Sentencia C-227 de abril 3 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9865

Magistrado Sustanciador:

Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 5º del artículo 112 de la Ley 65 de 1993 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.

Demandantes: Beatriz Elena Fernández Padilla y Rubiel Adolfo Berrío Medina

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «1.1. Norma demandada.

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada; se resalta el aparte censurado:

“ART. 112.—Régimen de visitas. Los sindicados tienen derecho a recibir visitas, autorizadas por fiscales y jueces competentes, de sus familiares y amigos, sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina establecidas en el respectivo centro de reclusión. El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por el régimen interno de cada establecimiento de reclusión, según las distintas categorías de dichos centros y del mayor o menor grado de seguridad de los mismos.

Se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su tarjeta profesional y si mediare aceptación del interno.

Los condenados podrán igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por el interno. Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas en el reglamento general.

Los visitantes que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento o que contravengan las normas del régimen interno serán expulsados del establecimiento y se les prohibirán nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta teniendo en cuenta el reglamento interno del centro carcelario.

Al visitante sorprendido o que se le demuestre posesión, circulación o tráfico de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, arras o suma considerable de dinero, le quedará definitivamente cancelado el permiso de visita a los centros de reclusión, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.

En casos excepcionales y necesidades urgentes, el director del establecimiento podrá autorizar visita a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la motivaron y concedido por el tiempo estrictamente necesario para su cometido.

La visita íntima será regulada por el reglamento general, según principios de higiene, seguridad y moral”.

(…).

2. Consideraciones.

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de la referencia, pues la disposición acusada hace parte de una ley de la República.

2.2. Examen de vigencia de la expresión demandada.

2.2.1. De conformidad con el artículo 241-4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes”. Esto significa que las leyes deben estar vigentes dentro del ordenamiento, pues de lo contrario no tendría sentido una decisión de exequibilidad o inexequibilidad, es decir, una decisión sobre si la disposición legal debe ser o no expulsada del ordenamiento.

No obstante, también se ha señalado que pese a que un precepto de orden legal ha sido derogado —tácita, expresamente o de forma orgánica—, esta corporación es competente para examinar su constitucionalidad si no ha perdido su eficacia, es decir, si continúa proyectando sus efectos dentro del ordenamiento(1).

2.2.2. En este caso, la Sala advierte que el artículo 112 de la Ley 65 fue modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014(2), cuyo enunciado es el siguiente:

“ART. 112.—Régimen de visitas. Las personas privadas de la libertad podrán recibir una visita cada siete (7) días calendario, sin perjuicio de lo que dispongan los beneficios judiciales y administrativos aplicables.

Para personas privadas de la libertad que estén recluidas en un establecimiento carcelario distinto al arraigo familiar, el Inpec podrá programar un día diferente al del inciso anterior para recibir las visitas.

El ingreso de los visitantes se realizará de conformidad con las exigencias de seguridad del respectivo establecimiento penitenciario, sin que ello implique la vulneración de sus derechos fundamentales. Las requisas y demás medidas de seguridad que se adopten deben darse dentro de un marco de respeto a la dignidad humana y a la integridad física.

Las requisas se realizarán en condiciones de higiene y seguridad. El personal de guardia estará debidamente capacitado para la correcta y razonable ejecución de registros y requisas. Para practicarlos se designará a una persona del mismo sexo del de aquella que es objeto de registro, se prohibirán las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas; únicamente se permite el uso de medios electrónicos para este fin.

El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Se concederá permiso de visita a todo abogado que lo solicite, previa exhibición de su Tarjeta Profesional y si mediare aceptación del interno.

Los condenados podrán igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por ellos. Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas en el reglamento general, de acuerdo a lo previsto en el presente artículo.

Los visitantes que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento o que contravengan las normas del régimen interno serán expulsados del establecimiento y se les prohibirán nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la reglamentación expedida por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Los visitantes sorprendidos tratando de ingresar al establecimiento penitenciario cualquier artículo expresamente prohibido por los reglamentos tales como armas de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas, o sumas de dinero, no serán autorizados para realizar la visita respectiva y deberá ser prohibido su ingreso al establecimiento de reclusión por un periodo de hasta un (1) año, dependiendo de la gravedad de la conducta. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes.

En casos excepcionales, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, podrá autorizar visita a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la motivaron y la concederá por el tiempo estrictamente necesario para su cometido. Una vez realizada la visita, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, informará de la misma al Ministro de Justicia y del Derecho, indicando las razones para su concesión.

La visita íntima será regulada por el reglamento general según principios de higiene y seguridad.

De toda visita realizada a un establecimiento penitenciario o carcelario, sea a los internos o a los funcionarios que allí laboran debe quedar registro escrito. El incumplimiento de este precepto constituirá falta disciplinaria grave” (resaltado fuera del texto).

El inciso noveno del artículo citado trae una nueva regulación de las sanciones que pueden imponerse a los visitantes de los centros de reclusión que son sorprendidos portando objetos prohibidos como “armas de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas, o sumas de dinero”. En esos casos, de acuerdo con la nueva normativa y sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes, la sanción consistirá en (i) la prohibición del ingreso al centro de reclusión (ii) por un periodo de hasta un año, dependiendo de la gravedad de la conducta.

2.2.3. El contenido normativo del inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1709 trae entonces una regulación integral que deroga de forma orgánica(3) el antiguo inciso quinto del artículo 112 de la Ley 65. En efecto, la nueva disposición regula los mismos contenidos de los que se ocupaba el antiguo inciso quinto, como se demuestra en el siguiente cuadro comparativo:

Criterio de comparaciónInciso quinto del texto original del artículo 112 de la Ley 65Inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1798(sic)
Conducta tipificadaSer sorprendido o que se demuestre posesión, circulación o tráfico de algunos bienes y sustancias prohibidas, en los establecimientos carcelarios.Ser sorprendido tratando de ingresar al establecimiento penitenciario cualquier artículo prohibido en el reglamento de dichos establecimientos.
Artículos prohibidos“Sustancias sicotrópicas, estupefacientes, arras o suma considerable de dinero”.Se dan algunos ejemplos de artículos prohibidos, pero se deja su definición a los reglamentos de los establecimientos de reclusión. Los ejemplos son: “armas de cualquier índole, sustancias psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas, o sumas de dinero”.
SanciónCancelación definitiva del permiso de visita a los centros de reclusión.Prohibición del ingreso al establecimiento de reclusión por un periodo de hasta un año, dependiendo de la gravedad de la conducta.

En esencia, los dos incisos se ocupan de los mismos aspectos; las diferencias se reducen a que los siguientes puntos: (i) el nuevo inciso noveno delega al reglamento la definición de los elementos prohibidos y solamente da ejemplos de algunos de ellos, entre los que mencionan los que eran proscritos en el antiguo inciso quinto, como las sustancias sicotrópicas y el dinero(4); (ii) los incisos aluden a distintos verbos rectores, pero todos tienen en común la posesión de ciertos bienes; y (iii) el nuevo inciso noveno cambia la sanción, en tanto (a) le impone un límite temporal, y (b) la restringe al ámbito del centro carcelario donde se cometió la infracción.

En suma, aunque existen algunas diferencias entre los incisos quinto del texto original del artículo 112 de la Ley 65 y noveno del artículo 73 de la Ley 1709, lo cierto es que este último trae una regulación integral de la misma sanción disciplinaria a la que aludía el primero, de modo que ha operado una derogación orgánica y debe concluirse que aquel ha perdido vigencia.

2.2.4. Adicionalmente, a juicio de la Sala, el inciso acusado no sigue produciendo efectos en virtud del principio de favorabilidad.

La Sala recuerda que la favorabilidad es uno de los elementos integrantes del debido proceso en materia sancionatoria(5). Al respecto se sostuvo lo siguiente en la Sentencia C-481 de 1998(6):

“(…) esta corporación ha señalado, en numerosas ocasiones, que el derecho disciplinario es una modalidad de derecho sancionador, por lo cual los principios del derecho penal se aplican, mutatis mutandi, en este campo, pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales en favor de la persona investigada se realiza, de un lado, en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento, y del otro, para controlar la potestad sancionadora del Estado. Por tal razón, la Corte ha concluido que el principio de favorabilidad, plasmado en el artículo 29 de la Constitución, y según el cual, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable, opera también en el campo disciplinario” (citas eliminadas).

Según este principio, en casos como el que se examina, la ley posterior más beneficiosa debe aplicarse de forma retroactiva, esto es, debe irradiar sus efectos a situaciones ya consolidadas, como las sanciones impuestas a la luz de la normativa antigua.

El nuevo inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1709 contiene una regulación más beneficiosa que la anteriormente consagrada en el inciso quinto del artículo 112 de la Ley 65. En efecto, el precepto recientemente introducido (i) no contiene la expresión “definitivamente” y, por el contrario, señala que la prohibición de ingreso al establecimiento de reclusión puede imponerse hasta “por un periodo de hasta un año”; (ii) introduce las expresiones “dependiendo de la gravedad de la conducta”, con lo que se invita al operador a graduar la sanción de acuerdo con el nivel de lesividad de la conducta que da lugar a la sanción; y (iii) no dispone que la sanción se predique de todos los centros de reclusión sino que la restringe al establecimiento donde se comete el tipo sancionado, por ello se emplea los enunciados “no serán autorizados para realizar la visita respectiva y deberá ser prohibido su ingreso al establecimiento de reclusión”.

Por tanto, la normativa derogada no puede seguir produciendo efectos, dada la entrada en vigencia de una regulación más favorable.

2.2.5. En resumen, en esta ocasión la Sala advierte que el precepto al que pertenece la expresión demandada —el inciso quinto del art. 112 de la L. 65— fue derogado de forma orgánica por inciso noveno del artículo 73 de la Ley 1709, ya que este último regula los mismos contenidos de los que se ocupaba el antiguo inciso quinto. En consecuencia, dicho inciso ya no se encuentra vigente. Adicionalmente, el referido inciso no sigue surtiendo efectos en la vida jurídica, toda vez que a la luz del principio de favorabilidad, la nueva regulación, en tanto más beneficiosa, debe aplicarse a las sanciones que hayan sido impuestas con fundamento en la normativa derogada. Así las cosas, ante la ausencia de objeto sobre el cual pronunciarse, esta corporación concluye que debe emitir un fallo inhibitorio.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de la constitucionalidad de la expresión “definitivamente” del artículo 112 de la Ley 65 de 1993, por carencia actual de objeto.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Ver entre otras las sentencias C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-540 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-801 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1067 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-309 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-714, de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa.

(2) La Ley 1709, de conformidad con su artículo 107, entró en vigencia el 21 de enero de 2014, teniendo en cuenta que fue publicada en el Diario Oficial 49039 del 20 de enero de 2014.

(3) En la Sentencia C-901 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se explicaron las diferentes formas de derogación que contempla el Código Civil de la siguiente forma: “(…) en la derogación expresa el legislador determina de manera precisa el o los artículos que retira del ordenamiento, por lo que no se hace necesaria ninguna interpretación, ya que simplemente se cumple una función de exclusión desde el momento que así se establezca. La derogación orgánica refiere a cuando la nueva ley regula integralmente la materia, que en términos de la Corte Suprema de Justicia supone ‘que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que, por tanto, responde mejor al ideal de justicia, que torna urgente la aplicación de la nueva ley; (…) que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva’. || Por su parte, la derogación tácita obedece a un cambio de legislación, a la existencia de una incompatibilidad entre la ley anterior y la nueva ley, lo cual hace indispensable la interpretación de ambas leyes para establecer la vigente en la materia o si la derogación es parcial o total. Tiene como efecto limitar en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender su aplicación y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el precepto sigue amparado por una presunción de validez respecto de las situaciones ocurridas durante su vigencia”.

(4) La nueva regulación en este punto es incluso más amplia, pues alude a cualquier suma de dinero, mientras en antiguo inciso quinto empleaba la expresión “suma considerable de dinero”.

(5) Sobre la aplicación del principio de favorabilidad al derecho administrativo sancionador ver las sentencias T-233 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-625 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-481 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-181 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-328 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-692 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y T-152 de 2009, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.

(6) M.P. Alejandro Martínez Caballero.