Sentencia C-220 de mayo 20 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS

EXTRACTOS: «El actor afirma que la expresión “o análogas” contenida en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983 (subrogado por el artículo 199 del Decreto 1333 de 1986) viola el artículo 338 del estatuto superior, en cuanto permite que la determinación de las actividades de servicios sobre las cuales debe recaer el impuesto de industria y comercio la efectúen las autoridades administrativas, puesto que el legislador no las determinó en forma clara y precisa.

El cargo carece de fundamento por la razones que a continuación se señalan:

(...)

Adviértase cómo el legislador al referirse a las actividades de servicios que deben pagar el impuesto de industria y comercio, hace una enunciación no taxativa de éstas. En consecuencia, la calificación de las actividades “análogas” a las enumeradas en la disposición materia de demanda, que también pueden catalogarse de servicios y, por tanto, obligadas a pagar dicho gravamen, corresponde hacerla a los concejos municipales, como ente facultado constitucionalmente para crear impuestos de acuerdo con lo establecido por la ley (arts. 1º, 287-3, 313-4 y 338 C.N.).

Ahora bien: si las autoridades administrativas al aplicar la norma incurren en arbitrariedades, sus actos son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa, previa la interposición de los recursos de la vía gubernativa; pero para evitar sus excesos no puede exigirse al legislador que prevea taxativamente todas las actividades que cumplen el supuesto normativo, ni que limite la imposición del tributo sólo a las enunciadas expresamente, cuando la misma ley está señalando que se aplica a “todas” las actividades de servicios que se ejerzan o realicen dentro de las respectivas jurisdicciones municipales; por tanto, los vicios en que pueda incurrir el ejecutor de la norma no son causal de inconstitucionalidad.

En este orden de ideas la expresión “o análogas”, contenida en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, no viola el principio de legalidad tributaria. El recurso a la analogía previsto en la norma demandada se refiere únicamente a la determinación de otras actividades de servicios que siendo semejantes o similares a las enunciadas expresamente, deben ser objeto del impuesto de industria y comercio. Exigir al legislador que enumere todas las actividades de servicios destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad, para efectos de la imposición de dicho gravamen, sería ilógico e irrazonable.

La utilización por parte del legislador de términos como “similares” o “análogas” en las normas tributarias, no implica necesariamente la indeterminación de los elementos del impuesto, ni conduce de manera inevitable a su inconstitucionalidad. Los hechos gravables, los sujetos activos y pasivos, la base gravable y las tarifas de los impuestos pueden no estar determinados en la respectiva disposición, pero ser perfectamente determinables a partir de una referencia, pauta o directriz contenida en la norma creadora del tributo. Así lo sostuvo la Corte en la sentencia C-209 de junio 7 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que se declaró exequible el inciso final del artículo 26 de la Ley 6ª de 1992, cuyo texto es el siguiente: “Igualmente son responsables aquellas entidades que desarrollen habitualmente operaciones similares a las de las entidades señaladas en el inciso anterior, estén o no sometidas a la vigilancia del Estado”, con los siguientes argumentos:

“(...) así: en el inciso primero es lógico que el sujeto pasivo esté claramente determinado porque se trata de entidades que han obtenido autorización previa del Estado para realizar su actividad financiera. Pero en el inciso segundo es natural que el sujeto pasivo sea indeterminado pero determinable, por lo siguiente: es indeterminado porque se carece de autorización estatal —necesitándola— y en consecuencia la persona se encuentra en el anonimato. Pero es determinable porque el ejercicio habitual de la actividad financiera, claramente determinado en la ley, hace surgir la identidad de la persona. En otras palabras, la naturaleza del hecho conduce a la identidad de la persona y, por este camino, a la identificación del sujeto pasivo del impuesto, dándose así aplicación al principio de legalidad del tributo”.

En el caso que hoy se demanda, las actividades de servicios análogas a las consagradas por el legislador en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, que serían objeto del pago del impuesto de industria y comercio, son claramente de-terminables, pues ha de tratarse de servicios que guarden similitud o semejanza con los citados en dicha disposición. Y como bien lo afirma el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, “estando señaladas por la ley como materia imponible todas las actividades comerciales, industriales y de servicios, como lo enseña el artículo 32 y calificadas como las califica de industriales, comerciales, o de servicios, la no inclusión en alguno de estos grupos a lo sumo tendría como efecto que se considerara dentro de la norma como “comercial”, pero no escaparía al señalamiento como hecho gravable o materia imponible, como dice la ley”.

f) Diferencias entre el caso resuelto por la Corte en la sentencia 70 de 1987 y el que hoy se analiza. 

Para fundamentar los cargos, el actor cita la sentencia 70 de 1987, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en la que se declaró ine-xequible la expresión “y similares” contenida en el artículo 34 de la Ley 75 de 1986, que decía: “Los consorcios y similares son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, y para los efectos se asimilan a las sociedades limitadas”, pues considera que el caso sub judice es igual y, en consecuencia, debe fallarse en idéntica forma.

Para la Corte, las situaciones planteadas son distintas: en la Ley 14 de 1983 el legislador fijó los elementos del impuesto de industria y comercio, dejando a los concejos un margen de regulación respecto del hecho imponible con el fin de que éstos determinen cuáles son las actividades análogas a las previstas legalmente, que se desarrollan dentro de sus respectivas jurisdicciones, que pueden ser objeto del impuesto de industria y comercio; en tanto que en el artículo 34 de la Ley 75 de 1986 faltaba la determinación precisa del sujeto pasivo del impuesto sobre la renta y complementarios, “pues la posibilidad de asimilar una figura jurídica a otra queda en manos de quien recauda el impuesto y, en el mejor de los casos, en poder del gobierno al ejercer la potestad reglamentaria, lo cual contradice los principios expuestos, transfiriendo la facultad de imponer gravámenes a la administración y, quebranta por eso el artículo 43 de la Carta”.

En el caso que hoy se estudia, la determinación de las actividades de servicios “análogas” a las enunciadas en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 199 del Decreto 1333 de 1986, que pueden ser objeto del impuesto de industria y comercio, no queda en manos de las autoridades administrativas encargadas de aplicar la norma, sino de los concejos municipales que son las autoridades constitucionalmente facultadas para fijar tributos en sus respectivas jurisdicciones, dentro de los límites señalados en la Constitución y en la ley. Así las cosas, la norma parcialmente acusada, no lesiona el artículo 338 de la Constitución, ni ninguna otra disposición del mismo ordenamiento, razón por la cual será declarada exequible.

VII. Decisión

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “o análogas” contenida en el artículo 36 de la Ley 14 de 1983, subrogado por el artículo 199 del Decreto-Ley 1333 de 1986 en el que aparece la misma expresión, la que por las mismas razones, también se declara exequible».

(Sentencia C-220 de mayo 20 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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