Sentencia C-185 de mayo 6 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

EXENCIONES

EXTRACTOS: «El siguiente es el texto de la norma demanda:

“LEY 397 DE 1997

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

ART. 39.—Impuestos de espectáculos públicos e impuestos sobre las ventas. A las exenciones consagradas en el artículo 75 de la Ley 2ª de 1976, se adicionan las siguientes:

a) Compañías o conjuntos de danza folclórica.

b) Grupos corales de música contemporánea.

c) Solista e instrumentistas de música contemporánea y de expresiones musicales colombianas.

d) Ferias artesanales”.

(...).

Menciona, además, el artículo 77 de la Ley 181 de 1995, en cuanto hace referencia al impuesto a los espectáculos públicos establecido en las leyes 47 de 1968 y 30 de 1971.

Finaliza el procurador así:

“El análisis de las normas mencionadas permite determinar que el impuesto a espectáculos públicos continua vigente y concurre con el impuesto de la misma naturaleza de propiedad de los municipios, teniendo aquel como destino la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos (L. 181/95, art. 70). Se advierte que el mencionado tributo es recaudado y administrado por las entidades territoriales, pero su titularidad corresponde a la Nación.”

En consecuencia, por ser el tributo contenido en el artículo 39 demandado, de propiedad de la Nación, puede la ley declarar las exenciones allí estipuladas sin vulnerar el artículo 294 de la Constitución.

II. Consideraciones de la Corte Constitucional.

Primera-competencia.

La Corte es competente para conocer esta demanda según el artículo 241, numeral 4º de la Constitución.

2. Lo que se debate.

El presente asunto gira en torno a determinar si el impuesto de espectáculos públicos e impuesto sobre las ventas, de que trata el artículo 39 de la Ley 397 de 1997, es de propiedad de la Nación o pertenece a las entidades territoriales, pues, si es de estas entidades, la exención contenida en la norma demandada vulneraría, como lo dice el demandante, el artículo 294 de la Constitución, en razón de la prohibición constitucional para que la ley concede exenciones o tratamientos preferenciales, sobre los tributos de propiedad de tales entes. En cambio, si es de la Nación, la ley puede, en términos generales, establecer exenciones como las contempladas en el artículo 39.

Al respecto, el demandante se limitó a decir que se trata de un impuesto que, en su concepto, pertenece a las entidades territoriales, sin ofrecer ninguna explicación que apoye su afirmación.

En cambio, el procurador y el interviniente del Ministerio de Hacienda coinciden en señalar que se trata de un gravamen nacional, y, para tal efecto, se remiten a los orígenes del impuesto. El procurador, además, observa que sobre los espectáculos públicos concurren dos impuestos, uno de propiedad de la Nación y otro de los entes territoriales.

3. Titular del impuesto sobre los espectáculos públicos.

Esta corporación, en sentencia C-219 de 1997, magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló algunos criterios que permiten determinar si un impuesto pertenece a la Nación, o a un ente territorial. Estos criterios se divide en formal, orgánico y material.

El primero de ellos, hace referencia a la normas que expresamente crean el tributo y que permiten determinar con facilidad su titular. Cuando este criterio no es suficiente, bien por la proliferación de normas o su vaguedad, el intérprete debe acudir al segundo criterio, el orgánico, según el cual, un impuesto pertenecerá al ente territorial, si sus órganos de representación popular han participado en la determinación de por lo menos uno de sus elementos. Cuando estos dos criterios no resultan suficientes, o siguen existiendo dudas, el intérprete debe determinar si el producto del recaudo del impuesto entra a formar parte de presupuesto del ente territorial para sufragar sus gastos, caso en el cual, la Nación no podrá reputarse titular del mismo, a pesar de que la aplicación de los criterios formal y orgánico se pudiera deducir lo contrario.

En el caso en estudio, conviene advertir que sobre los espectáculos públicos concurren dos gravámenes. Uno, originado en el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y normas complementarias, y, otro, en la Ley 1ª de 1967. Es a este último al que se refiere la norma demandada, por lo que respecto a él, se analizará su origen y leyes que lo han modificado (criterio formal), para determinar si pertenece a la Nación o a las entidades territoriales. Además, si la Nación ha hecho cesión del mismo.

Si del análisis legislativo que se haga, no resultare posible determinar la propiedad de este impuesto, será necesario acudir a los criterios orgánico material.

4. Origen del impuesto.

En primer lugar, debe observarse que para llegar al origen de la ley que creó el impuesto a los espectáculos públicos de que trata el artículo 39 demandado, y establecer su carácter nacional o territorial, se debe hacer un seguimiento normativo, a partir de la ley a la que el propio artículo 39 remite, precepto que, a su vez, se apoya en otras normas anteriores, en las que ocurre lo mismo.

Es así, como, en el presente caso, será preciso referirse a las siguientes leyes y a los artículos que tocan este asunto:

El artículo 39 de la Ley 397 de 1997, que remite al artículo 75 de la Ley 2ª de 1976. Esta norma alude a los artículos 8º de la Ley 1ª de 1967 y 9º de la Ley 30 de 1971, la Ley 30 de 1971, artículo 9º hace, a su vez, remisión a los artículos 5º de la Ley 49 de 1967 y 4º de la Ley 47 de 1968.

En aras de facilitar la comprensión del asunto, se transcribirá sólo lo pertinente de las normas que permiten llegar al origen del impuesto, subrayándose lo correspondiente.

El precepto demandado, artículo 39, inciso primero, de la Ley 397 de 1997, señala:

“ART. 39.—Impuestos de espectáculos públicos e impuestos sobre las ventas. A las exenciones consagradas en el artículo 75 de la Ley 2ª de 1976, se adicionan las siguientes: (...)”.

El artículo 75 de la Ley 2ª de 1976, a su vez, establece:

“ART. 75.—Estarán exentas del impuesto de espectáculos contemplado en los artículos 8º de la Ley 1ª de 1967 y 9º de la Ley 30 de 1971, las presentaciones de los siguientes: (...).

El artículo 8º de la Ley 1ª de 1967 creó el gravamen a los espectáculos públicos. Esta ley se dictó para proveer a la reconstrucción de las zonas devastadas por el incendio del municipio de Quibdó, ocurrido el 27 de octubre de 1966, y la ayuda a los damnificados. El artículo 8º señaló:

“ART. 8º—Con destino exclusivo a la reconstrucción de la ciudad de Quibdó, establécese en todo el país por el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha que el gobierno señale, una cuota de recargo “pro ciudad Quibdó”, del 10% sobre el valor de cada boleta personal de entrada a espectáculos públicos de cualquier clase. Su producido será consignado en la Tesorería General de la República, a órdenes del comité de coordinación ciudadana”.

Este gravamen, establecido para todo el territorio nacional, tenía una vigencia de cuatro (4) meses, al cabo de los cuales, la Ley 49 de 1967 extendió el cobro del impuesto para el período 1968 - 1972, sólo en el Valle del Cauca, con el fin de financiar los VI juegos panamericanos de Cali y preparar a los deportistas. La Ley 47 de 1968, artículo 4º, amplió su cobro a todo el territorio nacional. Señaló el artículo 4º que “el producido del mismo será destinado en el distrito especial, los departamentos, intendencias y comisarías, exclusivamente al fomento del deporte, a la preparación de los deportistas, a la construcción de instalaciones deportivas y adquisición de equipos e implementos, en la proporción que se recaude en cada una de las secciones del país”.

El artículo 9º de la Ley 30 de 1971 estableció que seguiría cobrándose el impuesto en forma indefinida, con posterioridad al 31 de diciembre de 1972. Es decir, sin relacionar el impuesto con la realización de los juegos panamericanos, pues éstos ya habían pasado.

No obstante la profusión de normas que modificaron este impuesto, originado en la Ley 1ª de 1967, lo cierto es que no ha perdido su naturaleza de gravamen nacional, y tampoco ha sido cedido a las entidades territoriales. Cesión que sí ocurrió con el otro impuesto a los espectáculos públicos, creado por la Ley 12 de 1932, que fue entregado, expresamente, por la Nación a los municipios y al Distrito Especial (hoy Distrito Capital), por la Ley 33 de 1968, artículo 3º, cesión que fue ratificada en el Decreto 1333 de 1986, en el artículo 223. Dice este artículo.

“ART. 223.—Es propiedad exclusiva de los municipios y del Distrito Especial de Bogotá el impuesto denominado “espectáculos públicos”, establecido por el artículo 7º de la Ley 12 de 1932 y demás disposiciones complementarias”.

En conclusión, como se observa del análisis de las normas que regulan este impuesto, existen dos impuestos a los espectáculos públicos: uno creado por la Ley 12 de 1932, y normas que lo modificaron, que pertenece a las entidades territoriales, por cesión expresa que la Nación hizo de él, y, otro, que se originó en la Ley 1ª de 1967, el cual es de propiedad de la Nación, tal como se ha explicado, y sobre el que no ha habido cesión.

5. Competencia del legislador para conceder exenciones sobre impuestos de propiedad de la Nación.

La competencia del legislador para conceder exenciones en relación con los tributos nacionales, tiene base constitucional en el artículo 150, ordinal 12, que lo faculta para establecer las contribuciones fiscales, y en el propio artículo 294 de la Carta, supuestamente vulnerado en concepto del actor, al consagrar, expresamente, la prohibición de que a través de la ley se concedan exenciones sobre tributos de propiedad de las entidades territoriales.

Dicen las normas constitucionales citadas:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...).

12. Establecer las contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”.

El artículo 294 establece:

“ART. 294.—La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317”.

En este sentido se pronunció la Corte en la sentencia C-393, del 22 de agosto de 1996:

“Así las cosas, es evidente que en materia de exención es la Constitución Nacional permite conceder todas aquellas que el legislador de acuerdo con una política económica, social y política, juzgue convenientes, excepto las que recaigan sobre impuestos de propiedad exclusiva de las entidades territoriales (art. 294). Siendo así, no advierte la Corte que la norma acusada vulnere la Constitución por este aspecto, pues la exención decretada no recae sobre impuestos que pertenezcan a las entidades territoriales”. (C-393/96, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz).

Finalmente, conviene señalar a qué clase de eventos culturales cobija la exención tantas veces citada. Ellos se encuentran en la Ley 397, en la norma demandada, y en la Ley 2ª de 1976.

— Ley 397 de 1997, artículo 39:

“ART. 39.—Impuestos de espectáculos públicos e impuestos sobre las ventas. A las exenciones consagradas en el artículo 75 de la Ley 2ª de 1976, se adicionan las siguientes:

a) Compañías o conjuntos de danza folclórica.

b) Grupos corales de música contemporánea.

c) Solistas e instrumentaristas de música contemporánea y de expresiones musicales colombianas.

d) Ferias artesanales”.

— Ley 2ª de 1976, artículo 75:

“ART. 75.—Estarán exentas del impuesto de espectáculos contemplado en los artículos 8º de la Ley 1ª de 1967 y 9º de la Ley 30 de 1971, las presentaciones de los siguientes:

a) Compañías o conjuntos de ballet clásico y moderno.

b) Compañías o conjuntos de ópera, opereta y zarzuela.

c) Compañías o conjuntos de teatro en sus diversas manifestaciones.

d) Orquestas y conjuntos musicales de carácter clásico.

e) Grupos corales de música clásica.

f) Solistas e instrumentistas de música clásica”.

En el presente caso, el legislador estimó que ampliando el número de eventos culturales sobre los que cabe hacer la exención el pago de impuestos, se contribuye al fomento de la existencia de tales actividades. Esta consideración, resulta perfectamente compatible con la Constitución, en especial, con los artículos que hacen referencia a la promoción y fomento al acceso a la cultura (art. 70) y a la búsqueda del conocimiento y la expresión artística (art. 71).

Por las razones expresadas en esta sentencia, el artículo 39 de la Ley 397 de 1997 es exequible, en relación con el cargo examinado.

III. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE el artículo 39 de la Ley 397 de 1997, por las razones expresadas en esta sentencia.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-185 de mayo 6 de 1998. Magistrada Ponente: Dra. Carmenza Isaza de Gómez ).

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