Sentencia C-237A de marzo 11 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

PROCESO PARA RECLAMAR EL SALDO INSOLUTO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO

EL EJECUTIVO HIPOTECARIO SE CONVIERTE EN EJECUTIVO SINGULAR

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe la disposición demandada en el presente proceso, según su publicación en el Diario Oficial Nº 45.058 del nueve (9) de enero de dos mil tres (2003), y se resalta lo demandado:

“LEY 794 DE 2003

(Enero 8)

Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones.

(…) ART. 66.—El artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

ART. 557.—Remate y adjudicación de bienes. Para el remate y adjudicación de bienes se procederá así:

1. Se dará aplicación a los artículos 523, 525 a 528, 529 en lo pertinente y 530.

2. El acreedor con hipoteca de primer grado, podrá hacer postura con base en la liquidación de su crédito; si quien lo hace es un acreedor hipotecario de segundo grado, requerirá la autorización de aquel y así sucesivamente los demás acreedores hipotecarios.

3. Desierta la licitación podrá el acreedor, dentro de los cinco días siguientes, pedir que se le adjudique el bien para el pago de su crédito y las costas, por el precio que sirvió de base.

Si fueren varios los acreedores, la misma facultad la tendrá el de mejor derecho.

4. Si el precio del bien fuere inferior al valor del crédito y las costas, se adjudicará el bien por dicha suma; si fuere superior, el juez dispondrá que el acreedor consigne a orden del juzgado la diferencia con la última liquidación aprobada del crédito, y de las costas si las hubiere, en el término de tres días, caso en el cual hará la adjudicación. Las partes podrán de común acuerdo prorrogar este término hasta por seis meses.

Si el acreedor no realiza oportunamente la consignación, se procederá como lo dispone el inciso final del artículo 529, sin perjuicio de que cualquiera de las partes pueda solicitar nueva licitación.

5. Si son varios los acreedores y se han liquidado costas a favor de todos, se aplicará lo preceptuado en el numeral 8º artículo 392.

6. Cuando el proceso verse sobre la efectividad de la prenda y esta se justiprecie en suma no mayor a un salario mínimo mensual, en firme el avalúo, el acreedor podrá pedir su adjudicación dentro de los cinco días siguientes en la forma prevista en los numerales 3º y 4º del presente artículo, que se aplicarán en lo pertinente.

7. Cuando a pesar del remate o de la adjudicación del bien la obligación no se extinga, el acreedor podrá perseguir otros bienes del ejecutado, siempre y cuando este sea el deudor de la obligación. En este evento, el proceso continuará como un ejecutivo singular sin garantía real, sin necesidad de proferir de nuevo mandamiento ejecutivo ni sentencia. El ejecutante no estará obligado a prestar caución para el decreto y práctica de las medidas cautelares.

En el nuevo proceso se admitirán demandas de tercerías de acreedores sin garantía real que se presenten antes de que quede en firme la providencia que señale la fecha y hora para el nuevo remate, y en lo pertinente se aplicará el artículo 540”.

(...).

4. No hay violación del principio de igualdad (C.P., art. 13).

El actor argumenta que la norma, al permitir que el acreedor por decisión propia modifique las reglas procedimentales aplicables al proceso ejecutivo hipotecario, ubica al deudor en una posición desfavorable o desventajosa que riñe con el principio constitucional de igualdad; en los términos del demandante, “si el trámite del proceso ejecutivo con título hipotecario tiene la característica de ser especial, por su celeridad, y limitaciones en la defensa del deudor, el hecho de que el acreedor lo escoja para hacer efectiva la obligación, lo somete al trámite en su totalidad, es decir, que a mitad de camino, no puede escoger un trámite distinto, llámese el ejecutivo mixto, toda vez que pone en desventaja al deudor. // Obsérvese que con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 66 de la Ley 794 de 2003, el proceso continúa sin que se profiera nuevo mandamiento de pago, ni sentencia, ni se presta caución, requisitos todos estos, del proceso ejecutivo singular. Es claro honorables magistrados, que es una situación de desventaja en la cual se coloca al deudor, en violación al artículo 13 de la Constitución Nacional”.

Para la Corte, los cargos del actor parten de una comprensión errónea del significado de la norma demandada. En efecto, de conformidad con la decantada jurisprudencia de esta corporación, se viola el principio de igualdad cuando (a) se ha otorgado un trato legal diferente a hipótesis fácticas esencialmente iguales, o viceversa, y (b) tal tratamiento legal no encuentra una justificación constitucional aceptable. El primero de estos requisitos no se encuentra presente, puesto que en criterio de la Corte, el deudor y el acreedor de un proceso ejecutivo hipotecario no se encuentran en un plano de igualdad: cada uno ocupa una situación procesal específica, con atribuciones y cargas particulares que no pueden ser asimiladas entre sí. En cualquier caso, no es cierto, como afirma el actor, que la norma atribuya al acreedor hipotecario cuyo crédito permanece insoluto la facultad de “escoger” a su arbitrio las normas procedimentales aplicables, modificando el régimen legal que gobierna el proceso ejecutivo en detrimento de los derechos del deudor; lo que hace la norma bajo revisión es, precisamente, fijar un determinado procedimiento de obligatorio cumplimiento en los casos en que una determinada garantía hipotecaria no cubra el valor completo de lo adeudado, que no corresponde al acreedor seleccionar ni modificar —es decir, se trata de un procedimiento preestablecido en la ley, al cual habrán de acogerse todos los sujetos procesales en las actuaciones correspondientes—. El hecho de que este procedimiento confiera al acreedor la posibilidad de optar por perseguir o no perseguir otros bienes del deudor, no significa que se le autorice para modificar a su arbitrio las normas procedimentales aplicables.

Por tales razones, el cargo bajo examen no prospera.

En cualquier caso, la Corte precisa que tampoco se viola el derecho a la igualdad de los demás acreedores por el hecho de que la norma permita que el saldo insoluto del crédito hipotecario, no cubierto por la garantía real, sea perseguido con cargo a los demás bienes patrimoniales del acreedor; una adecuada interpretación de la disposición acusada, en consonancia con las demás normas procesales y sustanciales aplicables, permite concluir, como señala la Academia Colombiana de Jurisprudencia en su intervención, que la preferencia que otorgaba al acreedor hipotecario la garantía real que cubría su deuda se extingue con el remate y adjudicación de esta garantía, por lo cual el saldo insoluto del crédito que no sea cubierto por el valor de la hipoteca adquirirá, para todos los efectos procesales a los que haya lugar a partir de ese momento, el carácter de quirografario. No se puede interpretar de otra forma el aparte acusado según el cual el proceso continuará, en estas hipótesis, como “ejecutivo singular sin garantía real”. En consecuencia, el acreedor hipotecario en esta situación adquiere, en el curso de las actuaciones procesales subsiguientes y frente a los demás bienes patrimoniales del deudor, el carácter de acreedor quirografario, por lo cual se ubicará en una condición igual a la de los demás acreedores sin garantía —en aplicación del principio de par conditio creditoris—; es decir, cesa la preferencia que amparaba a su crédito. Tanto así que durante tales actuaciones debe darse aplicación, no solo al artículo 540 del Código de Procedimiento Civil, como lo señala el último inciso de la disposición acusada, sino también a todas las demás disposiciones procesales pertinentes para el proceso ejecutivo singular sin garantía real, entre ellas el artículo 539 del mismo estatuto procesal civil, en virtud del cual es necesario citar al proceso a todos los demás acreedores con garantía real sobre los bienes embargados. De esta forma, no se desconocen los derechos de los otros acreedores con créditos privilegiados o garantizados, puesto que la preferencia que amparaba al acreedor hipotecario necesariamente deja de operar.

5. No hay violación del debido proceso por el cargo analizado.

El demandante estructura el cargo por violación del debido proceso con base en la aludida transformación, por el legislador, del proceso ejecutivo hipotecario en un proceso ejecutivo singular. Explica el actor que el proceso ejecutivo hipotecario

“... es un proceso especial, que se caracteriza por el ejercicio único de la acción real, la cual la escoge el acreedor. // En este proceso solamente se pueden perseguir los bienes gravados con hipoteca o prenda. // Tan cierto es lo que afirmo que el mismo Código de Procedimiento Civil tanto el anterior (D. 2282/89) como el actual (L. 794/2003), dispusieron en el inciso quinto del artículo 554 que: “Cuando el acreedor persiga además, bienes distintos de los gravados con la hipoteca o la prenda, se seguirá exclusivamente el procedimiento señalado en los anteriores capítulos de este título”. Más claro no puede ser: si el acreedor persigue bienes distintos al hipotecado debe iniciar un ejecutivo mixto. // El numeral 7º del artículo 66 de la Ley 794 de 2003 (que no existía en el anterior código), pretende convertir una acción real en una acción mixta, lo cual constituye una clara violación al artículo 29 de la Constitución Nacional… Honorables magistrados, el numeral 7º de la norma que acuso, desconoce de manera grosera el mismo precepto contemplado en el inciso 5º del artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, también el artículo 65 de la Ley 794 de 2003, lo que me lleva a pensar que es un verdadero “mico” legislativo”.

Cita en sustento de su afirmación algunas sentencias de la Corte Constitucional en las cuales se ha precisado que, según la legislación vigente al momento de su adopción, el proceso ejecutivo hipotecario tiene por finalidad hacer efectiva una determinada obligación con cargo a un bien específicamente afecto a garantizar su cumplimiento.

Para la Corte, el cargo en cuestión no es de recibo. En la sentencia C-789 de 2003 anteriormente citada, esta corporación explicó que “la legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del derecho al debido proceso están dados por su proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas. Por ende, “la violación del debido proceso ocurriría no solo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que esta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización” (5) ”. Es decir, una determinada norma procesal viola el mandato del artículo 29 superior cuando resulta desproporcionada o irrazonable frente al fin para el cual fue concebida.

El actor ha argumentado que los procesos ejecutivos hipotecarios tienen una determinada finalidad que ha sido señalada por el legislador, y que no es viable que el mismo legislador introduzca modificaciones en cuanto a su diseño procesal, puesto que ello afectaría el debido proceso. Sobre el particular, la Corte considera que no es irrazonable que el legislador, en ejercicio de la amplia discrecionalidad que le es propia en materia de fijación de procedimientos judiciales, modifique sus propias decisiones previas en relación con un tipo determinado de proceso. En otras palabras, si bien el diseño previamente establecido por el legislador para el proceso ejecutivo hipotecario excluía la posibilidad de perseguir, una vez liquidado el bien gravado, otros bienes del deudor, ello no quiere decir que el legislador no pueda, en cualquier momento y en ejercicio de las facultades constitucionales que le competen, introducir variaciones a dicho diseño procesal, en el sentido en que lo hace la norma acusada en este caso. Tal modificación no resulta, por ese simple hecho, contraria a los principios de razonabilidad o proporcionalidad; el legislador procesal no está irremediablemente obligado a mantener sus decisiones pasadas sobre las formas propias de cada proceso, menos cuando dichas decisiones constan en leyes ordinarias, que pueden ser reformadas por otras leyes de igual categoría, y en ausencia de disposiciones constitucionales específicas sobre la materia. La Carta Política no se refiere al tema de la conversión de los procesos ejecutivos, ni precisa que en estos casos debe presentarse nueva demanda, prestar nueva caución o dictar nueva sentencia —el constituyente guardó silencio sobre el asunto, defiriendo su regulación a la voluntad legítima del legislador—.

De cualquier manera, la disposición acusada no es, para la Corte, irrazonable o desproporcionada frente a la finalidad que con ella se persigue. Tal y como consta en el informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que consagró la norma acusada, esta fue introducida como un mecanismo para hacer más eficiente y rápido el cobro judicial de los saldos insolutos de los procesos ejecutivos con garantía real, “pues en la actualidad hay que proceder al desglose de los documentos en donde conste el saldo, iniciar una nueva demanda ejecutiva quirografaria, prestar caución, embargar bienes y demás actuaciones, lo cual en verdad no tiene ninguna justificación”. Para lograr esta finalidad, que también apunta hacia la descongestión de la rama judicial, resulta proporcionado y razonable introducir la posibilidad de que continúe el proceso ejecutivo en cuestión como ejecutivo singular sin garantía real, para evitar la iniciación de nuevos trámites que, teniendo en cuenta la identidad de deudor en uno y otro proceso, ya han cumplido su función protectiva de los intereses del deudor ejecutado. Se trata de una medida inspirada en el principio de economía procesal que no desborda el ámbito de competencias del legislador en la materia.

Por otra parte, para la Corte resulta claro que cuando el inciso final de la disposición acusada alude al “nuevo proceso”, no está haciendo referencia a un proceso nuevo por ser adicional al originalmente iniciado, sino a un proceso que es nuevo en un sentido sustancial, no formal, ya que dada la conversión del saldo del crédito hipotecario en crédito quirografario, la posición sustancial y procesal del acreedor ha sido transformada radicalmente, así como su relación con el deudor. No se trata de dar inicio a otro proceso diferente para reclamar el saldo insoluto del crédito hipotecario —caso en el cual sería necesario dictar un nuevo mandamiento de pago y una nueva sentencia, así como prestar nueva caución—; se trata de continuar con una actuación procesal que se inició como proceso ejecutivo hipotecario pero, por voluntad del legislador, sufrió una transformación sustancial en un determinado punto de su desarrollo —es decir, una “conversión” que, sin mudar su naturaleza de proceso ejecutivo, le dio otra connotación a la relación procesal y sustancial inicialmente trabada entre las partes e intervinientes, con ciertas consecuencias procesales—. Por lo mismo, al tratarse del mismo proceso ejecutivo con una connotación diferente, consideró el legislador —en forma razonable dada la finalidad perseguida— que no es necesario, en estas hipótesis, volver a prestar caución, librar mandamiento ejecutivo o dictar sentencia; estas actuaciones ya han sido desarrolladas en el curso de las actuaciones iniciales de este proceso, y el deudor ya ha tenido la oportunidad tanto de controvertir el crédito en cuestión como de hacer valer sus otros derechos.

Lo anterior no obsta, se reitera, para que en caso de que en el curso de las actuaciones desarrolladas durante las etapas subsiguientes del proceso ejecutivo en cuestión se causen daños o perjuicios a terceros o al mismo deudor, tanto los terceros como el deudor puedan acudir a otros mecanismos procesales distintos al cobro de una caución para obtener el resarcimiento al que haya lugar; el hecho de que el legislador haya dispuesto que una vez verificada la existencia de un crédito remanente el proceso hipotecario continúe como ejecutivo singular sin garantía real sin que sea necesario volver a prestar caución, no significa que las partes o terceros afectados en sus derechos legítimos pierdan la facultad de reclamar la indemnización de perjuicios correspondiente, por vías procesales distintas a la de la caución que debe acompañar —por mandato legal, y no constitucional— la práctica inicial de medidas cautelares.

Adicionalmente, es pertinente recordar el contexto en el cual esta adoptó la norma acusada, ya que el objetivo explícito del Congreso al adoptar el artículo acusado era el de agilizar el trámite de los procesos ejecutivos en el país; por ende, es pertinente examinar las estadísticas sobre desempeño de la justicia ordinaria en cuanto al tema específico de los procedimientos de ejecución forzosa. Según se indicó en la exposición de motivos del proyecto de ley que posteriormente se convertiría en la Ley 794 de 2003, un proceso ejecutivo dura, actualmente, cerca de tres años. A ello se suma que, según ha afirmado el Consejo Superior de la Judicatura para el período 2001-2002 (6) , el represamiento de procesos en la jurisdicción civil obedeció en un 84% a los procesos ejecutivos de todo tipo pendientes de resolución.

Desde otra perspectiva, de acuerdo con los datos publicados por el mismo Consejo Superior de la Judicatura (7) , para el año 2002, un total de 85.588 demandas ejecutivas con título hipotecario fueron presentadas ante los jueces del país, mientras que se presentaron 300.043 demandas ejecutivas singulares y 7.750 demandas ejecutivas de otro tipo —es decir, se iniciaron 393.381 procesos ejecutivos a lo largo del territorio nacional—. De acuerdo con la misma fuente, en el año 2002 se produjeron, en total, 74.586 “salidas” de procesos ejecutivos con título hipotecario en el país —es decir, 74.586 procesos de este tipo terminaron por sentencia, pago, conciliación, transacción, desistimiento, perención, retiro u otras causas—, al mismo tiempo que 275.810 “salidas” de procesos ejecutivos singulares, y 6.451 “salidas” de procesos ejecutivos de otro tipo; en otras palabras, un total de 356.847 procesos ejecutivos de diversa índole dejaron de ser tramitados ante los jueces del país. Cuando se compara esta cifra con el total de procesos ejecutivos que fueron iniciados en el mismo año, se verá que hay un total de 36.534 procesos ejecutivos “represados”, que se iniciaron durante el año 2002 y no fueron terminados en el curso del mismo. Las cifras publicadas por el Consejo Superior de la Judicatura para el año 2001 arrojan un resultado aún más apremiante. En este año se produjeron 102.549 demandas ejecutivas con título hipotecario, 358.948 demandas ejecutivas singulares, y 6.779 demandas ejecutivas de otro tipo, para un total de 468.276 procesos ejecutivos iniciados en el curso del año; mientras que hubo 68.547 “salidas” de diversa índole para procesos ejecutivos con título hipotecario, 317.322 “salidas” de procesos ejecutivos singulares y 4.986 “salidas” de procesos ejecutivos de otro tipo —lo cual arroja un total de 390.855 “salidas” de procesos ejecutivos del sistema judicial, que comparado con el número total de entradas, da como resultado un total de 77.421 procesos ejecutivos pendientes de resolución—. Como consecuencia, se tiene que el Congreso adoptó la medida que se acusa como medio para solucionar un problema de interés nacional que exige una respuesta urgente por parte del legislador.

El cargo no prospera.

6. Supuesta violación de derecho a la propiedad.

Argumenta el actor que la norma acusada viola el derecho a la propiedad del deudor objeto del proceso de ejecución con título hipotecario, puesto que dicho deudor ha afectado al pago de la obligación que se busca cobrar un bien específico de su propiedad, y no otro distinto, por lo cual se desconoce la Carta Política al abrir la posibilidad de que distintos bienes que le pertenecen sean afectos al pago del saldo insoluto de sus obligaciones. Dice el demandante, en este sentido, que “el acreedor previamente consideró que el bien dado en garantía era suficiente para cubrir la obligación. Alterar las reglas de juego, como lo pretende la norma acusada, es poner en desventaja al deudor, desconociendo sus legítimos derechos, que se derivan de la seguridad que le imparte el hecho de garantizar la obligación con un determinado bien”.

Observa la Corte que, según el texto del artículo 58 de la Carta, “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores (…)”; resulta claro que, contrario a lo que afirma el actor, las leyes civiles no permiten al deudor con garantía hipotecaria sustraer el resto de su patrimonio, que es prenda general de sus acreedores, de la carga de pagar el importe insoluto de la obligación que ha garantizado con una hipoteca sobre un bien determinado.

Si bien el proceso ejecutivo hipotecario, por definición legal, pretende hacer efectiva una determinada obligación con cargo a un bien que ha sido gravado con el fin específico de asegurarla, no por ello ha deducido el legislador que la obligación en cuestión no pueda ser cobrada, en lo que quede pendiente de pago luego del remate del bien hipotecado, con cargo a la prenda general de los acreedores en materia civil y comercial, es decir, con cargo a los demás bienes que integran el patrimonio del deudor. En otras palabras, las leyes civiles que amparan derechos como la propiedad privada no facultan a los deudores con garantía hipotecaria para escudar los bienes no hipotecados de su patrimonio de la carga de asegurar el pago del monto que llegare a quedar insoluto, una vez liquidado el valor del bien que ha sido afecto específicamente al pago de la obligación particular de que se trate. Es precisamente lo contrario lo que indica el ordenamiento civil y comercial vigente, así como las reglas de derecho privado más básicas: las obligaciones válidamente adquiridas deben ser cumplidas de buena fe, incluso si para ello es necesario ejecutar por vía judicial al deudor, haciendo uso de su patrimonio como garantía general de cumplimiento. Ello es predicable, también, en materia de procesos de ejecución, puesto que tal y como señaló recientemente esta corporación (8) , “los procesos ejecutivos parten de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible. No se trata de debates judiciales en los que las partes defienden la existencia o no de un derecho, en los que no se sabe si la parte acusada tiene o no la obligación que el demandante alega; se trata de procesos en los que la parte demandante aporta un título que presta mérito ejecutivo y que ofrece una certeza al debate judicial”.

El cargo será rechazado.

(...).

8. Nuevos argumentos de inconstitucionalidad presentados por el procurador.

El señor procurador, en su concepto sobre la constitucionalidad de la norma acusada, ha expresado que (i) debe condicionarse la exequibilidad de la misma a que se entienda que no es aplicable al cobro ejecutivo de los créditos para vivienda, y (ii) es inexequible el aparte según el cual no deberá prestarse una nueva caución en caso de continuar con la ejecución, puesto que ello desconoce los derechos de terceros que se podrían ver afectados por una decisión.

En cuanto al primer punto, observa la Corte que se trata de un nuevo cargo de inconstitucionalidad fundado en la violación del derecho a la vivienda digna (C.P., art. 51) que no fue planteado por el demandante, y que no guarda conexidad directa con los esgrimidos por el actor, por lo cual no es competente esta corporación para pronunciarse en esta oportunidad sobre él.

En cuanto al segundo argumento, observa la Corte que el legislador, en ejercicio de la amplia discrecionalidad que le compete en materia procesal, puede disponer distintos medios para proteger los derechos de terceros eventualmente afectados por medidas cautelares adoptadas en el curso de procesos ejecutivos. La imposición de la obligatoriedad legal de prestar una caución en estos casos es solamente uno de los medios que se encuentran al alcance del legislador para lograr dicho objetivo; es decir, bien puede disponer en una hipótesis específica, como ocurre con la norma demandada, que no será la caución el medio para proteger los intereses de dichos terceros, es decir, que no es obligatorio prestar dicha caución para precaver los perjuicios que se llegaren a causar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la norma en cuestión no impide que los terceros afectados por la práctica de una medida cautelar hagan valer sus derechos ante el juez de conocimiento del proceso correspondiente, y que tampoco obsta para que dichos terceros soliciten por otra vía procesal distinta la indemnización de los perjuicios que se pudieren derivar de la práctica de las medidas cautelares, el argumento del procurador, y su solicitud de declaratoria de inexequibilidad del aparte en cuestión, no serán aceptados por la Corte.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el numeral 7º del artículo 66 de la Ley 794 de 2003.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-237A de 11 de marzo de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).

Nota: La sentencia C-237A fue notificada por edicto Nº 127, fijado el 14 de mayo de 2004 y desfijado el 18 de mayo siguiente (N. del D.).

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-1512/2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver la sentencia C-925/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(6) Consejo Superior de la Judicatura - Informe al Congreso de la República, 2001-2002.

(7) Estadísticas en:http://200.74.133.178/csj_portal/jsp/frames/index.jsp?idsitio=6&ruta=../procesos/procesos.jsp

(8) Sentencia C-1091 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

SALVAMENTO DE VOTO

El suscrito magistrado, con el respeto acostumbrado por las decisiones de la corporación, me(sic) veo precisado a salvar el voto en relación con la sentencia C-237 de 11 de marzo de 2004, por la cual se declaró la exequibilidad por los cargos examinados, del numeral séptimo del artículo 66 de la Ley 794 de 2003. Son razones de este salvamento de voto las siguientes:

1. El artículo 66 de la Ley 794 de 2003, introdujo modificaciones al artículo 557 del Código de Procedimiento Civil y, dispuso que el numeral séptimo de esta norma quedara en adelante con el siguiente texto:

“7. Cuando a pesar del remate o de la adjudicación del bien la obligación no se extinga, el acreedor podrá perseguir otros bienes del ejecutado, siempre y cuando este sea el deudor de la obligación. En este evento, el proceso continuará como un ejecutivo singular sin garantía real, sin necesidad de proferir de nuevo mandamiento ejecutivo ni sentencia. El ejecutante no estará obligado a prestar caución para el decreto y práctica de las medidas cautelares.

En el nuevo proceso se admitirán demandas de tercerías de acreedores sin garantía real que se presenten antes de que quede en firme la providencia que señale la fecha y hora para el nuevo remate, y en lo pertinente se aplicará el artículo 540”.

2. A mi juicio, la norma acabada de transcribir, aunque útil para los acreedores hipotecarios, quebranta de manera ostensible el debido proceso que garantiza el artículo 29 de la Constitución Política, con grave detrimento de tal garantía para los deudores.

En efecto, si bien es verdad que el patrimonio del deudor es prenda general en beneficio de sus acreedores, no lo es menos que conforme al ordenamiento jurídico vigente, si un bien determinado se grava con hipoteca o prenda, el derecho real que con tal gravamen se constituye en beneficio de un acreedor determinado, tiene como consecuencia inmediata que en caso de incumplimiento total o parcial de la obligación pueda el acreedor hacer efectiva esa garantía impetrando de la autoridad judicial la venta en pública subasta del bien objeto de ese derecho real accesorio para la satisfacción de su crédito.

Por ello, desde los romanos, los bienes gravados con hipoteca o prenda tienen, como característica de ese derecho real accesorio los atributos de persecución y preferencia, en beneficio del acreedor. Quiere ello decir que aun en el caso de haberse vendido ese bien, quien lo hubiere adquirido soporta la posibilidad de que el acreedor pida la venta judicial para obtener el pago de la obligación afecta al gravamen, así su nuevo propietario no sea el deudor de la obligación original. Del mismo modo, la obligación garantizada una vez vendido el bien por orden judicial, se cancela con el producto de la venta y, si quedare algún remanente este será de propiedad del deudor vencido, remanente que entonces puede ser objeto de medidas cautelares para el pago de otras obligaciones, porque ahora sí forma parte de la prenda general de los demás acreedores quirografarios.

Tal es la razón por la cual en el proceso hipotecario la pretensión del demandante es, de manera invariable, que el bien objeto del gravamen se venda en pública subasta para que con el producto de ella se cancele el crédito garantizado de esa manera y con ese bien, no solo por voluntad del deudor sino también por voluntad del acreedor.

Siendo esa la pretensión, luego de practicadas las medidas cautelares de embargo y secuestro del inmueble hipotecado en la sentencia respectiva a ordenar la venta forzada del bien se contre(sic) la sentencia, para la cancelación del crédito reclamada judicialmente por el acreedor, previo avalúo y con las demás formalidades propias del remate.

De esta manera, si el precio del bien enajenado mediante la venta forzosa en ese proceso de ejecución no alcanzare para la cancelación íntegra del crédito garantizado con la hipoteca de un bien determinado, desde siempre y para no atropellar el derecho de los deudores al debido proceso, el saldo respectivo puede ser reclamado por el acreedor, pero mediante otro proceso ejecutivo.

Ahora, con la nueva disposición contenida en el numeral séptimo del artículo 557 del Código de Procedimiento Civil, se abandona de manera abrupta la clasificación del proceso ejecutivo en singular, hipotecario o mixto, para autorizar que el proceso inicialmente planteado como hipotecario —y no como singular para perseguir cualquier bien del deudor, ni como mixto para que las medidas cautelares y el remate si hay lugar a él se extiendan al bien hipotecado y a otros bienes—, le permite al acreedor, sin necesidad de nueva demanda, perseguir bienes distintos al hipotecado que ya habrá sido objeto de remate y aun cuando esta pretensión no se incluyó en la demanda, ni de ella pudo defenderse el deudor.

Es tal el quebranto del artículo 29 de la Constitución, que se da el salto del proceso hipotecario con unas reglas determinadas al ejecutivo singular para satisfacción del acreedor, pero sin ningún miramiento por el deudor, ni por los demás acreedores de este. El artículo 557 numeral séptimo del Código de Procedimiento Civil reformado por la Ley 794 de 2003, paladinamente y en su propio texto resalta la confusión que lleva a la violación ostensible del artículo 29 de la Constitución. Así, en su primer inciso expresa que si pese al remate o a la adjudicación del bien al acreedor no se extinguió la obligación, “el proceso continuará como un ejecutivo singular sin garantía real, sin necesidad de proferir nuevo mandamiento ejecutivo ni sentencia”. Es decir, sin derecho de defensa para el deudor que bien podría si lo tuviera, discutir por ejemplo, la cuantía del saldo por el cual se pretende continuar la ejecución, o proponer excepciones como la compensación, o la confusión o la novación o la prescripción o cualquiera otra que llegare a existir. Para llegar a ese propósito, se dispone, como ya se vio que “el proceso continuará” pero sin mandamiento de pago para impedir la proposición de excepciones y sin sentencia, lo que resulta asombrosamente protector del acreedor y desprotector del deudor y recuerda etapas superadas por la humanidad como cuando se encontraba lícito por algunos el fusilamiento mientras llega la orden.

Pero, además, luego de expresar la norma acusada que “el proceso continuará” con esas nefastas características afirma luego que “en el nuevo proceso se admitirán demandas de tercerías de acreedores sin garantía real”. Pareciera aquí que se adquirió conciencia de la flagrante violación a la garantía establecida en el artículo 29 de la Carta y por ello en el mismo numeral séptimo del artículo 557 del Código de Procedimiento Civil con su nueva redacción, se incurre en la contradicción protuberante de expresar que el proceso es antiguo y por eso “continuará” y, al propio tiempo se afirma que se trata de un “nuevo proceso” en el que cabrán otras demandas de terceros acreedores. ¿Al fin qué? si es un proceso antiguo que “continuará”, se trataría de un proceso ejecutivo hipotecario por cuanto así se inició y se tramitó hasta llegar al remate del bien hipotecado; y si es un “nuevo proceso” se trata de un ejecutivo singular con un deudor a quien no se le profiere mandamiento de pago, se le priva del derecho a proponer excepciones, se le dicta sentencia de plano y se admite la participación de otros acreedores. A tales excesos en perjuicio directo del deudor y con desconocimiento absoluto del derecho de defensa no se llegó ni siquiera en la época más atrasada del derecho romano cuando existía la institución de la manus injectio y se permitía incluso la venta del deudor para transformar su estatus de libre al de esclavo.

Así las cosas, en semejante sentencia no puedo acompañar a la mayoría de la Corte. Por ello salvo el voto.

Alfredo Beltrán Sierra 

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