Sentencia C-229 de marzo 30 de 2011  

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-8266

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 96 (parcial) del Decreto 1211 de 1990 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares”.

Actor: Martín Edgardo Aponte Castellanos.

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil once.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de proferido la siguiente

EXTRACTOS: «II. La norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 39.406 de junio 8 de 1990:

DECRETO 1211 DE 1990

(Junio 8)

Diario Oficial 39.406, de 8 de junio de 1990

Ministerio de Defensa Nacional

Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 66 de 1989,

DECRETA:

(...)

TÍTULO III

De las asignaciones, subsidios, primas, traslados, comisiones, pasajes, viáticos y licencias

CAPÍTULO I

De las asignaciones, subsidios y primas

(...)

“ART. 96.—Prima para oficiales del cuerpo administrativo. A partir de la vigencia del presente decreto, los oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares cuando presten los servicios profesionales de su especialidad por tiempo completo, tendrán derecho a una prima mensual equivalente al cuarenta por ciento (40%) del sueldo básico correspondiente a su grado”.

(...).

VI. Fundamentos de la decisión

1. Competencia de la Corte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada tiene fuerza material de ley, comoquiera que fue expedida por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias.

En efecto, la Ley 66 de 1989 en su artículo 1º le confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la ley(1), para ejercer las siguientes actividades:

“a) Reformar los estatutos del personal de oficiales, suboficiales y agentes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en las siguientes materias: disposiciones preliminares; jerarquía; clasificación, escalafón, ingreso, formación y ascenso; administración de personal; asignaciones, subsidios, primas, dotaciones y descuentos, traslados, comisiones, pasajes, viáticos y licencias; suspensión, retiro, separación y reincorporación; régimen general de prestaciones sociales; reservas, normas para alumnos de las escuelas de formación; trámite para reconocimientos prestacionales y disposiciones varias” (...).

En desarrollo de estas atribuciones el Presidente de la República expidió, el 8 de junio de 1990 el Decreto 1211 de 1990(2) al que pertenece la disposición demandada.

2. Asunto bajo revisión. Problema jurídico planteado.

2.1. El demandante considera que la norma que contempla una prima especial profesional del 40% del sueldo básico correspondiente a su grado, para los oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares que presten servicios profesionales de su especialidad por tiempo completo, es violatoria del principio de igualdad toda vez que excluye de manera injustificada a los suboficiales con título profesional que se encuentren en la misma situación fáctica.

2.2. Algunos de los intervinientes defienden la norma con fundamento en que no son comparables, en el marco del estatuto de la Fuerzas Militares la situación de los oficiales con la de los suboficiales, a quienes se les reconoce una prima inferior a su rango, funciones y formación académica. Otros, consideran que la interpretación de la cual parte el demandante es errónea y estiman que a partir de una un análisis sistemático del precepto acusado, en el contexto normativo del cual forma parte, este resulta exequible.

2.3. El Procurador General de la Nación, comparte el planteamiento de la demanda y propone a la Corte una exequibilidad condicionada a efecto de que se ampare también a los suboficiales con la prestación que el precepto acusado contempla, comoquiera que esta no se origina en la condición de oficial de las Fuerzas Militares, sino en la de profesionales que tienen estas personas. Estima que frente a su desempeño en el campo profesional, unos y otros están en igualdad de condiciones respecto del servicio requerido por el Estado.

2.4. Debe la Corte determinar si el establecimiento de una prima mensual equivalente al 40% del sueldo básico correspondiente a su grado, para los oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares cuando presten los servicios profesionales de su especialidad por tiempo completo, vulnera el principio de igualdad, toda vez que la norma no incluye a los suboficiales que se encuentren en la misma situación de hecho. Así mismo, establecerá si como consecuencia de ello se quebrantan los principios mínimos fundamentales de las relaciones laborales, en particular, los de remuneración proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, y de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Para resolver esta cuestión la Sala hará una breve referencia a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la igualdad en los regímenes especiales; establecerá si en efecto la norma acusada contempla un trato diferenciado entre iguales, que resulte injustificado; y en este marco analizará los cargos de la demanda.

3. El derecho a la igualdad y los regímenes especiales.

3.1. El derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución, se traduce en la identidad de trato que debe darse a aquellas personas que se encuentren en una misma situación de igualdad y en la divergencia de trato respecto de las que presenten características diferentes(3). El legislador debe tratar con identidad a las personas que se encuentren en una misma situación fáctica y dar un trato divergente a quienes se encuentren en situaciones diversas.

No obstante, el anterior enunciado puede presentar variables que por sí mismas no hacen que una norma sea discriminatoria. Así, el legislador puede dar un trato distinto a personas que, respecto de un cierto factor, se encuentren en un mismo plano de igualdad, pero que desde otra óptica fáctica o jurídica, sean en realidad desiguales. Así mismo, la igualdad no excluye la posibilidad de que se procure un tratamiento diferente para sujetos y hechos que se encuentren cobijados bajo una misma hipótesis, pero siempre y cuando exista una razón objetiva, suficiente y clara que lo justifique(4).

De este modo, no existe trato discriminatorio cuando el legislador otorga un tratamiento diferente a situaciones que, en principio, podrían ser catalogadas como iguales, si tal igualdad sólo es aparente o si existe una razón objetiva y razonable que justifique el trato divergente. De la misma manera, nada se opone a que el legislador prodigue un tratamiento idéntico a situaciones aparentemente distintas, pero que respecto de cierto factor, se encuentren en un mismo plano de igualdad.

Para que se verifique un trato discriminatorio es necesario que esa diferenciación plasmada por el legislador sea odiosa y no responda a principios de razonabilidad y proporcionalidad(5).

3.2. Sobre este punto se ha pronunciado en múltiples oportunidades esta corporación. Desde sus inicios manifestó al respecto:

El actual principio de igualdad ha retomado la vieja idea aristotélica de justicia, según la cual los casos iguales deben ser tratados de la misma manera y los casos diferentes de diferente manera. Así, salvo que argumentos razonables exijan otro tipo de solución, la regulación diferenciada de supuestos iguales es tan violatoria del principio de igualdad como la regulación igualada de supuestos diferentes”(6).

“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática”(7).

3.3. Para determinar si una norma es o no violatoria del principio de igualdad y por tal motivo resulta discriminatoria y en consecuencia debe ser retirada del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia de esta Corte ha admitido como metodología válida la realización de un juicio de igualdad(8). Dicho juicio implica establecer cuáles son las situaciones o supuestos susceptibles de comparación con el fin de determinar qué es lo igual que merece un trato igual y qué es lo diferente que amerite un trato divergente. Una vez hecho lo anterior, hay que verificar si ese tratamiento obedece o no a criterios objetivos, razonables, proporcionados y que resulten acordes con una finalidad constitucional legítima. En últimas, lo que hay que establecer es si la norma objeto de control constitucional regula o no situaciones distintas para luego determinar si esa diferencia de trato es o no razonable. Es preciso comprobar si existe una razón suficiente que justifique el trato desigual(9).

3.4. En lo que concierne a regímenes especiales, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que su existencia, per se, no desconoce el principio de igualdad(10). Tales regímenes responden a la necesidad de garantizar los derechos de cierto grupo de personas que por sus especiales condiciones merecen un trato diferente al de los demás beneficiarios de la seguridad social(11) y su objetivo reside en la “protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí señalados”(12). Para el caso de las Fuerzas Militares el constituyente previó expresamente que el legislador determinara su régimen prestacional especial (C.P., arts. 150, num. 19, lit. e) y 217).

3.5. En el marco específico de este régimen especial, la jurisprudencia ha aceptado que es posible entrar a comparar las eventuales diferencias de trato que se establecen en su interior entre dos grupos de personas: los oficiales y suboficiales miembros de las Fuerzas Militares(13).

Ha justificado esta posibilidad en varias consideraciones: (i) Se trata de grupos que si bien no son idénticos si se encuentran en la misma situación de hecho; (ii) Las razones que justifican excluir a los oficiales del régimen prestacional general, son las mismas que justifican excluir a los suboficiales; (iii) Las especiales condiciones laborales, de entrenamiento, de disciplina, y demás, en que se encuentran los miembros de las Fuerzas Militares es lo que lleva a la Constitución (art. 217) y a la ley (L. 100/93, art. 279) a ordenar al legislador expedir un régimen prestacional especial para ellos, sin distinguir entre oficiales o suboficiales; (iv) la regulación se efectuó mediante un solo decreto, el Decreto-Ley 1211 de 1990, en el cual se contemplan varias normas que los cobijan a ambos grupos, en las que se establecen las mismas reglas y consecuencias jurídicas para oficiales y suboficiales(14)(15).

Ahora bien, una vez se ha definido que sí es posible comparar el régimen específico consagrado para los oficiales con el de los suboficiales, pasa la Corte a establecer si en efecto, como lo señala el demandante, el artículo 96 del Decreto 1211 de 1990, contempla un trato diferenciado no justificado entre oficiales y suboficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares.

4. La prima profesional del artículo 96 del Decreto 1211 de 1990, aplica para oficiales y suboficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares. Ausencia de vulneración del principio de igualdad.

4.1. Aduce el demandante, apoyado por el Ministerio Público y dos ciudadanas que el artículo en mención que establece una prima profesional para oficiales del cuerpo administrativo, excluye de su ámbito de aplicación a los suboficiales de las Fuerzas Militares que presten los servicios de su especialidad por tiempo completo en el cuerpo administrativo de las diferentes armas, generando así un trato discriminatorio comoquiera que se trata de servidores que se encuentran en la misma situación fáctica de los oficiales, incluidos expresamente en el precepto.

4.2. Otros intervinientes (Universidad Nacional e ICESI), por el contrario estiman que la norma incluye por igual a oficiales y suboficiales que habiendo obtenido un título profesional presten los servicios de su especialidad, por tiempo completo en el cuerpo administrativo.

4.3. Corresponde en consecuencia realizar un análisis normativo a efecto de establecer, si existe entre los grupos mencionados un tratamiento diferenciado que conlleve a la necesidad de aplicar de un test de igualdad para juzgar su constitucionalidad. Para el efecto, se hará referencia a la normatividad pertinente:

Las Fuerzas Militares, conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, fueron instituidas por el constituyente para actuar en defensa de la Nación. En desarrollo de esta misión, les corresponde ejercer “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (C.P., art. 217).

Dichas Fuerzas tienen un régimen especial de carrera y prestacional, que para el caso de los oficiales y suboficiales está contenido en el Decreto 1211 de 1990, al cual pertenece la norma demandada.

De acuerdo con el artículo 5º del estatuto en mención, la jerarquía y equivalencia de los oficiales y suboficiales para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario, justicia penal militar y todas las obligaciones y derechos consagrados en él, están clasificados por grados en orden descendente. A la lista de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, clasificados por arma, cuerpo y especialidad, colocados en orden de grado y antigüedad se le denomina el escalafón militar. A continuación se reseña la jerarquía según el grado, destacando que en todas las armas se contempla personal de oficiales y suboficiales pertenecientes al cuerpo administrativo:

I. Oficiales

Ejército

a. Oficiales generales: General, Mayor General, Brigadier General

b. Oficiales superiores: Coronel, Teniente Coronel, Mayor

c. Oficiales subalternos: Capitán, Teniente, Subteniente

Armada

a. Oficiales de insignia: Almirante, Vicealmirante, Contraalmirante

b. Oficiales superiores: Capitán de Navío, Capitán de Fragata, Capitán de Corbeta

c. Oficiales subalternos: Teniente de Navío, Teniente de Fragata, Teniente de Corbeta

Fuerza aérea

a. Oficiales generales: General, Mayor General, Brigadier General

b. Oficiales superiores: Coronel, Teniente Coronel, Mayor

c. Oficiales subalternos: Capitán, Teniente, Subteniente

II. Suboficiales

Ejército

Sargento mayor, Sargento Primero, Sargento Viceprimero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo

Armada

Suboficial Jefe Técnico, Suboficial Jefe, Suboficial Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Tercero, Marinero

Fuerza aérea

Suboficial Técnico Jefe, Suboficial Técnico Subjefe, Suboficial Técnico Primero, Suboficial Técnico Segundo, Suboficial Técnico Tercero, Suboficial Técnico Cuarto.

En el artículo 6º se establece que la jerarquía de los oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina será igual a la de los oficiales del Ejército y que la de los suboficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, de los Cuerpos de Infantería de Aviación, Logístico y Administrativo de la Fuerza Aérea será igual a la de los suboficiales del Ejército.

En el artículo 8º se clasifican los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, según sus funciones, así:

I. Oficiales

Ejército

a. Oficiales de las armas.

b. Oficiales del cuerpo logístico.

c. Oficiales del cuerpo administrativo.

Armada

a. Oficiales del cuerpo ejecutivo.

b. Oficiales del cuerpo de infantería de marina.

c. Oficiales del cuerpo logístico.

d. Oficiales del cuerpo administrativo.

Fuerza Aérea

a. Oficiales de vuelo.

b. oficiales de infantería de aviación.

c. Oficiales del cuerpo logístico.

d. Oficiales del cuerpo administrativo.

II. Suboficiales

Ejército

a. Suboficiales de las armas.

b. Suboficiales del cuerpo logístico.

c. Suboficiales del cuerpo administrativo.

Armada

a. Suboficiales del cuerpo de mar.

b. Suboficiales del cuerpo de infantería de marina.

c. Suboficiales del cuerpo logístico.

d. Suboficiales del cuerpo administrativo.

Fuerza Aérea

a. Suboficiales técnicos.

b. Suboficiales de infantería de aviación.

c. Suboficiales del cuerpo logístico.

d. Suboficiales del cuerpo administrativo.

4.4. El artículo 96 del estatuto, norma acusada, forma parte del capítulo I, de título III, referido a “las asignaciones, subsidios y primas”, y en ese marco contempla “la prima para oficiales del cuerpo administrativo”, equivalente al 40% del sueldo básico correspondiente a su grado. En el texto de la norma se prevé que los destinatarios de la prestación son “los oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares cuando presten los servicios profesionales de su especialidad por tiempo completo”.

Una visión aislada de la norma conduciría a darle la razón al demandante en el sentido de que la norma plasma un trato diferenciado entre oficiales y suboficiales que hubieren obtenido un título profesional, en la medida que no incluye a los últimos.

4.5. Sin embargo, tratándose de un estatuto de personal, el alcance de la norma debe establecerse a partir de una interpretación sistemática acudiendo a las disposiciones generales que le dan marco a las demás regulaciones en él contenidas. En este orden, es preciso señalar que el capítulo II del título I, hace referencia a “la clasificación y escalafón”, y en el artículo 15 perteneciente a este aparte, se define quienes son “oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares”.

De acuerdo con la mencionada disposición son oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares:

(i) Los profesionales con título de formación universitaria conforme a las normas de educación superior vigentes, escalafonados en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con el propósito de ejercer su profesión en las Fuerzas Militares,

(ii) Los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares que habiendo obtenido el referido título universitario, soliciten servir en el cuerpo administrativo (destaca la Sala).

4.6. Así mismo, el artículo 36(16) del mismo estatuto reafirma este alcance de norma acusada, al disponer que los oficiales del cuerpo administrativo procederán de oficiales en actividad hasta el grado de mayor o de capitán de corbeta, de suboficiales y civiles, que acrediten el título de formación universitaria, siempre que así lo soliciten y [sean aceptados] de acuerdo con las necesidades de las Fuerzas Militares, previo concepto favorable de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional. (resalta la Sala)

4.7. De otra parte, de conformidad con el mismo estatuto son suboficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares “todos aquellos que acrediten experiencia e idoneidad en especialidades técnicas auxiliares, que tengan aplicación dentro de la institución militar o los suboficiales de las Fuerzas Militares, que acrediten especialidades y soliciten servir en el cuerpo administrativo” (destaca la Sala).

De donde se infiere que el estatuto hace una clara diferencia entre los suboficiales con título profesional universitario, a quienes equipara a los oficiales que hubieren obtenido un título similar en los términos de los artículos 15 y 36 del estatuto, y los suboficiales con especialidades técnicas auxiliares. Los primeros podrán solicitar pertenecer al cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares, de manera similar a como acontece con los oficiales colocados en la misma situación (nivel de profesional universitario), y por ende ser acreedores, si cumplen con los demás requisitos, a la prima establecida en el artículo 96 cuestionado.

3.8. Del anterior análisis normativo se infiere que fue propósito del legislador extraordinario asimilar, para efectos de la prima profesional, la situación de los oficiales y los suboficiales que habiendo obtenido un título de formación universitaria, soliciten servir en el cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares.

En este contexto normativo, cuando el artículo 96 objeto de la acusación, establece que “los oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares cuando presten los servicios profesionales de su especialidad por tiempo completo, tendrán derecho a una prima mensual equivalente al cuarenta por ciento (40%) del sueldo básico correspondiente a su grado”, está haciendo referencia tanto a oficiales como a suboficiales de las Fuerzas Militares que habiendo obtenido un título universitario, soliciten servir en el cuerpo administrativo, toda vez que la norma debe ser interpretada de manera sistemática, en concordancia con el artículo 15 del estatuto que define qué servidores públicos son considerados oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares.

Esta interpretación es avalada por el artículo 21 del mismo estatuto que como ya se indicó, identifica como “suboficiales del cuerpo administrativo” de la Fuerzas Militares, a los suboficiales que acrediten especialidades técnicas auxiliares y soliciten servir en el cuerpo administrativo, por cuanto los suboficiales con título profesional universitario, son clasificados en la categoría de “oficiales del cuerpo administrativo” cuando solicitan servir en ese cuerpo (art. 15).

3.9. Este mismo sentido hermenéutico ha sido acogido por la jurisprudencia de esta Corte al señalar que: “Los oficiales del cuerpo administrativo son profesionales con títulos de formación universitaria, de conformidad con las normas de educación superior, escalafonados en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con el propósito de ejercer su profesión en las Fuerzas Militares, o los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares que habiendo obtenido el referido título, soliciten servir en ese cuerpo (art. 15 ib)(17)” (resaltado fuera del original).

3.10. Acorde con lo anterior, la prima establecida en el artículo 96 del estatuto aplica a los oficiales del cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares, ya se trate de profesionales con título de formación universitaria escalafonados en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, con el propósito de ejercer su profesión en las Fuerzas Militares, o de oficiales o suboficiales que habiendo obtenido el referido título, soliciten servir en ese cuerpo, como profesionales de su especialidad y por tiempo completo, conforme a las necesidades de las Fuerzas Militares, y el concepto favorable de la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional.

3.11. Como se puede advertir, contrario a lo sostenido por el demandante, la norma acusada coloca en un mismo pie de igualdad a los oficiales y suboficiales que, habiendo obtenido un título universitario, soliciten servir en el cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares, como profesionales de su especialidad y lo hagan de tiempo completo.

Como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación(18), se trata de dos grupos (los oficiales y suboficiales) que si bien no son idénticos, “las especiales L. 100/93 condiciones laborales, de entrenamiento, de disciplina, y demás, en que se encuentran los miembros de las Fuerzas Militares es lo que lleva a la Constitución (art. 217) y a la ley (L. 100/93, art. 279) a ordenar al legislador expedir un régimen prestacional especial para ellos, sin distinguir entre oficiales o suboficiales. Por ello la regulación se efectuó mediante un solo decreto, el Decreto-Ley 1211 de 1990, en el cual se contemplan varias normas que los cobijan a ambos grupos, en las que se establecen las mismas reglas y consecuencias jurídicas para oficiales y suboficiales(19) (destaca la Sala).

3.12. Clarificado así el verdadero alcance del precepto acusado, encuentra la Corte que este no introduce un trato diferenciado entre oficiales y suboficiales con título profesional universitario que soliciten prestar los servicios de su especialidad por tiempo completo, en el cuerpo administrativo de la Fuerza Militares. Por el contrario, la norma establece una equiparación u homologación entre unos y otros para efectos de la prestación allí prevista. Luego, la prima establecida en el artículo 96 del Decreto 1211 de 1990 cobija tanto a oficiales como suboficiales profesionales, en los términos del artículo 15 en concordancia con el 96 del mismo estatuto.

En consecuencia, a partir de una interpretación sistemática de la norma acusada, se establece que no contiene el trato diferenciado que aduce el demandante. Por el contrario, el estatuto contempla un régimen de homologación y equiparación entre oficiales y suboficiales con título profesional universitario que soliciten servir en el cuerpo administrativo de las Fuerzas Militares. La inexistencia de un tratamiento divergente, torna innecesario el desarrollo de un juicio de igualdad, y despoja de fundamento la censura por presunta vulneración del principio de igualdad.

Comoquiera que el cargo por violación de los principios de remuneración proporcional a la cantidad y calidad de trabajo y primacía de la realidad sobre las formalidades en materia laboral (C.P., art. 53), se fundamentó en la misma proposición referida al supuesto trato diferenciado que la norma acusada plasmaba, el cual fue descartado, la Sala se abstendrá de analizar este cargo.

Por las razones expuestas la Corte declarará la exequibilidad de los apartes acusados del artículo 96 del Decreto 1211 de 1990 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Fuerzas Militares”.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, las expresiones “Prima para Oficiales del Cuerpo Administrativo” y “los oficiales del Cuerpo Administrativo de las Fuerzas Militares” contenidas en el artículo 96 del Decreto 1211 de 1990 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Fuerzas Militares”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y archívese el expediente.

Magistrados: Juan Carlos Henao Pérez, presidente—María Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto, con salvameto de voto—Luis Ernesto Vargas Silva.

Martha Victoria Sáchica Méndez, secretaria general.

 

(1) Hecho que tuvo ocurrencia el día 11 de diciembre de 1989, con su inserción en el Diario Oficial 39098 de esa fecha.

(2) Diario Oficial 39406 del 8 de junio de 1990.

(3) Sobre el tema de la igualdad se ha pronunciado la Corte en múltiples sentencias, entre las cuales se pueden consultar la T-597 de 1993; C-461 de 1995; C-230 1994; C-101 de 2003 (sobre regímenes especiales).

(4) Al respecto se ha pronunciado la Corte en las sentencias C-445 del 4 de octubre de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-590/95 de dic. 7/95, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-173 del 29 de abril de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(5) Ver, entre otras, las sentencias T-422 del 19 de junio de 1992 y C-022 del 23 de enero de 1996.

(6) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-526 del 18 de septiembre de 1992.

(7) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-221 del 29 de mayo de 1992.

(8) Pueden consultarse las sentencias C-445 de 1995, ya citada, C-598 del 20 de noviembre de 1997, C-654 del 3 de diciembre de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell y C-888 del 22 de octubre de 2002

(9) Sobre la estructura del derecho a la igualdad y concretamente lo relacionado con el test de razonabilidad pueden consultarse las sentencias T-230 del 13 de mayo de 1994 y C-022 de 1996, ya citada.

(10) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-461 del 12 de octubre de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En igual sentido se han proferido las sentencias C-654 de 1997, ya citada, C-080 del 17 de febrero de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-890 del 10 de noviembre de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-956 del 6 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1032 del 27 de noviembre de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-835 del 8 de octubre de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(12) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-348 del 24 de julio de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(13) Corte Constitucional, sentencia C-888 de 2002.

(14) Dos de las situaciones en que el Decreto-Ley 1211 de 1990 establecen tratos idénticos para oficiales y suboficiales, son por ejemplo el período de prueba (art. 35) y el subsidio familiar (art. 79).

(15) Corte Constitucional, sentencia C-888 de 2002.

(16) Forma parte del Capítulo III del Título I, relativo a “Del ingreso, ascenso y formación de los oficiales y suboficiales”.

(17) Corte Constitucional, sentencia C-089 de 2000. En esta sentencia la Corte analizó cargos por presunta violación del principio de igualdad en el artículo 60 del Decreto 1211 de 1990, norma que otorga a determinados oficiales de las Fuerzas Militares la posibilidad de acceder a los más altos cargos de mando por razón de las especialidades que ostentan. La Corte desestimó el cargo al considerar que los oficiales de armas del Ejército, los del cuerpo ejecutivo de la Armada, y los oficiales pilotos de la Fuerza Aérea no se encuentran en un mismo pie de igualdad frente a los de los cuerpos logístico y administrativo.

(18) Corte Constitucional, sentencia C-888 de 2002.

(19) El Decreto-Ley 1211 de 1990 establece tratos idénticos para oficiales y suboficiales, por ejemplo, en las siguientes materia: ART. 35.—Periodo de prueba. Los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares ingresarán al primer grado del escalafón en período de prueba, por el término de un (1) año, durante el cual serán evaluados para apreciar la eficiencia, adaptación y condiciones para el ejercicio del cargo. || Los Oficiales y Suboficiales que superen el período de prueba y obtengan concepto favorable para continuar en las Fuerzas Militares, quedarán automáticamente en propiedad en el respectivo grado. || Al término del período de prueba, o durante él, los oficiales y suboficiales podrán ser retirados, por voluntad del Gobierno o del Comando de la respectiva Fuerza, según el caso, sin sujeción al tiempo mínimo de servicio que para retiro por esta causal se establece en este decreto. || ART. 79.— Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidar mensualmente sobre su sueldo básico, así: (a.) Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo. (b.) Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. del presente artículo. (c.) Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%). || PAR.—l límite establecido en el literal c. de este artículo no afectará a los Oficiales y Suboficiales que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1969, estuviesen disfrutando o tuviesen derecho a disfrutar, de porcentajes superiores al diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación. || PAR. 2.—La solicitud de reconocimiento o aumento del subsidio familiar, deber hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes al hecho que la motive; las que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado, tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de su presentación.