Sentencia C-210 de marzo 1º de 2000 

SALA PLENA 

IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS

EXTRACTOS: «El texto de la disposición cuestionada en la demanda es el siguiente:

“DECRETO 624 DE 1989

El Presidente de la República de Colombia

DECRETA:

(...).

TÍTULO VII

Extinción de la obligación tributaria

CAPÍTULO I

Responsabilidad por el pago del impuesto

ART. 794.—(Modificado. L. 223/95, art. 163). Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. Los socios, copartícipes, asociados, cooperados y comuneros, responden solidariamente por los impuestos de la sociedad correspondientes a los años gravables 1987 y siguientes, a prorrata de sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable. Se deja expresamente establecido que esta responsabilidad solidaria no involucra las sanciones e intereses, ni actualizaciones por inflación. La solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la Bolsa de Valores, a los miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y a los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión.

PAR.—(Adicionado por la L. 488/98, art. 108). En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en el presente artículo, sólo es predicable de los cooperados que se hayan desempeñado como administradores o gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad cooperativa”.

(...).

2. La materia.

Se ocupará la Corte de examinar si la totalidad del artículo 794 del denominado estatuto tributario, tal como fue modificada esta disposición por el artículo 163 de la Ley 223 de 1995 y adicionado por el artículo 108 de la Ley 488 de 1998, es contrario a la Carta, esto es a los artículos 13, 29, 38, 95-9 y 363 superiores.

En efecto, aduce el actor que el artículo acusado desconoce el debido proceso, puesto que la norma obliga a los socios, copartícipes y comuneros a responder por los impuestos no pagados de la sociedad, sin habérseles brindado la oportunidad de atender requerimientos o controvertir la liquidación tributaria en la vía gubernativa, con antelación, lo que desconoce el derecho de defensa de los deudores.

De otra parte, estima el demandante, que el artículo 794 del estatuto tributario también infringe el derecho de libre asociación, ya que se responsabiliza a los socios más allá de sus aportes, desconociendo que la sociedad mercantil es una persona jurídica diferente de los socios individualmente considerados, pues, en su concepto carece de sentido asociarse si los socios, aun cuando no participen en la administración o representación de la sociedad, deben responder solidariamente por sus obligaciones fiscales. En consecuencia, expone el demandante, resulta que la persona del socio se confunde con el ente moral, debiendo asumir las consecuencias y responsabilidades de otra persona distinta como es la sociedad, situación que atenta contra el artículo 38 superior.

Sostiene el actor en su libelo demandatario, que el artículo demandado transgrede los principios de justicia y equidad porque en su opinión, no es justo ni equitativo que los socios que son personas ajenas al manejo de la sociedad, deban pagar las obligaciones tributarias de ésta, con sus propios recursos, diferentes a su aporte. En caso de incumplimiento, la sociedad es quien debe responder con todo su patrimonio.

Finalmente, argumenta que el artículo demandado discrimina a los socios de la sociedad limitada, puesto que ellos deben responder fiscalmente de manera solidaria siempre y en todo caso, a diferencia de los cooperados, quienes únicamente deben responder si se han desempeñado como administradores o gestores de la cooperativa; lo que califica como una discriminación, que no es razonable ni proporcional, pues afecta a los socios, copartícipes, asociados y comuneros, en algunos tipos de entes sociales, que también se encuentran en las mismas condiciones de los cooperados, lo cual transgrede el artículo 13 superior.

3. Cuestión preliminar.

Antes de hacer un análisis de la norma acusada, debe la Corte recordar que el artículo 794 del estatuto tributario, corresponde originalmente al artículo 26 de la Ley 75 de 1986, cuyo texto fue propuesto a iniciativa del ejecutivo al Congreso de la República, pero que con base en las facultades extraordinarias concedidas al gobierno por la Ley 75 de 1986, se dictó el Decreto 624 de 1989, posteriormente ese texto jurídico fue modificado en virtud del artículo 163 de la Ley 223 de 1995, con el propósito de precisar que la responsabilidad solidaria no se extiende a las sanciones, ni a los intereses de mora ni tampoco a las actualizaciones por inflación, en razón del demérito de la moneda, tal como lo había previsto ya la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en algunos fallos anteriores, de fecha 7 de febrero y abril 15 de 1991; en efecto, esa alta corporación precisó que los socios, accionistas, cooperados, suscriptores, comuneros y similares que habían sido excluidos de la obligación de pagar impuestos sobre las utilidades que obtuvieron a través de las sociedades, debían garantizar la obligación tributaria a cargo del ente societario, mediante el establecimiento de una responsabilidad solidaria en cabeza de los socios, accionistas y similares, que se calcularía a prorrata de sus aportes o acciones en la sociedad. Pero posteriormente el legislador agregó otros elementos más al contenido de la disposición, pues amplió los eventos en que no hay lugar a dicha responsabilidad, como ocurre en el caso de los accionistas de las sociedades anónimas, o de los miembros de los fondos de pensiones, fondos de empleados y de los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión. El texto definitivo quedó recogido por el artículo 163 de la Ley 223 de 1995, que corresponde al inciso primero del artículo 794 del estatuto tributario. No obstante lo anterior, debe advertir la Corte que con ocasión de la expedición de la Ley 488 de 1998, mediante el artículo 108, se adicionó un parágrafo más al artículo referido, para puntualizar que la responsabilidad solidaria de los cooperados sólo se extiende a quienes paralelamente se hayan desempeñado como administradores o gestores de las cooperativas, excluyendo a sus demás integrantes, tal como reza el texto vigente del artículo 794 cuestionado.

4. El artículo 794 y su constitucionalidad.

Es importante observar que a propósito del tema de la responsabilidad solidaria de los impuestos entre los socios y la sociedad, mediante sentencias de febrero 7 de 1991 (Exp. Nº 2187, con ponencia del Dr. Rafael Méndez Arango) y de abril 15 de 1991 (Exp. 2228 con ponencia del Dr. Fabio Morón Díaz), la H. Corte Suprema de Justicia, en esta última, declaró exequible el artículo 794 del estatuto tributario, contenido en el Decreto 624 de 1989.

La Corte juzga importante recordar su jurisprudencia (1) , según la cual, es evidente que por haberse efectuado el estudio del artículo cuestionado a la luz de la Carta de 1886, el artículo 794 del Decreto 624 de 1989, estuvo amparado por los efectos de la cosa juzgada constitucional durante la vigencia de la Carta anterior, pero también lo es que ante la vigencia de la Constitución de 1991, no resulta viable sustraerlo del control de constitucionalidad advirtiendo los efectos derivados de los fallos citados, pues lo cierto es que una disposición declarada exequible bajo el imperio del estatuto fundamental derogado puede resultar contrario o no a la nueva preceptiva superior y no siendo plausible en tal caso mantenerlo dentro del ordenamiento jurídico; luego, para el caso sub examine se torna indispensable comparar su contenido con la norma constitucional vigente al momento de realizarse el análisis constitucional, máxime, como ocurre en esta ocasión, cuando el artículo acusado ha sufrido modificaciones posteriores en su contenido, por la vigencia de otras leyes.

(1) Sentencia C-256 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz y C-533 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En este orden de ideas, la Corte no puede perder de vista la intención del legislador al introducir en el ordenamiento tributario el artículo cuestionado, que es una norma sustancial que consagró la responsabilidad solidaria con miras a asegurar la efectividad del sistema tributario sustancial, vale decir, el pago efectivo de los impuestos que se determinen a cargo de las sociedades y otros entes asimilados a tales, con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal o tributaria, que al parecer se ha venido presentando desde el año 1987, cuando algunos ciudadanos constituían sociedades para evadir impuestos, amparados en el velo de la personalidad jurídica de la sociedad y en la falta de eficacia de la administración tributaria, para lograr el efectivo cobro de los impuestos, tasas y contribuciones. En consecuencia, la circunstancia de que el propio legislador, dentro de su soberanía fiscal, califique el régimen jurídico como de “responsabilidad solidaria”, indica que el socio debe responder al lado de la sociedad y no en el lugar de ésta, como sucede en el evento de las obligaciones in solidum propias del régimen civil, relativas a ese tipo de obligaciones que, por analogía, se aplican al régimen tributario.

A juicio de la Corte, el establecimiento de un régimen solidario en asuntos fiscales, es un asunto propio del resorte del legislador, que en su condición de depositario del poder impositivo (C.P., arts. 150-12 y 338), está plenamente habilitado para determinar lo concerniente a la responsabilidad tributaria, sin que en la Constitución existan limitaciones sobre el señalamiento de los sujetos de la obligación tributaria o los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad solidaria, pues repárese, que a la luz de la Carta, es de competencia del legislador, tanto la determinación del régimen jurídico de las sociedades y demás personas jurídicas como la expedición, adición y modificación de las leyes relativas a impuestos (arts. 150 num. 12 y 338 superiores).

Por otra parte, estima la Corte que la figura de la solidaridad es de creación legal, y también el establecimiento de sus excepciones. Por lo tanto, bien puede el legislador, como lo hizo en la norma cuestionada, introducir la responsabilidad solidaria como un mecanismo tendiente a impedir, se reitera, la práctica de la evasión tributaria, sin que ello signifique desconocimiento de los principios y normas superiores, pues es evidente que los socios tienen y mantienen, durante la existencia de la sociedad, un interés económico y patrimonial en los resultados de la gestión social que se adelante por parte de los órganos directivos, gerentes, juntas directivas, etc. Por otro lado, en opinión de la Sala, la solidaridad en materia impositiva descansa también en la función social del derecho de propiedad (art. 58 superior), y en la necesidad de financiar permanentemente los gastos e inversiones públicas (art. 95-9 ibídem), ya que es incuestionable que exista un interés patrimonial del socio en los resultados de las actividades que cumpla la sociedad. Ello explica por qué la suerte de ésta y las obligaciones que se causen por razón de la misma no deben ser enteramente ajenas al asociado, socio, comunero, cooperado o suscriptor, por lo que el legislador entendió que el miembro del ente social asume los riesgos inherentes a las vicisitudes de este tipo de negocios jurídicos contractuales.

Para la Corte no admite duda que el hecho de establecer la responsabilidad solidaria de los socios, en la modalidad señalada, para el pago de los tributos no desconoce principios superiores, pues ella descansa en la circunstancia de haberse realizado el supuesto de hecho que genera los elementos normativos que configuran el hecho gravable tipificado como tal en la ley tributaria, por lo cual debe responderse en los términos que señale el ordenamiento tributario, vale decir, que el legislador en virtud de su libertad de configuración puede señalar los elementos de la obligación tributaria estableciendo una pluralidad de sujetos que se encuentran comprometidos en la satisfacción de una misma prestación, uno al lado del otro, es decir, los socios al lado de la sociedad y no en el lugar de ésta. La solidaridad como modalidad obligacional comporta un claro beneficio para el acreedor tributario, esto es, para el tesoro público, y por lo tanto, el diseño del sistema tributario así como la política subyacente en el mismo, son atributos propios del legislador de conformidad con los artículos 150-12 y 338 superiores.

5. Los cargos de la demanda y el artículo 794 del estatuto tributario cuestionado.

Para el demandante el artículo 794 cuestionado vulnera los artículos 13, 29, 38, 95-9 y 363 superiores.

No comparte la Corte los anteriores planteamientos formulados en el libelo, por cuanto los argumentos carecen de respaldo, en la Carta Política, así como en la jurisprudencia relativa a la materia de la responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad.

En efecto, el primer ataque apunta a considerar que el artículo 794 cuestionado, viola el debido proceso, ya que, en opinión del demandante, se restringe el derecho de defensa cuando al socio garante no se le notifica el acto administrativo que impone una sanción fiscal, ni lo hacen parte del proceso administrativo de determinación o discusión de los impuestos a cargo de la sociedad, reservándose su vinculación para actuación posterior, cuando formalmente se le notifica la existencia del proceso de cobro coactivo o fiscal, sin que ya pueda defenderse adecuadamente.

A este respecto, la Sala estima que resulta ajena a la previsión legal señalar que se vulnera el derecho de defensa, pues la autoridad administrativa tributaria no juzga una conducta punible o disciplinaria del socio, sino que dicha autoridad, a través de una actuación administrativa, reglada expresamente por el estatuto tributario entre otros artículos, en las disposiciones 555, 560, 565 a 570, 683, 720 a 791 del estatuto tributario, y en donde se procura establecer o definir el alcance de una obligación fiscal de los socios, dado que todas las personas deben aportar para los gastos que demanda la administración pública (art. 95-9 superior).

De otra parte, la Corte estima importante reiterar, en aras de la armonización del derecho y en procura de su unidad, que es preciso aceptar, como lo hiciera la Corte Suprema de Justicia en su momento, cuando juzgó la constitucionalidad del artículo 794 del estatuto tributario (sents. feb. 7 y abr. 15/91), en el sentido según el cual, la actuación de la sociedad contribuyente o responsable puede llegar a beneficiar o perjudicar a sus asociados, quienes ciertamente tienen interés patrimonial en las resultas del correspondiente proceso tributario; por lo tanto, el hecho de que la actuación se surta directamente con la solitaria participación de la sociedad, obedece a la circunstancia de que la relación jurídica tributaria sustancial se traba exclusivamente entre la Nación y dicho sujeto pasivo, de suerte que los efectos jurídicos del acto administrativo o de la sentencia respectiva no se extienden más allá.

Ello, sin embargo, no significa que los asociados se encuentren desprotegidos en la defensa de sus intereses económicos, a lo largo de las actuaciones administrativas fiscales, pues esa misión descansa, en principio, en los representantes sociales y apoderados que dichos asociados han elegido o autorizado elegir. Estima la Corte razonable el argumento expuesto por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en el sentido de que es posible, de acuerdo con los señalamientos del Código de Procedimiento Civil, aceptar la intervención adhesiva de terceros, para la defensa de los intereses de los socios (art. 52 de ese Código), pues es claro que en el procedimiento administrativo que la autoridad inicie con fundamento en el artículo 794 del estatuto tributario, los socios puedan intervenir en apoyo de la sociedad comercial de la que forman parte, para esgrimir todo tipo de argumentos relacionados con los hechos gravados, que generan la base de los impuestos, a prorrata de sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído durante el respectivo período gravado.

La Sala estima que cabría esbozar restricción al derecho de defensa o violación al debido proceso, si la norma demandada, de alguna manera prohibiera la coadyuvancia de los asociados que, por razón de una relación jurídica sustancial diferente a la que es materia del proceso, pueden perjudicarse económicamente con la decisión adversa, pero no cuando es posible lo contrario, pues repárese que el procedimiento tributario permite la intervención de los socios.

Obviamente, la Corte observa que no corresponde a la administración tributaria la carga de la iniciativa, para que los terceros intervengan en ese proceso de determinación o de discusión de obligaciones tributarias sustanciales de la sociedad, pues además es asunto sujeto ordinariamente a reserva, por lo que es del resorte exclusivo de los asociados, quienes en ejercicio de su derecho de control e inspección, que permite el Código de Comercio en cuanto a las sociedades mercantiles, pueden enterarse de la existencia de ese litigio administrativo, y optar por coadyuvar o no a la sociedad de la que forman parte, por lo que para la Corte no se encuentra razón para afirmar que el artículo 794 es inconstitucional por violación del artículo 29 de la Constitución Política.

En relación con la posible violación del derecho de libre asociación o de la personalidad jurídica de la sociedad expuesto por el demandante, esta corporación no comparte el argumento, ya que es evidente que la figura de la responsabilidad solidaria no entraña, en sí misma, ninguna restricción al derecho de asociación o de celebración del contrato de sociedad, conforme al Código de Comercio, pues la responsabilidad nace de la condición simple y voluntaria de ser socio, independientemente de si se tiene o no la representación o administración del ente social, o si la misma fue encomendada a un tercero, pues se reitera, el hecho de que la disposición cuestionada exija una actitud responsable a los socios por los impuestos, no impide desarrollar actividades lícitas que el individuo desee promover en compañía, pues es claro que el texto normativo acusado no comporta una sanción impositiva, sino un deber fiscal enderezado al pago de las acreencias tributarias, pero no impide encausar el ejercicio libre, voluntario y espontáneo de fundar o constituir sociedades mercantiles o empresas, dentro de los límites del bien común y del orden constitucional y legal.

A juicio de la corporación, la solidaridad del socio no implica una responsabilidad ilimitada, como lo sostiene el actor, sino que claramente el legislador reduce la responsabilidad del socio a una parte proporcional que le corresponde a cada cual en la sociedad, esto es “a prorrata de sus aporte en la misma y el tiempo durante el cual lo hubieren poseído en el respectivo período gravable”, tomando en consideración su status de socio en la misma, lo cual no es un elemento de exclusión del ente social, ni mucho menos un impedimento para fundar agrupaciones con determinados fines lícitos.

En cuanto a que el artículo 794 del estatuto tributario desconoce los principios de justicia y equidad (art. 95-9), que debe soportar todo sistema tributario, esta corporación tampoco prohíja tal tesis expuesta por el demandante, por cuanto la responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad no es una carga injusta, ya que la figura de la responsabilidad tributaria, no traslada la carga tributaria a los socios, quienes, entre otras cosas, en razón de la solidaridad pueden recobrar lo pagado, subrogándose en los derechos de la Nación frente a la sociedad, hasta concurrencia de su importe, es decir, que la responsabilidad solidaria de los socios, es una regla general equitativa y justa, como quiera que la obligación fiscal, esto es, los sujetos, el hecho gravado, la base gravable y la tarifa, reposa, principalmente sobre el ente societario, como deudor tributario, de manera que, en el evento jurídico en que surja la aplicación del principio de solidaridad, el socio podría cancelar de su propio patrimonio la obligación tributaria y posteriormente subrogarse en los derechos del acreedor fiscal y naturalmente repetir contra los demás socios por la suma pagada, pues recuérdese que de la clase y naturaleza de las obligaciones solidarias está la posibilidad legal que uno de los deudores solidarios que pague al acreedor puede subrogarse en los créditos que haya satisfecho para luego recuperar el mayor valor pagado de la prestación debida hasta concurrencia de su deuda.

En consecuencia, la Sala debe reiterar que la responsabilidad establecida en el artículo 794 del estatuto tributario se centra o se reduce al monto de los aportes, o eventualmente al capital principal y durante un tiempo específico, el cual se circunscribe al respectivo período gravable en donde los aportes se hubiesen poseído, motivo por el cual no le asiste razón al demandante en su tesis, pues el segmento normativo acusado no exige al socio que responda fiscalmente por las deudas tributarias, más allá de sus aportes, lo que es apenas justo, equitativo y proporcional en un sistema tributario moderno.

El último de los ataques se orienta hacia el desconocimiento del derecho a la igualdad, previsto en el artículo 13 superior, ya que estima el demandante en su libelo, que el artículo 794, incluido el parágrafo, es una disposición subjetivamente compleja, en la medida en que hace alusión a diversos tipos de socios, asociados, comuneros, suscriptores o aportantes en general que, en opinión del actor, contrasta con el que se brinda, por una parte, a los cooperados y por la otra a los socios, que no participen en la administración de los negocios sociales.

Para la corporación es necesario advertir, que no se puede hacer un test de comparación o un juicio de igualdad, cuando existen diferencias entre los supuestos de hecho que se pretenden comparar, ya que las sociedades, en sus variedades o diversas modalidades, no son iguales a las cooperativas, como quiera que estas últimas poseen su propio régimen legal, cumplen finalidades diferentes y gozan, naturalmente de un tratamiento especial en materia de algunos impuestos, como ocurre con la renta, por ejemplo, pues ellas son entidades sin ánimo de lucro, que en principio, tienen un ámbito de acción que supera lo simplemente económico.

En este orden de ideas, estima la Sala que sin duda, el sector cooperativo merece, conforme a la Constitución, un trato diferencial con relación a las sociedades mercantiles, ya sean éstas colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita simple, en comandita por acciones o anónimas, e inclusive frente a las fundaciones, asociaciones u otro tipo de entidades sin finalidades lucrativas, con objeto lícito específico. En efecto, las cooperativas constituyen un sector económico, que encuentra una protección especial en la norma superior (C.P., art. 58), ya que tienen como sustrato esencial la solidaridad entre sus miembros y el auxilio a la comunidad.

En consecuencia, para la corporación es indudable también que el parágrafo del artículo cuestionado encuentra un asidero plausible, que justifica su existencia y mantenimiento en el orden jurídico, ya que contempla un tratamiento diverso que desarrolla la especial protección a ese tipo de propiedad, como alternativa de desarrollo social, político y económico, que la Carta de 1991 pretende proteger. Es que las cooperativas son consideradas por el constituyente, como una eficaz alternativa para satisfacer necesidades colectivas apremiantes, mediante una distribución democrática de sus aportes, que excluyen el afán de lucro, pues repárese, que estas entidades en virtud de su especial fundamento constitucional, se caracterizan por la devolución de sus aportes entre los socios, lo cual se encuentra en consonancia con el artículo 333, inciso tercero superior, que consagra como obligación imperativa del Estado, promover el acceso progresivo de la propiedad fortaleciendo las organizaciones solidarias.

La Corte estima que el tratamiento diferencial que establece el artículo 794 del estatuto tributario, en el sentido de excluir de responsabilidad solidaria a los accionistas de las sociedades anónimas o asimiladas y a las cooperativas —salvo en lo relacionado con los cooperados que hayan ejercido la administración o gestión de la entidad—, quienes también responden solidariamente, se justifica como quiera que la responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad, sólo es aplicable a determinados tipos de agrupaciones societarias, en donde la característica personal es un elemento relevante, como quiera que, el vínculo intuitu personae, es la característica esencial de las sociedades colectivas, de responsabilidad limitada e inclusive de las asociaciones de carácter colectivo, en las que es posible identificar una relación de gestión; evento que no ocurre con las sociedades anónimas o por acciones, en donde el factor intuitu personae se desdibuja, a tal punto que la gran mayoría de accionistas virtualmente se encuentran separados de la dirección o administración de la compañía, conforme a las propias reglas del Código de Comercio e inclusive de sus propios estatutos fundacionales. Para la Corte es evidente entonces, que las compañías de responsabilidad limitada o las colectivas, por su propia naturaleza jurídica y sus especiales características no se hallan en las mismas circunstancias fácticas frente a las sociedades anónimas, ni mucho menos a las cooperativas.

Por último, para la corporación, es claro que cuando el legislador estableció la solidaridad, como un principio de carácter jurídico para asegurar el pago de los impuestos, a los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y suscriptores, en la forma prevista en el artículo 794 del estatuto tributario, modificado por el 163 de la Ley 223 de 1995, y adicionado por el artículo 108 de la Ley 488 de 1998, acusado, la limitó únicamente a prorrata de los aportes en la misma, y únicamente durante el tiempo que los socios hubieren poseído sus aportes en el respectivo período gravable, lo cual es una manifestación del ejercicio de las competencias que le corresponde ejercer al Congreso de la República, conforme a lo ordenado en los artículos 150-12 y 338, normas que habilitan al legislador para determinar el régimen jurídico tanto de las sociedades y de otras personas jurídicas, así como del ordenamiento tributario.

Sin embargo, cabe precisar que la responsabilidad de los socios para con el fisco, tiene que ver con los impuestos pertinentes a cargo de la compañía y no, naturalmente, por las sanciones tributarias que correspondan, como acertadamente lo dispone la norma acusada, ya que éstas sólo surgen por hechos propios de la sociedad en ejercicio del contrato social, y no por el comportamiento de los socios individualmente considerados. Igual prédica cabe respecto de los consocios, copartícipes y comuneros en razón a los vínculos jurídicos que entre ellos se generan, pues la previsión de la responsabilidad solidaria en materia tributaria, con ocasión del contrato social, no implica su extensión en caso de penas o sanciones a personas que no incurrieron en las causas que las motivan u originan, pues es claro que sólo las personas jurídicas pueden incurrir en ese tipo de situaciones jurídicas como quiera que sólo puede sancionarse a quienes cometen una falta tipificada por la ley tributaria, como consecuencia de una sanción, y no a unos terceros ajenos a ella, como serían los socios individualmente considerados, pues ello sería aceptar una especie de responsabilidad objetiva, en materia tributaria, proscrita por el ordenamiento jurídico.

Finalmente, la Corte estima que conforme a la luz de la jurisprudencia de esta corporación, el entendido que se halla en la base de las consideraciones del actor, y que se reduce a exigir al legislador el respeto a una supuesta igualdad física o matemática de evidente conceptualización mecánica en materia tributaria, no es aceptable, puesto que el legislador no reduce ni quiere que se limiten los ámbitos de su accionar legítimo. Todo lo contrario, la Carta otorga competencia al Congreso de la República para reconocer las diferentes situaciones de hecho y de derecho, y para establecer supuestos normativos generales conformados con ellas; por eso no es dable al juez constitucional reprochar los fundamentos de la política fiscal, elevados a rango legal. En consecuencia, acceder a un test estricto de razonabilidad, en relación con la adopción de mecanismos como la solidaridad de los socios y las sociedades en materia tributaria, es invadir por parte de la Corte, una competencia constitucional propia del Congreso de la República, que se reitera, está señalada expresamente por la propia Carta al legislador (arts. 150-12 y 338 superiores), para que éste, en su libertad de configuración, pueda diseñar el sistema tributario con arreglo a una política fiscal; por lo tanto, la oportunidad de las medidas adoptadas por la ley son irrelevantes en cuanto al control constitucional.

VII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 794 y su parágrafo, del estatuto tributario, modificado por el artículo 163 de la Ley 223 de 1995, y adicionado por el artículo 108 de la Ley 488 de 1998.

Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase».

(Sentencia C-210 de marzo 1º de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

________________________________