SENTENCIA C-202 DE MARZO 8 DE 2005

 

Sentencia C-202 de marzo 8 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-202 de 2005 

Ref.: Expediente D-5336

Magistrado Sustanciador:

Dr. Jaime Araújo Rentería.

Demandante: José Hilario Núñez Bermeo.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 216 (parcial) del Código de Procedimiento Civil (Ds.Ls. 1400 y 2019/70).

Bogotá, D.C., ocho de marzo de dos mil cinco.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en los diarios oficiales 33.150 y 33.215 de 1970 y se resalta lo demandado:

“DECRETOS 1400 y 2019 DE 1970

(Agosto 6 y octubre 26)

“Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil”.

el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 4ª de 1969 y consultada la comisión asesora que ella estableció.

DECRETA:

Código de Procedimiento Civil

(...).

ART. 216.—Inhabilidades relativas para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado:

1. Los que al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas.

2. Las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte.

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de unos decretos leyes.

Problema jurídico planteado

2. Corresponde a la Corte establecer si al disponer la expresión acusada que el juez podrá declarar inhábil a una persona para rendir testimonio en un momento determinado dentro de un proceso civil, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, quebranta el valor de la justicia y los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad de las partes en el proceso.

Examen de los cargos formulados

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, acerca de la necesidad de la prueba en los procesos civiles, “toda decisión debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.

En este campo, por regla general cada parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las excepciones establecidas en la ley. Así se aplica desde el derecho romano, conforme a los aforismos “onus probandi incumbit actori”, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción, y “reus in excipiendo fit actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que probar los hechos en que funda su defensa.

En el ordenamiento colombiano esta regla está consagrada en el campo del derecho privado en los artículos 1757 del Código Civil, en virtud del cual “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”, y 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

En relación con la función de la prueba, uno de los grandes inspiradores del derecho procesal civil, expresó:

“Probar indica una actividad del espíritu dirigida a la verificación de un juicio. Lo que se prueba es una afirmación; cuando se habla de probar un hecho, ocurre así por el acostumbrado cambio entre la afirmación y el hecho afirmado. Como los medios para la verificación son las razones, esta actividad se resuelve en la aportación de razones.

Prueba, como sustantivo de probar, es, pues, el procedimiento dirigido a tal verificación. Pero las razones no pueden estar montadas en el aire; en efecto, el raciocinio no actúa sino partiendo de un dato sensible, que constituye el fundamento de la razón. En lenguaje figurado, también estos fundamentos se llaman pruebas; en este segundo significado, prueba no es un procedimiento, sino un quid sensible en cuanto sirve para fundamentar una razón” (1) .

4. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de esta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres (3) sistemas, que son:

i) El sistema de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se exige únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir, no se requiere la expresión de las razones de esta. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos.

ii) El sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente el valor de las pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por él.

Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador.

iii) El sistema de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia.

Este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas.

5. El último de los sistemas mencionados es el consagrado en los códigos modernos de procedimiento, en las varias ramas del derecho, entre ellos el Código de Procedimiento Civil colombiano vigente, que dispone en su artículo 187:

“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

Acerca de las características de este sistema la Corte Constitucional ha señalado:

“De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos, debiendo el juez exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada una de ellas.

Es decir, que dicha norma consagra, como sistema de valoración de la prueba en materia civil, el de la sana critica:

“Ese concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba.

Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento” (2)(3) .

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto, respecto de la diferencia entre los sistemas de la sana crítica y de la íntima convicción:

Las normas demandadas no consagran una competencia o facultad arbitraria, sino que las someten a las reglas de la sana crítica, que no son otra cosa que la interdicción de la arbitrariedad y la corrección de lo racional y razonable; de modo que obliga al juez a dar las razones por las cuales, en ese caso concreto y en ese momento determinado, un testigo es inhábil para rendir su declaración.

6. En ejercicio de su potestad de configuración normativa en materia procesal (C.P., arts. 29, 114 y 150, nums. 1º y 2º), el legislador, en el numeral 1º, no acusado, del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado los que al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas.

Así mismo, ante la imposibilidad de señalar en forma exhaustiva todas las posibles situaciones de inhabilidad relativa del testigo, dispone en el numeral 2º acusado del mismo artículo que el juez debe determinar las demás personas relativamente inhábiles para testimoniar, “de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (4) .

Con base en lo expuesto en los numerales anteriores de estas consideraciones, resulta manifiesto que la acusación contra la expresión contenida en el numeral 2º del citado artículo parte de una premisa equivocada, puesto que atribuye al sistema de la sana crítica de valoración probatoria, que aquella señala expresamente, las características y el efecto del sistema de la íntima convicción, que la misma claramente no prevé.

Por tanto, es evidente que la norma no autoriza que el juez adopte en forma arbitraria, abusiva o caprichosa la decisión de declarar relativamente inhábil a un testigo, en el momento de su comparecencia a rendir declaración dentro de un proceso civil, y, por el contrario, exige que dicha decisión sea motivada en forma razonada o crítica, de acuerdo con las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, en todo caso mediante la exposición de los motivos concretos o específicos que originan su decisión.

En este sentido, en el ejercicio racional de dicha competencia es forzoso que, haciendo una interpretación integral del citado artículo, el juez al tomar su decisión tome como referencia las situaciones principales o más comunes previstas por el legislador en el numeral 1º, no acusado, del mismo.

De otro lado, es claro que la eventual contravención, por parte del juez, de la norma demandada, no determina la inconstitucionalidad de esta, ya que en todo caso el juicio de constitucionalidad debe hacerse mediante la confrontación del contenido abstracto de las normas legales con el de las disposiciones superiores, y no a través del cotejo de la aplicación concreta de aquellas con este último contenido.

Al respecto es oportuno señalar que, ante ese supuesto, respecto de la decisión específica de declarar inhábil relativamente un testigo, la ley misma contempla los mecanismos procesales que permiten resolver la situación, como son el ejercicio de los recursos ordinarios de reposición y de apelación (CPC, arts. 348 y 351, modif. por D.L. 2282/89, art. 1º, nums. 168 y 169) o invocar por el procedimiento correspondiente la tutela del derecho fundamental al debido proceso, por vía de hecho, si fuere el caso.

Por otra parte, por tratarse de una inhabilidad relativa para rendir el testimonio, su carácter es circunstancial y pasajero, lo cual significa que la parte interesada puede solicitar que la prueba se practique en otra oportunidad, cuando el testigo tenga un uso pleno de sus facultades mentales y sicológicas, obviamente dentro del período de pruebas correspondiente previsto en el mismo código y las leyes complementarias.

Por lo anterior los cargos formulados carecen de fundamento y, en consecuencia, la Corte declarará exequible el aparte impugnado, por dichos cargos.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil (Ds.Ls. 1400 y 2019/70), por los cargos examinados en esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(1) Carnelutti, Francisco, “Sistema de derecho procesal civil”. Trad. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Editorial Uteha Argentina, 1944, tomo II, págs. 398-399.

(2) Couture, Eduardo J., “Fundamentos del derecho procesal civil”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962.

(3) Sentencia C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz. Salvamento parcial de voto de Eduardo Cifuentes Muñoz.

(4) El mismo código regula las inhabilidades absolutas para testimoniar en el artículo 215, en virtud del cual:

“Son inhábiles para testimoniar en todo proceso:

1. Los menores de doce años.

2. Los que se hallen bajo interdicción por causa de demencia.

3. Los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito o por lenguaje convencional de signos traducibles por intérprete”.

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