Sentencia C-241 de mayo 19 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PROYECTOS DE LEY OBJETADOS

TRÁMITE EN EL CONGRESO

EXTRACTOS: «El aparte de la norma cuya constitucionalidad se cuestiona, es el que se destaca con negrillas en su transcripción:

“LEY 05 DE 1992

(Junio 17)

Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 197.—Objeciones Presidenciales. Si el Gobierno objetare un proyecto de ley, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen. Si la objeción es parcial, a la comisión permanente, si es total a la plenaria de cada cámara.

Si las cámaras han entrado en receso, deberá el Presidente de la República publicar el proyecto objetado dentro de los términos constitucionales”.

En esta oportunidad compete a la Corte esclarecer si el trámite que se dispone en el artículo 197 de la Ley 5ª de 1992, para la reconsideración por el Congreso de un proyecto de ley que ha sido objetado por el Presidente de la República, según la cobertura que tenga la objeción, se ajusta o no a lo que sobre esa misma materia, preceptúa la Constitución Política.

En ese orden de ideas, debe indicarse que excepto en lo atinente al órgano encargado de reconsiderar el proyecto objetado, aspecto central de la controversia materia de examen, la Carta de 1991 recogió con leves modificaciones —la mayoría simplemente de forma o redacción—, la regulación normativa que sobre objeciones presidenciales se consagraba en los artículos 85 a 88 de la Constitución Política de 1886.

En cuanto concierne al aspecto anotado, a diferencia de la Constitución expirada, que encargaba de la objeción parcial a la respectiva comisión constitucional permanente y de la total a la cámara de origen, la Carta Política que hoy nos rige señala que en todo caso, la reconsideración del proyecto de ley corresponde a las cámaras en pleno, con prescindencia de la naturaleza parcial o total de la objeción formulada o de la causa que la suscite.

La Constitución Política de 1991 establece en forma unívoca una regla única en relación con el órgano competente para reconsiderar el proyecto de ley objetado por el Presidente de la República.

Es así mismo del caso indagar sobre las razones que inspiraron al constituyente de 1991 para cambiar el sistema imperante desde 1886, en el que la dualidad de trámite de las objeciones a un proyecto de ley, en gran medida daba una importante capacidad decisoria a la comisión permanente, cuando la objeción presidencial era parcial.

Como acertadamente lo destaca en su concepto el señor Procurador General de la Nación, en el informe-ponencia titulado “Las funciones del Congreso, su funcionamiento y el trámite de las leyes”, su autor, el constituyente Hernando Yepes Arcila enfatizó la trascendental importancia de restablecer el segundo debate con la plenitud de sus efectos, en el régimen de trabajo de las cámaras legislativas.

Acerca de las razones que en la práctica produjeron que el segundo debate perdiera importancia y significado, en el informe mencionado se lee:

“El trámite de la discusión de la ley y el de aprobación de su contenido textual, está articulado por la Constitución vigente en dos instancias que se surten en cada una de las cámaras: un primer debate que se cumple en el seno de una comisión permanente... que fija, por decirlo así, las proposiciones normativas que serán discutidas luego en el debate plenario, concebido como una segunda oportunidad en la que en el análisis del proyecto concurren todos los miembros de la respectiva cámara (...).

La práctica permite comprobar los méritos del sistema pero también sus deficiencias: aquellos derivan del aporte del criterio especializado en el proceso de formación del texto; ésta, de la rigidez e irreversibilidad con que se asume el fruto de la intervención de la comisión que, a la luz del desenvolvimiento real del proceso, priva de todo efecto significativo al segundo debate. De esta manera, el análisis en la cámara plena ha venido marchitándose progresivamente hasta carecer de todo alcance práctico.

Esta anomalía, en el plano de las realidades institucionales, significa el decaecimiento (sic) de la cámara plena en cuanto célula legislativa, lo que es tanto como decir la deserción de la mayoría de los miembros del cuerpo encargado de la legislación, y se presenta como el desenlace lógico de la dictadura de la comisión constitucional permanente.

(...) se impone cambiar la naturaleza del primer debate y convertirlo en lo que debe ser, un primer análisis inicial y no definitivo del proyecto, encaminado a fijar su contenido textual para someterlo a la decisión, igualmente libre, de la cámara plena”.

Aclarado el sentido y la razón por la cual el constituyente de 1991 radicó en las cámaras plenas, la competencia de reconsiderar un proyecto de ley que ha sido objetado, bien por razones de inconveniencia o de inconstitucionalidad, en todo o en parte, resulta a las claras el quebrantamiento de los preceptos constitucionales relacionados por el fragmento acusado pues, con abierto desconocimiento de los mandatos superiores, restablece el sistema que imperaba bajo la Constitución anterior, el cual fue conscientemente modificado por el constituyente de 1991.

Por último, cabe preguntarse acerca de si el legislador debe atender o puede apartarse de los lineamientos trazados por el constituyente en relación con el órgano del cuerpo legislativo encargado de reconsiderar el proyecto objetado, para deducir que aquel carece de facultades para regularla en forma contraria a sus mandatos.

De lo expuesto se concluye que en el análisis de este cargo, la Corte encuentra una ostensible violación a los artículos 165 y 167 de la Carta Política, como quiera que lo normado en el artículo 197 de la Ley 5ª de 1992, de hecho restaura el sistema de la Carta de 1886 que el constituyente de 1991 eliminó, por las razones expresadas, con lo cual frustra el propósito que lo condujo a confiarle a las plenarias de las cámaras el segundo debate del proyecto objetado, que no es otro que el de asegurar la activa y decisiva participación de la mayoría de los miembros del cuerpo legislativo en la decisión de las objeciones presidenciales. La norma parcialmente acusada es, pues, contraria a la Carta Política. Así habrá de decidirse, ya que resulta claro que si la objeción presidencial a un proyecto de ley es parcial o total, el Gobierno deberá devolverlo a las plenarias de las cámaras a segundo debate, como rezan los mandatos constitucionales enunciados en esta providencia.

VII. Decisión

Con fundamento en las razones que anteceden, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos por el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 197 de la Ley 5ª de 1992 en la parte que dice: “Si la objeción es parcial, a la comisión permanente, si es total a la plenaria de cada cámara”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-241 de mayo 19 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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