”, “casa de locos”(41), “tuviere suficiente inteligencia para la administración de sus bienes”(42), hijo “legítimo”(43), “cómplice” de la mujer adúltera(44), “minusvalía”, “persona con limitaciones”, “limitado”, “población minusválida”(45), entre otras.

3.6.5. Desde una perspectiva lógica, la Corte ha destacado entonces que la validez del escrutinio judicial del lenguaje legal se predica de las prescripciones jurídicas y no de las palabras individualmente consideradas, por lo que, se requiere la intervención del juez constitucional en los casos en los que los enunciados jurídicos o institucionales se constituyen en un acto discriminatorio, o bien en una “conducta, actitud o trato que pretende - consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales”(46).

3.6.6. También ha establecido la Corte que el juicio para determinar el impacto del lenguaje sobre la constitucionalidad de ciertos textos legales trasciende el análisis lingüístico y toma en consideración factores históricos, sociológicos y el simple uso del idioma para examinar si determinadas expresiones contravienen el marco axiológico de la Constitución, aun cuando la finalidad buscada por la norma que las contiene no sea contraria a las disposiciones superiores(47).

3.6.7. El procedimiento para fundamentar la eventual inconstitucionalidad de expresiones que se consideran contrarias a la Constitución, debe seguir los siguientes lineamientos: “(i) La contextualización de las expresiones demandadas en las normas; (ii) La realización de un análisis de las diferentes acepciones de las palabras o expresiones acusadas, teniendo en cuenta la evolución histórica en su utilización; (iii) Haciendo un examen sobre la posible contradicción con la norma superior; (iv) considerando la necesidad de adecuar los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada y la finalidad constitucionalmente válida que pudiera tener la norma”(48).

3.6.8. Con base en los anteriores razonamientos, se encuentra que la Corte en el escenario del control abstracto de constitucionalidad, tiene la obligación de declarar inexequibles las expresiones contenidas en enunciados o normas legales que luego de un análisis lingüístico, histórico y social, impliquen la transmisión de mensajes paralelos o adicionales a la regla jurídica establecida en el enunciado, las cuales resulten despectivas, discriminatorias y con una carga valorativa claramente contraria a la dignidad humana y a la Constitución. Asimismo, se concluye que si la Corte no encuentra dicha carga en el lenguaje, no debe ser objeto de su competencia la exclusión de palabras por consideraciones diferentes.

3.7. El derecho fundamental a la igualdad de trato. El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

3.7.1. El derecho fundamental a la igualdad en sus múltiples manifestaciones -igualdad ante la ley, de trato, de oportunidades- es condición necesaria para la realización de principios básicos en un Estado Social y Democrático de Derecho, tales como la dignidad y la autodeterminación personal. En ese sentido, ante los beneficios o las cargas impuestas a un grupo determinado y restringido de ciudadanos, opera el deber de dar cuenta de la constitucionalidad del trato diferenciado, para evitar que, de manera infundada, irrazonable e inadmisible, se restrinja el acceso a una o a un grupo de personas al ejercicio efectivo de sus derechos y libertades(49).

3.7.2. El constituyente al consagrar el derecho a la igualdad como garantía fundamental, no proscribió de manera definitiva todo trato diferenciado, estableció, por el contrario, una presunción en favor de las condiciones igualitarias, dejando a salvo la posibilidad de justificar adecuada y suficientemente la necesidad de incorporar una diferenciación, dadas ciertas condiciones concretas. En el curso del desarrollo jurisprudencial de este derecho, han sido establecidos algunos criterios para determinar en qué casos las distinciones fundadas en ciertos parámetros resultan contrarias a los valores constitucionales. Entre otros, son discriminatorios los términos de comparación cuyo sustento sea el sexo, la raza, el origen social, familiar o nacional, lengua, religión y opinión política o filosófica o, en términos generales, cualquier motivo discriminante que se funde en prejuicios o estereotipos sociales cuya única finalidad sea la exclusión de un grupo de individuos de algunos beneficios(50). En suma, para determinar si un acto discriminatorio es admisible, debe comprobarse si tiene o no como sostén al menos uno de los criterios proscritos por la jurisprudencia y la doctrina constitucionales, y si resulta constitucionalmente válido el trato diferenciado.

3.7.3. En todo caso, frente a supuestos de diferenciación que no estén enmarcados en la categoría “discriminación positiva”, debe realizarse un examen tanto del término diferenciador, como de las consecuencias que se siguen de la aplicación del mismo.

3.7.4. Hipótesis de discriminación constitucionalmente proscritas

3.7.4.1. En atención a los mandatos superiores, la Corte Constitucional ha desarrollado unas hipótesis de discriminación que se encuentran proscritas constitucionalmente, las cuales han sido presentadas en algunas providencias de esta Corporación, como lo son las sentencias T-098 de 1994(51), T-301 de 2004(52), T-1326 de 2005(53) y T-577 de 2005(54), y que corresponden a:

I) Las diferenciaciones cuya finalidad sea la exclusión de grupos de personas tradicionalmente señalados, y la negación del ejercicio de sus derechos fundamentales. Según esta Corporación, la segregación está dada generalmente, por la carga valorativa y emotiva que incorpora el lenguaje de las normas o las prácticas institucionales recurrentes, que terminan por confundirse con la institucionalidad misma, y que en última instancia, imponen cargas que los sujetos no tienen el deber de soportar ni moral ni constitucionalmente.

Bajo esta hipótesis, la Corte ha dicho que la discriminación no sólo se configura cuando frente a supuestos de hecho iguales, la ley deriva consecuencias desiguales, sino también cuando las autoridades administrativas, amparadas en sus facultades legales, aplican criterios de diferenciación evidentemente irrazonables, resguardados en un supuesto manto de legalidad, cuyo efecto es la vulneración del derecho fundamental a la igualdad(55).

II) Secuencia de episodios aparentemente legales, cuyo contenido tiene como correlato la negación de garantías básicas. Según este Tribunal, en esta serie de actuaciones orientadas a la exclusión de ciertos grupos poblacionales -históricamente ignorados-, la autoridad aplica criterios constitucionalmente proscritos, aunque alega como justificación para ello el peligro que entrañan para “la sociedad” y el daño que presuntamente ocasionan a la misma. Por esta razón, dado que es difícil acreditar el móvil ilegítimo que sustenta la actuación administrativa para el ciudadano, es a la autoridad que aplica la disposición jurídica a quien corresponde la carga de probar que no ha empleado razones discriminatorias para ello(56).

Entonces, al juez constitucional compete, cuando el criterio diferenciador es precisamente alguna de las características arriba reseñadas como “sospechosas”, ejecutar el examen de igualdad en el caso concreto.

3.7.4.2. Ahora bien, en su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido(57) que el control de constitucionalidad en general, y el juicio de igualdad en particular, adoptan diversas modalidades – leve, intermedio o estricto – según su grado de intensidad. En efecto, esta Corporación ha reiterado la tesis según la cual la intensidad del control de constitucionalidad y del juicio de igualdad varía dependiendo de la materia objeto de la norma demandada y sus implicaciones. En todo caso es necesario entonces, examinar las circunstancias concretas que configuran cada situación para determinar el nivel de intensidad del juicio al que ha de ser sometida una norma que es objeto de control de constitucionalidad(58).

3.7.4.3. De otra parte, es de tenerse en cuenta que la jurisprudencia nacional, comparada e internacional desarrollan generalmente el juicio en tres pasos: 1. el análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. el análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de un examen estricto, intermedio o leve(59).

3.7.4.4. Así, por ejemplo, en la sentencia C-227 de 2004, la Corte al hacer alusión al juicio leve de constitucionalidad, dijo que basta con que el fin buscado y el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos, y con que el medio escogido sea adecuado para el fin propuesto. Esta intensidad del juicio es aplicada, en principio, para examinar la constitucionalidad de medidas legislativas en materias económicas, tributarias o de política internacional. También se utiliza regularmente para aquellos casos en los que está de por medio una competencia específica que ha sido asignada constitucionalmente a un órgano constitucional, cuando se trata de analizar una norma preconstitucional que ha sido derogada pero aún surte efectos en el presente, o cuando del contexto normativo del artículo demandado no aparece prima facie una amenaza para el derecho en cuestión(60).

3.7.4.5. Asimismo, sostuvo que el juicio intermedio se ha aplicado por la Corte para analizar la razonabilidad de una medida legislativa, cuando, por ejemplo, la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia.

Agregó que el juicio intermedio entraña que el examen de la norma sea más exigente, por cuanto, en estos casos se requiere no solamente que el fin de la medida sea legítimo, sino que también sea importante, ya que promueve intereses públicos reconocidos por la Constitución o responde a problemas cuya magnitud exigen respuestas por parte del Estado. Además, expresó que en este nivel del juicio de igualdad, es preciso que el medio no sea solamente adecuado, sino que sea efectivamente conducente para alcanzar el fin que se persigue con la norma que es objeto del análisis de constitucionalidad(61).

3.7.4.6. Finalmente, precisó que cuando el análisis de constitucionalidad de la medida se realiza aplicando un juicio de igualdad estricto, el fin de la disposición, además de ser legítimo e importante, debe ser imperioso. En este sentido, el medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, es decir, no puede ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, indicó que el juicio estricto es el único que incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, y que este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones que ella implica sobre otros principios y valores constitucionales(62).

3.7.4.7. En conclusión, es de tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha precisado que el juicio estricto de igualdad procede, en principio: 1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa, tal como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías prohibidas para hacer diferenciaciones que están relacionadas en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida afecta fundamentalmente a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a minorías insulares y discretas; 3) cuando aparece prima facie que la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4) cuando la medida que es examinada es creadora de un privilegio(63).

3.8. Examen de constitucionalidad del término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002

Son dos los aspectos que los accionantes cuestionan de la expresión demandada. En primer lugar, que el término es impreciso, pues no establece un límite temporal ni circunstancial para saber cuándo una persona es considerada “anciana”, y por tanto tiene restringido su derecho a circular libremente sin ayuda de terceros (violación del artículo 24 y 46 de la Constitución). En segundo lugar, que con dicha limitación se desconoce el derecho a la igualdad y se discrimina a las personas en razón de su edad, pues se parte del supuesto de que quien pertenece a la “tercera edad”, no cuenta con las capacidades físicas y sicológicas para movilizarse libremente sin el acompañamiento de otra persona (violación del artículo 13 y 46 de la Constitución).

3.8.1. Contextualización de la norma demandada

3.8.1.1. El estudio de constitucionalidad sobre el término “los ancianos”, implica necesariamente para la Corte, adentrarse en el estudio del artículo y aún de la Ley en que se inserta el término impugnado, pues solo si se determina con claridad la finalidad y naturaleza de la disposición de que hace parte la expresión, será posible determinar el nivel de precisión requerido y la compatibilidad de la palabra con los postulados constitucionales.

3.8.1.2. La expresión demandada hace parte de la Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”, cuyo objetivo es, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, regular el derecho a circular libremente por el territorio nacional, mediante la adopción de medidas para la preservación de un ambiente sano, la protección del uso común del espacio público, y para la garantía de la seguridad y bienestar de los habitantes del territorio nacional.

3.8.1.3. En la sentencia C-355 de 2003(64), la Corte hizo un completo análisis de los antecedentes de esta ley, del cual, por ser apropiado para el análisis de los cargos presentados en la demanda de la referencia, se citarán los apartes pertinentes.

3.8.1.4. En primer lugar, en dicha sentencia primordialmente se dijo que es claro que si no existiera una regulación adecuada de la circulación de personas y vehículos sobre las vías públicas, los derechos de los particulares, así como el interés colectivo, se verían gravemente afectados, ya que la descoordinación de las fuerzas físicas que actúan en el escenario del tránsito vehicular y peatonal provocaría la accidentalidad constante de sus elementos.

3.8.1.5. En este contexto, se reconoció que el Estado es quien debe garantizar que esa coordinación exista y que los diferentes factores que intervienen en el tráfico de vehículos y personas, sea a tal punto armónica, que su dinamismo se refleje en la consecución de niveles más altos de seguridad ciudadana. De allí que se precise que, en materia de tránsito, no sólo los vehículos, sino también los individuos de a pie, deban estar sometidos a regulaciones concretas que permitan su integración armónica en la dinámica diaria de la circulación.

3.8.1.6. También se sostuvo en dicha sentencia, que el legislador estimó que las medidas incluidas en el Código de Tránsito debían responder a las necesidades de los nuevos tiempos en materia de circulación de tráfico de personas y de vehículos, y que esa tendencia fue la que inspiró todo el esquema del nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como lo demuestra la exposición de motivos presentada ante la Cámara de Representantes por el representante ponente, Gustavo López Cortés.

3.8.1.7. Se precisa que en dicho documento el representante expuso las razones por las cuales se requería que el Congreso aprobara un nuevo código de tránsito que dotara al país de herramientas jurídicas acordes con los nuevos tiempos en materia de tráfico de vehículos y de personas. Dijo que en sus consideraciones iniciales el representante sostuvo que “actualmente el Estado colombiano cuenta con una legislación un tanto obsoleta, poco ágil y además, alejada de la realidad de la problemática especialmente la urbana y por consiguiente, sin herramientas para resolver o iniciar la solución al caos existente, lo que está causando una altísima inseguridad vial e influyendo negativamente en la eficiencia económica para el sector”.

3.8.1.8. Así mismo, en la citada sentencia se hizo alusión a la intervención mediante la cual el representante ponente dio a conocer los objetivos principales del código, al referirse a este como “un conjunto armónico y coherente de normas” destinado a “la organización del tránsito en el territorio nacional y la prevención de la accidentalidad con consecuencias nocivas para la vida, la integridad personal y los bienes de los ciudadanos” (...) “la propuesta que se presenta busca su aplicación, con fines de prevención de accidentes y pretende tener consecuencias de tipo sancionatorio administrativo” (resaltado fuera del texto).

3.8.1.9. Adicional a las consideraciones precedentes, es de tenerse en cuenta que en la exposición de motivos a que se hace referencia, el representante ponente manifiesta que la Ley 769 de 2002 consagra un capítulo que regula el comportamiento del tránsito de los peatones, otorgándoseles prelación siempre que usen las zonas y las vías demarcadas y construidas para su circulación. Asimismo, hace alusión a que dicha ley crea un régimen de sanciones en el Titulo IV de la Ley, las cuales van desde las actividades pedagógicas, hasta los servicios sociales de apoyo al tránsito y las multas para aquellas personas que pongan en peligro sus vidas violando las reglas contenidas en dicha ley.

3.8.1.10. En efecto, la razón que la Corte deduce de la norma demandada, es que tiene como fin regular la circulación de peatones, pasajeros, conductores, motociclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías del país. Entonces, la justificación de la regulación por parte del legislador, se debe a la necesidad de contar con una normativa que garantice el orden y la protección de los derechos de las personas, teniendo conocimiento de i) del carácter riesgoso de la actividad; ii) la importancia de la libertad de locomoción para los asociados, y iii) la importancia de la movilidad para el desarrollo económico del país.

3.8.1.11. Por lo tanto, al ser el tránsito de vehículos y personas una actividad riesgosa, pues los accidentes de tránsito representan una causa importante de mortalidad y de daños en las sociedades modernas, el legislador advirtió la necesidad de regular la circulación por las vías del país, de manera tal que se pueda garantizar, en la medida de lo posible, un tránsito libre de peligros, que no genere riesgos para la vida e integridad de las personas, y que prescriba sanciones ante comportamientos que sin justificación incrementen el grado de riesgo natural de la actividad(65).

3.8.1.12. La norma impugnada consta de 170 artículos distribuidos en cuatro (4) títulos: I. Disposiciones Generales; II. Régimen Nacional de Tránsito; III. Normas de Comportamiento; VI. Sanciones y Procedimientos. Cada uno de estos títulos contiene normas de diferente naturaleza, que si bien gozan de la misma jerarquía, tienen diferentes finalidades y características. Solo el Capítulo IV tiene la connotación de una norma sancionatoria, pues en efecto en ella se describen las conductas sancionables, se identifica al responsable y se establece la sanción a aplicar, en cumplimiento del principio de legalidad propio del régimen sancionatorio.

3.8.1.13. En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, que contiene en su último inciso la expresión impugnada, hace parte del Título III. Normas de Comportamiento, Capitulo 2. Peatones, no tiene el carácter de norma sancionatoria. Es claro de la redacción de la misma, que la disposición no establece una conducta reprochable, ni especifica la sanción aplicable, ni siquiera identifica a un responsable, sino que su intención es la de establecer una regla de conducta formadora de cultura ciudadana y destinada a propender por el ejercicio del deber de solidaridad frente a personas constitucionalmente protegidas.

3.8.1.14. Al verificar las conductas sancionadas por la Ley en su Título IV, se confirma que, en efecto, no se trata de una norma cuya omisión sea sancionable. Es en palabras de García Máynez, es una norma “imperfecta” en ese sentido. Sin embargo, es claro para la Corte que la inexistencia de sanción no significa que la norma no sea obligatoria. La obligatoriedad de las normas hace parte de su esencia y el hecho de que no esté prevista una sanción, no significa que pueda ser incumplida.

3.8.1.15. Para Norberto Bobbio, según la función deóntica de la norma, ella puede clasificarse como categórica o hipotética.(66) Las normas hipotéticas son aquellas que establecen una cierta conducta que debe ser ejecutada siempre que se verifique el cumplimiento de determinada condición. Esa es justamente la situación de la norma estudiada. La conducta exigida por la norma (que “los ancianos” sean acompañados por mayores de 16 años para cruzar las vías) requiere de la verificación de una condición previa: que el anciano cuente, en ejercicio del principio de solidaridad, con el acompañamiento de una persona mayor de 16 años para cruzar las calles. Solo si se puede verificar dicha hipótesis la norma es exigible, pues de otra forma, implicaría atribuirle a la disposición un alcance que el legislador no pretendía darle y que no quedó tampoco consagrado en la norma.

3.8.1.16. La disposición no tiene como finalidad generar en los transeúntes la obligación jurídica de acompañar a los ancianos a cruzar las vías, y mucho menos puede pretender generar en “los ancianos” la carga de contar con personas que los acompañen en el paso de las calles. Como lo dijo esta Corporación en un caso de asimilables características, “la posibilidad de acudir a amigos y vecinos no constituyen deberes jurídicos sino imperativos morales que, muchas veces, no pueden ser exigidos coactivamente”(67).

3.8.1.17. La norma analizada no es de naturaleza categórica, no establece una conducta que deba ser cumplida incondicionalmente, sino que ella misma supone una condición que debe ser verificada y que depende únicamente del principio de solidaridad. En tal sentido, es claro que la intención y el efecto de la norma no es ni podría ser el de restringir el derecho de circulación o la autonomía de estas personas cuando no cuenten con la compañía de un mayor de 16 años, sino justamente por el contrario, el de reiterar el deber de solidaridad de la sociedad frente a ellos, que es un principio constitucional propio del Estado social de derecho.

Sobre el principio de solidaridad, la Corte se ha pronunciado indicando que es un valor constitucional que en cuanto fundamento de la organización política presenta una triple dimensión, a saber: (i) como una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones; (ii) como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; (iii) como un límite a los derechos propios.

En el caso concreto, el principio de solidaridad desarrollado por la norma en estudio, se establece en el segundo de los sentidos, como una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones, concretamente, como el deber de las personas mayores de 16 años de acompañar a “los ancianos” en las vías.

No se trata de una norma sancionatoria, categórica(68) o perfecta(69), en el sentido de la teoría del derecho, sino de una norma hipotética de cultura ciudadana, de fortalecimiento de los valores cívicos y constitucionales, dirigida al logro del bien común desde una visión humana y solidaria.

3.8.2. Análisis del cargo de restricción del derecho a circular libremente sin ayuda de terceros (violación del artículo 24 y 46 de la Constitución) como consecuencia de la indeterminación e imprecisión de la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002

Con fundamento en los anteriores presupuestos, procederá la Corte a establecer si, como lo sostienen los actores, el término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, es vago e impreciso, al no especificar quiénes se encuentran dentro de esta categoría, y por tanto, necesitan de la ayuda y acompañamiento de un tercero para cruzar las vías.

3.8.2.1. Para analizar el cargo propuesto por los demandantes, es necesario revisar la palabra en su entorno normativo. En ese sentido, se parte de la idea de que, contrario a lo expresado en la demanda y tal como se explicó en el acápite anterior, la finalidad del artículo 59 es de carácter preventivo, y por lo tanto no se trata de una norma de naturaleza sancionatoria.

3.8.2.2. En ese sentido, si bien es cierto que el ordenamiento jurídico debe excluir términos discriminatorios, peyorativos y aún equívocos que puedan dar lugar a interpretaciones que fortalezcan paradigmas de exclusión o restrinjan derechos, tampoco es válido exigir al legislador limitar de forma estricta el lenguaje, cortando la natural evolución del derecho, que a la luz del viviente(70), debe transformase conforme la sociedad se transforma.

3.8.2.3. El lenguaje, al igual que el derecho y en general las ciencias sociales, corresponden a realidades fácticas cambiantes, que se transforman según las vivencias y necesidades que implique su permanente evolución. Exigir al legislador o a los jueces una unificación estricta del lenguaje, que no permita la adaptación paulatina del mismo, es desconocer la naturaleza cambiante de la cultura(71) y del derecho. Por lo tanto, y tal como se explicó anteriormente, el control de los términos no es sino oportuno sino en tanto ellos tengan una connotación pertinente para el derecho constitucional, que pueda implicar la creación de paradigmas discriminatorios, o la petrificación de prácticas excluyentes o restrictivas de los derechos fundamentales.

3.8.2.4.El artículo 59 de la Ley 769 de 2002, consagra unas “limitaciones a peatones especiales” entre los cuales se encuentran las personas: i) que padezcan trastornos mentales permanentes; ii) quienes se encuentren bajo el influjo del alcohol, drogas alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos; iii) las personas invidentes y sordomudas, salvo que su capacitación o la ayuda de herramientas ortopédicas las habiliten para cruzar la calle sin ayuda de terceros; iv) los menores de 6 años; y v) “los ancianos”. Estas personas deben estar acompañadas por mayores de 16 años para cruzar las vías.

3.8.2.5. En principio, se puede afirmar que la medida adoptada por el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, busca prevenir la accidentalidad -con sus consecuencias nocivas para la vida e integridad personal- a los habitantes del territorio nacional y especialmente a las personas que integran los grupos poblacionales mencionados, quienes por sus condiciones físicas y sicológicas deben ser especialmente protegidos por el Estado.

Estas medidas tienden fundamentalmente a proteger la integridad y la vida de estas personas, aunque en consecuencia también redunden en la protección de todo el conglomerado social. En consecuencia, presentan una finalidad constitucionalmente legítima.

3.8.2.6. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la misma ley en el Título IV (Sanciones y procedimientos), artículo 122, modificado por el artículo 20 de la Ley 1383 de 2010, establece una serie de sanciones a imponer a quienes infrinjan los preceptos en ella contenidos. Dichas sanciones corresponden a: amonestaciones, multas, retención preventiva de la licencia de conducción, suspensión de la licencia de conducción, inmovilización de vehículos, retención preventiva de vehículo y cancelación definitiva de licencias de conducción.

3.8.2.7. Sin embargo, es en el capítulo II del Título IV, entre los artículos 130 a 133 en donde se regulan, específicamente las conductas y sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito. Del estudio de dichas disposiciones se puede concluir que no existe una sanción puntual por el incumplimiento de las conductas reguladas en el artículo 59 de la misma ley.

3.8.2.8. Entonces, una lectura detenida del precepto legal demandando, permite establecer, sin la menor duda, que el artículo 59 de la Ley 769 de 2002 no es una norma de tipo sancionatorio administrativo. Tampoco se puede interpretar la norma, pues ninguna de las disposiciones de la Ley así lo indica, en un efecto prohibitivo, que restringa los derechos de quienes no cuenten con la posibilidad de tener un acompañante.

3.8.2.9. En ese sentido y como bien se estableció en el estudio realizado sobre la naturaleza de la norma, la disposición impugnada no está dirigida a restringir el derecho a la libre circulación de “los ancianos”, sino por el contrario, busca resaltar el deber de solidaridad de las demás personas frente aquellas que requieran su acompañamiento para hacer más seguro su tránsito por las vías públicas.

3.8.2.10. Así, si bien la expresión “los ancianos” no hace referencia a un grupo poblacional suficientemente determinado, pues está compuesto de ideas esencialmente valorativas y subjetivas -referentes al aspecto etario y a las condiciones físicas y psicológicas de las personas-, la poca precisión y determinación de la expresión “los ancianos”, es suficiente para la finalidad perseguida por la ley, la cual no es otra que crear conciencia en la ciudadanía sobre la prevención de accidentes de tránsito, mediante la especial protección de los sujetos que por su edad, condiciones físicas y psicológicas merecen mayor atención de la sociedad y el Estado.

3.8.2.11. En realidad, resulta idónea para la medida, la indeterminación de la expresión “los ancianos”, porque no se trata de imponer términos precisos de edad que desconozcan aspectos relevantes como las condiciones físicas y psicológicas de las personas, sino generar un criterio orientador para efectos pedagógicos que permita analizar en cada caso las circunstancias específicas de los destinatarios de la norma.

3.8.2.12. Por otra parte, se observa que el concepto “los ancianos” se encuadra perfectamente con los demás grupos poblacionales del mismo artículo (quienes padezcan trastornos mentales permanentes, quienes se encuentren bajo el influjo del alcohol, drogas alucinógenas y de medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos, las personas invidentes y sordomudas y los menores de 6 años) que generan igualmente criterios amplios para los mismos efectos preventivos.

3.8.2.13. Del estudio del primer cargo propuesto por los demandantes, se concluye que la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, no atenta contra el derecho a la libertad de circulación ni contra el deber de protección y asistencia a las personas de la tercera edad, contenidos en los artículos 24 y 46 de la Carta.

3.8.3. Análisis del cargo por violación del derecho a la igualdad y discriminación de las personas por su edad, artículo 13 de la Constitución.

Para los accionantes, la indeterminación de la expresión demandada permite que los individuos sean discriminados en razón de su edad, en el sentido en que, permite que las personas de avanzada edad, por el hecho de serlo, pese a que cuenten con la suficiente capacidad sicológica y física para cruzar las vías por sí solas, tengan restricciones en su circulación; y por el contrario, quienes no pertenezcan a este grupo poblacional, pero que ostenten algún impedimento físico o psicológico para cruzar las calles, puedan hacerlo libremente sin la ayuda de terceros, lo cual consideran un factor de discriminación de las personas en razón de la edad.

3.8.3.1. La discriminación como violación al derecho a la igualdad, comporta la diferenciación que se efectúa respecto de ciertos sujetos o grupos de personas con base en un rasgo distintivo particular, gobernado por el prejuicio. Este vocablo, en su acepción negativa, involucra el rechazo, la supresión, la expulsión o la censura cotidiana, a través de diferentes estrategias, negando o impidiendo ilegítimamente o a partir de un paradigma errado, la inclusión, ejercicio o subsistencia de determinadas prácticas sociales(72).

El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trate como resultado la violación de sus derechos fundamentales. El acto de discriminación no sólo se concreta en el trato desigual e injustificado que la ley hace de personas situadas en igualdad de condiciones. También se manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades administrativas cuando, pese a la irrazonabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el manto de la legalidad para consumar la violación del derecho a la igualdad(73).

3.8.3.2. En el caso que ocupa la atención de esta Sala, se observa que la expresión demandada es un concepto amplio en el que prima el criterio de reducción de capacidad. En ese sentido, la “ancianidad”, si bien está relacionada con la edad, ésta no es la única característica que comprueba dicha condición en una persona, pues también tiene inferencia las facultades y capacidades con que se cuenten, de forma que son varios los criterios que determinan que se pertenezca o no a este grupo poblacional.

3.8.3.3. Ahora bien, para saber si el artículo 59 de la Ley 769 de 2002 discrimina a “los ancianos”, es necesario, en primer lugar, precisar el criterio de comparación, valga decir, determinar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se comparan sujetos de la misma naturaleza. Posteriormente, se debe definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y finalmente, averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución. 

3.8.3.4. Al respecto, se debe partir de que el tertium comparationis se refiere a las reducción de capacidad o facultades que tengan inferencia en la seguridad al transitar en la vía pública, y por tanto, la comparación debe hacerse entre “los ancianos”, “las personas que padezcan trastornos mentales”, “las personas que se encuentren bajo el influjo del alcohol, drogas alucinógenas y medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos”, “los invidentes y los sordomudos” y “los menores de 6 años”, que, justamente son tratados de forma similar por la norma legal.

3.8.3.5. Como puede verse, la situación de hecho objeto de la comparación se enmarcan en la hipótesis de igualdad de trato, esto es, se trata de situaciones de hecho idénticas que tienen un elemento en común. Esta circunstancia, prima facie, llevan a concluir que en este caso no existe discriminación alguna, por cuanto el término de comparación (disminución de capacidad) es el mismo, y el trato dado a las personas que se encentran en dicha circunstancia (“los ancianos”, “las personas que padezcan trastornos mentales”, “las personas que se encuentren bajo el influjo del alcohol, drogas alucinógenas y medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos”, “los invidentes y los sordomudos” y “los menores de 6 años) es idéntico, consistente en que tendrán que atravesar las vías del país con acompañamiento de terceros mayores de 16 años.

3.8.3.6. Por lo tanto, el criterio de comparación, es decir la perdida de facultades que incidan en el riesgo de tránsito en las vías públicas, da como resultado que la norma trata de igual forma a los grupos de personas que, se encuentran en igual situación. Por lo tanto, no existe una diferenciación entre iguales, y en consecuencia no podría sostenerse que la norma establezca alguna forma de discriminación.

3.8.3.7. En cuanto al supuesto trato diferenciado que se hace de “los ancianos” frente a los demás peatones que no se encuentran incluidos en el artículo 59, vale la pena decir, que no se advierte ningún elemento de discriminación, pues como ya se ha sostenido en esta decisión, (i) la norma no establece ninguna restricción a sus derechos, pues no es sancionatoria ni prohibitiva, y (ii) la norma desarrolla el deber de solidaridad que se encuentra inserto en la Carta constitucional y que constituye uno de los principios del Estado Social de Derecho.

3.8.3.8. Al respecto, se observa que la medida busca que los sujetos en condición de debilidad manifiesta, como lo son los enunciados en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, puedan circular por las vías del país sin arriesgar su vida o su integridad personal, como la de los demás habitantes del territorio nacional. Entonces, la medida busca prevenir y sancionar los comportamientos que puedan afectar o agravar la seguridad del tránsito nacional.

3.8.3.9. En efecto, es por ello que el Legislador en la exposición de motivos que dio origen a la Ley 769 de 2002, expresó la necesidad de “contar con un nuevo código de tránsito que dotara al país de herramientas jurídicas acordes con los nuevos tiempos en materia de tráfico de vehículos y de personas, con el propósito fundamental de contrarrestar los altos índices de accidentalidad que se registran en el país, debido al ejercicio indebido de circular libremente”, lo cual es a todas luces un fin legítimo e imperioso.

3.8.3.10.En ese sentido, la Corte está de acuerdo con el Ministerio Público, respecto al fin constitucionalmente legítimo e incluso imperioso de la medida, el cual no es otro que proteger la integridad y la vida de los sujetos de especial protección constitucional señalados en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002.

3.8.3.11. En consecuencia, la Corte concluye que la disposición impugnada no es contraria al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta.

3.9. Conclusión

3.9.1. En el presente caso, los accionantes cuestionan la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, por cuanto consideran que; i) es imprecisa, ya que legal ni jurisprudencialmente existe un límite temporal que permita establecer cuándo una persona puede ser considerada “anciana”; y ii) vulnera el derecho a la igualdad y discrimina a las personas en razón de su edad, pues se parte del supuesto de que, quien tiene una edad avanzada, no cuenta con las capacidades físicas ni psicológicas para movilizarse libremente sin la ayuda de otra persona.

3.9.2. La Corte se planteó como problema jurídico a resolver el siguiente: ¿la posible vaguedad e imprecisión del término “los ancianos” contenido en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, constituiría una restricción indebida al derecho a la libertad de circulación, que en consecuencia discrimina a las personas en razón de su edad?

3.9.3. El artículo 59 de la Ley 769 de 2002, que contiene en su último inciso la expresión impugnada, no tiene el carácter de norma sancionatoria. Es claro de la redacción de la misma, que la disposición no establece una conducta reprochable, ni especifica la sanción aplicable, ni siquiera identifica a un responsable, sino que su intención es la de establecer una regla de conducta formadora de cultura ciudadana y destinada a propender por el ejercicio del deber de solidaridad frente a personas constitucionalmente protegidas.

3.9.4. En tal sentido, se advierte que la intención y el efecto de la norma no es ni podría ser el de restringir el derecho de circulación o la autonomía de estas personas cuando no cuenten con la compañía de un mayor de 16 años, sino justamente por el contrario, el de reiterar el deber de solidaridad de la sociedad frente a ellos, que es un principio constitucional propio del Estado Social de Derecho.

3.9.5. La indeterminación de la expresión “los ancianos”, resulta idónea para la finalidad perseguida por la ley, la cual no es otra que crear conciencia en la ciudadanía sobre la prevención de accidentes de tránsito, mediante la especial protección de los sujetos que por su edad, condiciones físicas y sicológicas merecen mayor atención de la sociedad y el Estado.

En efecto, no se trata de imponer términos precisos de edad que desconozcan aspectos relevantes como las condiciones físicas y sicológicas de las personas, sino generar un criterio orientador para efectos educativos que permita analizar en cada caso las circunstancias específicas de los destinatarios de la norma.

3.9.6. El artículo 59 de la Ley 769 de 2002 no genera discriminación. Al respecto se observa que el criterio de comparación en ella establecido, es decir la pérdida de facultades que incidan en el riesgo de tránsito en las vías públicas, da como resultado que la norma trata de igual forma a los grupos de personas que se encuentran en igual situación. Por lo tanto no existe una diferenciación entre iguales.

3.9.7. En cuanto al supuesto trato diferenciado que se hace de “los ancianos” frente a los demás peatones que no se encuentran incluidos en el artículo 59, no se encontró tampoco ningún elemento de discriminación, por cuanto: (i) la norma no establece ninguna restricción a sus derechos, pues no es sancionatoria ni prohibitiva, y (ii) la norma desarrolla el deber de solidaridad que se encuentra inserto en la Carta constitucional y que constituye uno de los principios del Estado Social de Derecho.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, la Sala declarará la exequibilidad de la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, por cuanto se ajusta al Texto Superior.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE la expresión “los ancianos” contenida en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, por cuanto se ajusta al Texto Superior.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente».

1 Si bien los demandantes en su escrito transcriben el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, subrayando el inciso primero y el término “los ancianos”, expresamente señalan, como “norma demandada”, “la expresión subrayada “los ancianos”, contenida en el último inciso del artículo 59 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002”. Aunado a lo anterior, los argumentos expuestos en el escrito de demanda, hacen referencia únicamente a la inconstitucionalidad del término “los ancianos”, por lo que será el objeto de estudio en esta oportunidad.

2 “Artículo 7. Definiciones. Para fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones: (…) b) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen (…)”.

3 Al respecto, hizo alusión a las sentencias T-719 de 2003, T-789 de 2003, T-456 de 2006, T-707 de 2009 y C-503 de 2014, entre otras.

4 Dice la citada norma: “Artículo 2º. Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda".

5 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

6 Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las sentencias C-1052 y C-1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

7 Sentencia C-029 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

8 Sentencia C-707-05. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

9 M.P. Clara Inés Vargas Silva.

10 Artículo 2 Constitucional.

11 La demanda cita entre otras las leyes 687 de 2001 y 1276 de 2009, así como la Sentencia de la Corte Constitucional T-138 de 2010.

12 Sentencia T-342 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

13 Ibídem.

14 Sentencia T-738 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también la sentencia T-801 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

15 Ver entre otras las sentencias T-116 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-351 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz; T-099 de 1999. M.P. Alejandro Beltrán Sierra; T-481 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-042ª de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; y T-458 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

16 Ver entre otras las sentencias T-518 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-443 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería; y T-360 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

17 Ver entre otras las sentencias T-351 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz; T-018 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-827 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-313 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz; T-101 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

18 Ver entre otras las sentencias T-753 de 1999. M.P. Alejandro Martínez caballero; T-569 de 1999. M.P. Antonio Barrera Carbonell; y T-755 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

19 Ver entre otras las sentencias T-1752 de 2000. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; y T-482 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

20 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

21 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

22 M.P. Mauricio González Cuervo.

23 Sentencia T-413 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

24 Sentencia T-025 de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

25 Sentencia T-149 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

26 Ibídem.

27 Sentencia C-503 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

28 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

29 Este recuento normativo se puede ver entre otras, en las siguientes sentencias C-503 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-685 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

30 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

31 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

32 “Zagrebelsky, Gustavo. El Derecho dúctil. Editorial Trotta. P. 87”

33 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

34 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

35 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

36 Sentencia C-253 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.

37 Sentencia C-804 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra porto.

38 Ibídem.

39 Sentencia C-1235 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Demanda contra la expresión contenida en el artículo 2349 del Código Civil.

40 C-1088 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión contenida en el artículo 548 del Código Civil.

41 Sentencia C-478 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Demanda de inconstitucionalidad parcial de los artículos 140 numeral 3, 545, 554, 560 del Código Civil.

42 Sentencia C-983 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil.

43 Sentencia C-105 de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía; C-595 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía; y C-800 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

44 Sentencia C-082 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Demanda contra la expresión contenida en el artículo 140 del Código Civil.

45 Sentencia C-458 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

46 Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

47 Sentencia C-1235 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

48 Sentencia C-253 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.

49 Sentencia C-221 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver entre otras las siguientes sentencias: C-430 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara; T-230 de 19994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-022 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-352 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-563 de 1997. M.P. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-112 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; y T-301 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

50 Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

51 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

52 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

53 Humberto Antonio Sierra Porto.

54 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

55 Sentencia T-1326 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver además las sentencias T-577 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-301 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

56 Sentencia T- 098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-301 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

57 Sentencias C-333 de 1994. M.P. Fabio Morón Díaz; C-265 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-613 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-197 de 1997. M.P. Carmenza Isaza de Gómez (E.); C-507 de 1997. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-584 de 1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-183 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-318 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-539 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-112 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero; y C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

58 Sentencias C-404 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-505 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-048 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-579 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre; C-540 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-199 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil; y C-673 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

59 Sentencia C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también la sentencia C-673 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

60 Sentencia C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

61 Ibídem.

62 Sentencia C-227 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

63 Sentencia C-355 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

64 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

65 Exposición de motivos de la Ley 769 de 2002, presentada por el Representante Gustavo Bustamante Moratto a la Cámara de Representantes. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8443

66 “Norma categórica es aquella que establece que una determina acción debe ser cumplida; norma hipotética es la que establece que cierta acción debe ser ejecutada si se verifica determinada condición.” Norberto Bobbio, Teoría General del Derecho, Editorial Temis, 2016, Pág. 130

67 En la Sentencia T-823 de 1999, la corte se refirió a un caso de tutela en que una persona con cuadriplejia se veía afectada por la disposición de “pico y placa” que le restringía el uso de su vehículo, adaptado para transportarla. La Corte considero que dicha restricción representa una vulneración al derecho a su libre circulación y a su autonomía.

68 Bobbio Norberto, Ibídem, Pág. 130

69 Para García Maynes “Inspirándose en doctrinas romanas el jurista ruso N. Korkounov divide los preceptos del derecho en 4 grupos desde el punto de vista de sus sanciones: leges perfectae; leges plus quam perfectae; leges minus quam perfectae; leges imperfectae. (…) Las leyes imperfectas son las que no se encuentran provistas de sanción. (…) Por otra parte, hay que tener en cuenta que sería imposible sancionar todas las normas jurídicas. En efecto, cada norma sancionadora tendría que hallarse garantizada por una nueva norma y esta por otra, y así sucesivamente. Pero como el número de preceptos que pertenecen a un sistema de derecho es siempre limitado, hay que admitir, a fortiori, la existencia de normas jurídicas desprovistas de sanción.” Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrua, 2010, Págs. 90, 91.

70 Ver entre otras las sentencias C-426 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-842 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo; y C-418 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.

71 La relación entre el derecho y el lenguaje es un tema de estudio iusfilosófico de gran envergadura. Mientras algunos autores sostienen la necesidad de limitar a un lenguaje técnico la redacción de las normas jurídicas, desde una perspectiva instrumentalista (S. Nino, 1980), se considera necesario hacer uso del lenguaje “natural” no solo por la efectividad que implica para el legislador utilizar el lenguaje que comprenden los ciudadanos, destinatarios de la norma, sino porque el lenguaje natural permite una mejor adaptación del discurso jurídico al entorno. Robert Alexy, de cierta forma, también plantea una concepción del derecho que le permite pensarlo como un discurso jurídico que constituye un caso especial de discurso práctico. Así lo afirma en su libro Teoría de la argumentación jurídica, en el sostiene que el derecho que se desarrolla mediante la argumentación jurídica 'se concibe a tal efecto como una actividad lingüística que tiene lugar en situaciones tan diferentes como, por ejemplo, el proceso y la discusión científico jurídica'. Sobre el tema: Javier Aguirre, la relación lenguaje y derecho: Jûrgen Habermas y el debate iusfilosófico, En: Revista Opinión Jurídica, Vol. 7 N°13, Medellín.

72 Sentencia T-131 de 2006. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

73 Sentencia T-590 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.