•Sentencia C-220 de abril 14 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: R.E. 111

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Revisión de constitucionalidad del Decreto 223 del 5 de febrero de 1999 “por el cual se adicionan los decretos 195 y 198 de 1999”.

Santafé de Bogotá, D.C., catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve.

Aprobada por acta Nº 21

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Martha Victoria Sáchica de Moncaleano

En nombre del pueblo y

Por mandato de la Constitución

ha pronunciado la siguiente

Sentencia

En el proceso de revisión constitucional del Decreto 223 del 5 de febrero de 1999 “por el cual se adicionan los decretos 195 y 198 de 1999”.

DECRETO 223 DE 1999 

(Febrero 5)

Por el cual se adicionan los decretos legislativos 195 y 198 de 1999

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 195 del 29 de enero de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 195 del 29 de enero de 1999 se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública en el sector de la zona cafetera afectada por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999, y en su artículo se señalaron los municipios de los departamentos en los cuales se declaró dicho estado de excepción, omitiendo en el departamento del Quindío al municipio de Génova, a pesar de que en la sesión del consejo de ministros celebrada el día 29 de enero de 1999 se analizó, con base en la información recibida, la incidencia del terremoto en el municipio de Génova;

Que en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 195 de 1999, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 198 del 30 de enero de 1999 “Por el cual se adiciona el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1999”;

Que en el Decreto 198 de 1999 citado en el considerando anterior, involuntariamente se omitió el artículo 4º correspondiente a su fecha de vigencia, por lo cual se hace necesario adicionar éste último con el artículo respectivo, no obstante que fue aprobado en la sesión del consejo de ministros del día 30 de enero de 1999,

DECRETA:

ART. 1º—Adiciónase el artículo 1º del Decreto 195 de 1999 en el sentido de incluir al municipio de Génova, departamento del Quindío, dentro de las entidades territoriales afectadas por el terremoto del 25 de enero de 1999.

ART. 2º—Adiciónase el Decreto 198 de 1999 con el artículo 4º, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 4º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación”.

ART. 3º—Este decreto rige a partir de su publicación.

(Siguen firmas del Presidente de la República, de 15 de sus ministros y de un viceministro encargado de las funciones del ministerio).

EXTRACTOS:

«Análisis de fondo

3. En cierta medida resulta novedosa la controversia que suscita la revisión del Decreto 223 de 1999, puesto que, pese a que se expide en desarrollo del Decreto 195 de 1999 que declaró el estado de emergencia, se propone modificarlo en el sentido de cobijar al municipio de Génova entre las poblaciones afectadas por el sismo. Se pregunta la Corte, si un decreto legislativo, dictado con base en el decreto que declaró el estado de excepción, podría adicionarlo.

En verdad, el requisito de conexidad tiene como punto de referencia el conjunto de motivaciones y la situación fáctica descrita en la declaración del respectivo estado de excepción. En este sentido, el decreto examinado no tiene pretensión distinta que la de determinar con más precisión la extensión de la zona afectada por el sismo mediante la inclusión de un municipio que igualmente resultó afectado. Sin embargo, en este caso la adición tiene la virtualidad de convertirse en parámetro para la conexidad de los decretos que se dicten en desarrollo de la emergencia, con lo cual aparentemente se quebrantaría el principio según el cual éstos últimos no generan por sí solos factores de conexidad sino que, por el contrario, deben guardar relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción.

La Corte considera que los decretos que se dicten en desarrollo de un estado de emergencia deben destinarse exclusivamente a conjurar la crisis a la cual se refiere la declaración de dicho estado de excepción. Empero, si la crisis no ha sido delimitada con el rigor necesario, ya sea por causa de un error involuntario o porque sólo con posterioridad se tuvo exacto conocimiento del alcance de la misma, y como consecuencia se corre el riesgo de que ella, por la indicada omisión, no sea cabalmente conjurada en su magnitud real, sería improcedente negar al gobierno la posibilidad de corregir la declaración original. Lo contrario llevaría a impedir que el gobierno pudiera ejercitar una acción efectiva con el objeto de superar una situación de anormalidad, en aras de un formalismo que no se compadece con el principio superior de protección efectiva de los derechos y bienes de los miembros de la comunidad.

El contenido del decreto examinado corresponde al que es propio del acto mediante el cual se declara el estado de emergencia y su naturaleza es semejante. La fuente de competencia, por ello, se remite directamente al artículo 215 de la Constitución Política. Con fundamento en el citado decreto, el gobierno podrá adoptar las medidas indispensables para conjurar la crisis.

En el proceso se ha acreditado de manera suficiente que el municipio de Génova fue gravemente afectado por el sismo ocurrido en el eje cafetero y, que sólo en razón de una omisión involuntaria, no fue incluido en la lista de poblaciones localizadas en el área geográfica del siniestro. La exclusión de este municipio repercutiría negativamente sobre sus habitantes, amén de que su abandono violaría de manera ostensible el derecho a la igualdad, puesto que encontrándose en la misma o en peor situación que la de los restantes municipios señalados en la declaración, aquellos se verían privados del necesario apoyo estatal para enfrentar la calamidad pública que los agobia y que tiene el mismo origen que dio lugar a la emergencia.

Por último, la precisión que se hace en el artículo segundo sobre la entrada en vigencia del Decreto 198 de 1999, que se asocia al hecho de su publicación en el diario oficial, no viola ninguna norma de la Constitución y, por el contrario, desarrolla sus mandatos en cuanto que ello permite el conocimiento de la norma y su ejecución.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

Declarar EXEQUlBLE el Decreto 223 de 1999.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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