Sentencia C-217 de marzo 29 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente R.E.195

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Revisión constitucional del Decreto Legislativo 016 del 06 de enero de 2011, “Por el cual se crea la figura del ‘empleo de emergencia’ para los damnificados por la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010”.

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS «II. Texto del decreto legislativo que se revisa

A continuación, se transcribe el texto del Decreto Legislativo 016 del 06 de enero de 2011:

“DECRETO 016 DE 2011

(Enero 6)(1)

Por el cual se crea la figura del ‘empleo de emergencia’ para los damnificados por la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010.

El Presidente de la República de Colombia

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en la Ley 137 de 1994 y el Decreto 4580 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 4580 de 2010 se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica con el fin de conjurar la grave situación de calamidad pública ocurrida en el país por la ola invernal que se viene presentando.

Que las consecuencias del desastre afectan las condiciones de vida de la población en temas cruciales para su subsistencia.

Que, como consecuencia del fenómeno de La Niña, se ha producido una considerable destrucción de inmuebles, se ha interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales, se han afectado vías de comunicación y se ha perjudicado gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional.

Que las afectaciones de la época invernal en el país involucran la pérdida de las viviendas, destrucción de las dotaciones de infraestructura, dificultad de acceso a los servicios públicos, deficiencias en el transporte, afectación y pérdida de los activos productivos, disminución de la capacidad productiva, pérdida del empleo y de las capacidades de generación de ingresos, incremento de la pobreza, disminución de la escolaridad, ruptura de los procesos productivos, reducción de la dinámica económica local, desconexión de los circuitos económicos locales, regionales y nacionales, entre otros problemas.

Que ante esta serie de perturbaciones en la dinámica económica regional y nacional es indispensable la actuación del Gobierno mediante una serie de medidas de corto plazo que mitiguen la interrupción de la producción, el debilitamiento del sector productivo, que recuperen los activos sociales de la población y eviten la caída de sus ingresos.

Que en este contexto, se hace urgente contar con un esquema especial de contratación de mano de obra para el periodo de crisis que impulse la generación de ingresos en las localidades afectadas, de tal manera que permita amortiguar el impacto sobre el flujo de ingresos de los hogares afectados, mitigar las pérdidas económicas producidas como consecuencia de la ola invernal y sus efectos en la posibilidad de mantenerse empleados o de desarrollar actividades productivas por parte de los damnificados. Así mismo prevenir a las personas que serán protegidas de caer en situación de pobreza o pobreza extrema, lo cual empeora su condición ya precaria.

Que el esquema de empleos de emergencia además fomenta la focalización en la población más afectada de todas las posibilidades de empleo que se generen en los procesos de reconstrucción, generando así un incentivo doble para los damnificados de la ola invernal, asistiéndolos en la vía de recuperación de los activos perdidos y así mismo otorgándoles un ingreso que les permita sustentar algunas de sus necesidades y las de sus familias.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Definición. Solo para efectos del presente decreto, entiéndase el ‘Empleo de emergencia’ como el esquema de contratación de mano de obra mediante el cual se realizan y ejecutan actividades de rehabilitación y construcción de vivienda e infraestructura, mejora de áreas públicas y demás actividades conexas o complementarias que se requieran para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas afectadas por el invierno.

ART. 2º—Condiciones del empleo de emergencia. Son condiciones de empleo de emergencia, las siguientes:

a) Tiene el carácter de temporal, sin que exceda los seis (6) meses, contados a partir del momento de la vinculación;

b) La persona vinculada a un empleo de emergencia devengará el salario mínimo legal vigente, proporcional al tiempo laborado, sin que exceda la jornada máxima legal o fracción de esta;

c) La persona vinculada a un empleo de emergencia será afiliado:

1. A la seguridad social en salud, cuya cotización será en un porcentaje del 4% a cargo del empleador.

2. A la seguridad social en pensiones cuya cotización será en un porcentaje del 4% a cargo del empleador.

3. Al sistema de riesgos profesionales.

d) No habrá lugar al pago de aportes parafiscales al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar.

ART. 3º—Requisitos para acceder al empleo de emergencia. Las personas que deseen acceder a un empleo de emergencia deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 18 años.

2. Estar inscrito en el sistema nacional de recurso humano del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o demás entidades de intermediación laboral autorizadas para este evento por el Ministerio de la Protección Social.

ART. 4º—Criterios para priorizar el ingreso al empleo de emergencia. Accederán preferentemente al empleo de emergencia las personas que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser una persona damnificada o afectada por la situación de desastre nacional declarada, que se encuentre en los registros de afectados elaborados por el Gobierno Nacional.

2. Estar registrado en la base del Sisbén y tener un puntaje que lo clasifique en el nivel I o II, o pertenecer a la estrategia Red Juntos, de los municipios afectados por la ola invernal.

ART. 5º—Obligación de reporte de vacantes y de contrataciones. Las entidades del Gobierno Nacional, departamental o municipal y las empresas contratistas del Estado, que ejecuten actividades de construcción de vivienda e infraestructura, mejora de áreas públicas y demás actividades conexas o complementarias que se requieran para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas afectadas por el invierno, deberán realizar el reporte de personal vacante para la realización de estas actividades ante el sistema nacional de recurso humano del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Así mismo tendrán la obligación de reportar la duración de los contratos y los datos de las personas que contrate bajo el esquema de empleo de emergencia.

ART. 6º—Obligación de focalizar. Las entidades del Gobierno Nacional, departamental o municipal y las empresas contratistas del Estado, que ejecuten actividades de construcción de vivienda e infraestructura, mejora de áreas públicas y demás actividades conexas o complementarias que se requieran para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas afectadas por el invierno, deberán vincular preferencialmente a las personas que sean objeto de un empleo de emergencia.

ART. 7º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y tendrá una vigencia de un año, sin exceder el 31 de diciembre de 2011.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., a 6 de enero de 2011.

Juan Manuel Santos Calderón

El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Carlos Echeverry Garzón.

El Ministro de Defensa Nacional,

Rodrigo Rivera Salazar.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Juan Camilo Restrepo Salazar.

La Viceministra de Salud y Bienestar del Ministerio de la Protección Social, encargada de las funciones del despacho del Ministro de la Protección Social,

Beatriz Londoño Soto.

El Ministro de Minas y Energía,

Carlos Rodado Noriega.

El Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Carlos Andrés De Hart Pinto.

La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Beatriz Elena Uribe Botero.

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Diego Ernesto Molano Vega.

El Ministro de Transporte,

Germán Cardona Gutiérrez.

La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba”.

(...)

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre el Decreto Legislativo 016 del 06 de enero de 2011, expedido en desarrollo del Decreto Legislativo 4580 del 07 de diciembre de 2010, declaratorio del estado de emergencia, en virtud de lo previsto en el artículo 241 numeral 7º, en concordancia con el artículo 215 de la Constitución.

Debe indicarse que esta corporación desde el primer pronunciamiento sobre un decreto declaratorio de estado de excepción, Sentencia C-004 de 1992, ha sentado una sólida y pacífica línea jurisprudencial en orden a afirmar su competencia sobre los decretos legislativos de desarrollo, que además reviste un carácter integral al comprender la verificación de los aspectos formales y materiales de los mismos(8).

2. Metodología para la decisión del presente asunto.

Corresponde a la Corte en esta oportunidad examinar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 016 del 06 de enero de 2011, que crea la figura del “empleo de emergencia”, expedido en virtud del Decreto Legislativo 4580 del 07 de diciembre de 2010, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública.

En lo que concierne a los decretos legislativos de desarrollo, como se ha expuesto, corresponde a la Corte ejercer un control integral en tanto implica el examen de los presupuestos formales y materiales. De ahí que deba empezar este tribunal por verificar el cumplimiento de los requisitos procedimentales, que de superarse llevará a estudiar la materialidad del decreto, máxime cuando el Procurador General de la Nación y uno de los intervinientes ciudadanos coinciden en solicitar la inexequibilidad del decreto por la presunta existencia de un vicio de competencia consistente en su expedición por fuera del término previsto en la declaración del estado de emergencia.

3. El examen formal del decreto.

3.1. La Corte ha señalado que los decretos legislativos expedidos en virtud de la declaratoria de los estados de excepción deben cumplir unas exigencias formales que emanan del artículo 215 de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción (art. 93 superior) y la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción. Dichos requisitos esencialmente se reducen a: (i) la firma por el Presidente de la República y todos sus ministros, (ii) la expedición dentro del límite temporal de los treinta (30) días previsto en el decreto declaratorio del estado de emergencia y (iii) la indicación de los motivos que condujeron al Gobierno a la expedición del decreto(9).

3.2. Como se ha manifestado, el Procurador General de la Nación señala que el decreto fue expedido de manera extemporánea encontrando configurado un vicio de competencia que haría inexequible el decreto desde su promulgación. El argumento que expone parte de considerar que el Decreto 4580 de 2010 fue dictado el día 07 de diciembre, publicado en el Diario Oficial 47.916 en la misma fecha, y como dispuso que el término de los treinta (30) días se contabilizaran a partir de la fecha de expedición, el periodo comprendía, entonces, hasta el 05 de enero de 2011. Luego para el día de la expedición del presente decreto, es decir, 06 de enero de 2011, ya había expirado la emergencia por lo que el ejecutivo excedió el límite temporal de las facultades atribuidas. Bajo similar razonamiento el ciudadano interviniente Miguel Ángel Enciso Pava solicita la inconstitucionalidad del decreto.

3.3. La Corte, entonces, debe empezar por examinar la existencia del presunto vicio de procedimiento que concierne a la expedición del decreto de desarrollo por fuera del límite temporal de los treinta (30) días previsto en el Decreto Declaratorio del estado de emergencia.

3.4. El principio de temporalidad tiene entre otros significados el que la declaración de los estados de excepción trae consigo una limitada duración en el tiempo, por lo que debe atender al periodo estrictamente determinado conforme al ordenamiento constitucional para responder a las exigencias de la alteración del orden. Este tribunal ha sostenido que “el principio de temporalidad apunta a que toda medida de excepción debe tener una duración limitada de acuerdo con las exigencias de la situación. Es decir, se prohíbe [...] la adopción de medidas por tiempo ilimitado. De lo contrario, podría darse el fenómeno de la institucionalización de los regímenes de excepción”(10).

En el estado de emergencia por perturbación o amenaza del orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, el artículo 215 de la Constitución señala que el Presidente de la República podrá declararlo por “periodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario”. A renglón seguido, preceptúa que mediante tal declaración podrá el ejecutivo con la firma de todos los ministros “dictar decretos con fuerza de ley”, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos(11).

Principio de temporalidad que se encuentra recogido en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969(12), que reza:

“En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social” (negrillas al margen del texto transcrito).

De igual modo, el artículo 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966(13), en términos similares manifiesta:

“En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social” (negrillas al margen del texto transcrito).

Instrumentos internacionales que han permitido a la Corte sostener que obligan a los Estados a aplicar los estados de excepción “solo por el término estrictamente perentorio para superar el hecho que configura la amenaza a la vida de la Nación”(14).

Así mismo, encuentra asidero en la preocupación que asistió al Constituyente de 1991 en materia de indeterminación temporal de los estados de excepción, que atiende, como se reiteró en la Sentencia C-252 de 2010, a que durante la vigencia de la Constitución Nacional de 1886 se presentaba un empleo abusivo del denominado estado de sitio, que llevó al país a permanecer durante varias décadas bajo dicho estado de excepcionalidad, lo cual hizo necesario poner fin a tal práctica que terminaba por suplantar el principio democrático(15).

Desde la Sentencia C-154 de 1993 esta corporación describió la importancia de la restitución de la normalidad en un tiempo limitado:

“La limitación en el tiempo de los estados de excepción —con la salvedad obvia de la guerra exterior— fue consagrada por el constituyente a fin de preservar su carácter excepcional y prevenir que su prolongación indefinida desvirtuara su verdadero objetivo: “restablecimiento de la normalidad en un tiempo limitado” (Gaceta Constitucional 76 de mayo 13/91, pág. 13). Se ha querido poner término a una praxis constitucional de los últimos ocho lustros que convirtió al antiguo ‘estado de sitio’, medida excepcional, en régimen permanente, con grave menoscabo de la legitimidad democrática. Sobre este particular, se puede leer lo siguiente en el informe-ponencia para primer debate en plenaria “Normas de excepción. El estado de sitio y el estado de excepción. La emergencia económica y social”:

“La lógica parece indicar que no debe limitarse el tiempo, pues no puede predecirse la duración de la perturbación. Pero la realidad demuestra que en Colombia la prolongación en el tiempo del estado de excepción no ha resuelto el desorden, sino que parece haberlo aun agravado, y sin duda ha deteriorado gravemente la figura en el estado de sitio. Además se ha convertido en una muleta para gobernar casi al margen del Estado de derecho. Ha desordenado las estructuras institucionales, por los frecuentes cambios de orientación en la búsqueda de soluciones que no llegan por la vía excepcional” (Gaceta Constitucional 76, mayo 18/91, pág. 13).

La conservación del orden público y su restablecimiento son deberes del Presidente de la República que se traducen en diversas funciones cuyo desempeño se sujeta al principio de eficacia (C.P., art. 209). No de otra manera se le conceden al ejecutivo facultades excepcionales, enderezadas, según el designio del constituyente al “restablecimiento de la normalidad en un tiempo limitado”.

Asunto que ha sido motivo de preocupación por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas —ONU—, quien en el texto “Los estados de excepción y los derechos humanos” ha indicado que “la enunciación de este principio [temporalidad], implícito en la naturaleza misma del estado de excepción, apunta fundamentalmente a señalar su necesaria limitación en el tiempo y evitar así la indebida prolongación del mismo”(16).

3.5. De esta manera, el principio de temporalidad impone, entre otros aspectos, la expedición de los decretos legislativos de desarrollo dentro del término por el cual se declaró el respectivo estado de excepción. Ello significa que el Gobierno Nacional no puede dictar medidas legislativas extraordinarias por fuera del término establecido en el decreto declaratorio, ya que de hacerlo conllevaría indefectiblemente a la existencia de un vicio de procedimiento insaneable por falta de competencia.

3.6. En el presente caso la Corte encuentra que el Decreto Legislativo 016 de 2011 se expidió por fuera del término de los treinta (30) días instituido por el Decreto 4580 de 2010, declaratorio del estado de emergencia, como pasa a explicarse.

3.7. El Presidente de la República junto con sus ministros declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública, a través del Decreto Legislativo 4580 del 07 de diciembre de 2010, el cual fue publicado en el Diario Oficial 47.916 en la misma fecha. Además, dicho decreto estipuló que la declaratoria del estado de excepción lo era por el “término de treinta (30) días” (art. 1º), que se contarían “a partir de la fecha de expedición del presente decreto” (art. 1º), señalando adicionalmente que “rige a partir de la fecha de expedición” (art. 4º).

Ahora bien, en virtud de la declaratoria del estado de emergencia se vino a expedir el Decreto Legislativo 016 del 06 de enero de 2011 y publicado en el Diario Oficial 47.944 en la misma fecha. El artículo 7º de este decreto refiere a la “vigencia” estipulando que “rige a partir de la fecha de su publicación”.

De esta manera, contabilizado el término de 30 días que comprende el periodo por el cual se declaró el estado de emergencia, a partir del 07 de diciembre de 2010, se tiene que venció el 05 de enero de 2011. En esa medida, como el decreto de desarrollo bajo examen (016/2011) se expidió el 06 de enero, esto es, un (1) día después, fecha en la cual entró a regir, resulta claro que se profirió por fuera del término establecido en el decreto matriz.

Como el Gobierno habría de ejercer las facultades excepcionales propias de la declaratoria del estado de emergencia por el término de 30 días, contados a partir de la fecha de expedición del decreto, por su expresa determinación, y el decreto de desarrollo en estudio se expidió cuando ya había cesado el periodo por el cual se estableció el estado de emergencia, es fácil advertir que el legislador extraordinario excedió el límite temporal de las facultades a él atribuidas(17).

La expedición del decreto un día después del periodo instituido por el mismo Gobierno en el decreto matriz, constituye indefectiblemente un vicio de procedimiento de carácter insaneable ya que fue expedido con ausencia de competencia.

3.8. De otra parte, el artículo 215 superior señala que podrá declararse el estado de emergencia por periodos “hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el ano calendario”. Lo anterior, significa que la contabilización de dicho término involucra todos los días de manera corrida, es decir, calendario, por lo que comprende los días sábados, domingos y festivos. Una interpretación contraria como sería la de tomar en consideración solamente los días hábiles no resultaría posible en tanto conduciría a un argumento apagógico, esto es, llevaría a consecuencias ilógicas e irrazonables como entender que el estado de emergencia no tendría vigencia ni aplicación o se suspendería en días no hábiles (sábados, domingos y festivos), además de sustraer al Gobierno de la posibilidad de expedir decretos de desarrollo en tales días(18).

Debe tenerse en cuenta que el principio de interpretación restrictiva de las facultades presidenciales durante los estados de excepción, impide incrementar patentemente el periodo por el cual se declaró la perturbación del orden público, lo cual iría en menoscabo de la normalidad institucional, como de los principios de eficacia y de limitación temporal que inspiró al Constituyente de 1991 en esta materia(19).

3.9. La Corte, entonces, observa que el Decreto 016 del 06 de enero de 2011 fue expedido por fuera del término establecido en el Decreto 4580 de 2010, declaratorio del estado de emergencia, esto es, se ha presentado un vicio de competencia que resulta insaneable, por lo cual procederá a declarar su inexequibilidad.

Por lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 016 del 06 de enero de 2011, “Por el cual se crea la figura del ‘empleo de emergencia’ para los damnificados por la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Diario Oficial 47.944 del 06 de enero de 2011.

(...).

(8) A nivel de sentencias proferidas por la Corte Constitucional sobre decretos declaratorios de emergencia económica, social y ecológica, o que constituyen grave calamidad pública, pueden consultarse: C-004 de 1992, C-447 de 1992, C-366 de 1994, C-122 de 1997, C-122 de 1999, C-216 de 1999 y C-135 de 2009, C-252 de 2010 y C-843 de 2010. En cuanto a decretos de desarrollo pueden apreciarse recientemente las sentencias C-912 de 2010, C-911 de 2010, C-884 de 2010, C-399 de 2010, C-374 de 2010, C-332 de 2010, C-302 de 2010, C-298 de 2010, C-297 de 2010, C-292 de 2010, C-291 de 2010, C-290 de 2010, C-289 de 2010, C-288 de 2010, C-255 de 2010, C-254 de 2010 y C-253 de 2010.

(9) Sentencias C-912 de 2010, C-911 de 2010, C-884 de 2010, C-284 de 2009 y C-146 de 2009, entre otras.

(10) Sentencias C-911 y C-912 de 2010.

(11) El numeral 4º del artículo 214 de la Constitución señala: “Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones: [...] 4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado de conmoción interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el estado de excepción”.

(12) Aprobada por la Ley 16 de 1972. En palabras de la Corte Constitucional hace parte del bloque de constitucionalidad estricto sensu.

(13) Aprobado por la Ley 74 de 1968. En voces de la Corte Constitucional hace parte del bloque de constitucionalidad estricto sensu.

(14) Sentencia C-802 de 2002. En las sentencias C-135 y C-136 de 2009 se manifestó: “El principio de temporalidad apunta a que los estados de excepción han de tener una vigencia temporal limitada, el término estrictamente requerido para superar el hecho que configura la situación excepcional. Expresamente señalado en el artículo 27 de la CADH, fue recogido por el artículo 215 de la Carta cuando señala que el estado de emergencia económica, social o ecológica será declarado por periodos de hasta 30 días, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario”.

(15) Así lo recordó esta corporación en la Sentencia C-802 de 2002: “Los abusos a que se prestó el estado de sitio hacían necesario que el Constituyente de 1991 concibiera un régimen constitucional de los estados de excepción que se ajustara a los condicionamientos propios del Estado social y democrático de derecho. Por ello, desde los primeros debates de la Asamblea Nacional Constituyente se advirtieron los serios cuestionamientos que procedían contra el régimen vigente de los estados de excepción: el desconocimiento de su índole de mecanismo excepcional para el restablecimiento del orden público alterado y su transformación en un mecanismo permanente del ejecutivo para ejercer facultades excepcionales; el resquebrajamiento de la potestad legislativa del Congreso ante la proliferación de una normatividad de excepción que terminó por regular todos los espacios de la vida social con la consecuente fractura del principio democrático y las permanentes restricciones a las libertades públicas y la correlativa disminución del espacio para el ejercicio de los derechos. Además, no se hacía una distinción entre las normas aplicables para la guerra exterior y para la conmoción interior, fenómenos que tienen naturaleza distinta, y las facultades conferidas con base en el artículo 121 de la Constitución eran tan amplias que, en palabras de los propios constituyentes, en todos los casos dejaban investido al Presidente de la República con las atribuciones necesarias para asumir una guerra total”.

(16) Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. Páginas 32 a 34. Adicionalmente recomendó: “Para garantizar una adecuada regulación de este principio, el relator especial propone, entre sus normas tipo, las siguientes: la legislación nacional deberá indicar que: ningún estado de excepción podrá estar vigente más allá del periodo estrictamente necesario. Las autoridades competentes pondrán término inmediatamente al estado de excepción si las circunstancias que fundamentaron la declaración del mismo dejan de existir o si la amenaza en que se fundaba asume proporciones tales que las restricciones permitidas por la Constitución y las leyes en circunstancias ordinarias son suficientes para retornar a la normalidad”.

(17) Debe indicarse que según lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 215 de la Constitución, “El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias”. De igual modo, el artículo 46 de la LEEE, señala que “En el decreto declarativo el Gobierno deberá establecer la duración del estado de emergencia, que no podrá exceder de treinta días”. Sobre esta disposición estatutaria, la Corte en la Sentencia C-179 de 1994 señaló: “En el segundo inciso se reproduce en términos similares el contenido del inciso cuarto y la parte final del inciso primero del artículo 215 de la Constitución, en los que se contempla el término de duración de dicho Estado, el que puede constar de varios periodos cada uno de los cuales no puede exceder de treinta días y todos ellos sumados no pueden ser superiores a noventa (90) días en el año calendario. Así las cosas, es obligación del Gobierno en el decreto que declare el régimen exceptivo, indicar el término dentro del cual va a ejercer las facultades extraordinarias que le confiere la Constitución”.

(18) “Argumento “apagógico”. Como anota Ezquinaga Ganuzas, la interpretación al absurdo o apagógica ‘es aquel argumento que permite rechazar una interpretación de un documento normativo de entre las teóricamente (o prima facie) posibles, por las consecuencias absurdas a las que conduce’ (Ezquinaga Ganuzas, Francisco Javier. La argumentación en la justicia constitucional española. HAAE/Instituto Vasco de Administración Pública, pág. 245). La reductio ad absurdum es una demostración basada en la lógica clásica, que consiste en afirmar la verdad de una tesis, mostrando cómo la tesis contraria es, a su vez, contradictoria con otra tesis ya demostrada o tenida como verdadera. En palabras de Kalinowski, “si p, entonces no p, entonces no p” (Kalinowski, G. “Logique formelle et droit”. En: Logique Juridique (travaux du Colloque de Philosophie de Droit Comparée). Paris, 1967, pág. 204), que se puede enunciar diciendo que si una proposición implica su propia contraria, debe ser falsa” (la anterior transcripción fue tomada del salvamento de voto a la Sent. C-557/92). De igual modo, pueden consultarse el texto “Fundamentos de la argumentación jurídica”, revisión de las teorías sobre la justificación de las decisiones judiciales, Eveline T. Feteris, Universidad Externado de Colombia, 2007, página 99, que señala: “El argumento apagógico, llamado también reductio ad absurdum, supone que el legislador es racional y que no aceptaría una interpretación de la ley que tuviera consecuencias ilógicas o injustas. Si la aplicación de una interpretación particular tiene un resultado inaceptable, se debe elegir otra interpretación que tenga un resultado aceptable”. Ver “La lógica jurídica y la nueva retórica”, Luis Diez-Picazo, Editorial Civitas, 1979, página 82, del cual puede extraerse: “El argumento apagógico o de reducción al absurdo supone que el legislador es razonable y que no hubiera podido admitir una interpretación de la ley que conduzca a consecuencias ilógicas o inicuas”. Cfr. “Las claves de la argumentación, Anthony Weston, Ariel, Barcelona, 2004, páginas 90-92.

(19) Sentencia C-154 de 1993.