Sentencia C-199 de marzo 19 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

VARIACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL

EL JUEZ PUEDE EFECTUAR SU PROPIA CALIFICACIÓN

EXTRACTOS: «Se transcribe a continuación el texto de la disposición demandada:

“Ley 600 de 2000

(julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal:

ART. 404.—Variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible. Concluida la práctica de pruebas, si la calificación provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos, se procederá así:

1. Si el Fiscal General de la Nación o su delegado, advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así se lo hará saber al juez en su intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se correrá traslado de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias.

Si se suspende la diligencia, el expediente quedará inmediatamente a disposición de los sujetos procesales por el término de diez días para que soliciten las pruebas que consideren pertinentes. Vencido el traslado, el juez, mediante auto de sustanciación, ordenará la práctica de pruebas y fijará fecha y hora para la continuación de la diligencia de audiencia pública, la que se realizará dentro de los diez días siguientes.

Si los sujetos procesales acuerdan proseguir la diligencia de audiencia pública o reanudada ésta y practicadas las pruebas, se concederá el uso de la palabra en el orden legal de intervenciones.

2. Si el juez advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, así se lo hará saber al fiscal en la audiencia pública, limitando su intervención exclusivamente a la calificación jurídica que estima procedente y sin que ella implique valoración alguna de responsabilidad. El fiscal podrá aceptarla u oponerse a ella (1) .

(1) Este inciso fue declarado exequible, en relación con los cargos examinados en el fallo, mediante sentencia C-1288 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Si el fiscal admite variar la calificación jurídica, se dará aplicación al numeral primero de este artículo. (Si persiste en la calificación jurídica, el juez podrá decretar la nulidad de la resolución de acusación) (2) .

(2) La primera oración gramatical de este inciso fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-620 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. La segunda, fue declarada inexequible mediante sentencia C-760 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa. Por tal razón sobre este inciso se rechazó la demanda.

Cuando el proceso sea de competencia del Fiscal General de la Nación, podrá introducir la modificación por medio de memorial dirigido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando el proceso sea de aquellos que conoce en su integridad la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se introducirá la modificación por decisión notificable en estrados”.

(...).

2. De manera sintética las acusaciones formuladas en contra del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 —Nuevo Código de Procedimiento Penal— consisten en afirmar que tal disposición, en cuanto permite al fiscal o al juez variar la calificación jurídica provisional de la conducta punible, i) desconoce el derecho de defensa porque el cambio imprevisto en tal calificación implica para el acusado la adopción de una nueva estrategia para contradecir la acusación; ii) implica un prejuzgamiento contrario a la presunción de inocencia cuando tal cambio es hecho por el juez, y iii) desconoce la igualdad pues no es la misma la situación de quienes enfrentan la acusación sin ningún cambio en la calificación de la conducta, que la de quienes tienen que defenderse mediando tal variación.

Las acusaciones anteriores se dirigen contra el texto íntegro del artículo 404 de la Ley 600 de 2000. No obstante, como lo advirtió el magistrado sustanciador al momento de admitir la demanda, mediante sentencia C-620 de 2001 (4) la Corte Constitucional declaró exequible inciso 2º del numeral 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 y posteriormente, mediante sentencia C-760 de 2001 retiró del ordenamiento por vicios de trámite la expresión “Si persiste en la calificación jurídica, el juez podrá decretar la nulidad de la resolución de acusación”, contenida en este mismo inciso, circunstancias que determinaron la inadmisión de la demanda en relación con este inciso.

(4) M.P. Jaime Araújo Rentería.

Ulteriormente, en fallo proferido con posterioridad a la admisión de la presente demanda, la Corte, en la sentencia C-1288 de 2001 (5) , declaró la exequibilidad del inciso 1º del numeral 2º del artículo 404, únicamente respecto de los cargos analizados en esa ocasión.

(5) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Así las cosas, como cuestión previa se impone a la Corte determinar si los cargos examinados en la sentencia C-1288 de 2001 coinciden con los aducidos en la presente ocasión, de manera tal que se configure el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con el inciso primero del numeral segundo del artículo 404 ahora nuevamente acusado.

(...).

7. Mediante sentencia C-620 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería), se resolvió la demanda de inconstitucionalidad formulada, entre otros, en contra del la expresión “Si persiste en la calificación jurídica, el juez podrá decretar la nulidad de la resolución de acusación”, contenida en el inciso 2º del numeral 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000. Aunque en fallo posterior al que acaba de mencionarse (15) , la misma frase fue encontrada inexequible por vicios de trámite en la formulación de la ley, en la referida sentencia C-620 de 2001 la Corte desestimó el cargo de vulneración de la Constitución por desconocimiento del numeral 2º del artículo 250 superior, según el cual es función de la Fiscalía General de la Nación calificar las investigaciones realizadas. No obstante que dicho cargo no fue aducido en la presente oportunidad, para descartarlo se hicieron las siguientes consideraciones, relativas a la no vulneración del derecho de defensa por el cambio en la calificación de la conducta punible, que resultan pertinentes al tema planteado ahora en la demanda:

(15) Cfr. Sentencia C-760 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.

“... se entiende que la resolución de acusación no es definitiva (16) ya que el proceso penal no se agota en la etapa de instrucción, de modo que durante la etapa de juzgamiento el juez puede modificarla si, luego del análisis del acervo probatorio, encuentra que el delito establecido por el fiscal en la acusación no corresponde a la conducta realmente llevada a cabo por el procesado (17) . Es inadmisible entender que la posibilidad de modificar la calificación jurídica vulnera el derecho de defensa, ya que sería absurdo sostener que su protección radica en la permanencia en el error o la omisión en que haya podido incurrir el fiscal al proferir dicha providencia. Adicionalmente, la provisionalidad de la calificación responde a la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso, toda vez que protege la presunción de inocencia, la cual sólo se desvirtúa con la sentencia condenatoria”.

(16) Ver también sentencia C-541 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(17) Op. Cit. sentencia T-439 de 1997.

8. Como se mencionó anteriormente, mediante la sentencia C-1288 de 2001 (18) la Corte Constitucional resolvió la demanda interpuesta en contra del inciso 1º del numeral 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, es decir contra un aparte de la norma ahora demandada en su integridad (19) . Y como también se dijo arriba, en dicho pronunciamiento se descartaron los cargos de inconstitucionalidad esgrimidos en contra de este aparte normativo, según los cuales la variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible desconocía el derecho de defensa del sindicado y la garantía constitucional relativa a la imparcialidad judicial, en cuanto tal posibilidad se erigía como un prejuzgamiento hecho por el juez que intervenía en el proceso de cambio de la calificación de la conducta.

(18) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(19) El texto de dicho inciso, se recuerda, es el siguiente:

“Si el juez advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, así se lo hará saber al fiscal en la audiencia pública, limitando su intervención exclusivamente a la calificación jurídica que estima procedente y sin que ella implique valoración alguna de responsabilidad. El fiscal podrá aceptarla u oponerse a ella”.

9. Así las cosas, dado que en el presente caso, la demanda esgrime una vez más los cargos de violación del derecho de defensa y el desconocimiento del principio de imparcialidad por el prejuzgamiento que supone que el juez intervenga dentro del proceso de variación de la calificación provisional dada a la conducta punible, la Corte encuentra que respecto de los apartes normativos sobre los cuales recaerá el presente pronunciamiento, y en relación con tales acusaciones, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material que como lo ha hecho ver esta corporación, se presenta cuando a pesar no tratarse de la misma disposición demandada, por ser su contenido normativo igual al de otra que fue estudiada por los mismos cargos, debe entenderse que la Corte ha proferido ya un pronunciamiento de mérito sobre la acusación:

“El fenómeno de la cosa juzgada constitucional, tal como lo ha reiterado la Corte, no sólo se presenta cuando existe una decisión anterior del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición distinta pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico.

“En efecto: hay lugar a declarar la cosa juzgada formal “cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio”, y la cosa juzgada material “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos” (20) . En este último caso tal fenómeno “tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política” (21) .

(20) Sentencia C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(21) Sentencia C-489 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

En tal virtud, respecto de los mencionados cargos de inexequibilidad por violación del derecho de defensa y por desconocimiento de la imparcialidad judicial, se ordenará estarse a lo resuelto, especialmente, en la sentencia C-1288 de 2001.

Cargo relativo al desconocimiento del derecho a la igualdad.

10. El único cargo de inconstitucionalidad aducido en la demanda, en relación con el cual la Corte no ha llevado a cabo en ninguna oportunidad anterior un pronunciamiento de fondo, es el concerniente al desconocimiento del derecho a la igualdad. Para la demandante no es la misma la situación jurídica de quien enfrenta una acusación sin que dentro del trámite del proceso se varíe la calificación dada a su conducta, que la de quien tiene que enfrentarlo mediando tal variación.

En relación con este cargo puede apreciarse lo siguiente: los dos extremos de la comparación, es decir los sujetos respecto de los cuales debe establecerse si se ha llevado a cabo un trato diferente, son de un lado aquellos sometidos a un proceso penal que ya ha llegado a su etapa de juzgamiento, proceso dentro del cual se produce la variación en la calificación de la conducta punible, y aquellos otros sujetos sometidos también a un juicio igual, dentro del cual no se varía tal calificación. Para determinar si el legislador ha desconocido el derecho de igualdad, es menester establecer si ambos se hallan en la misma situación de hecho, circunstancia que impondría un igual trato jurídico.

No obstante que la situación de los dos sujetos que se comparan aparentemente es la misma, pues ambos son sindicados de la comisión de un delito por lo cual se encuentran sometidos a un proceso que ya ha llegado a la fase de juzgamiento, existe un factor que permite establecer una distinción entre la situación en que se halla cada uno. En efecto, respecto de uno de ellos, como la misma norma enjuiciada lo describe, la calificación dada a su conducta debe variar por una de las siguientes razones: “por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos”.

Así, respecto de uno de los sujetos que está en el extremo de la comparación, se ha producido un error en la calificación de su comportamiento, o ha aparecido una prueba sobreviniente, circunstancias que hacen que la conducta que se le imputa no sea la descrita en el tipo penal que inicialmente se consideró que la subsumía, sino en otro diferente. Se pregunta entonces la Corte si esta circunstancia no configura un elemento relevante que justifique dar un trato jurídico distinto al sujeto que se encuentra en tal situación. Evidentemente, el orden social justo al que propende nuestro sistema constitucional, impone que el objetivo del proceso penal sea llegar a la verdad real y sancionar o no sancionar al incriminado de conformidad con ella. Por esta razón no es posible adelantar el juzgamiento a partir de un error, y por eso la sana lógica indica que sea el proceso el que se adecue a la realidad y no ésta a aquél. El principio de congruencia que implica que debe haber una consonancia entre la resolución de acusación y la sentencia, y que emana directamente del derecho de defensa reconocido por la Constitución, impone que el acusado sólo pueda ser condenado o absuelto por los cargos por los cuales le fue formulada la acusación. Así, verificada la necesidad de cambiar la calificación de la conducta por cualquiera de las razones que menciona el artículo 404 acusado, el objetivo que persigue el legislador al permitir que tal cambio se produzca, es el de asegurar la posibilidad misma de juzgar válidamente al incriminado, pues el principio de legalidad del cual se deriva el de tipicidad, hace que el juez no pueda juzgar como ilícito sino el comportamiento que se adecue al tipo penal por el cual ha sido acusado el sindicado. Desde esta perspectiva, tal cambio en la calificación es necesario y adecuado para lograr la finalidad que persigue el legislador. De otro lado, el cambio en la calificación se revela también como necesario para garantizar la posibilidad misma de juzgar al sindicado, si se tiene en cuenta que la calificación provisional de la conducta se produce con fundamento en un material probatorio precario de que se dispone en el momento en que se hace, que bien puede ser complementado durante el trámite de toda la actuación.

Así, el error en la calificación o la aparición de pruebas nuevas que conducen a calificar la conducta de manera diferente, es una situación sobre la que válidamente se puede determinar un trato jurídico dispar. Este trato distinto, consiste en permitir el cambio de la calificación de la conducta punible. Obviamente, dicho cambio debe hacerse respetando los derechos fundamentales del incriminado, especialmente el derecho de defensa y contradicción, y los principios que soportan una recta administración de justicia, particularmente los de imparcialidad e independencia del juez. Desde este punto de vista, la posibilidad de efectuar la modificación debe ajustarse a ciertos parámetros que emanan de la propia Carta, y sobre los cuales la Corte ha tenido ocasión de sentar criterios en oportunidades anteriores. Estos parámetros son los siguientes:

a) El cambio de calificación puede ser propuesto por el juez y esta proposición, independientemente de la conformidad del fiscal con ella, determina la posterior congruencia entre la acusación y la sentencia. En efecto, un estudio de las normas superiores indica que nada le impide al juez intervenir en la variación de la calificación de la conducta punible: si bien el artículo 250 de la Constitución señala que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores, de este señalamiento no puede inferirse la prohibición formulada al juez para que en su condición de director activo del proceso modifique la denominación jurídica de la conducta punible durante la etapa de juzgamiento. A la conclusión anterior se llega, además, a partir de la naturaleza constitucional mixta de nuestro proceso penal en el cual se incorporan elementos de los sistemas acusatorio e inquisitivo. En tal virtud, si bien se distinguen con nitidez las funciones de investigación y acusación, radicadas en cabeza del fiscal, y la de juzgamiento que corresponde al juez, también es cierto que en la etapa de investigación los fiscales cumplen verdaderas labores judiciales, y que orgánicamente hablando son considerados como funcionarios de esta naturaleza; inversamente, al juez se le faculta la intervención durante la etapa de instrucción, como cuando se le permite ejercer control sobre las medidas de aseguramiento adoptadas en esta fase del proceso. Estas evidencias ponen de manifiesto que no existe un límite entre la actividad de la acusación y la del juzgamiento que impida al juez intervenir en la primera y al fiscal en la segunda. Por el contrario, en virtud del principio de colaboración funcional (C.P., art. 113), “es perfectamente razonable que la ley permita la intervención de los jueces durante la fase instructiva y de los fiscales durante el juicio” (22) .

(22) Sentencia C-609 de 1996.

Esta colaboración armónica entre los funcionarios de instrucción y acusación y los de juzgamiento, ha sido avalada en diversas oportunidades por esta corporación. Así por ejemplo, en la citada sentencia C-609 de 1996 (23) , la Corte afirmó que

(23) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“... conforme al principio acusatorio es natural que los fiscales intervengan en el juicio, como sujetos procesales, pues una de la ideas esenciales de este sistema, parcialmente adoptado por el constituyente, es que la verdad procesal surja de un debate contradictorio entre los argumentos de la acusación y de la defensa frente a un tercero imparcial, que es el juez.

Igualmente, con base en el criterio de colaboración armónica entre fiscales y jueces, esta corporación ha considerado que son perfectamente constitucionales disposiciones como las que permiten el control por los jueces de las medidas de aseguramiento. Para la Corte es claro que si bien los fiscales pueden dictar estas medidas, en ninguna parte la Constitución prohíbe que ellas estén sujetas a controles previos o posteriores por los jueces, pues la Carta no ha establecido un monopolio de los fiscales de la instrucción, ni de toda la actividad investigativa”.

En igual sentido, y refiriéndose concretamente a la facultad del juez de modificar la calificación jurídica provisional de la conducta punible, en la también citada sentencia C-620 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería), al sustentar la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 2º inciso 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 la Corte expresó:

“... no existe una división infranqueable entre la fase de instrucción y la etapa de juzgamiento. El proceso penal es uno solo, conformado por diferentes etapas no excluyentes entre sí, sino, por el contrario, complementarias, pues lo que se busca es la consecución de la verdad, tanto en la etapa de investigación que adelanta el fiscal, como a lo largo de la etapa de juzgamiento, en aras de hacer efectivo el principio de justicia material. En consecuencia, no se puede pretender que el juez quede atado a las decisiones del fiscal, máxime teniendo en cuenta que en él radica la decisión final del proceso. (...).

Así pues, se entiende que la resolución de acusación no es definitiva (24) ya que el proceso penal no se agota en la etapa de instrucción, de modo que durante la etapa de juzgamiento el juez puede modificarla si, luego del análisis del acervo probatorio, encuentra que el delito establecido por el fiscal en la acusación no corresponde a la conducta realmente llevada a cabo por el procesado (25) . Es inadmisible entender que la posibilidad de modificar la calificación jurídica vulnera el derecho de defensa, ya que sería absurdo sostener que su protección radica en la permanencia en el error o la omisión en que haya podido incurrir el fiscal al proferir dicha providencia. Adicionalmente, la provisionalidad de la calificación responde a la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso, toda vez que protege la presunción de inocencia, la cual sólo se desvirtúa con la sentencia condenatoria. (...).

(24) Ver también sentencia C-541 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(25) Op. Cit. sentencia T-439 de 1997.

De esta forma, la calificación inicial sobre el delito no puede ser invariable, ya que el objetivo de todo proceso, en especial los procesos penales, es esclarecer los hechos, los autores y partícipes con fundamento en el material probatorio recaudado, para administrar justicia con apoyo en la verdad y en la convicción razonada de quien resuelve. De ahí que el funcionario o corporación a cuyo cargo se encuentra la decisión final debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones con base en las cuales se inició el proceso.

Refuerza además las conclusiones anteriores, la consideración según la cual cuando la Constitución Política en su artículo 250 señala que “corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes”, no define puntualmente en qué consiste la actividad de acusar, ni los perfiles de la misma. No introduce, por tanto, límites a la posibilidad de variar la calificación de la acusación ni señala la titularidad de esta prerrogativa. Es decir, reserva para el fiscal la actividad de acusar, mas no así el cambio de denominación de la acusación. Así pues, deja la definición de este asunto al legislador quien bien puede permitir que el cambio en la calificación de la conducta punible competa al sentenciador, cuando, además, la circunstancia de ser este funcionario el llamado a adelantar el juzgamiento aconseja que pueda intervenir en tal cambio a fin de impedir un juicio inválido.

b) La modificación de la calificación de la conducta punible encuentra un límite natural que radica en la imposibilidad en que se encuentra el juzgador de introducir hechos nuevos en el momento de variar la calificación provisional. Esto por cuanto tal posibilidad se erigiría en la formulación de una nueva acusación, distinta de la original. La actividad del juez en relación con la calificación de la conducta, se restringe entonces a intervenir en los cambios de adecuación típica, es decir en la denominación de los hechos, vedándosele la ampliación a supuestos fácticos no incluidos inicialmente en la acusación formulada por el fiscal. En efecto, como se dijo, según la Constitución “acusar” sí es actividad propia y exclusiva de la fiscalía. No así calificar esta acusación, o variar tal calificación, pues nada en la Carta impide al juez esta posibilidad.

En efecto, en la resolución de acusación se formula un cargo que contiene de un lado una imputación fáctica (la acusación por un determinado acto), y de otro una imputación jurídica (la acusación de haber violado un determinado tipo consignado en la ley penal). Lo que resulta modificable es entonces la imputación jurídica, es decir la calificación dada a la conducta, mas no la fáctica pues esto equivaldría a un llamamiento a juicio distinto sobre la base de hechos diferentes.

En el terreno práctico la anterior limitación conlleva la imposibilidad de variar la acusación para incluir hechos nuevos adicionales a los que motivaron la acusación, o hechos diferentes que sustituyan a los que motivaron originalmente en el pliego de cargos. En cambio, las circunstancias en que se cometió el comportamiento sí pueden se objeto de modificación, toda vez que la conducta, lo que aconteció naturalmente, el acto humano, no resulta siendo sustituido ni adicionado por la modificación de las circunstancias de su acontecer.

La modificación de la calificación provisional de la conducta, significa entonces su encuadramiento dentro de otro tipo previsto en el Código Penal, y puede producirse por cualquiera de las causas que enumera la norma sub examine: “por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante a reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos”.

c) La oportunidad procesal para variar la calificación jurídica provisional de la conducta punible, por regla general se da dentro de la audiencia pública y las reglas para proceder a ello se contienen en la norma bajo examen. De la Constitución se infiere que tanto el juez como el fiscal pueden variar la calificación. Ahora bien, como es posible que surjan divergencias entre el fiscal y el juez relativas a la adecuación típica de los hechos por los cuales se ha formulado la acusación, ante la insistencia del fiscal el juez puede también insistir en su posición. En este caso prevalece el criterio del juez, con fundamento en el principio constitucional de prevalencia del derecho material sobre el instrumental, que encuentra desarrollo en la obligación que tiene el juez de adoptar medidas —v.g. el cambio de adecuación— que eviten fallos absolutorios por razones de forma. La expresión “si persiste en la calificación jurídica, el juez podrá decretar la nulidad de la resolución de acusación” consignada en la redacción original del inciso 2º del numeral 2º del artículo que ahora ocupa la atención de la Corte, fue declarada inexequible por vicios de forma mediante la sentencia C-760 de 2001 (26) no obstante, con anterioridad había sido avalada como conforme con la Carta y declarada exequible por esta corporación mediante la sentencia C-620 de 2001 aduciéndose lo siguiente en sustento de esa determinación:

(26) Ms.Ps. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.

“La Corte no comparte entonces el criterio de la demandante y del Procurador, cuando afirman que al facultar al juez para declarar la nulidad de la resolución de acusación se estaría violando el ámbito de competencia del Fiscal, pues de sostenerse que la decisión del Fiscal debe quedar incólume, es decir, que sea inmodificable por el juez, se caería en el absurdo de avalar la permanencia en el error con la excusa de estar protegiendo los ámbitos de competencia del juez y del Fiscal.

Por el contrario, esta corporación encuentra perfectamente lógico y ajustado a derecho que el juez, como director del proceso, pueda corregir los errores que se cometan en el transcurso del mismo, de modo que se proteja el fin del proceso penal, esto es, el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad y la justicia material, así como los derechos fundamentales de quien está siendo procesado por la comisión de un hecho punible. Esto responde también al principio varias veces mencionado de la colaboración funcional, según el cual los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines (C.P., art. 113).

En este orden de ideas, se declarará la constitucionalidad del numeral 2º inciso 2º del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, ya que no vulnera el artículo 250 numeral 2º de la Carta”.

Así las cosas, si bien hoy en día la ley procesal no contempla expresamente la declaratoria de nulidad de la resolución de acusación por la divergencia de criterios entre el juez y el fiscal en relación con la calificación de la conducta punible, ello no es óbice que impida al juzgador (sin necesidad de declarar nulidad) efectuar su propia calificación, manifestándolo así en el momento de la audiencia con la exposición de los motivos que sustentan su determinación. Esta facultad judicial debe ser reconocida, pues no hay obstáculo constitucional que la impida, siendo además necesaria para efectos de la consonancia entre la acusación y la sentencia, requerida en salvaguardia del derecho de defensa. Si el juez ejerce esta facultad de señalar una nueva calificación de la conducta, debe darse a los sujetos procesales la oportunidad de controvertir tal variación, corriéndoles el traslado respectivo y dándoles la oportunidad de solicitar la suspensión de la audiencia y la práctica de nuevas pruebas, como lo regula el numeral primero de la disposición que ocupa la atención de la Corte.

La importancia del reconocimiento de la facultad judicial para proponer el cambio en la calificación jurídica provisional de la conducta, consiste en que al momento de fallar el sentenciador debe hacerlo sobre la base de la imputación contenida en la resolución de acusación cuando no se modificó la adecuación en el juzgamiento, o sobre la variación introducida posteriormente por el fiscal o la calificación propuesta por él (por el juez) durante la audiencia, de tal manera que se respete el principio de congruencia. En todo caso, para la garantía del derecho de defensa, en el sistema legal diseñado, debe existir un solo punto de referencia para la determinación de la congruencia. Que puede ser únicamente la acusación, cuando no hubo cambio en el juzgamiento, o la acusación y las expresas modificaciones de la misma en el juicio, que se consideran integradas en la acusación. Es decir, el cambio producido por el fiscal o el juez, se considera parte integral de la acusación, y es este acto complejo (resolución de acusación y cambio del Fiscal o resolución de acusación y cambio del juez) el que constituye el marco de referencia para la congruencia.

11. Siendo entonces que la finalidad que se persigue al permitir el cambio en la calificación jurídica es constitucionalmente legítima, pues consiste en que el juicio penal mantenga su estructura lógica y a la vez permita el ejercicio del derecho de defensa, y que tal cambio no resulta per se violatorio del debido proceso ni aun cuando es propuesto por el juzgador siempre y cuando se observen los límites que emanan de la propia Carta, la Corte concluye que no se desconoce el derecho de igualdad, pues no es la misma la situación del sujeto procesado respecto de quien no existe la necesidad de variar la calificación provisional de la conducta, que la de aquel otro en relación con quien sí se presenta esta necesidad. La finalidad que justifica el cambio en la calificación, esto es el trato diferente que se dispensa, persigue que la administración de la justicia se lleve a cabo a partir de la verdad real, sin que como ya lo ha examinado en oportunidades anteriores la corporación, este cambio signifique un desconocimiento del derecho de defensa, pues las garantías que concede el artículo 404 bajo examen —suspensión de la audiencia, traslado, posibilidad de pedir pruebas—, lo reglado por el artículo 342 de la misma Ley 600 de 2000, que ordena ampliar la indagatoria en el juzgamiento cuando aparezcan fundamentos para variar la calificación jurídica provisional, aseguran al sindicado un debido proceso y la posibilidad de contradecir el cambio de calificación. Ni tampoco tal cambio de calificación puede asimilarse una actitud de prejuzgamiento por parte del juez, cambio que, puede ser adelantado directamente por él como puede deducirse de la estructura constitucional de nuestro sistema con tendencia acusatoria. Así pues, se tiene de todo lo anterior que el trato dispar que tolera el legislador al permitir el cambio en la calificación de la conducta punible, no sólo es constitucionalmente legítimo y además necesario y adecuado, sino que no es desproporcionado en cuanto los derechos fundamentales del sindicado quedan asegurados en su efectividad, por el conjunto de garantías que se le reconocen en el momento de variarse la calificación, garantías que le permiten ejercer adecuadamente el derecho de defensa y contradicción.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. En relación con los cargos de inconstitucionalidad por desconocimiento del derecho de defensa y del principio de imparcialidad judicial, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1288 de 2001.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible”, contenida en el primer inciso del artículo 404 de la Ley 600 de 2000, la expresión “Si el Fiscal General de la Nación o su delegado, advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así se lo hará saber al juez en su intervención durante la audiencia pública”, contenida en el inciso primero del numeral primero del mismo artículo, y los dos últimos incisos de la disposición, pero solamente respecto del cargo de inconstitucionalidad por violación del artículo 13 de la Constitución Política, e inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo respecto de los demás apartes normativos de la disposición.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-199 de marzo 19 de 2002. Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra).

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