Sentencia C-211 de abril 24 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Actor: Alfonso Herrera Ramírez

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Ref.: Expediente D-1466

Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 27 del Decreto-Ley 1045 de 1978 y el artículo 64 del Decreto 1647 de 1991.

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «II. El texto de la demanda

A continuación se transcriben los artículos demandados:

Decreto-Ley 1045 de 1978, 

“Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.

“(...).

“ART. 27.—De los descuentos a favor de Prosocial. El valor de tres días de los quince días de prima, salvo disposición legal en contrario, será depositado por el respectivo organismo en la promotora de vacaciones y recreación social, entidad que manejará dichos recursos en cuenta especial y facilitará la expedición de un certificado sobre su valor para que el beneficiario obtenga bajos costos en sus planes vacacionales”.

Decreto 1647 de 1991 

“Por el cual se establece el régimen de personal, la carrera tributaria, sistema de planta y régimen prestacional de los funcionarios de la dirección de impuestos nacional, se crea el fondo de gestión tributaria y se dictan otras disposiciones.

“(...).

“ART. 64.—Programas de bienestar. Dentro de los programas de bienestar que la dirección de impuestos nacionales proporcione a sus funcionarios, se incluirá la administración y ejecución de programas recreacionales y vacacionales con los recursos provenientes del descuento ordenado por el artículo 27 del Decreto 1045 de 1978, que constituyen recursos privados y que serán manejados directamente por contratación o entregados a formas asociativas o mutualistas de los funcionarios para tales fines”

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

A. La competencia. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la acusación planteada por el demandante contra los artículos 27 del Decreto 1045 de 1978 y 64 del Decreto 1647 de 1991, disposiciones expedidas en virtud de facultades extraordinarias que le otorgó para el efecto el Congreso de la República mediante las leyes 5ª de 1978 y 49 de 1990, respectivamente.

Segunda. La cosa juzgada constitucional. En Sentencia C-105 de 1997, proferida dentro del proceso D-1413, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 27 del Decreto-Ley 1045 de 1978 “Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional”, por exceder su contenido la Ley 5ª de 1978.

En efecto, consideró la corporación que:

“Es claro entonces, que las facultades otorgadas por el legislador al ejecutivo, a través del artículo 2º de la Ley 5ª de 1978, de abrir créditos y realizar los traslados presupuestarios necesarios para dar cumplimiento a la ley, no incluían la posibilidad de que el Presidente de la República creará, como lo hizo, una contribución que por sus características se puede calificar como parafiscal.

Con base en los resultados del análisis realizado, la Corte puede afirmar que examinadas cada una de las atribuciones conferidas por el legislador al Presidente de la República a través de la Ley 5ª de 1978, no hay ninguna que de manera expresa le haya otorgado competencia para crear una contribución parafiscal como la consignada en el artículo 27 del Decreto-Ley 1045 de 1978, y que tampoco, de ninguna de ellas podía deducirse razonablemente dicha competencia.

Por los motivos señalados la Corte considera que el Gobierno Nacional se extralimitó o desbordó el límite material de las atribuciones que le fueron otorgadas por el legislador a través de la Ley 5ª de 1978, en lo que hace al artículo 27 del Decreto-Ley 1045 de 1978, motivo por el cual dicha norma será retirada del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, al ser inexequible el artículo 27 del Decreto-Ley 1045 de 1978, norma impugnada por el actor, por exceder su contenido el marco señalado por el Congreso de la República en la Ley 5ª de 1978, no hay lugar a pronunciarse sobre los demás cargos que fundamentan la demanda, pues sea cual fuere la decisión que se adoptara, la norma de todas maneras se retirará del universo jurídico” (Cfr. Sent. C-105/97 M.P. Fabio Morón Díaz).

De otra parte, según los artículos 243 de la Constitución Política, 21 y 46 del Decreto 2067 de 1991, las sentencias de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada.

En acatamiento de tales disposiciones en lo que respecta al artículo 27 del Decreto-Ley 1045 de 1978 habrá que estarse a lo resuelto en la Sentencia C-105 de 1997, que con ponencia del Dr. Fabio Morón Díaz declaró inexequible el artículo 27.

Así mismo, considera la Corte que en relación con el artículo 64 del Decreto 1647 de 1991 demandado, es menester reiterar su doctrina jurisprudencial fijada en un caso semejante al subjudice, en el cual sostuvo la Sala Plena que la Carta no autoriza el que se exija una contribución parafiscal para que el Estado la entregue directamente a los particulares, como ocurre en este evento.

En efecto, esta corporación sostuvo en la Sentencia C-273 de 1996:

“Los recursos parafiscales son recursos públicos, son del Estado. Cuando su administración corresponde a una persona jurídica de derecho privado, tal administración se cumple en virtud de un contrato entre la Nación y la persona jurídica de derecho privado. Es el caso del Fondo Nacional del Café, cuya administración corresponde a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en virtud de contratos celebrados por ésta con la Nación, desde el mes de diciembre de 1940.

La Constitución no autoriza el que se exija una contribución parafiscal para que el Estado la entregue directamente a los particulares, como acontece en el caso que se analiza. En este caso la facultad impositiva se ejerce, no en favor del Estado, sino en favor de una persona jurídica de derecho privado.

Puede, en consecuencia, afirmarse que la norma acusada es contraria al numeral 12 del artículo 150 de la Constitución.

De otra parte, el derecho que la Constitución reconoce a todas las personas, a la recreación, al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, es contrario a que este último se haga por medio de una persona jurídica de derecho privado, obligatoriamente. Si puede la persona decidir cómo aprovecha su tiempo libre, la ley no puede obligarla a entregar parte de su ingreso a un particular, para que éste decida el empleo de ese tiempo libre.

Se dirá que la cooperativa presta un servicio público. Si así fuera, dadas las especiales características de ese servicio, solamente aquellos que voluntariamente quisieran hacer uso de él, deberían pagar la contribución.

En síntesis: la Constitución no permite destinar, por ley, un impuesto o una contribución parafiscal, a un particular. La facultad impositiva se ejerce por el Estado en su propio beneficio. En el caso de las contribuciones parafiscales, el producto de éstas es un recurso público, no forma parte del patrimonio de una persona jurídica de derecho privado, como acontece con el recaudo autorizado por la norma acusada”. (M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).

En el caso que nos ocupa, estamos en presencia de una contribución parafiscal, que por un lado fue declarada inexequible en virtud de la Sentencia C-105 de marzo 6 de 1997, con lo cual la demanda de la disposición carece de razón de ser por sustracción de materia, y por otro está destinada a una persona jurídica de derecho privado como lo es la cooperativa de la dirección de impuestos y aduanas DIAN, lo cual contraria los principios de la parafiscalidad establecidos en el estatuto superior.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

1. ESTÉSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de marzo 6 de 1997.

2. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 64 del Decreto 1647 de 1991».

Cópiese, comuníquese, publíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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