Sentencia C-229 de marzo 5 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-229 de 2008 

Ref.: Expediente D-6951

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 83 (parcial) de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)

Demandantes: Édgar Saavedra Rojas y Mauricio Pava Lugo

Bogotá, D.C., cinco de marzo de de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «“LEY 599 DE 2000

(Julio 24)

“Por la cual se expide el Código Penal”

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(…)

ART. 83.—Término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.

El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.

[Inciso adicionado por el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:] Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad.

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.

Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte.

También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado”.

(…).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de una ley.

Problema jurídico planteado

2. Corresponde a la Corte establecer si al aumentar la norma demandada el término de prescripción de la acción penal en relación con las conductas punibles realizadas por los servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, o con su participación, vulnera el principio non bis in idem como elemento integrante del debido proceso (C.P., art. 29 y normas de derecho internacional).

Para tal efecto, la Corte hará unas consideraciones sobre el principio non bis in idem y a continuación examinará el cargo formulado.

Principio non bis in idem

3. El artículo 29 de la Constitución Política, al regular el principio del debido proceso, consagra que quien sea sindicado tiene derecho “a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Este principio se conoce como la prohibición de doble incriminación (1) ha sido reconocido ampliamente por la jurisprudencia y la doctrina jurídica y tiene una estrecha relación con la institución procesal de la cosa juzgada (2) .

En el campo internacional se destaca su consagración en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, adoptado por la asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York el 16 de diciembre de 1966 y aprobado mediante la Ley 74 de 1968, artículo 14-7, en virtud del cual “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”, y en la Convención americana de derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica, firmada el 22 de noviembre de 1969 y aprobada mediante la Ley 16 de 1972, artículo 8-4, según el cual “el inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

Acerca del citado principio la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha expresado que comprende varias hipótesis, así:

“Una. Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación.

“Dos. De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o múltiple valoración.

“Tres. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, esta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada.

“Cuatro. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la comisión de una conducta delictiva, después no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o múltiple punición.

“Cinco. Nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único. Se le denomina non bis in idem material” (3) .

Esa misma corporación manifestó en otra ocasión:

“Doctrinal y jurisprudencialmente se tiene dicho que el principio non bis in idem envuelve tres presupuestos, a saber: identidad de sujeto, identidad de objeto e identidad de causa o, como se les conoce por su expresión latina, eadempersona, eadem res y eadem causa (4) . La significación de estos elementos ha sido comentada por la Sala, así:

“La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole.

“La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza.

“La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos” (5) .

“(…).

“Ahora bien, sobre la identidad de causa, débese señalar lo siguiente: Para la Corte, en el ámbito punitivo ese elemento, también denominado identidad de fundamento, está necesariamente vinculado con el concepto de bien jurídico tutelado, de manera que no resultará jurídicamente viable la doble incriminación por un mismo hecho, cuando las conductas punibles reprochadas lesionan o ponen en peligro idéntico interés jurídico (…)” (6) .

Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado sobre dicho principio, en el mismo sentido:

“El conocido principio denominado non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, se encuentra consagrado en nuestro Estatuto Supremo como un derecho fundamental, que hace parte de las garantías del debido proceso, contempladas en el artículo 29 de la Carta.

“Este principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene como objetivo primordial evitar la duplicidad de sanciones, solo tiene operancia en los casos en que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le hace la imputación.

“La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole.

“La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza.

“La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos” (7)(8) .

Examen de los cargos formulados

4. Los demandantes sostienen que al aumentar la norma demandada el término de prescripción de la acción penal en relación con las conductas punibles realizadas por los servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, o con su participación, vulnera el principio non bis in ídem como elemento integrante del debido proceso (C.P., art. 29 y normas de derecho internacional).

Consideran que el legislador impone penas agravadas a los servidores públicos que incurren en esas conductas, en virtud de esa calidad o condición, y que al aumentar en una tercera parte el término de prescripción de la acción penal, el cual se computa tomando como base la pena correspondiente a las mismas, les agrava nuevamente su situación, quebrantando el citado principio, por tomar en cuenta doblemente en su contra una misma circunstancia o elemento del tipo penal.

5. La prescripción es una de las causales de extinción de la acción penal, esto es, de la potestad punitiva del Estado, para investigar, juzgar y sancionar los delitos, por su falta de ejercicio en un determinado tiempo establecido por el legislador. En consecuencia, es una institución jurídica que delimita en el tiempo dicha potestad.

Su fundamento principal es la necesidad de seguridad jurídica, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista individual de los presuntos autores y cómplices de los delitos, y son fundamentos adicionales la pérdida de interés de la sociedad en la sanción de los mismos y la dificultad de recaudar pruebas para determinar su comisión y la identidad de aquellos sujetos cuando ha transcurrido un determinado tiempo. La doctrina también sostiene que se trata de una sanción al Estado por su inactividad en la persecución de los delitos, como es su deber.

Se trata de una medida de política criminal del Estado, en ejercicio de la potestad de configuración normativa que le asiste al legislador para su diseño.

En el cómputo de su término se toma generalmente como referencia el monto de la pena correspondiente al delito, como lo hace la norma demandada.

En el ordenamiento penal colombiano la prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación. Producida la interrupción, el término prescriptivo comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del término inicial (L. 599/2000, art. 86, modif. por L. 890/2004, art. 6º).

6. Como es lógico, la extinción de la acción penal en virtud de la prescripción, al tiempo que delimita la potestad sancionadora del Estado, es un beneficio para el sindicado de la comisión de una conducta punible, en cuanto le confiere la seguridad de que no habrá en el futuro investigación, juzgamiento y sanción en su contra por causa de tal conducta.

Sobre esta base, jurídicamente no es válido afirmar que el aumento del tiempo para alcanzar dicho beneficio configure una pena, que sería adicional por la comisión de una misma conducta punible, conforme al concepto propio de pena en el campo del derecho penal, entendida como la reacción del Estado ante la realización de conductas que lesionan o ponen en peligro en forma grave bienes jurídicos fundamentales de la sociedad, y que genera el sacrificio de derechos de su destinatario, principalmente la libertad personal. Menos aún es válido afirmar, por la falta de todo sentido, que ese aumento configure una nueva investigación o un nuevo juzgamiento que pueda conducir a la imposición de una nueva pena por una misma conducta.

Por consiguiente, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales sobre el contenido y los efectos del principio non bis in ídem, antes expuestos, es claro que al aumentar la expresión demandada el término de prescripción de la acción penal respecto de las conductas punibles realizadas por los servidores públicos en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, o con su participación, en una tercera parte, no quebranta dicho principio, que prohíbe imponer a una persona más de una sanción por los mismos hechos y por la misma causa o fundamento jurídico, es decir, por los mismos hechos y por la lesión o puesta en peligro de un mismo bien jurídico, o adelantar una nueva investigación o un nuevo juicio con esa finalidad.

Así lo consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-345 de 1995, al declarar exequible el artículo 82 del Decreto-Ley 100 de 1980, por el cual se expidió el Código Penal anterior, artículo cuyo texto era sustancialmente idéntico al demandado en esta oportunidad (9) , por la supuesta vulneración de los principios de igualdad y de proporcionalidad. En ella afirmó:

“7. Lo anteriormente expuesto ilustra la relación existente entre la pena y la prescripción: si bien la segunda es directamente proporcional a la primera, en la medida en que una variación en el monto de la pena repercute en la misma proporción en el término de prescripción, la regulación de esta última es independiente de la punibilidad, ya que obedece a otras finalidades.

“El demandante arguye la existencia de un límite constitucional de la prescripción de la acción penal, más allá del cual la medida legislativa se toma desproporcionada y quebranta el derecho a la igualdad. El incremento del término de prescripción, por efecto de la mayor punibilidad de los delitos perpetrados por servidores públicos, agotaría la posibilidad de aumentarlo nuevamente con fundamento en otras razones.

“No obstante, a juicio de la Corte, solo mediante la inadvertencia de las diferentes finalidades de la pena y de la prescripción de la acción penal, es posible esgrimir la tesis del agotamiento de la facultad legislativa de regular la prescripción. Solo bajo la perspectiva del demandante —según la cual la regulación y tasación de la pena y de la prescripción dependen de las mismas finalidades— es posible comprender la idea de una supuesta desproporción al incrementar nuevamente lo ya aumentado. En efecto, el único principio constitucional que podría sustentar el cargo del demandante, y que subyace al argumento de la desproporción del nuevo aumento en el término de prescripción, es el principio de non bis in idem, en virtud del cual no se podría sancionar nuevamente un hecho ya sancionado. No obstante, el actor evita invocar directamente este principio, y prefiere hablar de un límite constitucional tácito, para evitar la equiparación entre la finalidad sancionatoria de la pena y la finalidad práctica —no punitiva— del término de prescripción” (10) .

Comoquiera que esos fundamentos siguen siendo válidos, la constitucionalidad de la nueva norma se mantiene.

Por estas razones, el cargo no puede prosperar y, por tanto, la Corte declarará exequible la expresión demandada, por dicho cargo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE, por los cargos examinados en esta sentencia, la expresión “al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte”, contenida en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(1) Artículo 8º, Ley 599 de 2000.

(2) Según el artículo 21 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Penal, “la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al Derecho internacional humanitario, que se establezcan mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia”.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de marzo de 2007, Proceso 25629, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

(4) Maier, Julio B. J. “Derecho procesal penal”. Tomo I. Fundamentos. Editores del Puerto s. r. l. Buenos Aires, 2ª edición, 2ª reimpresión 2002, página 603.

(5) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 22 de noviembre de 1990.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 6 de septiembre de 2007, Proceso 26591, M.P. María del Rosario González de Lemos.

(7) Sentencia de noviembre 22 de 1990, Corte Suprema de Justicia.

(8) Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Salvamento de voto de Eduardo Cifuentes Muñoz. Salvamento parcial de voto de Julio César Ortiz Gutiérrez.

(9) El artículo 82 del Decreto-Ley 100 de 1980 disponía: “Prescripción del delito cometido por empleado oficial. El término de prescripción señalado en el artículo 80 se aumentará en una tercera parte, sin exceder el máximo allí fijado, si el delito fuere cometido dentro del país por empleado oficial en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos”.

(10) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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