Sentencia C-239 de marzo 29 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-239 de 2006 

Ref.: Expediente D-5860

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2 º, 5 º y 6 º (Parcial) de la Ley 24 de 1959.

Actora: Soraya Gutiérrez Argüello.

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de los artículos demandados parcialmente de la Ley 24 de 1959, según fue publicado en el Diario Oficial 29.958 del 26 de mayo de 1959, y se subrayan los apartes demandados.

“Ley 24 de 1959”

22/05/1959

Por la cual se confieren unas autorizaciones al Gobierno Nacional

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—El Gobierno Nacional podrá celebrar contratos o convenios con los representantes, debidamente autorizados, de organismos o agencias especializadas internacionales o con entidades públicas o privadas nacionales, extranjeras o de carácter internacional, con el fin específico de asegurar el aprovechamiento o la prestación de asistencia técnica o el suministro de elementos u otras facilidades requeridas para la formulación o ejecución de planes y programas de desarrollo económico, social, cultural, sanitario u otras materias conexas.

Parágrafo. Los proyectos de tales contratos o convenios deben ser sometidos al estudio y concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación.

ART. 2º—Los contratos o convenios que se celebren por el Gobierno Nacional de conformidad con el artículo anterior, solo requieren para su validez, la aprobación del Presidente de la República, previo concepto favorable del Consejo de ministros.

ART. 5º—Autorizase al Gobierno para que ratifique, por medio de actas aprobadas previamente por el Consejo de Ministros, los contratos o acuerdos de naturaleza señalada en el artículo primero de esta ley que se hayan suscrito con anterioridad a ella y sigan ejecutándose sin sujeción completa al régimen ordinario a que deben someterse los contratos administrativos.

ART. 6º—Los gastos o erogaciones a cargo del Estado que resulten de los contratos o convenios a los que se refiere la presente ley, se imputarán a las apropiaciones presupuestales de la entidad administrativa encargada de la ejecución del contrato respectivo.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

Competencia

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda.

Objeto de la demanda y vigencia de las disposiciones demandadas

2. La actora demandó algunos apartes de los artículos 1º, 2º, 5º y 6º de la Ley 24 de 1959. Señala la demandante que, con fundamento en estas disposiciones el gobierno colombiano está celebrando acuerdos en forma simplificada con otros Estados. Indica que tales acuerdos son verdaderos tratados internacionales que han sido celebrados sin atención a los controles político y judicial que la Constitución consagra a la hora de celebrar tratados. Por ello considera que las normas deben ser declaradas inexequibles.

A su turno el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación, en sus respectivas intervenciones, consideran que las disposiciones demandadas no se encuentran vigentes y, por lo tanto, afirman que la Corte debe declararse inhibida para fallar. Al respecto, coinciden en señalar que, en la actualidad, la Ley 24 de 1959 “no es aplicable para la aprobación de acuerdos internacionales”, ya que el Decreto-Ley 150 de 1976 reguló en su totalidad lo relacionado con la celebración de contratos y convenios internacionales, normatividad que dejó sin efectos lo dispuesto en la citada Ley 24 de 1959.

En los términos planteados corresponde a la Corte, en primera instancia, definir si las disposiciones parcialmente demandadas se encuentran vigentes. Para tales efectos y dado que no parece existir en el ordenamiento una disposición que de forma expresa derogue lo dispuesto en la Ley 24 de 1959 resulta fundamental establecer cual es la materia que regula dicha ley e identificar si la misma se encuentra regulada por otras disposiciones en todo o, al menos, en lo que corresponde a las normas parcialmente demandadas.

Vigencia de las disposiciones demandadas

3. La Ley 24 de 1959 fue expedida con el objetivo de promover y facilitar la celebración de convenios o contratos de asistencia técnica. Para satisfacer esta finalidad, la ley autorizó al Presidente a firmar contratos o convenios administrativos con entidades nacionales o extranjeras de derecho público o privado, que estuvieran dispuestas a colaborar en el diseño e implementación de los planes, programas o proyectos de desarrollo. A este respecto, al presentar al Congreso el proyecto de ley que luego sería la Ley 24 de 1959, el Ministro de Gobierno señaló:

“El proyecto de ley que tengo el honor de someter a vuestra ilustrada consideración, tiene por objeto establecer un procedimiento especial para la celebración de contratos administrativos o acuerdos con entidades nacionales o extranjeras o de carácter internacional, dentro el régimen legal que gobierna la materia, y permitirle así al Gobierno Nacional el ejercicio de sus funciones administrativas dentro de la órbita constitucional, en orden a agilizar la Administración Pública en punto a contratación efectuada con el fin específico de asegurar el suministro de asistencia técnica a todos los servicios públicos a cargo del Estado (…).

“Dentro de nuestro sistema constitucional y legal, al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa le corresponde celebrar los contratos administrativos con arreglo a las leyes fiscales y con la obligación de dar cuenta al Congreso en sus sesiones ordinarias (C.P., art. 120, num. 13). En armonía con esta disposición una de las atribuciones que al Congreso le otorga la Constitución en su artículo 76, numeral 16, es precisamente la de aprobar o desaprobar los contratos a que se acaba de hacer referencia, “sí no hubieren sido previamente autorizados o si no se hubieren llenado en ellos las formalidades prescritas por el Congreso, o si algunas de las estipulaciones que contengan no estuvieren ajustadas a la respectiva ley de autorizaciones” (5) .

Como surge claramente de la exposición de motivos parcialmente transcrita y del texto de la Ley en cuestión, se trataba de autorizar al gobierno para la firma de futuros contratos o acuerdos de naturaleza administrativa. La celebración de tales contratos o convenios no estaría sujeta a la aprobación previa del Congreso o a la aplicación de las normas contractuales o tributarias que regulaban la materia.

Según la ley parcialmente demandada, los contratos o convenios de apoyo técnico, debían ser evaluados por el entonces denominado Consejo Nacional de Política Económica y de Planeación y aprobados por el presidente previo concepto favorable del consejo de ministros. Dada la naturaleza y finalidad de estos contratos y convenios, la Ley autorizó al gobierno para omitir el trámite previsto por las normas regulares de contratación administrativa. Adicionalmente, el legislador señaló que los capitales, bienes y servicios que se suministren con motivo de los respectivos convenios o contratos estarían libres de todo impuesto. Se trata, en suma, de una ley que establece excepciones contractuales y exenciones tributarias a favor de la celebración de convenios o contratos de cooperación técnica con personas públicas o privadas nacionales, extranjeras o internacionales. Respecto a esta última cuestión, en la exposición de motivos del proyecto de ley se decía:

“El Gobierno Nacional desea tener un instrumento legal que favorezca la segura y rápida contratación de la asistencia técnica que le sea ofrecida en los distintos frentes de la administración para mejorar o perfeccionar los servicios públicos en general, a través de un sistema ágil que garantice la inmediata ejecución de los contratos que se celebren, al propio tiempo que ofrezca la garantía de que los proyectos de los contratos o convenios sean sometidos al estudio y concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, a fin de armonizarlos con los prospectos que sobre la materia haya trazado el Gobierno en forma técnica, y de que para su validez requieran la aprobación del Presidente de la República, previo concepto favorable del consejo de ministros, tal como se dispone en el parágrafo del artículo primero y en el artículo segundo.

Desde luego, los contratos que celebra la administración para procurarse los bienes necesarios para la satisfacción de sus necesidades y la realización o prestación de los servicios públicos, por regla general pueden someterse a todas las formalidades administrativas y fiscales de que ya se ha hecho mención. Sin embargo, el mismo legislador en distintas ocasiones se ha encargado de exonerar a determinados contratos del cumplimiento de todos o algunos de los requisitos referidos, no en forma caprichosa y casuísta sino, antes bien, atendiendo a la naturaleza específica del contrato, a las prestaciones en él contenidas, a la entidad que deba celebrarlos, todo ello con el criterio elevado de darle agilidad a la Administración con el fin de atender prontamente a su función propia de prestación de los servicios públicos.

Si la contratación de la asistencia técnica hubiera de someterse siempre al complicado proceso administrativo fiscal, seguramente se entrabaría su prestación o suministro con el consiguiente desaliento de los países o entidades que la ofrezcan y la valiosa pérdida para los servicios públicos colombianos que se verían privados de tan eficaz cuanto necesaria colaboración internacional” (6) .

De todo lo anterior resulta claro que la ley demandada no autorizaba al gobierno a celebrar tratados internacionales. Su único alcance era el de autorizarlo para que en ejercicio de sus funciones administrativas celebrara contratos o convenios de cooperación técnica, destinados a apoyar financiera o técnicamente la elaboración o implementación de planes, programas o proyectos de desarrollo. Al respecto, en el contexto de la ley estudiada, los convenios de cooperación técnica no son otra cosa que acuerdos especiales en virtud de los cuales una entidad nacional, internacional o extranjera, aporta bienes, servicios o recursos, sin contraprestación económica a cargo del Estado, para el diseño o implementación de planes, programas o proyectos de desarrollo. Al no ser contratos onerosos que tengan como contraprestación el pago de recursos públicos, los convenios de cooperación suelen estar regulados por normas especiales que establecen excepciones a las reglas de contratación administrativa e, incluso, a las normas tributaras o presupuestales. En suma, la norma parcialmente demandada es una norma que regula un aspecto especial de la contratación administrativa destinada a favorecer la cooperación técnica. En este mismo sentido, como pasa a explicarse, fue interpretada por la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 3 de julio de 1975 y de 15 de julio de 1976.

4. El artículo 2º de la Ley 24 de 1959 fue demandado en vigencia de la Carta de 1886. El demandante solicitaba a la Corte Suprema de Justicia que declarara inexequible dicha disposición “en lo que se refiere a la aprobación de convenios con entidades públicas extranjeras y con entidades de derecho internacional”. En su criterio, esta norma facultaba al gobierno para firmar tratados internacionales con otros Estados sin atender al trámite que para la firma de este tipo de acuerdos establecía la Constitución.

Sin embargo, en sentencia de 3 de julio de 1975, la Corte Suprema de Justicia encontró que la Ley demandada no confería tal facultad al gobierno. En criterio de la Corte el único alcance de la disposición demandada era el de permitir al gobierno que, en ejercicio de sus funciones administrativas, celebrara contratos o convenios cuyo trámite pudiera quedar exceptuado de las disposiciones vigentes en materia de contratación administrativa. En esa medida, señaló expresamente que la disposición no era inexequible en tanto no confería al gobierno nacional la facultad de celebrar tratados internacionales por fuera del trámite dispuesto en la Constitución Política, esto es, al margen de la aprobación legislativa.

Al respecto resulta relevante citar in extenso la sentencia de la Corte Suprema de Justicia:

“Los contratos o convenios que el gobierno celebre para el servicio público están regulados por los artículos 76, ordinales 11 y 16, y hacen pare de la función que al presidente corresponde como suprema autoridad administrativa, artículo 120-13 de la Carta; estos contratos se garantizan solamente con la responsabilidad económica del Estado; y aunque las partes contratantes sean organismos o agencias extranjeras o de carácter internacional las vinculaciones que se contraten no son de orden político.

En cambio, los tratados o convenios con otros Estados o entidades de derecho internacional tienen su fundamento en los artículos 76-18 y los celebra el presidente como jefe de Estado, artículo 120-20; y en estos, el Estado actúa como sujeto de derecho internacional.

Cada uno tiene tramitación especial que desde el punto de vista constitucional que preocupa al actor se precisa así: los contratos podrán pactarse con autorización previa del congreso en los términos del 76-11; no así los tratados que requieren posterior aprobación de la rama legislativa (76-18).

(…)

Los organismos o agencias con los cuales puede celebrar el Gobierno Nacional contratos para la prestación de asistencia técnica, o el suministro de elementos para la formulación o ejecución de planes y programas de desarrollo general de que trata la Ley 24 de 1959 y que, según el actor, contrarían la ley fundamental son las extranjeras y las de derecho internacional. Tales organismos o agencias extranjeros no representan a ningún Estado en particular y solo tienen una organización que busca el mejoramiento de los países menos desarrollados. Estos contratos o convenios que con las finalidades anotadas en la Ley 24 de 1959 celebre el Gobierno tienen el carácter de administrativos y encajan dentro de los artículos 76, ordinales 11 y 16 y 120-13 de la Constitución. O sea que solo requieren la aprobación posterior del Congreso cuando falta la previa autorización, o no se ajustan a la respectiva ley, o dejan de cumplir los requisitos en ella exigidos. Estos contratos no son tratados públicos que se rijan por los artículos 76-18 y 120-20 de la Carta” (7) .

En criterio de la Corte Suprema, el texto de la ley demandada, interpretado especialmente a la luz de la exposición de motivos de la misma, permite concluir que el artículo 2º acusado no vulnera la Constitución, pues no autoriza al Gobierno Nacional a celebrar tratados internacionales al margen del Congreso de la República. En virtud de lo anterior, la corporación declaró la exequibilidad del artículo 2º de la Ley 24 de 1959.

Un año más tarde, se demandaron los artículos 2º y 5º de la misma ley. En sentencia de 15 de julio de 1976, la Corte Suprema de Justicia, en virtud de los mismos argumentos expuestos en la sentencia de 3 del julio de 1975 parcialmente transcrita, declaró la exequibilidad del artículo 5º demandado y se estuvo a lo resuelto en la mencionada sentencia respecto del artículo 2º (8) . En suma, para la Corte Suprema de Justicia, los artículos 2º y 5º de la Ley 24 de 1954 facultaban al gobierno para celebrar o “validar” contratos o convenios firmados en desarrollo de las facultades del Presidente como suprema autoridad administrativa y no para celebrar tratados internacionales. Por esta razón tales normas no resultaban inexequibles.

5. Como bien se sabe, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaraba la constitucionalidad de una ley al amparo de la Constitución vigente hasta 1991, no constituye decisión con fuerza de cosa juzgada respecto de los posibles reparos que a la misma ley puedan formularse respecto de la Carta de 1991. Sin embargo, lo que si resulta en extremo relevante son las razones por las cuales la Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la norma estudiada.

En efecto, para establecer si la disposición demandada continúa vigente es indispensable comprender la materia que regula y el alcance de cada una de las disposiciones demandadas. En este sentido, no puede pasar desapercibido para la Corte Constitucional el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su función de control de constitucionalidad, hubiera declarado la exequibilidad de los artículos 2º y 5º de la ley parcialmente demandada bajo el entendido de que se trataba de disposiciones en materia de contratación administrativa y no de normas que autorizaran al Gobierno a celebrar tratados internacionales al margen del Congreso de la República.

6. El mismo entendimiento de la ley demandada parecen tener, en la actualidad, los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación, pues, en su criterio, las disposiciones parcialmente demandadas fueron derogadas por el estatuto de contratación administrativa expedido a través del Decreto-Ley 150 de 1976. En efecto, los intervinientes indican que el estatuto de normas para la celebración de contratos por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas, expedido a través del decreto ley citado, derogó integralmente la ley demandada. Dado que dicho estatuto solo se refiere a aspectos de contratación administrativa y no toca en ninguna de sus partes el trámite referente a la celebración de tratados internacionales, la interpretación antes sostenida solo puede explicarse si se parte de la base de que la ley demandaba regulaba materias relativas a la contratación administrativa y no a la celebración de tratados.

7. La Corte Constitucional coincide con la Corte Suprema de Justicia y con las intervenciones antes reseñadas en el sentido de que las disposiciones parcialmente demandadas se limitaban a consagrar un trámite especial para la celebración de contratos o convenios administrativos de cooperación técnica con cualquier tipo de entidad. Adicionalmente, la ley estudiada establecía exenciones tributarias para los capitales, bienes o servicios que ingresaran al país con motivo de tales contratos o convenios, así como algunas disposiciones tributarias en la materia. Sin embargo, dichas disposiciones no autorizaban al gobierno a celebrar tratados internacionales al margen del Congreso. Como surge claramente de las sentencias citadas de la Corte Suprema de Justicia, una norma en este sentido hubiere resultado inconstitucional.

8. Actualmente la Ley 80 de 1993 y las normas que la adicionan y complementan, regulan la materia de que tratan las normas parcialmente demandadas de la Ley 24 de 1959. En efecto, de una parte, todo lo relacionado con la formación, celebración y ejecución de contratos o convenios administrativos de cooperación técnica con entidades públicas extranjeras o con agencias o entidades internacionales, se regula, bien por lo dispuesto en el último inciso del artículo 13 de la Ley 80 mencionada y las disposiciones a las cuales este remite, o bien por las leyes especiales a través de las cuales se incorporan al derecho interno los tratados internacionales bilaterales o multilaterales respectivos, también llamados tratados marco. Estas fuentes sumadas a las normas de derecho internacional público aplicables en nuestro derecho interno, agotan la materia. En consecuencia, debe afirmarse que la formación, celebración y ejecución de contratos o convenios de cooperación técnica con entidades extranjeras o internacionales no se regula, en la actualidad, por lo dispuesto en las disposiciones parcialmente demandadas. Adicionalmente, no puede dejar de indicarse que en la actualidad las disposiciones tributarias sobre tales contratos o convenios se encuentran recogidas en el estatuto tributario sin que resulten aplicables a los contratos y convenios de cooperación técnica las normas contenidas en la Ley 24 de 1959.

Finalmente, la formación, celebración y ejecución de contratos o convenios administrativos de cooperación técnica celebrados entre las entidades estatales y las “entidades públicas o privadas nacionales” se encuentra regulada por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o Ley 80 de 1993 y por las normas que la modifican y complementan. Si se trata de convenios que no generan ningún tipo de obligación a cargo de las entidades estatales ni beneficios económicos para los cooperantes nacionales, los mismos se regulan por las normas generales que rigen los procedimientos y actuaciones de la función administrativa y por el derecho privado en los restantes asuntos relativos al contenido del convenio que puedan resultar jurídicamente relevantes. En fin, por las razones anteriores, como entra a explicarse mas detalladamente, no puede sostenerse que las disposiciones parcialmente demandadas se encuentren produciendo efectos. Ciertamente, dichas normas ya no resultan aplicables para regular el proceso de formación, celebración y ejecución de los contratos o convenios de cooperación técnica celebrados con entidades nacionales, extranjeras o internacionales.

Entra la Corte a explicar brevemente este aserto, en particular, en cuanto respecta a las normas encargadas de regular el proceso de formación, celebración y ejecución de convenios de cooperación técnica internacional, proceso al cual se refiere específicamente la demanda objeto de estudio.

9. En virtud del último inciso del artículo 13 de la Ley 80 citada, al referirse a la normatividad aplicable a los contratos estatales de empréstito o de asistencia técnica señala:

“Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes”.

La disposición trascrita, como lo ha señalado la doctrina especializada así como los órganos de control, se refiere en particular a los llamados “convenios de cooperación”. En efecto, la expresión “convenios” entendida en el marco de la cooperación técnica, no es sino una forma especial de contrato “mediante la cual, bajo la modalidad de aportes, dos entidades entregan bienes o servicios, con el propósito de lograr un objetivo común, generalmente adelantar un proyecto en cumplimiento de la voluntad de la fuente donante” (9) .

En consecuencia, los contratos de cooperación internacional —dentro de los cuales se encuentran los convenios de asistencia técnica cuando estos generan algún tipo de obligación a cargo de las entidades estatales—, celebrados entre las entidades de que trata la Ley 80 de 1993 y las entidades extranjeras de derecho público o internacionales pueden ajustarse a lo dispuesto en dicha ley o regirse por las normas especiales que para cada caso establezcan las entidades cooperantes. Adicionalmente, existen leyes especiales que adoptan tratados bilaterales o multilaterales de cooperación internacional. Estas disposiciones, como ya lo ha señalado la Corte, pueden establecer regulaciones especiales sobre la formación, celebración y ejecución de contratos o convenios administrativos de cooperación técnica. Como se verá adelante, en desarrollo de los tratados marco se pueden celebrar los llamados convenios de ejecución, siempre que estos se limiten a constituir mecanismos de simple ejecución administrativa de las obligaciones principales pactadas en los tratados marco.

10. Al conocer de una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 4 del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, antes trascrito, la Corte Constitucional señaló:

“2.3.4. El cuarto inciso del artículo 13 de la Ley 80 dispone:

Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

Como bien se puede inferir, desde el punto de vista de los recursos vinculados a la contratación estatal, este inciso se refiere con exclusividad a los ingresos percibidos por el tesoro público de parte de entes u organismos internacionales. Por lo mismo, este inciso es enteramente inaplicable en relación con aquellos contratos relativos a recursos del presupuesto general de la Nación o de los presupuestos territoriales, cuando tales recursos no correspondan a donaciones o empréstitos. Así por ejemplo, este inciso resulta inaplicable en relación con los contratos de administración de recursos estatales que las autoridades competentes no hayan aforado legalmente a título de donación o empréstito. Por lo tanto, al decir la norma que los respectivos contratos, “(...) podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y ejecución y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes”. Tal discrecionalidad solo puede asumirse, y por ende, ejercerse válidamente, dentro de los precisos linderos de los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, lo cual usualmente ocurre a título de empréstito o de donación. Por ello mismo, toda interpretación en contrario del inciso en comento, únicamente podría propiciar una ejecución presupuestal extraña a la realización de los fines del Estado.

Ahora bien, como acertadamente lo expresa la vista fiscal, el inciso cuarto del artículo impugnado entraña un precepto especial de contratación, que por virtud de la misma Ley 80 de 1993 permite la inaplicación del estatuto de contratación pública en la hipótesis de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacionales. Lo cual encuentra justificación en el hecho de que Colombia hace parte de esos organismos internacionales, como por ejemplo el FMI o el BID, y al hacer parte de ellos puede aceptar sus estatutos y régimen de contratación en cumplimiento de convenios, tratados y resoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como la ONU y la OEA, con sus filiales.

Por otra parte, —continúa la vista fiscal— nótese que en el caso de las donaciones la norma impugnada se ajusta al artículo 62 superior, cuando dispone que el destino de las donaciones para fines de interés social no puede ser variado a menos que el objeto de las mismas desaparezca. Por tanto no es razonable desconocer la voluntad de los donantes, la cual se puede plasmar en la decisión de que la entidad receptora acoja sus reglamentos, mediante los cuales pueda intervenir en la formación, adjudicación y ejecución de los contratos financiados con sus recursos.

Por consiguiente, de acuerdo con la interpretación asumida por esta corporación el inciso cuarto del artículo acusado resulta constitucional” (10) .

En suma, como ya lo había señalado la Corte, los contratos o convenios de cooperación técnica internacional se encuentran regulados, en principio, por el inciso 4º del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y por las normas a que esta disposición remite.

11. Ahora bien, como ya se mencionó, el proceso de formación, celebración y ejecución de los contratos o convenios de cooperación técnica internacional puede estar regulado por las leyes especiales que adoptan tratados específicos de cooperación técnica. El Estado colombiano ha celebrado acuerdos o tratados marco de cooperación con múltiples Estados, organizaciones o agencias internacionales en cuyo texto se prevén mecanismos especiales de ejecución de las obligaciones convenidas. En particular estos instrumentos suelen referirse a los llamados convenios de ejecución, también llamados convenios administrativos, acuerdos simplificados o celebrados en forma simplificada. Como lo ha reiterado la Corte, dichos acuerdos tendrán validez en el derecho interno siempre que se firmen en desarrollo de una ley que apruebe el tratado marco y siempre que las obligaciones en este contenidas sean un simple desarrollo de las obligaciones contempladas en la ley aprobatoria del tratado marco. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado enfáticamente que por vía del trámite de los acuerdos celebrados en forma simplificada no puede el gobierno comprometer la responsabilidad del Estado colombiano en aquello que el Congreso no hubiere aprobado a través de la ley que aprueba el tratado marco. En este sentido, lo cierto es que dichos acuerdos solo tendrán validez si la norma habilitante reúne los requisitos establecidos en la Constitución y si se trata, materialmente, de un convenio de ejecución y no de un nuevo tratado internacional. Como bien se sabe, en estos términos fue declarada la exequibilidad de la Ley 406 del 24 de octubre de 1997 “por medio de la cual se aprueba la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales”. En efecto, en dicha oportunidad la Corte señaló que, según lo dispone la Constitución Política, Colombia solo puede obligarse por medio de tratados internacionales una vez el tratado ha sido aprobado por el Congreso y revisado por la Corte Constitucional. En consecuencia, los acuerdos que se celebren sin tales formalidades y que no sean el simple desarrollo o ejecución de las obligaciones pactadas en tratados aprobados por leyes vigentes no tendrán obligatoriedad en el derecho interno (11) . En este mismo sentido no sobra recordar que la Corte ha señalado que para que los acuerdos internacionales celebrados en forma simplificada resulten constitucionales y, por lo tanto, jurídicamente vinculantes en el derecho interno, es necesario que se trate de acuerdos de simple ejecución de obligaciones pactadas en tratados internacionales negociados, suscritos, aprobados y revisados en la forma prevista en la Constitución Política. Al respecto ha dicho la Corte:

“A juicio de la corporación, si se trata de un instrumento internacional que no genera nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la Constitución Política (arts. 189, num. 2º, 150, num. 16., 241, num. 10) puede prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y ponerse en vigor por el Presidente de la República, en ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones internacionales. Al igual que cuando se trata de declaraciones de enunciados políticos, de actos unilaterales del Estado colombiano o de acuerdos verbales, instrumentos que no están sometidos a la formalidad de la aprobación legislativa, la cual se aplica únicamente a los tratados propiamente dichos. Ni menos aún a control constitucional por parte de esta corporación.

En efecto, si se trata de instrumentos en los que simplemente se contempla la ejecución por el jefe de la rama ejecutiva de actividades que le son propias en virtud de sus funciones y de sus competencias exclusivas y discrecionales, no hay lugar a que la corporación sea llamada a confrontar dichas acciones con la Carta” (12) .

12. En suma, el proceso de celebración de contratos o convenios de cooperación técnica con entidades internacionales se encuentra hoy recogido en el inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, así como en las leyes especiales que adoptan tratados internacionales celebrados de conformidad con el derecho internacional y constitucional vigente. Es entonces, en virtud de tales leyes, que el gobierno, en ejercicio de sus facultades administrativas, puede firmar acuerdos de ejecución. En todo caso, como lo ha reiterado la Corte, estos acuerdos de ejecución solo pueden ser obligatorios en el derecho interno si tienen como soporte un tratado internacional, aprobado por una ley de la República, en los términos descritos en el numeral anterior.

13. Por las razones expuestas la Corte considera que las disposiciones parcialmente demandadas no se encuentran vigentes. En efecto, tales disposiciones se limitaban a establecer algunas excepciones a las reglas generales de contratación así como exenciones tributarias y reglas presupuestales especiales para los contratos o convenios destinados a la cooperación técnica. Sin embargo, actualmente el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y las leyes que adoptan tratados internacionales o tratados marco de cooperación, así como las disposiciones tributarias y presupuestales referidas a los contratos o convenios de cooperación, regulan integralmente la materia. Por esta razón la Corte habrá de declararse inhibida para conocer de la demanda interpuesta pues las disposiciones de la Ley 24 de 1959, parcialmente demandadas, han sido derogadas.

14. En resumen, (i) las normas demandadas no se refieren a la celebración de convenios, acuerdos o tratados internacionales, con independencia de la denominación jurídica que se les dé; (ii) dados los antecedentes y el contenido de la Ley, es claro que se refiere a una materia eminentemente contractual: (iii) la Ley 24 de 1959 corresponde a una ley de autorizaciones al Presidente de la República para celebrar contratos o convenios de naturaleza administrativa, con fundamento en el artículo 76-11 de la Constitución de 1886; (iv) la Ley demandada estableció unos requisitos o presupuestos para la celebración de dichos contratos o convenios, reglas que fueron modificadas por el Decreto-Ley 150 de 1976, sin que queden efectos pendientes, pues es claro que no puede celebrarse ningún contrato o convenio administrativo con base en esas normas; (v) Para la Corte es igualmente claro, que esa ley no autorizaba al gobierno para celebrar tratados internacionales, sino únicamente contratos especiales al amparo de normas constitucionales vigentes entonces.

Finalmente, la corporación se abstendrá de pronunciarse respecto de los acuerdos internacionales que han sido celebrados directa o indirectamente con fundamento en la ley parcialmente demandada. En efecto, como se señaló en el auto a través del cual se inadmitió la demanda respectiva y como se reiteró en la decisión que terminó por rechazar dicha demanda, para que la Corte pueda adelantar un juicio de constitucionalidad contra una disposición, es necesario que el demandante la identifique plenamente, aporte su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de la misma, indique las razones por las cuales la Corte es competente para conocer concretamente dicha disposición y precise las normas constitucionales vulneradas y las razones concretas y específicas por las cuales la disposición demandada vulnera lo dispuesto en la Constitución. En el presente caso, sin embargo, se omitió el cumplimiento de algunos de estos requisitos. Por estas razones la parte respectiva de la demanda fue rechazada.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárese INHIBIDA para fallar sobre las expresiones demandadas de los artículos 1º, 2º, 5º y 6º de la Ley 24 de 1959 por carencia actual de objeto dado que la citada ley ha sido derogada.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(5) Historia de las leyes, Legislatura de 1959, Imprenta Nacional 1969, tomo V, página 24.

(6) Ibídem.

(7) Gaceta Judicial, tomo 152-153, años 1975 y 1976, páginas 100 y subsiguientes.

(8) Ibídem, página 461 y subsiguientes.

(9) Fundamentos Jurídicos de la Cooperación Internacional en Colombia, Publicación Institucional de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, MarÍa Cristina Zea de Durán y Javier Murillo Guerrero, Bogotá, 2002.

(10) C-249 de 2004.

(11) C-400 de 1998. En el mismo sentido pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-363 de 2000; C-1258 de 2000; C-1439 de 2000; C-862 de 2001; C-896 de 2003; C-962 de 2003; C-280 de 2004; C-533 de 2004; C-622 de 2004; C-972 de 2004; C-154 de 2005; C-241 de 2005.

(12) Sentencia C-363 de 2000. En el mismo sentido Cfr. C-1258 de 2000; C-1439 de 2000; C-862 de 2001; C-896 de 2003; C-962 de 2003; C-280 de 2004; C-533 de 2004; C-622 de 2004; C-972 de 2004; C-154 de 2005; C-241 de 2005.

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