Sentencia C-213 de abril 5 de 2017

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-11641

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Linares Cantillo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 338 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

Actores: María Alejandra Gálvez Alzate, Martín Arango Gallego y Miguel Londoño Gómez.

Bogotá D.C., cinco de abril de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «A. Norma demandada

El texto normativo acusado, que se subraya, hace parte del artículo 338 de la Ley “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” y es el siguiente.

“LEY 1564 DE 2012

(julio 12)

Diario Oficial Nº 48.489 de 12 de julio de 2012

Congreso de la República

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República

DECRETA:

“ART. 338.—Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente seasuperioraunmilsalariosmínimoslegalesmensualesvigentes(1000smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil.

Cuando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de este fuere insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recursos se considerarán autónomos”.

(...).

II. Consideraciones

A. Competencia

1. La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expresión acusada, contenida en la Ley 1564 de 2012, en virtud de lo establecido en el artículo 241.4 de la Constitución.

B. Primera cuestión preliminar: precisión del contenido de la disposición a la que se integra hace parte la expresión demandada

2. La demanda presentada en esta oportunidad cuestiona parcialmente la validez constitucional del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012. A efectos de identificar la expresión cuya inexequibilidad se pretende, los ciudadanos transcriben el texto tal y como fue publicado en el Diario Oficial 48.489 de 12 de julio de 2012. El texto es el siguiente:

“ART. 338.—Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil.

Tal artículo fue objeto de corrección mediante el Decreto 1736 de 2012 “Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” disponiendo en su artículo 6º lo siguiente:

“ART. 6º—Corríjase el inciso 1º del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

ART. 338.—Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.

(…)”(6).

3. De acuerdo con el Decreto antes referido las sentencias dictadas en el curso de las acciones populares no podrían ser objeto del recurso de casación y, en consecuencia, no procedía tampoco prescindir de la cuantía cuando fueran impugnadas mediante la formulación de tal recurso. No obstante esa modificación, en Auto de fecha 19 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado dispuso decretar la suspensión provisional de los efectos de varios artículos del referido Decreto 1736 de 2012, entre ellos los del artículo 6º. Consideró ese Tribunal:

“El despacho, en esta etapa inicial del proceso, constata que el objetivo de la corrección consistía enenmendarunerrordeconcordanciaentrelosartículos334y338delaLey1564de2012.

En el trámite legislativo, el Legislador eliminóenelnumeraldelartículo334lamencióndelasaccionespopularescomosusceptiblesdelrecursodecasación, la cual quedó redactada de la siguiente manera:

ART. 334.Procedenciadelrecursodecasación. El recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:

1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.

2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.

3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.

PAR.—Tratándose de asuntos relativos al estado civil solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho”.

Sin embargo, el artículo 338 del Código General del Proceso, quenosemencionaeneltrámitelegislativoalquehacereferenciaeldecretoacusado, en su redacción original, al regular la cuantía del interés para recurrir en ejercicio del recurso de casación, indicó que se excluía de dicha cuantía las sentencias dictadas de las acciones populares, lo cual evidencia una incongruencia entre este artículo y el artículo 334 del Código General del Proceso.

El Ejecutivo, entonces, no procedió a corregir un error caligráfico o tipográfico, conforme lo autoriza el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, sino a reformar el contenido del artículo 338 del Código General del Proceso para hacerlo congruente con el artículo 334 del mismo estatuto eliminando la alusión que a las acciones populares hacía el artículo, lo cual no corresponde a una atribución autorizada por la disposición legal mencionada.

Al encontrarse, en principio, un inapropiado empleo de la facultad prevista en la Ley 4ª de 1913, el Ejecutivo transgredió, así mismo, el numeral 10 del artículo 189 de la Carta Política que obliga al Presidente de la República a obedecer las leyes y velar por su estricto cumplimiento, así como el numeral 1º del artículo 150 de la Constitución Política en la medida en que solo el Congreso de la República tiene como función la de reformar las leyes, por lo que resulta procedente la suspensión provisional de los efectos del artículo 6º del Decreto 1736 de 2012” (Las negrillas y subrayas corresponden al texto de la providencia).

4. A pesar de que en esta oportunidad no fue objeto de acusación la expresión “acciones populares” cuya incorporación al primer inciso del artículo 338 del Código General del Proceso ha suscitado el debate que ocupa en la actualidad la atención del Consejo de Estado, la Corte estima necesario advertir que en función de las consecuencias que se desprenden de la providencia antes referida, por medio de la que se suspendieron los efectos de algunas disposiciones del Decreto 1736 de 2012(7), debe entenderse que el análisis de la expresión acusada debe tomar en consideración el contenido del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, tal y como fue publicada en el Diario Oficial 48.489. Ello además corresponde con el objeto acusado por los demandantes.

C. Segunda cuestión preliminar: incumplimiento de los requisitos de especificidad y suficiencia respecto del cargo por violación del principio de progresividad

5. Plantean los demandantes que la disposición acusada vulnera el mandato de progresividad. Según sostienen, atendiendo las funciones del recurso de casación, la fijación de la cuantía del interés para recurrir en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv) constituye un retroceso en el grado de protección del derecho a la administración de justicia, pues impide que la Corte Suprema unifique jurisprudencia y asegure la primacía del derecho sustancial. Este retroceso se explica, por ejemplo, en el hecho de que “al reducir el número de casaciones serán los tribunales en su mayor medida e inclusive los jueces de instancia aquellos encargados de unificar y crear la jurisprudencia, acabando así con la trinidad del concepto referente a la figura de la casación”.

6. En múltiples oportunidades este Tribunal se ha ocupado de precisar el alcance del principio de progresividad así como de los elementos que conforman el examen cuando se alega su infracción. Según ha sostenido de manera reciente, dicho principio “prescribe que la eficacia y cobertura de las dimensiones prestacionales de los derechos constitucionales debe ampliarse de manera gradual y de acuerdo con la capacidad económica e institucional del Estado en cada momento histórico”(8). A ese mandato se adscriben, según la propia Corte, cuatro tipo de exigencias: (i) la satisfacción inmediata de niveles mínimos de protección; (ii) el deber de observar el principio de no discriminación en todas las medidas o políticas destinadas a ampliar el rango de eficacia de un derecho; (iii) la obligación de adoptar medidas positivas, deliberadas y en un plazo razonable, para lograr una mayor realización de las dimensiones positivas de cada derecho, razón por la cual la progresividad es incompatible, por definición, con la inacción estatal, y (iv) la prohibición de retroceder por el camino iniciado para asegurar la plena vigencia de todos los derechos(9).

7. La última de las exigencias establecidas indica que a menos que exista una justificación constitucional suficiente, no resulta posible retroceder en el grado de protección alcanzado respecto de un derecho. De acuerdo con ello, el principio de progresividad implica una prohibición prima facie de cualquier retroceso. Que se trate de una prohibición de tal naturaleza y no de una proscripción definitiva denota, según lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de justificarlo. De ello se sigue entonces que toda medida regresiva constituye un retroceso, pero su adopción no implica siempre una infracción a la prohibición de regresividad.

8. Considerando la estructura del mandato de progresividad en su variante de prohibición de retroceso injustificado, la activación de la competencia de la Corte para emprender el juicio exige que al formular la acusación los ciudadanos aporten argumentos que de manera específica se orienten a indicar, por un lado, que la medida constituye en efecto un retroceso en el grado de protección del derecho de que se trate y, de otro, que dicho retroceso no encuentra una justificación suficiente. La primera de tales exigencias impone que la acusación evidencie que la modificación normativa -analizada en el contexto del régimen al que se integra y luego de una comparación con el régimen preexistente- constituye un deterioro relevante en el grado de protección del derecho identificado. No basta, a juicio de la Corte, que se enuncien las diferencias entre disposiciones aisladas cuyo significado jurídico depende de su relación con las otras normas del cuerpo normativo del que hacen parte. El segundo de los requerimientos, en particular cuando se impugnan disposiciones que corresponden a materias res pecto de las cuales el Congreso tiene un amplio margen de configuración, impone a los ciudadanos el deber de indicar con claridad los motivos por los cuales el retroceso identificado no puede justificarse válidamente. En síntesis, el demandante debe aportar elementos de juicio orientados a demostrar (i) que la modificación normativa, comprendida integralmente, constituye un deterioro en la protección del derecho identificado y (ii) que ese deterioro no tiene una justificación válida y suficiente.

9. Para la Corte, el planteamiento de los demandantes se ve enfrentado a un defecto radical en relación con la primera exigencia. Se limitan a señalar que mientras el régimen preexistente establecía como cuantía para recurrir en casación una resolución desfavorable de cuatrocientos veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (425 smlmv) el contenido en el Código General del Proceso lo fija en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Aunque tal diferencia es cierta y constituye un límite respecto de los asuntos que pueden ser recurridos a través de este medio extraordinario, los demandantes se abstienen de considerar que el nuevo régimen introdujo modificaciones que suponen (i) la ampliación de los fines del recurso de casación (art. 333 C.G.P.), (ii) un aumento del grupo de sentencias que pueden ser atacadas (art. 334 C.G.P.), (iii) que prescinde expresamente de la relevancia de la cuantía respecto de las sentencias correspondientes a las acciones populares, a las acciones de grupo y a las relativas al estado civil (art. 338 C.G.P.) y (iv) que regula la casación oficiosa cuando sea ostensible que una sentencia compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales (art. 336 C.G.P.).

10. La acusación se limita entonces a valorar solo una de las dimensiones de la reforma sin examinarla integralmente en aspectos que son relevantes. En efecto —sin que ello implique juicio alguno por parte de la Corte— no puede afirmarse la existencia de un retroceso en el grado de protección del derecho de acceder a la administración de justicia, mencionando solo las limitaciones establecidas en el nuevo régimen, cuando al mismo tiempo algunas de sus disposiciones podrían —prima facie— interpretarse como formas de ampliar el ámbito del recurso de casación y los demandantes no se ocupan, de alguna manera, de considerar su alcance. Ello resulta además relevante si se considera que varias de las medidas, no consideradas al formular el cargo, tienen como propósito extender las competencias de la Corte para cumplir aquellos fines —unificación de jurisprudencia y aseguramiento de la primacía del derecho sustancial— que los demandantes estiman afectados. Los ciudadanos tenían a su cargo la obligación de establecer si a pesar de las otras variaciones del régimen del recurso, el impacto en el derecho de acceso a la administración de justicia podía calificarse como un retroceso. Este defecto en el planteamiento, que constituye un incumplimiento de los requisitos de especificidad y suficiencia, hace entonces improcedente un pronunciamiento de fondo en esta oportunidad. En consecuencia, la Corte se inhibirá de adoptar una decisión de mérito respecto de la acusación.

D. Problema jurídico y método de la decisión

11. De conformidad con la demanda, las intervenciones oficiales y ciudadanas así como las precisiones precedentes respecto de la aptitud de los cargos, la Corte deberá definir si la decisión legislativa de fijar como condición de procedencia del recurso de casación —cuando las pretensiones sean esencialmente económicas— que el valor actual de la resolución desfavorable del recurrente sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), desconoce (i) el mandato de igualdad material (art. 13); la competencia del legislador para establecer los recursos, las acciones y los procedimientos de protección del ordenamiento jurídico y los derechos (art. 89); el derecho de acceder a la administración de justicia; (art. 229); y (iv) la realización de los propósitos del recurso extraordinario de casación (art. 235.1).

12. Con el objetivo de resolver el problema jurídico planteado la Corte seguirá el siguiente orden. Inicialmente, caracterizará el régimen legal de procedencia del recurso de casación en la Ley 1564 de 2012 enunciando las principales diferencias con la regulación preexistente (Sección E). A continuación, la Corte se referirá al significado constitucional del recurso de casación (Sección F). Seguidamente, precisará las características del control constitucional de la regulación que desarrolla dicho medio de impugnación (Sección G). Finalmente, se ocupará de examinar la norma acusada a la luz de los cargos debidamente planteados (Sección H).

E. El régimen legal de procedencia del recurso de casación

13. El recurso de casación ha sido considerado, en general, como un medio extraordinario de impugnación de algunas providencias judiciales, cuya interposición no activa una nueva instancia judicial. El carácter extraordinario del recurso tiene su punto de partida en la diferenciación entre las competencias ejercidas por las autoridades judiciales de instancia y la Corte Suprema cuando se pronuncia como tribunal de casación. En efecto, al paso que “los jueces de primera y segunda instancia examinan la conducta de los particulares frente al derecho vigente”(10), ello no acontece al tramitar el recurso de casación, dado que allí “varía el objeto del control, pues el Tribunal o Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley”(11). Ello supone “que en la casación se efectúa un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada”(12). Ha dicho este Tribunal que la referida institución “[n]o es por lo tanto, una tercera instancia, ni un recurso que pueda ser equiparable a los llamados recursos ordinarios”(13). Su función, ha destacado, es “más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como “nomofilaquia” (…)”(14).

Las razones anteriores, que explican su carácter extraordinario y dispositivo, se han traducido en la indicación de esta Corte según la cual “la regla general es la improcedencia del recurso; la excepción, su procedencia, en los casos previstos en la ley”(15). La naturaleza de este medio de impugnación, así como el sometimiento de su procedencia al cumplimiento de estrictas condiciones, se refleja en las normas que lo disciplinan.

13.1. A pesar de que la naturaleza del recurso de casación civil se ha conservado en las diferentes regulaciones sobre la materia, la contenida en el Código General del Proceso, y de la cual hace parte la disposición demandada, evidencia varios cambios que sugieren una comprensión diferente de asuntos históricamente nucleares de este medio de impugnación. De hecho en la exposición de motivos del proyecto presentado al Congreso de la República se indicaba que en el nuevo régimen “se incluyen trascendentales reformas a la casación para que sea más accesible (…)”(16). Tal circunstancia le exige a la Corte referir, preliminarmente, algunas de las modificaciones a efectos de caracterizar el contexto general en el que se inscribe la acusación que ahora examina.

13.2. La Ley 1564 de 2012 amplió los fines de la casación al prescribir que dicho recurso tiene por objeto defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano en el orden interno, amparar los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia y reparar los agravios causados a las partes debido a las sentencias recurridas. La reconfiguración legal de los fines que orientan el recurso de casación se evidencia al considerar que en el régimen jurídico preexistente, los propósitos consistían en unificar la jurisprudencia nacional, proveer la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos y procurar la reparación de los agravios causados a las partes. Se trata entonces de una variación importante que exige, a juicio de la Corte, avanzar en una comprensión diferente de la casación, de una parte, y de las nuevas figuras que la referida ley ha establecido en esta materia. La Corte volverá sobre ello más adelante.

13.3. La indicación de las providencias judiciales que pueden ser objeto del recurso fue también objeto de modificación. En la actual regulación se indica que procede contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia y que correspondan (i) a toda clase de procesos declarativos, (ii) a las acciones de grupo y a las acciones populares cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria y (iii) a las que se dicten para liquidar una condena en concreto. Se establece además que en asuntos relativos al estado civil serán susceptibles del recurso (iv) las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales. Igualmente prevé que la cuantía para recurrir en casación cuando las pretensiones sean esencialmente económicas y la resolución desfavorable al recurrente debe ser superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Sin embargo dicha cuantía no será tenida en cuenta en el caso de sentencias correspondientes a las acciones populares, a las acciones de grupo y a aquellas que versan sobre el estado civil.

Con notables diferencias, la regulación precedente establecía que el recurso de casación procedía contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente fuera o excediera de cuatrocientos veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (425 smlmv) y tuviera por objeto la impugnación de sentencias (i) dictadas en procesos verbales de mayor cuantía o que asuman ese carácter —con excepción de los relacionados en los artículos 415 a 427 del anterior Código de Procedimiento Civil—, (ii) que aprobaran la partición en los procesos divisorios de los bienes comunes, de sucesión y de liquidación de cualesquiera sociedades civiles o comerciales y de sociedades conyugales, (iii) dictadas en procesos sobre nulidad de sociedades civiles o comerciales, (iv) dictadas en procesos ordinarios(17) que versen sobre el estado civil y (v) que se profirieran en única instancia en procesos sobre responsabilidad civil de los jueces que trata el artículo. Como se verá en la penúltima sección de esta providencia, la variación en esta materia supone la ampliación temática significativa de los asuntos que podrán ser conocidos por la Corte.

13.4. Las causales que hacen posible la presentación del recurso son, en buena medida, coincidentes. En el régimen actual se prevé que son ellas (i) la violación directa de una norma jurídica sustancial; (ii) la violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba; (iii) no estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio, (iv) contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único y (v) haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados. El siguiente cuadro permite identificar las diferencias.

 Código de Procedimiento Civil
(Decreto 1400 de 1970)
Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012)
Causales1. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial.
La violación de norma de derecho sustancial, puede ocurrir también como consecuencia de error de derecho por violación de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba.
2. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio.
3. Contener la sentencia en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contradictorias.
4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquella para cuya protección se surtió la consulta siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357.
5. Haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado.
1. La violación directa de una norma jurídica sustancial.
2. La violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba.
3. No estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio.
4. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único.
5. Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados.

13.5. No obstante la notable similitud de las causales, el Código General del Proceso prevé que aunque la Corte Suprema no podrá tener en cuenta otras de las expresamente alegadas por el demandante, sí se encuentra autorizada para casar la sentencia, aún de oficio, en aquellos casos en los cuales sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales.

F. El significado constitucional del recurso extraordinario de casación

14. La jurisprudencia se ha pronunciado en diferentes oportunidades respecto del significado constitucional del recurso de casación. La aproximación de este Tribunal ha supuesto que si bien la Carta Política solo hace mención de tal instituto en el artículo 235.1 —al indicar que le corresponde a la Corte Suprema actuar como tribunal de casación—, su reconocimiento en el Texto Superior comporta la obligación de interpretar esta figura a partir de una perspectiva que tome en consideración las diferentes normas de la Carta. Dicho de otra forma, la competencia de la Corte Suprema de Justicia para actuar como tribunal de casación, no es aséptica al influjo de la Constitución.

En esa dirección, ha establecido este Tribunal que —conforme a lo dispuesto en el citado artículo 235.1— “no solo puede considerarse que está permitida la existencia de la casación, dentro de una competencia legislativa general; sino que se encuentra ordenada de manera directa y clara en la Carta”(18). A su vez, advirtiendo el significado que tiene la atribución de esa función a la Corte, señaló que “[l]a relación originada en el propio texto de la Carta entre la Honorable Corte Suprema de Justicia y la casación, convierte a aquella en una institución encargada de una función pública del mayor rango, al disponer, de manera implícita, que a través del recurso, se pongan correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho por los distintos jueces de la República, y a las transgresiones en que estos puedan incurrir contra la legislación”(19). Según la Corte, esa competencia es además expresión del carácter unitario del Estado reconocido en el artículo 1º de la Carta, de manera que “[s]e define así, ese máximo tribunal, con una especialísima función político-jurídica que, además de amparo de la legalidad, traduce, el sapiente y bien probado mecanismo judicial, como medio para construir la certeza jurídica en el plano de las decisiones judiciales”(20).

15. A pesar de la reducida densidad de la regulación constitucional de la casación “el legislador no tiene plena libertad para organizar el alcance de este recurso”(21). Según sostuvo este Tribunal “[l]a casación no es un concepto vacío sino que tiene un contenido esencial, que goza de protección constitucional, por lo cual el legislador no puede regular de cualquier manera las funciones de la Corte Suprema como tribunal de casación”(22).

Con apoyo en esa premisa, ha indicado también que además de los fines que tradicionalmente le han sido adscritos a la casación, esto es, la unificación de la jurisprudencia, la realización del derecho objetivo y la reparación de los agravios, también se le anuda como tarea “en el Estado Social de Derecho, velar por la realización del ordenamiento constitucional —no solamente legal— y, en consecuencia, por la realización de los derechos fundamentales de los asociados”(23). En efecto “la casación, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada también a hacer efectivo el derecho material, particularmente la Constitución, así como las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso”(24). Es por ello que la jurisprudencia constitucional interpretando la función de control de legalidad que se adscribe al recurso de casación ha sostenido que “debe concebirse en una dimensión amplia, de modo que involucre la integración de preceptos de orden Superior y, por lo tanto, la protección de los derechos constitucionales que de él se derivan”(25). Igualmente, ha advertido que “el propósito de realización del derecho material también debe ser interpretado en una dimensión amplia, de manera que comprende no solo la protección de los derechos constitucionales fundamentales, sino todos los derechos y principios reconocidos en el ordenamiento jurídico”(26).

16. En suma, más allá de su regulación legislativa, una perspectiva constitucional de la casación en general, y de la civil en particular, le impone, sin perjuicio de decisiones complementarias del legislador, múltiples funciones: de unificación de la jurisprudencia, de protección del principio de legalidad, de reparación de perjuicios y de constitucionalización del ordenamiento jurídico, asegurando la eficacia de los derechos constitucionales en las relaciones entre particulares. En reciente providencia se indicó “que en el Estado Social de Derecho, el recurso extraordinario de casación, no es solo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos fundamentales”(27).

G. Control constitucional de la regulación que desarrolla el recurso de casación

17. El juzgamiento de los diferentes regímenes procesales debe tomar en consideración, tal y como lo demuestra la práctica decisional de este Tribunal, que su adopción (i) constituye una expresión de la competencia del Congreso de la Republica para expedir códigos en todos los ramos de la legislación (150.2), (ii) concreta la obligación constitucional de establecer las competencias de las diferentes autoridades judiciales (arts. 6º y 116), (iii) complementa el ejercicio de la atribución del legislador estatutario para regular la administración de justicia y (iv) desarrolla varias de las dimensiones de los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho de acceso a la administración de justicia.

18. La concurrencia de estas variadas dimensiones impide definir de manera general y para todos los casos, el alcance de la potestad de configuración del legislador, el correlativo margen de acción que a tal potestad se vincula y, en esa medida, la intensidad del control constitucional. Sin embargo, la consideración anterior permite señalar, por vía de ejemplo, que no puede ser equivalente el juzgamiento de una disposición procesal que regula el trámite de solicitud de libertad de una persona sometida a un proceso penal, que el examen de una disposición referida a los requisitos formales que debe cumplir una persona a efectos de solicitar a la jurisdicción civil la admisión de una demanda. Como ocurre en general en todos los casos de control de constitucionalidad de la ley, es indispensable identificar la materia objeto de regulación, el tipo de competencias constitucionales al amparo de las cuales es expedida, los efectos de las normas juzgadas en contenidos constitucionales de especial importancia y la densidad de la regulación constitucional.

19. Con independencia de la conclusión a la que se arribe en cada caso respecto de la intensidad del control, la jurisprudencia l (sic) ha mostrado una orientación prima facie a favor de un juicio dúctil como forma de asegurar el principio democrático, que subyace al reconocimiento de competencias precisas al legislador en esta materia. En tal sentido, el precedente sobre el particular indica que en atención (i) a que respecto de los medios de impugnación en el curso de procesos judiciales “la Constitución señala simplemente directrices generales, mas no fórmulas procesales acabadas que regulen su procedencia y los requisitos para su interposición, trámite y decisión”(28), (ii) a que con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 150 de la Constitución es de competencia del Congreso “establecer los medios de impugnación ordinarios, en desarrollo del principio de las dos instancias, y los extraordinarios”(29) y (iii) a que se trata de un recurso extraordinario, puede concluirse que se encuentra habilitado para definir “qué recursos proceden contra las decisiones judiciales, así como los requisitos necesarios para que los sujetos procesales puedan hacer uso de ellos, las condiciones de admisibilidad o de rechazo y la manera en que ellos deben ser decididos”(30). De manera particular en lo relativo a la casación ”no ofrece duda que su regulación en lo que concierne con: procedencia del recurso, en razón de la cuantía del interés para recurrir, de la naturaleza de las sentencias que pueden ser objeto de este; las formas y los términos para su interposición, su sustentación y condiciones de admisibilidad, los trámites del recurso y el contenido de la decisión, son cuestiones que compete regular al legislador autónomamente, aunque respetando los límites antes señalados”(31).

20. En varias oportunidades la Corte ha juzgado disposiciones que regulan respecto del recurso de casación la competencia para conocerlo, las condiciones de su procedencia y el trámite que debe seguirse con ocasión de su interposición. Un examen de algunas de las providencias relevantes relacionadas directamente con la cuantía del interés para recurrir en casación, permite concluir que este Tribunal ha desplegado un control de constitucionalidad de intensidad variable.

20.1. En la Sentencia C-596 de 2000 la Corte juzgó (i) los artículos 86 y 92 del Código Procesal del Trabajo en los que se establecían reglas en materia de cuantía para la interposición del recurso de casación en materia laboral, prescribiendo que sería procedente en los negocios cuya cuantía excediera de cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente; (ii) el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal conforme al cual cuando el recurso de casación tuviera por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, debía tomarse en consideración las causales y la cuantía para recurrir establecidas en las normas que regulan la casación civil y, (iii) algunas expresiones del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil y, en particular, la que establecía que en materia de casación civil dicho recurso procedería cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente fuera o excediera de diez millones de pesos.

Consideró la Corte que la definición de tal exigencia no se oponía a la Carta dado que (i) “las normas que determinan cuales sentencias judiciales pueden ser objeto del recurso de casación se presumen, en principio, ajustadas a la Constitución, en razón del respeto del juicio valorativo que ha efectuado el legislador, fundado en razones que consultan la realidad social donde han de aplicarse”. A juicio de la Corte (ii) “las apreciaciones del legislador relativas a la importancia y naturaleza del proceso, la magnitud de la pena impuesta en razón del daño causado al bien jurídico tutelado, etc., en cuanto contribuyen a la racionalización, eficiencia y eficacia de la administración de justicia, son intangibles y no pueden ser desconocidas por el juez constitucional”.

Sostuvo además, analizando algunos de los cuestionamientos en contra de la cuantía fijada para el recurso de casación laboral:

“En referencia particular a las restricciones impuestas en materia de casación laboral sostuvo la Corte: “Según el actor las restricciones impuestas al recurso de casación en cuanto a la cuantía del interés para recurrir violan los derechos al trabajo, a la igualdad, y al acceso a la administración de justicia. // Considera la Corte que no le asiste razón al demandante, por las siguientes razones:

(…) La protección del derecho al trabajo se logra esencialmente durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. En dichas instancias pueden hacer valer los correspondientes recursos ordinarios. Igualmente, pueden hacer uso del recurso de casación cuando para ello se reúnan los requisitos de procedibilidad.

No necesariamente la protección de dicho derecho, en consecuencia, se logra con la casación; esta muchas veces se constituye en un obstáculo para que el trabajador pueda en forma pronta y oportuna satisfacer sus derechos. Por ejemplo, cuando el recurrente es el empleador.

No se rompe el principio de igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del proceso; es decir, cuando el recurrente es el trabajador o el empleador.

La necesidad de establecer mecanismos procesales a favor del trabajador, para facilitar la protección de sus derechos e intereses, con el fin de equilibrar su desigualdad económica frente al empleador, no necesariamente debe hacerse dentro del recurso de casación.

No se viola, por consiguiente, el acceso a la justicia, porque este se encuentra debidamente garantizado en las instancias ordinarias del proceso; por lo tanto, bien puede restringirse, la posibilidad de acudir a la casación, la cual, como se indicó anteriormente, es un recurso excepcional, extraordinario y, por consiguiente, limitado”.

Con fundamento en esas consideraciones la Corte dispuso declarar la exequibilidad de las normas demandadas al considerar que se encontraban comprendidas por la competencia de regulación atribuida al legislador en esta materia.

20.2. En la Sentencia C-1046 de 2001 le correspondió establecer si desconocía el principio de igualdad y el derecho de acceder a la administración de justicia la regla contenida en el artículo 1º de la Ley 592 de 2000 conforme a la cual la procedencia del recurso de casación civil exigía la demostración de que el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente fuera o excediera de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El punto de partida de la argumentación de la Corte consistió en señalar que la razón de la decisión de la Sentencia C-596 de 2000, resultaba aplicable a la cuestión planteada dado que se discutía nuevamente si el legislador podía fijar una determinada cuantía de la resolución desfavorable del recurrente como condición de acceso. A pesar de ello, la Corte consideró que debía definir si esa orientación, que conducía a la exequibilidad de la norma acusada, era compatible con dos decisiones previas —las contenidas en las sentencias C-345 de 1993 y C-269 de 1998— que habían declarado inexequibles normas que fijaban una cuantía como criterio de procedencia de determinados recursos judiciales. Se detuvo entonces en este análisis.

a. La primera de tales decisiones, la C-345 de 1993, había declarado contraria a la igualdad las reglas que en los artículos 131 y 132 del Decreto 1 de 1984 fijaban la competencia de los tribunales administrativos estableciendo que en los procesos relativos a los actos de destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que implicaran el retiro del servicio, eran de única instancia, si la asignación mensual del cargo no excedía de ochenta mil pesos ($ 80.000.oo) y de doble instancia cuando la superara. Refiriéndose a tal pronunciamiento, resumió la regla de la decisión indicando “que ese mandato era discriminatorio, pues no podía la ley limitar el acceso a la apelación en los procesos laborales administrativos basándose exclusivamente en el monto de remuneración del trabajador”(32).

Advirtió la Corte que dicho pronunciamiento no implicaba “que esa sentencia hubiera concluido que la ley no podía tomar en cuenta la cuantía de las pretensiones o de lo judicialmente debatido para fijar competencias o regular la procedencia de los recursos”. De hecho, resaltó que la sentencia de 1993 había advertido “que la ley podía regular competencias y el acceso a los recursos con base en la cuantía de las pretensiones, pero que no podía fundarse en el nivel de remuneración de los trabajadores” y en ese sentido allí “reconoció que la ley podía limitar el acceso a la casación por razón de la cuantía de lo debatido”(33).

b. La segunda de tales sentencias, la C-269 de 1998, declaró contraria a la Constitución la norma contenida en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil en la que se fijaba un límite de cuantía a efectos de acceder al recurso extraordinario de revisión, indicando que no procedía respecto de los procesos conocidos por los jueces en única instancia, algunos de los cuales correspondían precisamente con la mínima cuantía. Al referirse a lo que en esa decisión se dijo, la Corte sostuvo que “[l]a revisión no tiene entonces una finalidad sistémica, como la casación, sino que busca evitar que existan sentencias injustas, y por ello prevé que, dadas ciertas causales, pueda revisarse el proceso”. En esa medida, la decisión contenida en la Sentencia C-269 de 1998 encontraba fundamento en el hecho de que las causales de revisión podrían “(…) configurarse en cualquier clase de proceso, independientemente de su cuantía o trámite (…), por lo cual es injusto e inequitativo que se (…) excluya a determinadas sentencias de ser revisadas mediante este recurso extraordinario, a pesar de haberse configurado una de las causales analizadas (…)”.

c. Establecidas las diferencias existentes entre el problema jurídico juzgado en la Sentencia C-1046 de 2001 y los resueltos en las referidas sentencias, concluyó este Tribunal que tal examen resultaba suficiente “para mostrar que, lejos de existir incompatibilidad, las doctrinas establecidas en las sentencias C-345 de 1993 y C-269 de 1998 refuerzan las conclusiones de la Sentencia C-596 de 2000”. En ese sentido “[n]o existe entonces ninguna razón para que la Corte se aparte de ese precedente, por lo cual, con base en los criterios desarrollados en esa providencia, esta Corporación declarará la exequibilidad de los apartes acusados del artículo 1º de la Ley 592 de 2000”.

20.3. La Sentencia C-372 de 2011 concluyó que era contrario a la Carta el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 que modificaba, a su vez, el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y disponía que solo serían susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

La conclusión de la Corte se apoyó en un razonamiento de varios niveles. Inicialmente señaló que la cuestión de constitucionalidad planteada era diferente a la abordada en la Sentencia C-596 de 2000, dado que mientras en dicha sentencia “se limitó a examinar si el Congreso tenía competencia para aumentar la cuantía del recurso y si, en términos formales, la norma censurada vulneraba el principio de igualdad”, ahora se planteaban nuevas acusaciones en un contexto normativo diverso. Según la Corte se trataba, por un lado, de una disposición que establecía un incremento del 83% en la cuantía luego de otras reformas sucesivas en ese mismo sentido y, por el otro, que la impugnación señalaba que la norma desconocía el principio de proporcionalidad y la prohibición de regresividad.

La Corte afirmó que procedía aplicar un juicio intermedio de proporcionalidad. A pesar de que el Constituyente confirió al legislador una amplia potestad de configuración en materia de regulación de procedimientos y dicha competencia también había sido reconocida por la jurisprudencia constitucional —específicamente en el establecimiento de cuantías—, lo que podría sugerir la aplicación de un juicio débil, consideró que la intensidad debía incrementarse. En efecto, en el caso analizado se encontraban en juego los derechos a la igualdad, a acceder a la administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social así como las demás garantías consagradas en el artículo 53 Superior. Seguidamente, consideró que a pesar de que el fin de la medida era importante en tanto tenía por objeto la descongestión de la justicia laboral, no resultaba efectivamente conducente en tanto solo contribuía a descongestionar a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En adición a ello sostuvo que existían otras medidas para enfrentar las fallas estructurales que daban lugar a la congestión laboral. Finalmente concluyó que la medida no era proporcionada en sentido estricto en tanto la cuantía establecida (a) difícilmente seria alcanzada por los trabajadores cuya protección exige la Carta, (b) constituía un incremento drástico, (c) impedía que controversias de notable importancia de cara a los fines de la casación no pudieran ser conocidos por la Corte, (d) era muy alta si se comparaba con la establecida como condición para que el Consejo de Estado conociera de tales asuntos —cien (100) smmlv—, (e) no podía ser un instrumento para reducir la carga de trabajo de la Sala Laboral de la Corte y (f) afectaba el cumplimiento de las funciones que como órgano de cierre le habían sido asignadas.

En adición a ello, la Corte sometió a un examen de progresividad la regla demandada indicando que a dicho control se encontraban sujetas las medidas que implicaran un retroceso en las dimensiones prestacionales de los derechos civiles y políticos. Sostuvo que “el acceso a los mecanismos de protección judicial, como una obligación que se desprende de cualquier derecho fundamental, debe ampliarse de manera progresiva en condiciones de gratuidad e igualdad, y no puede ser objeto de medidas regresivas, salvo cuando se cumplan los requisitos para aceptar la regresión que han sido fijados por la jurisprudencia de esta Corporación”. Señaló que en los últimos veinte años se había producido un incremento del 340% en la cuantía de la casación, sin considerar que la mayoría de los trabajadores no recibían más de dos salarios mínimos, lo que se traducía en que “un importante número de fallos de instancia ya no pueden ser objeto de control por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia”.

Se trataba entonces de “un paso hacia atrás que impide a la Sala Laboral de la Corte Suprema cumplir su rol de control de validez, unificación de jurisprudencia y protección de garantías laborales en un número muy significativo de casos que en el pasado sí podían llegar a su conocimiento”. Dijo la Corte, finalmente, que la medida no encontraba una justificación suficiente para la realización de los derechos fundamentales y no se habían considerado otras alternativas. Advirtió que la decisión no suponía que el legislador careciera de la competencia para introducir modificaciones “en la determinación de la cuantía para acceder a un recurso, sino que al hacerlo debe justificar la necesidad de la medida y tener en consideración la naturaleza del recurso que pretende regular y que la finalidad de la reforma esté dirigida a la protección de otros derechos fundamentales”. De esta manera terminó indicando “que al juez constitucional no le corresponde determinar qué cuantía sí es proporcionada, sino analizar las justificaciones dadas en cada caso por el Congreso y los demás órganos que participan en la elaboración de las leyes, para determinar si en el caso concreto se ajustan a la Carta”.

21. En síntesis, es posible extraer las siguientes conclusiones del análisis precedente. En primer lugar (i) el Congreso es titular de una extendida habilitación para configurar los diferentes regímenes procesales en atención al reconocimiento que hace la Carta de su competencia para expedir códigos y para disciplinar el ejercicio de la actuación de las autoridades judiciales. No obstante la amplitud de dicha competencia (ii) la legislación procesal se encuentra sometida a varios límites que se explican en el hecho de que su contenido impacta dimensiones o facetas significativas del derecho de acceder a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Ello indica (iii) que a pesar de la amplia libertad de configuración y el correlativo carácter flexible del control de constitucionalidad, la intensidad del mismo se acentúa en aquellos casos en los cuales la Constitución ha regulado de manera detallada una institución procesal o cuando de la regulación que se adopte dependa la efectividad de derechos reconocidos en la Carta o de los propósitos que se le adscriben.

Igualmente, (iv) puesto que el recurso de casación es un medio extraordinario de impugnación, que no da lugar a una nueva instancia y que carece de una regulación constitucional detallada en tanto la Carta se limita a mencionarlo, la legislación que le da forma se encuentra sujeta, en principio, a un control constitucional ampliamente deferente de la libertad del Congreso y que le permite establecer las finalidades del recurso, identificar el tipo de actos jurisdiccionales contra los que procede, establecer las causales que pueden invocarse así como regular el procedimiento que se sigue para su interposición, trámite y decisión. Sin embargo, (v) las reglas legales que rigen la casación no pueden anular la triple función de unificación de la jurisprudencia, de protección del principio de legalidad y de constitucionalización del ordenamiento jurídico. No es posible tampoco (vi) que con esa regulación se establezcan tratos discriminatorios, se impongan limitaciones desproporcionadas al derecho de acceder a la administración de justicia o, como lo ha establecido de manera reciente la jurisprudencia, se adopten medidas que retrocedan injustificadamente en la protección del derecho.

H. Análisis constitucional de las expresiones acusadas

22. Con apoyo en las consideraciones previas, la Corte analizará cada uno de los cargos planteados por los demandantes. Con ese propósito, se seguirán los siguientes pasos. En primer lugar, es necesario detenerse en algunas de las modificaciones más significativas del recurso extraordinario de casación civil, con el objeto de comprender adecuadamente el contexto normativo en el que se inserta la regla de cuantía fijada en el artículo 338 del Código General del Proceso (subsección a). Seguidamente analizará el cargo por violación del principio de igualdad material —art. 13— (subsección b) y, a continuación, establecerá si la regla acusada desconoce la obligación constitucional de prever mecanismos de protección de los derechos y el derecho de acceso a la administración de justicia —arts. 89 y 229— (subsección c). Finalmente, la Corte determinará si la restricción que se desprende de la fijación de la cuantía vulnera el artículo 235 de la Constitución que instituye a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de Casación (subsección d).

a) El régimen general del recurso de casación establecido en la Ley 1564 de 2012 prevé un incremento a la cuantía general del interés para recurrir. Sin embargo, la nueva regulación (i) amplía el grupo de sentencias de segunda instancia que pueden ser recurridas en casación, (ii) establece supuestos adicionales en los cuales la exigencia de cuantía no resulta exigible y (iii) habilita a la Corte Suprema para casar de oficio algunas sentencias.

23. Las sentencias que de acuerdo con el artículo 334 del Código General del Proceso pueden ser impugnadas a través del recurso extraordinario de casación son, en una proporción significativa, superiores a las que se encontraban previstas en el régimen procedimental anterior, tal y como fue modificado por la Ley 1395 de 2010. Sobre el particular la Corte hizo referencia general a ello en el fundamento jurídico Nº 13.3 de esta providencia señalando las diferencias relativas a la amplitud temática del recurso. Tal aumento de las materias, que fue destacada en el Informe Ponencia presentado ante el Senado de la República para dar curso al tercer debate -indicando que con la reforma “se fortalece el rol de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia”(34), dado que una de las modificaciones consiste en ampliar “la procedencia del recurso extraordinario de casación respecto de todos los procesos declarativos”(35)- se refleja en el siguiente cuadro:

 Ley 1395 de 2010Código General del Proceso
(Ley 1564 de 2012)
Sentencias contra las que procede el recursoA. Las dictadas en procesos verbales de mayor cuantía o que asuman ese carácter, salvo los relacionados en el artículo 427 y en los artículos 415 a 426 (art. 366 del CPC, modificado por el artículo 18 de la Ley 1395 de 2010).
B. Las sentencias que aprueban la partición en los procesos divisorios de los bienes comunes, de sucesión y de liquidación de cualesquiera sociedades civiles o comerciales y de sociedades conyugales (num. 2º art. 366 C.P.C.).
C. Las sentencias dictadas en procesos sobre nulidad de sociedades civiles o comerciales (num. 3º art. 366 C.P.C.).
D. Las sentencias de segundo grado dictadas por los tribunales superiores en procesos ordinarios que versen sobre el estado civil (num. 4º art. 366 C.P.C.).
E. Las sentencias que profieran en única instancia en procesos sobre responsabilidad civil de los jueces.
A. Las sentencias dictadas en toda clase de procesos declarativos (num. 1º art. 334 C.G.P.).
B. Las sentencias dictadas en las acciones de grupo y cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria (num. 2º art. 334 C.G.P.). Igualmente las acciones populares(36).
C. Las sentencias dictadas para liquidar una condena en concreto (num. 3º. art. 334 C.G.P.).
D. Las sentencias de asuntos relativos al estado civil únicamente cuando se trate sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho (par. Art. 334 C.G.P.).

24. El primer inciso del artículo 338 del que hace parte la expresión demandada tiene, a juicio de la Corte, tres contenidos normativos importantes. Dos de ellos se desprenden directamente de su texto, al paso que el tercero se sigue de una interpretación sistemática que se apoya en las finalidades vinculadas al cambio legislativo en materia de casación y en una interpretación sistemática de la disposición.

24.1. El primer contenido (i) prescribe que en los casos en los cuales las pretensiones sean esencialmente económicas el recurso procede si el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente supera mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. El segundo (ii) establece un grupo de decisiones respecto de las cuales, bajo ninguna circunstancia, se requiere valorar la cuantía de la resolución desfavorable del recurrente. Se trata de las sentencias dictadas en el curso de acciones de grupo, acciones populares y las relativas al estado civil.

24.2. A juicio de la Corte, un tercer contenido (iii) dispone que en los casos de pretensiones no esencialmente económicas debe prescindirse de cualquier valoración de la cuantía. La Corte debe detenerse en la fundamentación de este último contenido puesto que en su contra podrían formularse algunas objeciones. En efecto, una primera aproximación podría sugerir que la expresión “cuando las pretensiones sean esencialmente económicas” tiene por fin establecer que en aquellos casos no excluidos expresamente del requisito de la cuantía, según el mismo inciso, deberá siempre requerirse que lo pretendido en casación exceda de mil salarios mínimos. De esta manera el significado de esa frase se definiría por aquello expresamente excluido de tal exigencia a saber: sentencias dictadas en el curso de acciones de grupo, acciones populares y las relativas al estado civil.

En contra de esta interpretación restringida militan varias razones. La primera de ellas indica que el examen integral de la nueva regulación en materia de casación, evidencia que su propósito, en general, consistió en ampliar desde el punto de vista temático las materias respecto de las cuales la Corte Suprema, como tribunal de casación, puede pronunciarse. Esta premisa debe incidir en la interpretación del inciso del que hace parte la disposición demandada, de manera tal que se logre la armonización del amplio margen de configuración del que dispone el legislador y las funciones constitucionales que se adscriben al recurso extraordinario de casación.

La segunda razón indica que si el propósito de la disposición hubiera consistido en excluir del requerimiento de la cuantía únicamente a las sentencias adoptadas en acciones de grupo, populares y las relativas al estado civil no habría existido necesidad alguna de integrar al primer enunciado la expresión “cuando las pretensiones sean esencialmente económicas”(37). Adicionalmente, dicha comprensión le negaría todo efecto útil a tal expresión, desconociendo que en la regulación preexistente al Código General del Proceso ella no se encontraba, tal y como se sigue de la lectura del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil. El principio del efecto útil, fundado en los principios democrático y de conservación del derecho, “exige que entre dos sentidos posibles de un precepto, uno de los cuales produce consecuencias jurídicas y el otro no, debe preferirse necesariamente el primero”(38). Es ello lo que se impone en este caso.

No le corresponde a la Corte establecer en esta oportunidad el significado preciso y definitivo de la expresión “cuando las pretensiones sean esencialmente económicas” del primer inciso del artículo 338 del Código General del Proceso. Sin embargo, lo que sí resulta claro y se integra al análisis que en esta oportunidad se efectúa, es que aquellas pretensiones que no sean fundamentalmente económicas, tal y como ocurre por ejemplo con las que tienen por objeto la declaración de responsabilidad civil pero que no traen aparejada una pretensión patrimonial sino una solicitud de reparación simbólica, artística o de no repetición(39) —conforme a las novedosas tendencias del régimen de responsabilidad que se ha venido abriendo paso— no se encontrarán sometidas a la exigencia de demostración de la cuantía para recurrir.

La conclusión tiene sustento en una razón adicional. En efecto, si dentro de las funciones de la casación se encuentra la de unificar la jurisprudencia dando respuesta a los nuevos problemas que plantean las relaciones entre los particulares y de forma especial la protección de los derechos fundamentales de las personas -elemento fundante del derecho privado en tanto se asienta en el reconocimiento de la persona humana como titular de derechos y deberes-, señalar que eventos como los descritos puedan ser objeto de análisis de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación encuentra plena justificación. Es en esa dirección precisamente que debe entenderse la decisión inequívoca de habilitar a la Corte Suprema de Justicia para que, con independencia de la cuantía, se pronuncie sobre las sentencias dictadas en las acciones de grupo y en las acciones populares.

24.3. Otra de las modificaciones que ha sido destacada como sustancial en el nuevo régimen de la casación, es la relativa a la posibilidad de quebrar una sentencia, aun de oficio, en aquellos casos en los cuales resulte ostensible que la decisión impugnada compromete gravemente el orden público, el patrimonio público o constituye un atentado contra los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Según el inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso, esta facultad constituye un evento exceptivo a la prohibición de que la Corte considere causales de casación diferentes de las expresamente alegadas por el recurrente.

Se trata de un instrumento de significativa relevancia que además de limitar la naturaleza marcadamente dispositiva que ha caracterizado el recurso de casación —con impactos negativos importantes en la prevalencia del derecho sustancial—, contribuye en plena armonía con los nuevos fines que lo inspiran, a promover el influjo directo de contenidos constitucionales en la comprensión e interpretación de los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia. Tiene la Corte Suprema de Justicia, por expresa disposición del legislador procesal, el deber de transformar cualitativamente el significado del recurso. En el ámbito de sus atribuciones, la Corte Suprema debe asegurar que las normas de la Constitución adquieran real vigencia y efectividad en el derecho ordinario. Es a la luz de estas consideraciones que ese Tribunal deberá interpretar esta nueva institución(40). El legislador ya ha dado un paso, el siguiente le corresponde a la Corte.

25. En síntesis, el juzgamiento de la expresión acusada debe tomar en consideración el régimen integral del recurso de casación del que hace parte. Ello implica que el análisis del incremento de la cuantía para definir el interés de recurrir en casación debe tomar en cuenta (i) que fueron ampliados los fines de la casación; (ii) que fue objeto se incrementaron las sentencias que pueden ser impugnadas; (iii) que el requisito de la cuantía no es aplicable cuando se trate de asuntos en los cuales las pretensiones no son esencialmente económicas o se trate de sentencias relativas a acciones de grupo, acciones populares y de estado civil; y (iv) que limitando el carácter dispositivo del recurso, se ha establecido la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, en hipótesis de extrema importancia jurídica, disponga de oficio la casación de una sentencia.

a) La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes como condición del interés para recurrir no desconoce el principio de igualdad material

26. De acuerdo con los demandantes la fijación de la cuantía del interés para recurrir en casación en la suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, supone una renuncia del legislador a la protección de los sujetos en situación de especial debilidad, en tanto el criterio económico solo lo hace posible para personas cuyas controversias den lugar a una resolución desfavorable de semejante valor. Se excluye entonces de la posibilidad de acceder a este mecanismo de control judicial, fundándose para ello exclusivamente en un criterio económico.

27. El artículo 13, según lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes oportunidades, se erige en la cláusula general de igualdad. En el segundo inciso se establece la obligación del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar las medidas que se requieran en favor de grupos discriminados o marginados. En estrecha relación con dicho mandato, se impone al Estado la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.

Este grupo de normas, conjuntamente con las cláusulas específicas de igualdad material establecidas en otras disposiciones de la Carta, configuran el mandato de erradicación de las injusticias presentes(41). Dicho mandato, acogido por este Tribunal en varios de sus pronunciamientos, es una manifestación específica de la definición del Estado como social de derecho y su compromiso con la protección y defensa de la dignidad humana. Sobre el significado de la norma que establece esta forma de Estado, la jurisprudencia ha advertido “que a diferencia del Estado de Derecho que atiende exclusivamente a un concepto formal de igualdad y libertad, en el Estado Social de Derecho la igualdad material es determinante como principio fundamental que guía las tareas del Estado con el fin de corregir las desigualdades existentes, promover la inclusión y la participación y garantizar a las personas o grupos en situación de desventaja el goce efectivo de sus derechos fundamentales”(42). Conforme a ello “el Estado Social de Derecho busca realizar la justicia social y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden constitucional”(43). La igualdad material, que constituye el fundamento de la actuación estatal dirigida a remover aquellas condiciones que impiden a las personas ejercer paritariamente su propia libertad, ordena que las autoridades públicas en ejercicio de sus competencias y en la medida de las posibilidades fácticas y jurídicas, adopten medidas que aseguren la protección de los sujetos que por diversas razones han sido marginados o discriminados.

28. La Corte constata que, en efecto, el incremento de la cuantía del interés para recurrir en casación establecido en el Código General del Proceso resulta significativo. Sin embargo, tal circunstancia no constituye —en sí misma— una razón para considerar la regla demandada contraria al mandato de igualdad material. Ello por las razones que a continuación se sintetizan.

28.1. El precedente vigente en materia de recurso de casación civil, que se desprende de las sentencias C-596 de 2000 y C-1046 de 2001, indica que la fijación de la cuantía del recurso de casación a partir del perjuicio irrogado al recurrente en la decisión judicial que se impugna, puede calificarse como un criterio constitucionalmente permitido al amparo de la competencia del legislador para diseñar un recurso extraordinario que, como se sabe, no da lugar a la activación de una tercera instancia. La decisión constituyente de erigir a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación comporta, al mismo tiempo, una habilitación legislativa para identificar su alcance. No obstante que establecer requisitos mínimos para acceder a un recurso supone naturalmente la selección de grupos de casos, de ello no se desprende una violación del mandato de igualdad material, siempre y cuando con dicha selección no se pretenda instrumentar una discriminación o la profundización de la marginación social.

En el caso de la regulación adoptada, el legislador procesal optó por un modelo de acceso al recurso extraordinario de casación que, al tiempo que amplía los supuestos en los que es procedente y elimina el requerimiento de la cuantía en las sentencias resultantes de acciones de notable interés para la comunidad —tal y como ocurre en las acciones de grupo y populares—, incrementa la cuantía del interés, a efectos de armonizar esta ampliación de la competencia del tribunal de casación con la obligación de que el ejercicio de su actividad sea eficiente.

28.2. En la disposición que se analiza, a diferencia de otras normas que la Corte encontró inconstitucionales por hacer depender la procedencia de algunos recursos judiciales —apelación y revisión— de los ingresos de las personas, no es ello lo que ocurre: ni los ingresos del recurrente ni su capacidad económica se fijan como punto de partida. El criterio que fue seleccionado por el legislador está relacionado con el valor de la resolución desfavorable en la sentencia cuyo quiebre se solicita y, en esa medida es un criterio admisible. No es posible para la Corte —y los demandantes no lo demuestran— establecer una equivalencia necesaria entre el incremento del interés económico para recurrir en casación y la afectación de grupos especialmente protegidos. Dicho de otra forma, la regulación adoptada hace depender la casación no de los sujetos sino de la cuantía de las disputas. No puede afirmarse que controversias de alto valor se encuentren siempre relacionadas con sujetos ubicados en una posición económicamente privilegiada en la sociedad o que disputas con cuantías menores se presenten únicamente entre sujetos en situación de debilidad. Los defectos sobreinclusivos o infrainclusivos, siempre difíciles de controlar en una regulación de carácter general, pueden considerarse comprendidos por el poder de regulación del legislador, a menos que impliquen una negación de las posibilidades de acceso al sistema estatal de justicia a un grupo determinado o determinable de sujetos. Sin embargo, la norma acusada no está regulando una instancia ni el contenido esencial del derecho de acceder a la administración de justicia, y mucho menos está estableciendo una limitación acceso a la misma a partir de criterios subjetivos, esto es, en razón de los sujetos que acuden a ella.

28.3. El establecimiento de una cuantía mínima de la resolución desfavorable como condición de acceso al recurso de casación no tiene como efecto privar a las personas en situación de debilidad económica de la protección estatal. En efecto, si bien la casación tiene entre sus objetivos la protección de los derechos constitucionales y la reparación de los agravios irrogados a las partes, ello no supone que quienes no tienen la posibilidad de acudir a este instrumento extraordinario de impugnación, queden desprovistos de protección. En efecto, la salvaguarda de sus derechos se encuentra garantizada no solo por la posibilidad que tienen todos los ciudadanos de acudir ante la jurisdicción civil a fin de que sus controversias sean tramitadas y decididas en las instancias ordinarias que se hubieran previsto, sino también por el reconocimiento de la posibilidad de acudir a la acción de tutela en aquellos casos en los cuales agotados los recursos judiciales a su disposición, consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por la actuación de las autoridades judiciales.

28.4. La nueva regulación, a pesar de que incrementa la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de pretensiones esencialmente económicas, excluye de ese requerimiento no solo a las sentencias que se pronuncien sobre pretensiones que no lo sean, sino también a aquellas que resultan de las acciones de grupo, acciones populares y las correspondientes al estado civil. De manera que el legislador, insiste la Corte, extendió a otros casos la procedencia del recurso con el objetivo de hacer posible que la Corte Suprema pueda pronunciarse sin límite alguno de cuantía.

b) La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, como condición para recurrir en casación, no desconoce los límites de la libertad de configuración del Congreso para regular los mecanismos de protección de los derechos y el derecho de acceso a la administración de justicia (arts. 89 y 229)

29. Los demandantes señalan que el incremento de la cuantía en una proporción tan alta desconoce la obligación que tiene el legislador, establecida en el artículo 89 de la Constitución, de adoptar medidas que aseguren la protección de los derechos y del ordenamiento. Igualmente, aducen que la medida restringe gravemente el derecho de acceder a la administración de justicia en tanto impide a un número muy importante de ciudadanos acudir a un recurso que, como el de casación, cumple funciones muy importantes.

30. Los artículos 89 y 229 de la Carta se encuentran estrechamente relacionados. En efecto, al paso que el segundo de ellos establece el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia como forma de garantizar una tutela efectiva de los derechos constitucionales, el artículo 89 ha previsto que la ley debe establecer, sin perjuicio de los que se encuentran ya establecidos en la Carta, los recursos, acciones y procedimientos que hagan posible amparar el ordenamiento jurídico y los derechos en él reconocidos. La relación entre estos artículos puede establecerse como de medio a fin, en tanto la forma de asegurar el acceso al sistema judicial es mediante la adopción de regulaciones que establezcan los diferentes instrumentos y reglas procesales. Constituye entonces una obligación del Congreso adoptar medidas de esa naturaleza para que los ciudadanos puedan formular pretensiones encaminadas no solo a salvaguardar el derecho objetivo, sino que también permitan exigir el reconocimiento y protección de derechos subjetivos.

31. Esta Corporación ha señalado que el derecho de acceso a la administración de justicia protege las siguientes posiciones iusfundamentales: (i) el derecho a que existan procedimientos públicos, idóneos y efectivos que permitan la definición de los derechos y obligaciones de las personas; (ii) el derecho de todas las personas, en las condiciones que fije la ley, a poner en funcionamiento el sistema de justicia a fin de que las controversias sean resueltas en un plazo adecuado; (iii) el derecho a que durante el curso de un proceso se asegure la igualdad de las partes y el derecho al debido proceso; (iv) el derecho a que las decisiones judiciales sean el resultado de una motivación que considere adecuadamente los argumentos de las partes; (v) el derecho a que las autoridades decreten y analicen objetivamente las pruebas aportadas al proceso; y (vi) el derecho a que las decisiones judiciales se ajusten al ordenamiento jurídico. Igualmente este Tribunal ha sostenido que este derecho supone (vii) la vigencia de mecanismos para facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres(44). El resultado de ensamblar estas posiciones permite configurar el núcleo básico del derecho de acceder a la administración de justicia cuya violación resulta intolerable, incluso cuando ello tiene lugar por la actuación del legislador.

32. La existencia de este núcleo de garantías constitucionalmente asegurado, no niega en modo alguno, la estrecha relación que existe entre la actuación del legislador y la definición de las condiciones de realización del derecho de acceder a la administración de justicia. Dicha relación es tan significativa que, sin perjuicio de los límites antes referidos, este Tribunal ha señalado “que el legislador al configurar las formas, los términos, los derechos, las cargas y obligaciones procesales o en definitiva, las características de cada juicio, así como los incidentes y los recursos, en definitiva lo que concreta son los alcances y restricciones del derecho de acceso a la administración de justicia”(45). Así entonces la ley, al tiempo que confiere la competencia del legislador, establece los límites a los que se encuentra sometida su actuación.

33. La expresión demandada no vulnera el artículo 89 de la Constitución. De dicho artículo no se desprende ni la obligación de eliminar la demostración de un interés económico para recurrir en casación, ni el deber de establecer una determinada cuantía para darlo por acreditado. Esa disposición sí exige, por el contrario, que el legislador no prive a las personas de la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales a efectos de plantear sus controversias civiles, mercantiles, agrarias y de familia. No es esto ni lo que ocurre, ni lo que se ha planteado en esta ocasión. De hecho el Código General del Proceso ha introducido importantes y novedosas modificaciones que tienen por objeto asegurar la celeridad de los diferentes procesos judiciales.

34. Ahora bien, la acusación presentada advierte —correctamente— que el establecimiento de una condición de procedencia del recurso de casación, constituye una restricción para activar uno de los mecanismos que ha previsto el Congreso en materia de administración de justicia. La Corte comparte esa conclusión. Sin embargo, la vigencia de una restricción no implica, en sí misma una violación de la Carta. La validez constitucional de la restricción a la posibilidad de acceder al recurso extraordinario depende de que ella satisfaga las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad.

35. Para la Corte el control constitucional de la medida debe hacerse a partir de un escrutinio intermedio. No obstante que existirían buenas razones para aplicar un juicio de intensidad débil, concurren consideraciones que justifican elevar dicha intensidad. Así, tal y como se ha indicado a lo largo de esta providencia la regulación juzgada (i) fue expedida por el Congreso en desarrollo de una competencia constitucional específica que le permite la adopción de Códigos (art. 150.2) y (ii) corresponde al desarrollo de una institución procesal extraordinaria que, si bien tiene importantes propósitos, posee una escasa mención en la Constitución (art. 235.1). Asimismo (iii) los precedentes constitucionales en materia de juzgamiento del régimen de cuantía en el recurso de casación civil dejan en evidencia que este tribunal ha respetado ampliamente las valoraciones de oportunidad y conveniencia que el legislador ha efectuado al regular esta materia.

Sin embargo (iv) el incremento considerable de la cuantía comporta una restricción a una de las variantes del acceso a la administración de justicia y, de manera particular, de un recurso expresamente mencionado en la Constitución. Ello implica que este Tribunal debe prestar especial atención a efectos de que la regulación adoptada por el legislador, no conduzca a la supresión de los elementos cardinales de dicho recurso.

36. Ahora bien, a pesar de que procede un examen intermedio, no es posible aplicar un juicio con una estructura equivalente al desarrollado en la Sentencia C-372 de 2011. En efecto, la Corte ha advertido recientemente que el juicio intermedio exige determinar únicamente si la medida evaluada persigue una finalidad constitucionalmente importante y si, además de ello, resulta efectivamente conducente para alcanzar tal propósito(46). Sin embargo, en la referida Sentencia C-372 de 2011, la Corte fundamentó su decisión en la aplicación de un juicio que, además de las anteriores exigencias, incluía un examen de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto.

Ello pudo explicarse en el hecho de que el incremento de la cuantía del interés para interponer el recurso de casación laboral, restringía el derecho al trabajo y podía incidir en la efectividad de las garantías establecidas en el artículo 53 de la Carta. Tal circunstancia, sin embargo, no es trasladable al asunto que ahora analiza la Corte al menos por tres razones. Primero, la norma se refiere al recurso de casación en materia civil. Si bien los asuntos que son objeto de conocimiento de la jurisdicción civil revisten significativa importancia en orden a la realización de las aspiraciones y planes de vida de las personas —al punto que en muchas oportunidades de ellos se predica relevancia iusfundamental directa—, no pueden considerarse equivalentes a las relaciones de trabajo respecto de las cuales la Constitución asumió especiales, profundas y particulares precauciones. Segundo, existe un precedente relevante contenido en las sentencias C-596 de 2000 y C-1046 de 2001 que señalan el extendido margen de configuración del Congreso. Tercero, a diferencia de lo que ocurrió en la reforma juzgada en la Sentencia C-372 de 2011, que se limitaba a incrementar la cuantía de casación sin introducir modificación adicional alguna, la norma del artículo 338 cuya inexequibilidad ahora se pretende, hace parte de un régimen procesal de casación que fue objeto de diferentes ajustes, algunos de los cuales tuvieron por objeto ampliar su ámbito de cobertura, tal y como se ha dejado expuesto.

37. El juicio de proporcionalidad(47) de intensidad intermedia tiene por objeto establecer que exista una justificación de suficiente relevancia verificando, como se ha indicado, si la medida cuestionada persigue una finalidad constitucional importante y si, adicionalmente, ella resulta efectivamente conducente para alcanzar dicho propósito. Se trata de un examen relativamente deferente de la libertad del legislador para regular la materia de la que se trate. Para la Corte, ambas exigencias se encuentran satisfechas en este caso.

37.1. En primer lugar, el incremento del interés para recurrir tiene por finalidad asegurar que el nuevo diseño procesal -que amplía el ámbito temático del recurso y promueve la realización de nuevos fines en sede de casación- pueda materializarse sin afectar la obligación de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de cumplir eficazmente las tareas que le fueron asignadas en el artículo 235 de la Carta, de manera que se asegure la prestación eficiente del servicio público de administración de justicia, que además es calificada por la Carta como una función pública (art. 228). El objetivo de la regla demandada se vincula entonces, estrechamente, con la consecución de los fines constitucionales de la casación: unificación de la jurisprudencia, protección del principio de legalidad y constitucionalización del ordenamiento jurídico.

Esta finalidad se conecta además con el hecho de que la regulación prescindió del requisito de la cuantía en el caso de impugnación de las sentencias adoptadas con ocasión (a) de la formulación de pretensiones que no sean esencialmente económicas, (b) de acciones de grupo, (c) de acciones populares o (d) de acciones que resuelven controversias sobre el estado civil. Conforme a ello, la norma acusada pretende evitar que se frustren las nuevas instituciones del régimen casacional. La finalidad de la medida resulta constitucionalmente importante en tanto no solo no está prohibida sino que, adicionalmente, encuentra apoyo en los artículos 228, 229 y 235 de la Carta.

37.2. En segundo lugar, la medida se evidencia como efectivamente conducente. En efecto, la ampliación del grupo de sentencias que pueden ser objeto del recurso de casación así como la fijación de algunos supuestos en los que la cuantía se torna irrelevante, requería acompañarse de una regla como la examinada, en tanto hace posible que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia cumpla eficazmente sus nuevas tareas sin afectar la consecución de los objetivos pretendidos por la reforma. Establecer ajustes dirigidos a concretar la ampliación de las materias susceptibles de pronunciamiento por parte de ese Tribunal, además de justificarse en la importancia que tiene en el ordenamiento colombiano como tribunal de casación, debía acompañarse de la adopción de medidas encaminadas a priorizar las tareas a cargo de dicha Corporación. Se concluye entonces que la medida, desde el punto de vista de las posibilidades fácticas, permite alcanzar el propósito identificado.

38. La conclusión referida coincide con la jurisprudencia de la Corte, anunciada en diferentes oportunidades, de acuerdo con la cual “la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos, que sean contrarios a los propósitos de la casación, puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias”(48). Precisamente la restricción acusada en esta oportunidad no impide el acceso a la justicia ni establece un trato discriminatorio sino que, por el contrario, se integra a un diseño procesal en el que se articulan los diferentes propósitos de la casación.

c) La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes como condición del interés para recurrir, no desconoce el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación (art. 235.1)

38. Según la demanda, la expresión acusada vulnera el artículo 235.1 de la Constitución dado que el incremento excesivo del interés para recurrir, impide el cumplimiento de una de las funciones atribuidas a la Corte Suprema de Justicia. Ello es así dado que el referido aumento tiene como efecto una reducción significativa de los pronunciamientos que, en sede de casación, puede adoptar la Corte Suprema de Justicia.

39. Por razones que se desprenden de la argumentación presentada al resolver los otros cargos, tampoco esta acusación está llamada a abrirse paso. La casación no constituye un recurso que tenga por objeto la activación de una instancia. Se trata de un medio extraordinario de impugnación al que históricamente y también en la actualidad, se anudan objetivos de importancia constitucional. De acuerdo con ello, no es posible considerar contrarias a la Carta aquellas medidas que, sin anular la configuración básica del recurso, pretendan optimizar la realización de sus diferentes fines. Como se desprende de lo señalado en esta decisión, del derecho de acceder a la administración de justicia no se sigue un derecho subjetivo a formular, sin límite alguno, el recurso de casación. Ello se explica en la jurisprudencia de la Corte al señalar que “[n]o es, por tanto, un recurso para resolver controversias judiciales o enmendar los eventuales errores en que hayan podido incurrir los jueces al momento de decidir los procesos, pues para ello el ordenamiento jurídico ha previsto las instancias ordinarias”(49). Tal circunstancia implica, dicho de otra manera, que “en el recurso extraordinario de casación no se estudian de nuevo los hechos ni el caso concreto como ocurriría en la apelación, sino que actúa sobre la decisión del juez de instancia”(50). En consecuencia cumple “una “función sistémica” que lejos está de hacerla una tercera instancia (…), que protege en la jurisprudencia como fuente del derecho, su sujeción a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y coherencia”(51).

40. Aceptar que la casación es una especie de tercera instancia y, a partir de ello, negar la posibilidad de que la procedencia del recurso se encuentre sometida a determinadas condiciones, constituye un argumento muy problemático. La actuación de la Corte Suprema como tribunal de casación pone en perspectiva la coexistencia y articulación de intereses públicos y privados. Así, al paso que varios de sus propósitos desbordan las controversias particulares —como cuando se asignan entre sus finalidades la defensa de la unidad e integridad del orden jurídico, la garantía de la eficacia de los instrumentos internacionales, el control de la legalidad de los fallos así como la unificación de la jurisprudencia nacional— otros acentúan su preferencia en la respuesta a los reclamos individuales —tal es el caso de la protección de los derechos constitucionales y la reparación de los agravios irrogados a las partes—. Encontrar un punto adecuado entre ambos costados –referidos en ocasiones bajo las expresiones ius constitutionis y ius litigatori, respectivamente- que permita su articulación no resulta simple y, por ello, esa función le ha sido confiada principalmente al legislador que puede identificar y elegir entre diferentes alternativas para ello.

41. La Corte no desconoce que otras formas de regulación del recurso son posibles. Prever una reducción temática de las materias susceptibles de ser conocidas por la Corte Suprema, establecer sistemas más abiertos o cerrados de la casación oficiosa, disponer mecanismos de selección negativa más rigurosos, prescindir del requisito de la cuantía para interponer el recurso en algunos casos, ampliar el origen de las providencias susceptibles de impugnación extraordinaria, son alternativas que, prima facie, se encuentran comprendidas por el margen de configuración del legislador.

42. La norma juzgada no priva a la Corte Suprema de Justicia y, en particular a su Sala Civil, de la función que como tribunal de casación le confiere la Constitución. Ciertamente al paso que establece una restricción económica asociada a la cuantía de los perjuicios irrogados, profundiza las materias y asuntos de los que puede ocuparse. El régimen adoptado por el legislador permite constatar que en la fijación de la regla cuestionada, se ha valorado que la referida ampliación, sin la introducción de dicha regla, podría afectar la eficacia del recurso y la consecución de los fines constitucionales y legales que persigue. En adición a ello, la nueva legislación procesal, sin perjuicio de la procedencia de la acción de tutela para controvertir todas las actuaciones judiciales que comporten violaciones iusfundamentales, le atribuye a la Corte un importante papel en el proceso de constitucionalización de los asuntos civiles, mercantiles, de familia y agrarios, promesa constituyente hasta ahora en curso. En esa dirección, la regulación examinada no solo estableció que uno de los fines de la casación es la protección de los derechos constitucionales sino que, adicionalmente, autorizó la denominada casación oficiosa en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, esté comprometido el orden público, así como las garantías y derechos constitucionales. En síntesis, la regla analizada hace parte de un diseño procesal integral que no elimina, en modo alguno, el contenido de la competencia de la Corte Suprema para actuar como tribunal de casación.

G. Síntesis de la decisión

43. Le correspondió a la Corte definir si la decisión legislativa de fijar como condición de procedencia del recurso de casación —cuando las pretensiones sean esencialmente económicas— que el valor actual de la resolución desfavorable del recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), desconoce (i) el mandato de igualdad material (art. 13); la competencia del legislador para establecer los recursos, acciones y procedimientos de protección del ordenamiento jurídico y los derechos (art. 89); el derecho de acceder a la administración de justicia; (art. 229); y (iv) la realización de los propósitos del recurso extraordinario de casación (art. 235.1).

44. La Corte constató que la jurisprudencia constitucional ha reconocido, antes y después de la expedición del Código General del Proceso, que el Congreso es titular de una amplia potestad de configuración en materia procesal y, en particular, en la regulación de los recursos extraordinarios tal y como ocurre con la casación. Ello se traduce en la posibilidad (i) de establecer las finalidades del recurso, (ii) de identificar el tipo de actos jurisdiccionales contra los que procede, (iii) de establecer las causales que pueden invocarse, así como (iv) de regular el procedimiento que se sigue para su interposición, trámite y decisión.

45. El juzgamiento de la expresión acusada debe tomar en consideración el régimen integral del recurso de casación del que hace parte. Ello implica que el análisis constitucional del incremento de la cuantía debe tomar en cuenta (i) que fueron complementados los fines de la casación; (ii) que fue objeto de ampliación el grupo de sentencias que pueden ser impugnadas; (iii) que el requisito de la cuantía no es aplicable cuando se trate de asuntos en los cuales las pretensiones no son esencialmente económicas o se trate de sentencias relativas a acciones de grupo, acciones populares y de estado civil; y (iv) que limitando el carácter dispositivo del recurso, se ha establecido la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, en hipótesis de extrema importancia jurídica, disponga de oficio la casación de una sentencia.

46. La regla acusada no desconoce el derecho a la igualdad en su manifestación de igualdad material (art. 13. inc. 2º). El establecimiento de tal cuantía como condición de acceso al recurso de casación, no tiene como efecto privar a las personas en situación de debilidad económica de la protección estatal. En efecto, si bien la casación tiene entre sus objetivos la protección de los derechos constitucionales y la reparación de los agravios irrogados a las partes, ello no supone que quienes no cuenten con la posibilidad de acudir a este instrumento extraordinario de impugnación, queden desprovistos de protección. En efecto, el amparo de sus derechos se encuentra garantizado no solo por la facultad que tienen todos los ciudadanos de acceder a la jurisdicción civil a efecto de que sus controversias sean tramitadas y decididas en las instancias ordinarias, sino también por la posibilidad de acudir a la acción de tutela en aquellos casos en los cuales, agotados los recursos judiciales a su disposición, consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados.

47. La regla acusada no desconoce la competencia legislativa prevista en el artículo 89 de la Constitución. De esa disposición no se desprende ni la obligación de eliminar la exigencia de acreditar un interés económico para recurrir en casación, ni el deber de establecer una cuantía específica para darlo por acreditado. Dicha norma sí exige, por el contrario, que el legislador no prive a las personas de la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales a efectos de plantear sus controversias civiles, mercantiles, agrarias y de familia. No es esto ni lo que ocurre con la norma acusada, ni lo que se ha planteado en este juicio. De hecho, el Código General del Proceso ha introducido importantes y novedosas modificaciones que tienen por objeto asegurar la celeridad de los diferentes procesos judiciales.

48. La regla acusada no desconoce el derecho de acceder a la administración de justicia (art. 229). En efecto, el precedente que se sigue de las sentencias C-596 de 2000 y C-1046 de 2001 indica que la fijación de una cuantía asociada al perjuicio irrogado al recurrente por una sentencia, como condición de procedencia del recurso de casación es un criterio objetivo que toma nota de la competencia del legislador y del margen de apreciación que tiene para diseñar un recurso extraordinario.

En adición a ello la medida supera el juicio de proporcionalidad de intensidad intermedia aplicable en este caso. Primero, el incremento del interés para recurrir tiene por finalidad asegurar que el nuevo diseño procesal —que amplía el ámbito temático del recurso y promueve la realización de nuevos fines en sede de casación— pueda materializarse, sin afectar la obligación de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de cumplir eficazmente las tareas que le fueron asignadas en el artículo 235 de la Carta. Segundo, la medida se evidencia como efectivamente conducente, dado que la ampliación del grupo de sentencias que pueden ser objeto del recurso de casación así como la fijación de algunos supuestos en los que la cuantía se torna irrelevante, requería acompañarse de una regla que, como la examinada, hace posible que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia pueda cumplir eficazmente sus nuevas tareas sin afectar la consecución de los objetivos pretendidos por la reforma. Establecer ajustes dirigidos a concretar la ampliación de las materias susceptibles de pronunciamiento de la Corte, además de justificarse en la importancia que tiene en el ordenamiento colombiano como tribunal de casación, debía acompañarse de la adopción de medidas encaminadas a priorizar las tareas a cargo de esa Corporación. Se concluye entonces que la medida, desde el punto de vista de las posibilidades, fácticas permite alcanzar el propósito identificado.

48. La regla acusada no vulnera la condición de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación (art. 235.1). Ella no la priva de la función que le confiere la Constitución. En efecto, al paso que establece una restricción económica asociada a la cuantía de los perjuicios irrogados, profundiza las materias y asuntos de los que puede ocuparse dicho Tribunal a efectos de cumplir los fines adscritos a la casación. La casación no constituye un recurso que tenga por objeto la activación de una instancia. Se trata de un medio extraordinario de impugnación al que históricamente y también en la actualidad, se anudan objetivos de importancia constitucional. De acuerdo con ello, no es posible considerar contrarias a la Carta aquellas medidas que, sin anular la configuración básica del recurso, pretendan optimizar la realización de sus diferentes fines.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)” contenida en el primer inciso del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

6 En las consideraciones de la referida providencia se indica lo siguiente: “Que el inciso 1º del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, al referirse a la cuantía del interés para recurrir en casación, expresa que “Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil” (subrayas fuera de texto), cuando las acciones populares no están incluidas dentro del listado de casos en los que procede el recurso extraordinario de casación de acuerdo con el artículo 334 de la misma ley; // Que se encuentra que la voluntad inequívoca del legislador era la de excluir del recurso extraordinario de casación a las sentencias que se profieran en las acciones populares, tal como se observa en el informe de ponencia para primer debate (tercer debate) en la Comisión Primera del honorable Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso número 114 del 28 de marzo de 2012: // “En el numeral 2º del artículo [334] se eliminan las acciones populares como susceptibles de recurso de casación, en los términos previstos en la Ley 472 de 1998. En efecto, el artículo 67 de esta ley establece que serán susceptibles de casación las sentencias dictadas en los procesos adelantados en ejercicio de las acciones de grupo, mas no así en las acciones populares”. (Subrayas fuera del texto); // Que, en consecuencia, existe un error de referencia en el artículo 338, que debe ser corregido eliminando la alusión a las acciones populares; (…)”.

7 El numeral primero de la parte resolutiva establece: “PRIMERO: DECRETAR la suspensión provisional de los efectos de los artículos los artículos 3º, 5º, 6º, 8º, 9º, 14, 16 y 18 del Decreto 1736 de 17 de agosto de 2012, expedido por el Gobierno Nacional, “(…) Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones (…)”, de acuerdo con los argumentos esbozados en la parte motiva de esta providencia”.

8 Sentencia C-493 de 2015.

9 Sentencia C-493 de 2015.

10 Sentencia C-372 de 2011.

11 Sentencia C-372 de 2011.

12 Sentencia C-372 de 2011.

13 Sentencia C-596 de 2000.

14 Sentencia C-1065 de 2000. Esta idea ha sido recogida también, entre otras, en la Sentencia C-372 de 2011.

15 Sentencia C-058 de 1996.

16 Gaceta del Congreso 119 de 2011.

17 El artículo 42 de la Ley 1395 dispuso lo siguiente: “Las referencias al proceso ordinario y al proceso abreviado, contenidas en el Código de Procedimiento Civil, deberán entenderse hechas al proceso verbal”.

18 Sentencia C-215 de 1994.

19 Sentencia C-215 de 1994.

20 Sentencia C-215 de 1994.

21 Sentencia C-1065 de 2000.

22 Sentencia C-1065 de 2000.

23 Sentencia C-372 de 2011.

24 Sentencia C-372 de 2011.

25 Sentencia C-713 de 2008.

26 Sentencia C-713 de 2008.

27 Sentencia C-372 de 2011.

28 Sentencia C-596 de 2000.

29 Sentencia C-596 de 2000.

30 Sentencia C-596 de 2000.

31 Sentencia C-596 de 2000.

32 La Sentencia C-345 de 1993 explicó: “Y en general, del hecho de que el Legislador se limite a describir una situación objetiva que existe y que él no inventó, no se sigue ciertamente que tal descripción sea inconstitucional. Lo que es contrario a la Carta es deducir consecuencias jurídicas de los bajos niveles de ingreso para efectos de sancionarlos con la privación de ciertas garantías procesales. En otras palabras, es claramente contrario a la Constitución premiar los altos ingresos mediante la concesión de beneficios procesales. Por esta vía la elitización de la administración de justicia es evidente”.

33 Citó la Corte el siguiente aparte de la Sentencia C-345 de 1993: ““No hay duda que la distribución del trabajo al interior del aparato judicial requiere de la adopción de criterios que, tanto horizontal como verticalmente, aseguren el cumplimiento de la noble función que la Carta le asigna. Ciertamente, la racionalización en la administración de justicia obliga a la adopción de técnicas que aseguren prontitud y eficiencia y no solo justicia en su dispensación. Para ello es razonable introducir el factor cuantía como elemento determinante de la competencia, pero la cuantía referida a un quantum objetivo que no se fundamente en los ingresos subjetivos de una persona sino el monto global de la pretensión, como bien lo hace el Decreto 719 de 1989, artículo 1º, que dice que serán susceptibles del recurso de casación los negocios cuya cuantía exceda de 100 veces el salario mínimo mensual. Pero del factor cuantía no se sigue pues una autorización genérica para violar otras disposiciones constitucionales, particularmente las más caras -los derechos y sus garantías” (Las subrayas corresponden a las incluidas por la Sentencia C-1046 al apoyarse en ese párrafo de la sentencia).

34 Gaceta del Congreso 114 de 2012.

35 Gaceta del Congreso 114 de 2012.

36 Se incluyen las sentencias dictadas en el curso de las acciones populares dado que se trata de uno de los supuestos que considerando la suspensión provisional de los efectos del artículo 6º del Decreto 1736 de 2012, se encuentran excluidos de la cuantía del interés para recurrir según lo dispone el artículo 338 del Código General del Proceso.

37 En apoyo de esta tesis se encuentra la argumentación seguida por la Corte Suprema de Justicia (AC011-2017. 12 de enero de 2017. Mag. Luis Alonso Rico Puerta) al resolver un recurso de queja interpuesto en contra de la decisión de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que había negado la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por una de las partes. La decisión respecto de la cual se había formulado el recurso de casación correspondía a la sentencia adoptada por dicho tribunal en la que declaraba probada una excepción frente a la pretensión de declaración de pertenencia formulada por el recurrente. La razón para negar la concesión del recurso consistía en que no se alcanzaba la cuantía establecida. El recurso de queja formulado, según lo recordó la Corte Suprema, “encuentra fundamentación en las consideraciones del censor según las cuales, a la casación que invocó frente a la sentencia de segunda instancia, le son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, escenario normativo en el que aduce: “se atendía era la naturaleza del asunto y no su cuantía”, agregando que la pretensión “declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio” escapa de las calificadas como esencialmente económicas”. Luego de ello la Corte sostuvo que no era posible aceptar tal argumentación: “La reseñada argumentación no es de recibo y por ende corresponde avalar el criterio del Tribunal, en tanto: (i) el recurso extraordinario que aquí interesa está regido por las pautas del Código General del Proceso; (ii) es incorrecto sostener que en el régimen anterior la procedencia de la casación solo estaba determinada por la naturaleza del asunto y; (iii) la aspiración de pertenencia por usucapión es nítidamente patrimonial. Y más adelante, al referirse a la tercera de tales razones y haciendo un énfasis especial en su naturaleza esencialmente económica indicó: “En lo que respecta al principal cargo edificado para sustentar la queja, consistente en el afirmado carácter extrapatrimonial de la pretensión declarativa de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, corresponde resaltar que el mismo resulta contraevidente si se considera que la aspiración que dio lugar a esta actuación tiene la vocación esencial y directa de incrementar el patrimonio del demandante, al tiempo que supone el correlativo detrimento de los activos de la parte demandada. (…) En ese sentido, el derecho discutido atañe esencialmente al aspecto económico, resultando apenas relativas, accesorias o accidentales y en todo caso, desprovistas de relevancia jurídica, las repercusiones de índole moral, siendo pacífico que la materia analizada tampoco concierne a prerrogativas personalísimas y/o vinculadas a la institución de la familia. // Nótese que el objeto de la usucapión no es otro que obtener la regularización o el ascenso de la posesión hacia el dominio, que valga precisar, es el más importante de los derechos reales, no solo a partir de la perspectiva jurídica, sino desde la óptica económica, en tanto líder del tráfico negocial, máxime cuando se trata de inmuebles, tradicionalmente catalogados como los de mayor importancia y esmero regulatorio. (…) // A tono con lo decantado, la Sala de forma invariable, tanto en el régimen procesal actual como en el anterior, ha requerido la cuantificación de la resolución desfavorable cuando se trata de pretensiones relacionadas con la prescripción adquisitiva de dominio, estableciendo regla constante conforme a la cual “el monto del interés para recurrir en casación está representado únicamente por el valor del inmueble materia de la acción de pertenencia” (AC de 4 may. 2012, rad. 2012-00301, reiterado en AC 2014-2014, AC3910-2015, AC6307-2016 y AC7084-2016). (…)” (Subrayas y negrillas no hacen parte del texto original).

38 Sentencia C-1017 de 2012.

39 Este tipo de reparaciones pueden encontrarse comprendidas por el concepto de reparación integral reconocido desde hace ya varios años en la ley 446 de 1998 al prescribir en su artículo 16: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. Refiriéndose a las nuevas formas de reparación no estrictamente patrimoniales puede consultarse J. C. Henao, “Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, Nº 28, enero-junio de 2015, pp. 277-366. DOI: 10.18601/01234366.n28.10

40 Cabe advertir incluso que el representante del Instituto Colombiano del Derecho procesal que participo en el curso de este trámite indicó: “Por lo demás tratándose de derechos constitucionales, el Código general del Proceso brinda valiosas herramientas para su protección con presidencia (sic) de la cuantía. Así, en uso de la casación oficiosa, la Corte Suprema de Justicia podría asumir oficiosamente competencia para la protección de los derechos constitucionales, defender el patrimonio público y el orden público, y podría hacerlo sin consideración a la cuantía. Desde luego que corresponderá a la Corte el desarrollo de la casación oficiosa, para que la cuantía, ni la fijada en el código ni ninguna otra, inclusive menor sea impedimento para que el recurso extraordinario de casación oficiosa sirva a la protección de los derechos constitucionales fundamentales a la salvaguarda del orden público y del patrimonio público (…)” Folio 46 del expediente.

41 Sobre el fundamento, alcance y límites del mandato de erradicación de las injusticias presentes puede consultarse la Sentencia SU-225 de 1998.

42 Sentencia C-1046 de 2001.

43 Sentencia C-1046 de 2001.

44 Sentencias C-1046 de 2001 y C-203 de 2011.

45 Sentencia C-203 de 2011.

46 Sentencia C-114 de 2017.

47 Sentencia C-673 de 2001 y C-720 de 2007.

48 Sentencia C-1165 de 2000.

49 Sentencia C-203 de 2011.

50 Sentencia C-203 de 2011.

51 Sentencia C-203 de 2011.