Sentencia C-215 de abril 28 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

CASACIÓN CIVIL

REQUISITOS DE TÉCNICA

EXTRACTOS: «La sentencia se ocupa de examinar la constitucionalidad de los segmentos normativos acusados, en cuanto, a juicio del actor, resultan contrarios a los postulados del debido proceso consagrados en el artículo 29 de la C.N., y en tanto se revelan contrarios a la prevalencia del derecho sustantivo ordenada en el artículo 228 de la C.N. Globalmente consideradas, las acusaciones de la demandada se orientan a descalificar los desarrollos que la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en la interpretación de los requisitos formales y el trámite de las demandas originarias del recurso extraordinario de casación, ha venido consolidado con perfiles rigurosos de técnica jurídica, en cuanto puedan resultar contrarios a la prevalencia de las normas sustantivas sobre las de carácter procedimental.

Tres segmentos normativos son acusados por el demandante. Del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil, la frase de su inciso 4º que dice: “y en caso negativo se declarará desierto el recurso y ordenará devolver el expediente al tribunal de origen”, del artículo 374 ibídem, la parte de su numeral 3º que reza: “Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas”, y el inciso final que estatuye: “cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideran infringidas explicando en qué consiste la infracción”. Sobre cada uno de estos apartes se detendrá la Sala Plena.

El primer precepto acusado se enmarca dentro de las exigencias formales que debe reunir la demanda, señalando que ésta deberá examinarse en lo relacionado con esos requisitos formales, sin calificar el mérito de los cargos. Esto último pone de presente que no se confrontan normas sustantivas con normas adjetivas, para preferir éstas en la hipótesis legal considerada, y que por lo tanto no se está violando el mandato constitucional consagrado en el artículo 228 de la Constitución Nacional. No puede interpretarse el mandato superior en el sentido de prohibir la existencia de normas adjetivas, que sirven para racionalizar el proceso judicial y para disponer una mejor declaración del derecho sustantivo; por el contrario, el constituyente al ordenar la prevalencia del derecho sustantivo, no sólo parte de la necesidad de la existencia de normas de carácter adjetivo, sino que promueve el perfeccionamiento de éstas para lograr la eficacia del derecho sustancial.

Al declarar el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil que en caso de no reunir la demanda los requisitos formales que le exige la ley, “se declarará desierto el recurso y ordenará devolver el expediente al tribunal de origen”, sólo se está en presencia de unos efectos sancionatorios, originados en el incumplimiento de una norma de carácter formal por el accionante, y no en la hipótesis de hacer prevalecer una norma adjetiva sobre la sustantiva.

En este sentido es pertinente reiterar los conceptos expresados por la Corte en relación con la interpretación del artículo 228 de la C.P. cuando establece que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”. Si bien este principio constitucional adquiere una gran trascendencia y autoridad en todo el ordenamiento jurídico y especialmente en las actuaciones judiciales, ello no quiere decir que las normas adjetivas o de procedimiento carezcan de valor o significación. Hay una tendencia en este sentido, que pretende discutir la validez de las normas que establecen requisitos y formalidades, y que es preciso rechazar para poner las cosas en su punto, en estas materias constitucionales, y concluir entonces que, no obstante la aludida prevalencia, dichas normas cuentan también con firme fundamento constitucional y deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces.

El demandante sostiene que el precepto examinado (art. 373 inc. 4º del C. de P.C.), viola el artículo 29 de la C.N., pues a su juicio, no establece recurso o instancia alguna, para que el interesado pueda subsanar las deficiencias meramente formales de la demanda. Resulta equivocado el argumento del actor, tal como lo señala el concepto del Ministerio Público, “ya que el artículo 348 del C. de P.C. instituye el recurso de reposición para tal actuar”. En efecto, en esta disposición se establece la procedencia del recurso de reposición contra los autos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se revoquen o reformen.

Los cargos dirigidos contra apartes del artículo 374 del C. de P.C., plantean algunas características del recurso de casación, provenientes de rigorismos originados en una larga evolución jurisprudencial, que de tiempo atrás diseñó lo que se denomina las “técnicas de casación”, en la elaboración de las llamadas, según algunos impropiamente, “demandas” de casación, ya que no se inicia con ellas ningún proceso ni ninguna actuación posterior a su terminación. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil y la costumbre del diálogo judicial en la materia, utilizan la expresión demanda para identificar el escrito con que se formula el recurso extraordinario.

Según el concepto del Ministerio Público, y de autorizados doctrinantes, aquellas técnicas han venido a desvirtuar los fines del recurso, que no encontraban en muchos casos adecuada respuesta en elaboraciones jurisprudenciales, como la de la proposición jurídica incompleta, o la indebida formulación de los cargos, cuando en uno solo aparecen formulaciones que debían aparecer en varios, o a la inversa, porque se formulan separados, y la Corte entendía que debían haberse formulado conjuntamente.

El intento de desformalizar el recurso mediante el Decreto 2289/89, tuvo como respuesta la intensificación del concepto procesal de la “proposición jurídica incompleta”, de acuerdo con el cual, sostenía la Corte, cuando se dejaba de citar una norma que igualmente fue violada, por esa omisión y así se tuviera la razón, el cargo debía fracasar; pues consideraba el alto tribunal que no podía hacer operar de oficio la norma no invocada. El efecto fue, una especie de recurso, no confiado, sino temeroso-cautelativo, utilizado por los profesionales del derecho, que debían interponer la casación, de unas proposiciones completas que desbordaban el carácter de lo completo, para caer en el extremo contrario de citar normas, de suyo inconducentes. Vicio que demuestra las deficiencias de precisión y de certeza en que había caído el recurso.

El artículo 51 del decreto 2651 de 1991, está dirigido contra los criterios de interpretación que venían siendo objeto de críticas.

Resulta el precepto naturalmente considerado, una interpretación auténtica, que recompone los criterios interpretativos de la alta Corporación. Sin perjuicio de los requisitos formales de la demanda, que subsisten para formular el recurso, se flexibiliza el enjuiciamiento que de los mismos hacia la Corte.

Sobre la importancia de la interpretación del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, vale la pena citar otra vez la sentencia número 586 de noviembre 12 de 1992, que tiene que ver con la materia que se examina:

“De otra parte se encuentra que el artículo 51 acusado no se dirige a establecer regulaciones relacionadas con las causales de procedencia del recurso, previstas específicamente en los Códigos de Procedimiento Penal, Laboral y Civil, las que deben cumplirse en todo caso. Además, las reglas transitorias que se examinan, se contraen igualmente a señalar criterios de carácter legal para la actuación de la Corte, en el evento del cabal cumplimiento de los requisitos señalados por cada código, estando enderezados a permitir que algunos de los defectos técnicos más comunes de los recursos, no sean suficientes para no atender el deber de hacer cumplir la ley en las sentencias o para unificar la jurisprudencia nacional. En este sentido las normas acusadas tienen respaldo en el principio constitucional que recoge el artículo 228 de la Carta de 1991, el cual establece, entre otros, que en las actuaciones de la administración de justicia —que es función pública— prevalecerá el derecho sustancial. La constitucionalización de este principio se proyecta sobre el ámbito de las regulaciones procesales para adecuarlas a la defensa de la ley y de los derechos, y a la búsqueda de la vigencia de un orden justo, objetivos supremos consagrados en el estatuto superior”.

Ahora bien, admitido el carácter interpretativo del artículo 51 antes citado, procede la Corporación a examinar a la luz de las nuevas condiciones impuestas por el orden superior y por la ley a la casación, si los cargos formulados contra el artículo 374 del C. de P.C. tienen fundamento.

En el numeral 3º del artículo 374 del C. de P.C. se afirma que si se trata de la causal primera, se deberán señalar las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Esta es una exigencia formal, que responde a la naturaleza rogada, o de proceso dispositivo en que se debe apoyar la Corte de casación, para abordar el conflicto planteado. El cargo no se dirige realmente contra la exigencia de la norma, y menos aún, contra la causal implícita en ese predicado normativo, según la cual, deba “ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial” (subraya la Corte). Sino, en tanto esa norma ha sido interpretada por la jurisprudencia, como soporte para exigir la citación de varias normas de derecho sustantivo. Hipótesis que vuelve inoportuna la acusación, por cuanto no es permitido a la Corte Suprema insistir en esa interpretación, ya que el criterio legislativo establecido en el artículo 51 numeral 1º, establece que será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa.

Resulta de lo anterior una contingencia normativa, sobre la eficacia de una ley, en la cual un precepto interpretado según una técnica jurídica gradualmente constituida, se ve súbitamente modificado, por vía igualmente interpretativa, de carácter auténtico, para producir efectos, en adelante, bien distintos de los iniciales, sin variar su texto literal, por cuanto este se conforma a la esencia, en este caso de la casación, y a la nueva orientación interpretativa. Si por la interpretación que se le ha dado a la norma, se pide su declaratoria de inconstitucionalidad, y esta no existe más, tiénese que el cargo resulta sin soporte existente.

Contrario a lo expuesto por el demandante sobre el inciso final del mismo artículo 374, esa norma proveniente de la reforma de 1989 busca hacer menos formal el recurso, en cuanto permite una mayor amplitud en la orientación de la demanda, ampliando el campo de las manifestaciones del recurso. Es cierto que el inciso no fue suficiente en el camino de las expectativas para flexibilizar el recurso. Pero el supuesto regulado en el inciso, es de la esencia de la casación, al permitir que se alegue el error de hecho manifiesto, que origine violación de norma sustancial. Y si existe la violación de la norma sustancial, lógicamente es necesario que el recurrente lo demuestre. Y si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideraren infringidas. Formalidades propias no sólo de este tipo de demandas, sino de todas las demandas judiciales, según las cuales se exige al actor citar las normas que considere violadas y la prueba y explicación de la violación.

Hay que concluir entonces que “La mayor influidez y el menor rigorismo en la técnica de los recursos en sede de casación, no significa en ningún modo que el tribunal competente para conocer de ellos pueda verse desnaturalizado en sus funciones por las razones que se examinan; simplemente se trata de hacer menos rígidas las previsiones para atender a la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, y para reconocer que el examen de las causales no puede, en todo caso, ser agravado por presupuestos que enerven el acceso a la justicia y limiten en buena medida la unificación de la jurisprudencia nacional y la realización del derecho objetivo”. (Corte Constitucional, sentencia Nº 586/92, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).

La Comisión Legislativa Especial, al expedir el Decreto 2651/91 partiendo de la frustración derivada del efecto precario de la reforma de 1989, decidió expresamente prohibir los procedimientos interpretativos de la casación de origen jurisprudencial, que se consideraban en la sabiduría del legislador y en amplios sectores de la opinión, inconvenientes.

Tal como lo expresa la parte inicial del artículo 51 del Decreto 2651/91, las “reglas” que se establecen no pueden entenderse en perjuicio de lo dispuesto en los respectivos códigos, “acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casación”.

De donde se desprende que no puede entenderse que la casación se haya convertido en una tercera instancia, ni que se eliminaron los requisitos de forma propios de la demanda de casación. La estructura general del recurso se mantiene, y no fue convertido en la última reforma, en una modalidad recursiva de orden procesal, tan amplia como puede serlo la apelación, en razón de las especiales características y finalidades de aquel recurso.

Previas las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, Sala Plena, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el inciso cuarto del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil en la parte que dice: “y en caso negativo se declarará desierto el recurso y ordenará devolver el expediente al tribunal de origen”.

2. Declarar EXEQUIBLES el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que dice “si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas”, y el inciso final del mismo artículo que preceptúa: “Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las norma de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.

Notifíquese, cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(Sentencia C-215 de abril 28 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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