Sentencia C-243 de marzo 17 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-243 de 2005

Ref.: Expediente D-5365

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: Ernesto Espinosa Jiménez.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º de la Ley 15 de 1968 “Por la cual se concede una autorización al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”, nuevos modelos de cédulas de extranjería y certificados de conducta, y se establece un gravamen” y 10 de la Ley 4ª de 1981 “Por la cual se crea el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan normas para su organización y funcionamiento”.

Bogotá, D.C., diecisiete de marzo del año dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas de conformidad con su publicación en los diarios oficiales 32.805 del 12 de junio de 1969 y 35.687 del 26 de enero de 1981, respectivamente. Se resalta lo demandado.

LEY 15 DE 1968

(Febrero 23)

Por la cual se concede una autorización al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”, nuevos modelos de cédulas de extranjería y certificados de conducta, y se establece un gravamen.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—Autorízase al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS” nuevos modelos de cédula de extranjería y de certificados de conducta de que tratan los decretos 1697 y 884 del 16 de julio de 1936 y 14 de abril de 1944, respectivamente.

PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con tales modelos, sus características, especificaciones, vigencias, uso y valor de adquisición.

ART. 2º—Los documentos de que trata el artículo anterior llevarán adheridas estampillas de timbre nacional de conformidad con la cuantía que se indica para cada caso:

a) Las cédulas de extranjería, cinco pesos ($ 5.00), y

b) Los certificados de conducta, dos pesos ($ 2.00).

ART. 3º—Los dineros provenientes de la adquisición de las cédulas de extranjería y de los certificados de conducta, el producto de los remates de los elementos recuperados, de las multas en general, y de los depósitos inmigratorios que conforme a las disposiciones vigentes no sean devueltos, se destinarán preferentemente, a gastos de inversión para instalaciones de las dependencias del Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”.

ART. 4º—Esta ley modifica las disposiciones que le sean contrarias y rige desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.E., a 6 de febrero de 1968.

LEY 4ª DE 1981

(Enero 13)

“Por la cual se crea el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan normas para su organización y funcionamiento”.

EL Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Definición, naturaleza y funciones del fondo

ART. 1º—Créase el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad como establecimiento público, con personería jurídica, y patrimonio independiente, encargado de obtener y administrar los recursos necesarios para conseguir los bienes y servicios que le permitan el cumplimiento de sus funciones legales.

El fondo rotatorio estará adscrito al Departamento Administrativo de Seguridad, tendrá su domicilio en la ciudad de Bogotá, y las funciones técnicas y administrativas para su operación serán atendidas por los empleados del mismo departamento según la distribución que de ellas haga el jefe. En consecuencia, el fondo carecerá de estructura administrativa y de planta de personal propia.

ART. 2º—El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad cumplirá las siguientes funciones:

1. Adquirir los edificios e instalaciones, los equipos de laboratorio, comunicaciones y transporte y los demás elementos que requiera el Departamento Administrativo de Seguridad para el cumplimiento de sus tareas.

2. Adquirir y suministrar los elementos que requiera la conservación y mantenimiento de los inmuebles y equipos del departamento.

3. Celebrar contratos de prestación de servicios para la ejecución de labores técnicas, científicas o docentes que no puedan ser atendidas por el personal de la planta del Departamento Administrativo de Seguridad.

4. Asumir los gastos que demanden la elaboración, transporte, seguros, distribución y expedición de cédulas de extranjería, certificados judiciales y carnés de competencia del Departamento Administrativo de Seguridad.

5. Asumir los gastos que demande la impresión y distribución del órgano de divulgación del departamento.

6. Asumir los gastos que demande la asistencia judicial del personal del departamento que debe comparecer ante los jueces por infracciones a las leyes con ocasión del ejercicio de sus funciones y en desarrollo de las mismas, cuando ellos sean necesarios a juicio del jefe del departamento.

7. Adquirir o construir y mantener instalaciones para las academias, escuelas o centros de formación y capacitación de investigadores y técnicos en todo lo relacionado con inteligencia, policía judicial, seguridad rural, emigración e inmigración, seguridad personal y policía científica y asumir los gastos que demande su funcionamiento y la realización de sus programas.

8. Asumir los gastos que demanden los programas de bienestar social, recreación, vivienda y casinos de los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad y el funcionamiento de liceos para los hijos de los empleados, para lo cual podrá destinar hasta un quince por ciento (15%) de sus ingresos.

La junta administradora del fondo podrá destinar un 10% más para auxiliar por una sola vez, en forma discrecional y previa reglamentación del gobierno, a los familiares del empleado que fallezca en acción violenta de servicio o que como consecuencia de la misma quede con invalidez permanente.

En la misma forma, la junta administradora podrá disponer en forma discrecional de este 10% para costear los gastos totales de entierro del empleado que fallezca estando al servicio de la institución.

CAPÍTULO II

Dirección y administración del fondo

ART. 3º—La dirección y administración del fondo estará a cargo de un consejo directivo presidido por el jefe del Departamento Administrativo de Seguridad e integrado, además, por un delegado del Presidente de la República, y por el secretario general, el jefe de la oficina jurídica y los jefes de las divisiones de personal y de servicios y suministros del departamento.

ART. 4º—El consejo directivo tendrá las siguientes funciones:

a) Formular la política general del organismo y los planes y programas que deba desarrollar;

b) Adoptar los estudios de la entidad;

c) Aprobar el proyecto de presupuesto del fondo y las modificaciones al mismo presupuesto;

d) Autorizar o aprobar todo acto o contrato cuya cuantía exceda de trescientos mil pesos ($ 300.000.000) (sic);

e) Autorizar al jefe del departamento para delegar en los funcionarios que el mismo consejo determine el cumplimiento de algunas funciones que le corresponden como gerente del fondo;

f) Las demás que señalen la ley, los reglamentos y los estatutos.

ART. 5º—El jefe del departamento hará las veces de gerente del fondo y, en consecuencia, llevará su representación legal. Previa autorización del consejo directivo, el jefe del departamento podrá delegar en el secretario general la ordenación del gasto y, en este caso, los actos del delegado, cuando así se requiera, serán refrendados por el jefe de la oficina jurídica del departamento.

ART. 6º—La vigilancia de la gestión del fondo se cumplirá por intermedio de la auditoría fiscal de la Contraloría General de la República ante el Departamento Administrativo de Seguridad.

ART. 7º—Corresponde al gerente del fondo:

a) Dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos para el cumplimiento de las funciones del fondo;

b) Atribuir funciones específicas a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad para el cumplimiento de los objetivos del fondo;

c) Elaborar y someter a la consideración del consejo directivo el proyecto anual de presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del fondo y las sugerencias que estime convenientes para el buen funcionamiento del organismo;

d) Ejecutar el presupuesto, abrir créditos adicionales, efectuar traslados y hacer las demás operaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del fondo, con arreglo a las normas legales y reglamentarias sobre la materia;

e) Presentar anualmente al Presidente de la República el balance y un informe sobre la marcha general de la entidad;

f) Representar al fondo en juicio o fuera de él;

g) Proferir las providencias que requiera la marcha administrativa del fondo, en especial para el control de los contratos que celebre, los cuales deben regirse por las disposiciones legales y reglamentarias expedidas para los establecimientos públicos del orden nacional;

h) Constituir mandatarios judiciales y extrajudiciales;

i) Organizar y reglamentar, de acuerdo con las normas expedidas por la Contraloría General de la República, el sistema de contabilidad del fondo, y

j) Las demás que le correspondan como representante legal del fondo o se le atribuyan por ley o reglamento.

CAPÍTULO III

Patrimonio del fondo

ART. 8º—El patrimonio del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad estará constituido por:

a) Las partidas que expresamente se le asignen en el presupuesto;

b) Los dineros provenientes de adquisición de cédulas de extranjería, certificados, producto de remates, multas y depósitos señalados en el artículo 3º de la Ley 15 de 1968;

c) Los dineros dejados de percibir por los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad como consecuencia de la suspensión en el ejercicio de sus funciones cuando hubieren sido condenados, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Decreto-Ley 625 de 1974;

d) Las partidas que se asignen en la ley del presupuesto para las academias de investigación o centros y escuelas de formación y capacitación;

e) El cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual fijada para los cargos de detectives investigadores, detectives dactiloscopistas y de seguridad, rural alumnos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley 1550 de 1978 y el cincuenta por ciento (50%) de las mismas asignaciones para los cargos de auxiliares administrativos (oficial de inmigración), alumnos y de agentes secretos durante el tiempo de su formación profesional;

f) Los dineros provenientes del servicio de protección y vigilancia contratado en casos especiales con el Departamento Administrativo de Seguridad;

g) Los dineros provenientes de: aparcamiento y vigilancia de elementos decomisados provisionalmente; distribución, venta y propaganda del órgano de divulgación del departamento; matrículas, pensiones y becas que se reciban en los liceos, arrendamientos de locales; utilidades del suministro de alimentación y abastecimientos; rendimientos de cafeterías, casinos y centros de recreación; intereses corrientes y de mora que se ocasionen por la concesión de préstamos, y ejecución de programas de bienestar social de acuerdo con la reglamentación que sobre el particular dicte el jefe del departamento;

h) Los dineros, créditos, elementos devolutivos y especies de cualquier género que al entrar en vigencia esta ley estuvieren en fondos especiales de las academias de investigación, depósitos para renovación del equipo de transportes, reposición de elementos varios, reposición de armamento y en el fondo de bienestar social del departamento;

i) Las donaciones de muebles e inmuebles que se le hagan con arreglo a las normas del Decreto 150 de 1976, y

j) Los demás bienes que, como persona jurídica, adquiera a causa de cualquier título.

ART. 9º—Los elementos y bienes muebles adquiridos por el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad ingresarán y egresarán por el almacén general del departamento de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

ART. 10.—El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con los modelos y valor de las cédulas de extranjería, certificados judiciales y carnés mencionados en esta ley.

ART. 11.—Esta ley rige desde la fecha de su promulgación.

Dada en Bogotá, D.E., a 3 de diciembre de 1980.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las normas acusadas hacen parte de una ley de la República.

2. La materia sujeta a examen.

Para el actor el artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981 vulneran el artículo 338 de la Constitución por cuanto el legislador “no determinó el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto”, del cobro que en ellos se establece por la expedición de cédulas de extranjería y certificados judiciales, como lo ordena el referido artículo superior cuando se delega en las autoridades administrativas la fijación de la tarifa de una tasa o contribución. Precisa que en esas circunstancias la delegación hecha es tan amplia que es inconstitucional.

Los intervinientes en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicitan a la Corte que declare la exequibilidad de los artículos demandados.

El interviniente en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público destaca que en las normas acusadas en las que se autorizó al gobierno que determinara la tarifa de la tasa que en ellas se establece si se señalaron los criterios que echa de menos el actor y que este hace una interpretación del artículo 338 superior —particularmente de las expresiones sistema y método— que no atiende la jurisprudencia constitucional que señala que a dichas expresiones no puede dárseles un sentido demasiado estricto.

El señor director del DAS afirma que el actor no toma en cuenta que las normas acusadas no establecen ningún impuesto, tasa o contribución y que por lo tanto mal pueden desconocer el artículo 338 superior.

El interviniente en representación de la Academia de Jurisprudencia hace énfasis en que en las leyes en que se contienen los artículos acusados (específicamente en L. 15/68, arts. 2º y 3º y 8-b) de la L. 4ª/81) si se dan parámetros a la administración por lo que no puede hablarse de delegación inconstitucional alguna. Precisa que con dichas normas “se otorgaron claras facultades al Presidente de la República para que determinara el sistema o método para definir los costos y beneficios por concepto de la expedición de cédulas de extranjería y otros documentos, así como para hacer su reparto”.

El interviniente en representación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario por el contrario solicita a la Corte la declaratoria de inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas pues considera que de ellas ni de las leyes en que las mismas se contienen se desprende de manera siquiera remota que el legislador haya fijado el sistema y el método para definir los costos y la forma de hacer su reparto del gravamen establecido en los artículos acusados.

Hace énfasis en que no cabe duda de la naturaleza de tasa que tiene el cobro establecido en los artículos aludidos y que desde esta perspectiva debe darse cumplimiento al mandato contenido en el artículo 338 superior. Precisa empero que dado el carácter sobreviviente de la inexequibilidad que se constata podrían darse efectos diferidos en el tiempo a la decisión que se profiera por la Corte.

El señor Procurador General de la Nación solicita por su parte que se declare la inexequibilidad de las expresiones “y valor de adquisición”, contenida en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 15 de 1968, como “y valor” contenida en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981.

Considera que aunque la Corte Constitucional en Sentencia C-155 de 2003 (5) , señaló que los términos “sistema y método” se deben interpretar en sentido general y amplio, en el presente caso existe una “total ausencia de criterios”, lo que lleva necesariamente a que se declare la inexequibilidad referida. Plantea empero la necesidad de modular en el tiempo los efectos de la sentencia y de exhortar al Congreso para que expida una ley para regular el tema de acuerdo con los claros parámetros que fija la Constitución de 1991.

Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si el artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981 vulneran o no el artículo 338 de la Constitución, en cuanto no se habría establecido en ellos el método ni el sistema para definir los costos y tampoco la forma de hacer su reparto —respecto de la tasa que en ellos se habría establecido—, y en caso de ser así, determinar si deben o no darse efectos diferidos a la sentencia que se profiera.

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i) el concepto de tasa y sus características frente a los demás tributos, ii) la posibilidad de delegar en las autoridades administrativas la determinación de la tarifa de una tasa y la obligación para los órganos de representación popular de fijar el método y el sistema para definir los costos de los servicios que se presten y la forma de hacer su reparto, ii) (sic) el contenido y alcance de las disposiciones acusadas, que resultan pertinentes para el análisis del cargo planteado en la demanda.

3.1. El concepto de tasa y sus características frente a los demás tributos.

La Corte ha explicado en reiteradas ocasiones que es posible identificar claramente en el sistema fiscal colombiano tres tipos de tributos, a saber los impuestos, las tasas y las contribuciones (6) , que si bien son todos fruto de la potestad impositiva del Estado, tienen cada uno características propias que los diferencian (7) .

A partir de los textos constitucionales y legales y de la doctrina se ha señalado en este sentido que los impuestos:

— Se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano y no a un grupo social, profesional o económico determinado.

— No guardan relación directa e inmediata con un beneficio derivado por el contribuyente.

— Una vez pagado, el Estado dispone de él de acuerdo a criterios y prioridades distintos de los del contribuyente.

— Su pago no es opcional ni discrecional. Puede forzarse mediante la jurisdicción coactiva.

— Aunque se tiene en cuenta la capacidad de pago del contribuyente ello no se hace para regular la oferta y la demanda de los servicios ofrecidos con los ingresos tributarios, sino para graduar el aporte social de cada ciudadano de acuerdo a su disponibilidad.

— No se destinan a un servicio público específico, sino a las arcas generales, para atender todos los servicios necesarios.

En cuanto a las contribuciones parafiscales (8) , se ha señalado que:

— Tienen carácter obligatorio;

— Afectan solo a un grupo determinado de personas cuyos intereses son comunes y sus necesidades se satisfacen con los recursos recaudados;

— No hacen parte del presupuesto nacional y tienen una destinación concreta y específica;

— Cuando tales recursos son administrados por órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación, se incorporan al mismo pero únicamente con el objeto de registrar la estimación de su cuantía y en un capítulo aparte de las rentas fiscales.

A su vez se ha dicho que se denomina “tasa” a un gravamen que cumpla con las siguientes características:

— Constituyen el precio que el Estado cobra por un bien o servicio y, en principio, no son obligatorias, toda vez que el particular tiene la opción de adquirir o no dicho bien o servicio, pero lo cierto es que una vez se ha tomado la decisión de acceder al mismo, se genera la obligación de pagarla;

— Su finalidad es la de recuperar el costo de lo ofrecido y el precio que paga el usuario guarda una relación directa con los beneficios derivados de ese bien o servicio;

— Ocasionalmente caben criterios distributivos como las tarifas diferenciales;

— Un ejemplo típico son las tarifas de los servicios públicos.

La doctrina suele señalar que las tasas se diferencian de los tributos parafiscales en cuanto aquellas constituyen una contraprestación directa por parte de los ciudadanos a un beneficio otorgado por el Estado, hacen parte del presupuesto estatal y, en principio, no son obligatorias, toda vez que queda a discrecionalidad del interesado en el bien o servicio que preste el Estado; en tanto que las contribuciones parafiscales no generan una contraprestación directa, motivo por el cual su tarifa se fija con criterios distintos, son obligatorias, son pagadas por un grupo determinado de personas, y los beneficios obtenidos van también destinados al mismo grupo y no entran en las arcas del Estado (9) .

También suele explicarse que las tasas se diferencian de los impuestos en cuanto contrariamente a estos no guardan relación directa e inmediata con un servicio prestado al contribuyente, su pago es opcional pues quienes las pagan tienen la posibilidad de decidir si adquieren o no un bien o servicio y se destinan a un servicio público específico y no a las arcas generales como en el caso de los impuestos (10) .

3.2. La posibilidad de permitir a las autoridades administrativas la determinación de la tarifa de una tasa y la obligación para los órganos de representación popular de fijar el método y el sistema para definir los costos de los servicios que se presten y la forma de hacer su reparto.

De acuerdo con el artículo 338 de la Constitución en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Así mismo se establece que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

El mismo artículo precisa que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Finalmente el tercer inciso precisa que las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

De dicho texto superior se desprenden entonces claros principios que rigen los tributos y que son aplicables no solo a gravámenes futuros, sino a los ya existentes. i) El de legalidad (11) , que consiste en que no puede existir un tributo sin una ley previa que lo establezca, pues ese poder de imposición solo corresponde al Congreso, a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales; principio según el cual igualmente son la ley, las ordenanzas y los acuerdos los que deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas; ii) el de irretroactividad, por el cual la ley, las ordenanzas y los acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período posterior a su vigencia (12) . Principio que reitera el artículo 363 superior en su segundo inciso.

Ahora bien, en relación con el mandato contenido en el inciso 2º del artículo 338 debe destacarse para efectos de la presente sentencia que de dicho texto se desprende que las tarifas de las tasas —entendidas como recuperación de los costos de los servicios que les presten a los contribuyentes— y las tarifas de las contribuciones —entendidas como participación en los beneficios que les proporcionen a los mismos contribuyentes—, pueden excepcionalmente ser fijadas por las autoridades administrativas, pero previa fijación por la ley, las ordenanzas o los acuerdos del sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto.

En relación con esta posibilidad cabe recordar que la Corte en la Sentencia C-155 de 2003 (13) luego de hacer el recuento de la jurisprudencia de la corporación sobre este punto (14) , puso de presente que los conceptos de sistema y método deben ser lo suficientemente claros y precisos a fin de evitar que los órganos de representación popular desatiendan el expreso mandato superior del artículo 338 de la Constitución, mas no por ello tienen que hacer una descripción detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa de las tasas o contribuciones, pues en tal caso la facultad constitucional de las autoridades administrativas perdería por completo su razón de ser.

En ese orden de ideas precisó que una exigencia demasiado estricta sobre la determinación del método y del sistema prácticamente haría inocua la posibilidad aludida, pues la propia ley estaría fijando la tarifa de la contribución. Por el contrario, una excesiva indeterminación dejaría en poder de las autoridades administrativas la regulación plena de ese elemento, en contradicción con el principio de legalidad, que se concreta en la predeterminación del tributo y la representación popular.

La Corte expresó en la citada sentencia lo siguiente:

“16. El anterior recuento jurisprudencial demuestra que no ha sido fácil precisar el alcance de los términos “sistema” y “método”, particularmente en aquellos eventos en los cuales la ley, las ordenanzas o los acuerdos, delegan a las autoridades administrativas la facultad de fijar la tarifa de tasas y contribuciones especiales. Sin embargo, la Corte considera que a partir de esta la Sentencia C-1371 de 2000 (15) es posible armonizar dichos conceptos de manera que el artículo 338 de la Constitución sea interpretado a la luz del principio de efecto útil de las normas.

Lo primero que la Sala observa es que para determinar las tarifas de tasas y contribuciones la Constitución no señaló lo que debía entenderse por “sistema” y “método”, pero reconoció la necesidad de acudir a ellos al menos en tres momentos: (i) para definir los costos de los servicios, esto es, los gastos en que incurrió una entidad, (ii) para señalar los beneficios generados como consecuencia de la prestación de un servicio (donde naturalmente está incluida la realización de una obra) y, (iii) para identificar la forma de hacer el reparto de costos y beneficios entre los eventuales contribuyentes.

Si bien es cierto que la falta de definición se explica por la naturaleza abierta de las normas constitucionales, así como por la multiplicidad de tasas y contribuciones que pueden crearse, también lo es que la significación de esos conceptos no puede desvanecerse a tal punto que desaparezca su eficacia como norma jurídica. En consecuencia, a juicio de la Corte, es necesario identificarlos con claridad, pues aunque los términos guardan cierta relación de conexidad tienen sin embargo connotaciones distintas.

En efecto, un sistema “se define por el hecho de no ser un simple agregado desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada por una determinada articulación dinámica entre sus partes” (16) . Supone coherencia interna para relacionar entre sí los componentes de un conjunto, que en el ámbito tributario representan la combinación de reglas y directrices necesarias para determinar los costos y beneficios de una obra o servicio, así como la forma de hacer su distribución.

Por su parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben observarse para que los componentes del sistema se proyecten extrínsecamente. Así, constituye el procedimiento a seguir con el objeto de determinar en concreto el monto de la obligación tributaria.

17. Frente a las tasas y contribuciones especiales la Corte considera que tanto el “sistema” como el “método”, referidos en el artículo 338 de la Constitución, deben ser lo suficientemente claros y precisos a fin de evitar que los órganos de representación popular desatiendan un expreso mandato superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa, pues en tal caso la facultad constitucional de las autoridades administrativas perdería por completo su razón de ser.

Se trata, si se quiere, de una suerte de competencias compartidas, donde el Congreso, las asambleas y los concejos son los encargados de señalar los elementos estructurales del método y del sistema tarifario, mientras que a las autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros previamente indicados.

Una exigencia muy fuerte sobre la determinación del método y del sistema prácticamente haría inocua la posibilidad de delegación, pues la propia ley estaría fijando la tarifa de la contribución. Por el contrario, una excesiva indeterminación dejaría en manos de las autoridades administrativas la regulación absoluta de ese elemento, en contravía del principio de legalidad, concretado en el de la predeterminación del tributo y la representación popular. Lo que la ley exige es, más que la simple enunciación de criterios, la definición de una cierta manera de proceder en la articulación de esos criterios.

18. Ahora bien, la anterior exigencia no implica que la ley, las ordenanzas o los acuerdos, necesariamente deban utilizar las palabras “sistema” y “método” como fórmulas retóricas sacramentales, porque el criterio definitorio será siempre de carácter material. Ello se explica en virtud de la prevalencia del derecho sustancial y de la posibilidad de resolver las dudas hermenéuticas frente a cualquier clase de norma. En consecuencia, “basta que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los principios que deben respetar las autoridades y las reglas generales a que están sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes” (17) , (18) .

Con fundamento en los argumentos expuestos, procede la Sala a estudiar en concreto las disposiciones acusadas.

3.2. (sic) El contenido y alcance de las disposiciones acusadas.

Cabe recordar que en vigencia de la Constitución anterior mediante la Ley 15 de 1968 “Por la cual se concede una autorización al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”, nuevos modelos de cédulas de extranjería y certificados de conducta, y se establece un gravamen”, el Congreso autorizó en el artículo 1º de dicha ley —norma acusada en el presente proceso— al gobierno para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”, nuevos modelos de cédula de extranjería y de certificados de conducta de que tratan los decretos 1697 del 16 de julio de 1936 (19) y 884 del 14 de abril de 1944 (20) . En el parágrafo del mismo artículo se precisó que el Gobierno Nacional reglamentaría lo relacionado con tales modelos, sus características, especificaciones, vigencias, uso y valor de adquisición.

En la misma ley en el artículo 2º se señaló que las cédulas de extranjería y los certificados de conducta llevarían adheridas estampillas de timbre nacional de conformidad con la cuantía que se indica para cada caso: i) las cédulas de extranjería, cinco pesos ($ 5.00) y ii) los certificados de conducta, dos pesos ($ 2.00). Es decir que se estableció para este caso el pago del impuesto de timbre en los valores señalados.

Por su parte el artículo 3º estableció que los dineros provenientes de la adquisición de las cédulas de extranjería y de los certificados de conducta, el producto de los remates de los elementos recuperados, de las multas en general, y de los depósitos inmigratorios que conforme a las disposiciones vigentes no sean devueltos, se destinarán preferentemente, a gastos de inversión para instalaciones de las dependencias del Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”.

Cabe señalar entonces que el objeto de la ley conforme a su título era doble, pues al tiempo que otorgó una autorización que incluía la posibilidad de fijar el valor de adquisición de cédulas de extranjería y de los certificados de conducta —es decir se autorizaba al gobierno para fijar la tarifa de la tasa así creada por concepto de la expedición de los referidos documentos—, estableció además el pago del impuesto de timbre como consecuencia de la expedición de los referidos documentos. Siendo el legislador el que directamente fijó en la ley aludida la tarifa de dicho impuesto —i) las cédulas de extranjería, cinco pesos ($ 5.00), y ii) los certificados de conducta, dos pesos ($ 2.00)—.

Posteriormente la Ley 4ª de 1981 “Por la cual se crea el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan normas para su organización y funcionamiento” creó en su artículo 1º el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad como establecimiento público, con personería jurídica, y patrimonio independiente, encargado de obtener y administrar los recursos necesarios para conseguir los bienes y servicios que le permitan el cumplimiento de sus funciones legales. Dicho artículo precisó que el fondo rotatorio estaría adscrito al Departamento Administrativo de Seguridad, tendría su domicilio en la ciudad de Bogotá, y las funciones técnicas y administrativas para su operación serían atendidas por los empleados del mismo departamento según la distribución que de ellas haga el jefe. Por lo que en consecuencia, el fondo carecería de estructura administrativa y de planta de personal propia.

Dentro de las funciones establecidas para dicho fondo el artículo 2º de la Ley 4ª de 1981 en su numeral 4º señaló la de “4. Asumir los gastos que demanden la elaboración, transporte, seguros, distribución y expedición de cédulas de extranjería, certificados judiciales y carnés de competencia del Departamento Administrativo de Seguridad”.

Por su parte el artículo 8º de la misma ley incluyó dentro de los elementos constitutivos del patrimonio del referido fondo rotatorio en el literal b) “Los dineros provenientes de adquisición de cédulas de extranjería, certificados, producto de remates, multas y depósitos señalados en el artículo 3º de la Ley 15 de 1968”.

Finalmente el artículo 10 de dicha ley —norma igualmente acusada en el presente proceso— autorizó al Gobierno Nacional para reglamentar lo relacionado con los modelos “y valor” de las cédulas de extranjería, certificados judiciales y carnés mencionados en esa ley, es decir que mediante la misma se ratificó la autorización dada por el legislador al Gobierno Nacional para establecer la tarifa de la tasa a cobrar por concepto de la expedición de las cédulas de extranjería, y los certificados judiciales a que dicha ley aludía.

Ahora bien, resulta pertinente recordar que el Gobierno Nacional con invocación de las atribuciones legales previstas en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981 expidió ya en vigencia de la Constitución de 1991 el Decreto 1657 de 1992 “Por el cual se señala el valor del certificado judicial y de policía y de los documentos de extranjería que expide el Departamento Administrativo de Seguridad” (21) . En dicho decreto, —en cuyos considerandos se señala que para “mantener actualizados los costos que demanda la expedición del certificado judicial y de policía y de los documentos de extranjería se hace necesario tener en cuenta la variación porcentual acumulada del índice de precios al consumidor”—, además de fijarse los valores respectivos para dichos documentos se estableció por el Gobierno Nacional en el artículo 4º que a partir del 1º de enero de 1993, los valores señalados, se incrementarán en el mismo porcentaje del índice de precios al consumidor del año calendario inmediatamente anterior y se seguirán ajustando automáticamente cada año y en la misma fecha. Así mismo que si al efectuar el cálculo resultaren fracciones de centena, el valor se ajustará al múltiplo de cien más cercano y que los nuevos valores serán determinados mediante resolución, por el director del Departamento Administrativo de Seguridad.

Del anterior recuento se desprende claramente que contrario a lo afirmado por el señor director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, los artículos acusados comportan la autorización al Gobierno Nacional para la determinación del valor de adquisición de las cédulas de extranjería y los certificados judiciales, es decir que lo autorizan para fijar la tarifa de la tasa respectiva como recuperación de los costos por la prestación de dicho servicio.

Cosa diferente es que adicionalmente en el caso de la Ley 15 de 1968 con ocasión de la expedición de las cédulas de extranjería y los certificados de conducta se haya establecido por el legislador el cobro del impuesto de timbre cuya tarifa fue fijada en la misma ley en el artículo 2º, circunstancia que en nada desvirtúa la existencia en este caso de una tasa, pues como atrás se explicó el objeto de la referida Ley 15 de 1968 “Por la cual se concede una autorización al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”, nuevos modelos de cédulas de extranjería y certificados de conducta, y se establece un gravamen”, fue doble. De una parte se otorgó la autorización aludida que incluía la posibilidad de fijar el valor de adquisición de cédulas de extranjería y de los certificados de conducta —es decir se autorizaba al gobierno para fijar la tarifa de la tasa así creada por concepto de la expedición de los referidos documentos— y de otra se estableció el gravamen de timbre aludido.

Cabe precisar así mismo que, como lo ponen de presente —con excepción del señor director del DAS— los intervinientes y el señor Procurador General de la Nación el cobro que se establece en las normas acusadas reúne claramente las características de una tasa, cuya tarifa es precisamente la que las normas acusadas autorizan fijar por la administración nacional.

En efecto, es claro que “el valor de adquisición” a que alude el artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y “el valor” a que alude el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981 constituye el precio que el Estado cobra por el servicio que se presta con la expedición de los documentos a que en dichos artículos se alude.

Su finalidad es la de recuperar el costo de lo ofrecido y el precio que paga el usuario guarda una relación directa con los beneficios derivados de ese bien o servicio (22) .

Se está pues claramente en presencia de una tasa y por ello corresponde ahora dilucidar si el legislador cumplió o no en los artículos acusados con la obligación de fijar, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 338 constitucional, el sistema y el método para definir los costos del servicio prestado y la manera de hacer su reparto, en la medida en que delegó en la administración nacional la determinación del “valor de adquisición” —artículo 1º de la Ley 15 de 1968— y “el valor” —L. 4ª/81, art. 10— de los documentos aludidos en dichas normas y ello a pesar de ser normas anteriores a la iniciación de la vigencia de la actual Constitución Política y no estar contenida dicha exigencia en la Constitución de 1886 (23) .

Al respecto debe recordarse que esta corporación ha señalado que en el estudio de aquellas disposiciones legales expedidas antes de que la Constitución de 1991 entrara en vigencia debe hacerse un “esfuerzo por hallar una interpretación que se ajuste a la Constitución y promueva su máximo cumplimiento”. Pero “si agotadas las posibilidades hermenéuticas que brindan las normas demandadas, no se obtiene un resultado plausible, la Corte tendría que declarar su inexequibilidad” (24) .

A partir de los anteriores presupuestos procede la Corte a hacer el examen del cargo formulado en la demanda.

4. Análisis del cargo formulado.

Para el actor el artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981 vulneran el artículo 338 de la Constitución por cuanto el legislador “no determinó el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto”, del cobro que en ellos se establece por la expedición de cédulas de extranjería y certificados judiciales, como lo ordena el referido artículo superior cuando se delega en las autoridades administrativas la fijación de la tarifa de una tasa o contribución.

Al respecto y dado que como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia el cobro que se establece en las normas acusadas reúne las características de una tasa, es claro que la exigencia señalada en el inciso 2º del artículo 338 superior —a saber la determinación por la ley del sistema y el método para definir los costos del servicio prestado (en este caso la expedición de los documentos a que se alude en los artículos 1º de la L. 15/68 y 10 de la L. 4ª/81), y la manera de hacer su reparto—, independientemente de que se trate de normas expedidas antes de la vigencia de la Constitución debe cumplirse.

Ahora bien, la Corte encuentra que ni de los artículos acusados ni de las leyes en que ellos se contienen puede inferirse que el legislador al autorizar que las autoridades administrativas determinaran la tarifa de la tasa por concepto de la expedición de los documentos a que aluden los artículos acusados haya señalado algún tipo de sistema y método para definir los costos por la expedición de los documentos referidos ni la manera de hacer su reparto.

En efecto, es claro que en el texto de los artículos acusados ningún elemento en este sentido puede identificarse.

Así en el artículo 1º de la Ley 15 de 1968 simplemente se señala que se autoriza “al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”, nuevos modelos de cédula de extranjería y de certificados de conducta de que tratan los decretos 1697 y 884 del 16 de julio de 1936 y 14 de abril de 1944, respectivamente” En tanto que el parágrafo del mismo artículo se limita a establecer que “El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con tales modelos, sus características, especificaciones, vigencias, uso y valor de adquisición” (resaltado fuera de texto).

Por su parte el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981 señala simplemente que “El Gobierno Nacional reglamentara lo relacionado con los modelos y valor de las cédulas de extranjería, certificados judiciales y carnés mencionados en esta ley” (resaltado fuera de texto).

No hay pues evidencia en dichos artículos de criterios destinados a orientar la actuación del gobierno respecto de la autorización dada por el legislador para determinar la tarifa de la tasa a que se ha hecho referencia.

Tampoco encuentra la Corte que en los demás artículos de las leyes en que se contienen las citadas disposiciones el legislador haya fijado el sistema y el método para definir los costos por la expedición de las cédulas de extranjería y los certificados judiciales ni la manera de hacer su reparto.

Al respecto cabe advertir que del artículo 2º de la Ley 15 de 1968 (25) —que alude es al impuesto de timbre—, ni de los artículos 3º de la misma Ley 15 de 1968 (26) ni del artículo 8º de la Ley 4ª de 1981 (27) —que aluden es al destino de los bienes pertenecientes al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y a su fondo rotatorio—, normas invocadas por el interviniente en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia como contentivas de elementos orientadores en este punto, se pueden deducir criterios relativos a la tarifa de la tasa aludida que permitan considerar que en el presente caso el legislador cumplió con el presupuesto establecido en el artículo 338 de la Constitución para que se fijara por el Gobierno Nacional la tarifa de una tasa como la que se analiza en este caso.

Asiste razón entonces al señor procurador cuando señala que en el presente caso se está ante una ausencia total de criterios para orientar a la administración nacional en la determinación de la tarifa correspondiente a la expedición de los documentos a que aluden los textos acusados.

Ahora bien, debe precisarse que contrario a lo que afirma el interviniente en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cabe entender que la simple invocación de la autorización dada al gobierno por las normas acusadas para determinar la tarifa de la tasa correspondiente a la recuperación de los costos por la expedición de las cédulas de extranjería y los certificados judiciales y la remisión a la aplicación de los principios tributarios señalados en el artículo 363 superior —que por lo demás lógicamente no se hace en las normas acusadas—, sean factor suficiente para entender cumplido en este caso el mandato del inciso 2º del artículo 338 de la Constitución. Texto superior que establece claramente que si bien la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben necesariamente ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Al respecto recuérdese que si bien la Corte ha señalado que la exigencia a que se alude en el artículo 338 no implica que la ley, las ordenanzas o los acuerdos, necesariamente deban utilizar las palabras “sistema” y “método” como fórmulas sacramentales ni se tiene que hacer una descripción detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa, sí es indispensable que del contenido de las leyes mediante las cuales se autoriza a las autoridades administrativas para fijar la tarifa de una tasa se deriven los principios que deben respetar las autoridades administrativas y las reglas generales a las cuales están sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes (28) .

Ello no sucedió en el presente caso y es claro entonces que el reproche enunciado por el actor por la vulneración del artículo 338 superior tiene claro fundamento y la acusación que formula está llamada a prosperar.

Ahora bien, no escapa a la Corte que frente al cargo planteado —a saber la vulneración del artículo 338 superior— son las expresiones “y valor de adquisición” contenida en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y “y valor” contenida en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981, a las que en realidad se dirige la acusación del actor por ser las que resultan contrarias a los mandatos superiores invocados en su demanda, pues es con ellas que se permite al Gobierno Nacional por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fijar la tarifa de la tasa que se cobra por concepto de la expedición de las cédulas de extranjería y los certificados judiciales, sin que se haya establecido por el legislador el sistema y el método para definir los costos, ni la forma de hacer su reparto.

En relación con el resto de los artículos 1º de la Ley 15 de 1968 (29) y 10 de la Ley 4ª de 1981 (30) , el actor no formula ninguna acusación que permita a la Corte pronunciarse, pues, como lo advierte el señor Procurador General de la Nación, es exclusivamente en relación con las expresiones “y valor de adquisición” y “y valor” que el actor expuso argumentos de inconstitucionalidad en la demanda.

Así las cosas, de acuerdo con reiterada jurisprudencia (31) , lo que procede es que la Corte se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada contra los referidos artículos con excepción de las expresiones “y valor de adquisición” contenida en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y “y valor” contenida en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981, expresiones que se declararán inexequibles por contrariar el artículo 338 superior, como se ha explicado.

5. El análisis de la petición de modulación de la sentencia.

Dado que como se ha señalado es claro que debe declararse la inexequibilidad de las expresiones “y valor de adquisición” contenida en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y “y valor” contenida en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981, resulta pertinente analizar la petición de modulación en el tiempo de los efectos de la sentencia que hacen tanto el señor Procurador General de la Nación como el interviniente en representación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.

Al respecto cabe recordar que si bien de acuerdo con al artículo 45 de la Ley estatutaria de la administración de justicia, las sentencias de esta corporación “sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”, la Corte ha señalado que la modulación de efectos de las sentencias en el tiempo debe ser rigurosamente excepcional atendidas las reales circunstancias de aplicación de las decisiones (32) . Y ello por cuanto dicha excepcionalidad es la que mejor armoniza con la garantía de la seguridad jurídica y la protección de la supremacía constitucional (33) .

La Corte ha sido enfática en afirmar así mismo que ante la ausencia de claras razones para modular en el tiempo los efectos del fallo lo que procede es aplicar la regla general (34) .

En el presente caso encuentra la Corte que declarar que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad no se prediquen de manera inmediata como es y debe ser la regla general, significa aceptar por la Corte que la atribución al gobierno, encontrada inconstitucional y declarada inexequible, continúe siendo practicada.

Es claro que proferida la sentencia, la inejecutabilidad de las expresiones respecto de las cuales se ha evidenciado la falta de sustento superior debe ser inmediata, pues riñe con la primacía de la Constitución (C.P., art. 241) que lo que es inconstitucional prolongue su existencia en el tiempo con posterioridad al fallo en el que así se declara por esta corporación (35) .

Así las cosas la Corte no accederá a la petición de diferir en el tiempo los efectos de la sentencia y procederá a declarar la inexequibilidad pura y simple de las expresiones a que se ha hecho referencia y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la acusación formulada en contra del artículo 1º de la Ley 15 de 1968 “por la cual se concede una autorización al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”, nuevos modelos de cédulas de extranjería y certificados de conducta, y se establece un gravamen” con excepción de la expresión “y valor de adquisición” contenida en el parágrafo de dicho artículo que se declara INEXEQUIBLE.

2. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la acusación formulada en contra del artículo 10 de la Ley 4ª de 1981 “por la cual se crea el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan normas para su organización y funcionamiento”, con excepción de la expresión “y valor” contenida en dicho artículo que se declara INEXEQUIBLE.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(5) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(6) En la Sentencia C-546 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la corporación precisó que “aun cuando la Constitución 1991 es más clara que la Constitución derogada en materia de Hacienda Pública, lo cierto es que la nomenclatura empleada por la Carta Fundamental en este tema no es siempre precisa y rigurosa. En efecto, si bien una interpretación sistemática de la Constitución permite diferenciar los conceptos de tasa, impuesto y contribución, la Carta no utiliza siempre términos específicos para tales categorías. Así, en ocasiones la palabra tributo es usada como un género que se refiere a la totalidad de los ingresos corrientes del Estado (C.P., art. 15, inc. 4º), mientras que en otras ocasiones la Carta la utiliza para diferenciar los ingresos tributarios de los no tributarios (C.P., arts. 358). Igualmente, la palabra contribuciones a veces engloba a los impuestos y a los recursos parafiscales (C.P., art. (sic) ord. 12), mientras que en otras ocasiones la Constitución parece reservarla a las contribuciones parafiscales (C.P., art. 154, inc. 2º)”. En el mismo sentido ver entre otras, la Sentencia C-711 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(7) En relación con la definición de las características de los tributos a que en este aparte de la sentencia se aluden ver, entre otras, las sentencias C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-465 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-545 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz; C-577 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-1371 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1067 de 2002 y C-1143 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-226 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(8) El estatuto orgánico del presupuesto (D. 111/96), por el cual se compilan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, señala lo que debe entenderse por tales gravámenes:

“ART. 29.—Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.

Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que formen parte del presupuesto general de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración”.

(9) Ver Sentencia C-1371 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(10) Ver Sentencia C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

(11) Ver Sentencia C-583 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(12) Ver Sentencia C-711 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(13) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(14) En dicha sentencia se citan apartes de las sentencias C-144 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. S.V. Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell; C-465 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. S.V. Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell; C-455 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-545 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz; C-482 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía y Hernando Herrera Vergara. S.V Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; C-816 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-1371 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(15) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-482 de 1996. Ver también C-816 de 1999.

(18) Sentencia C-155 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett.

(19) Decreto Número 1697 de 1936

(Julio 16)

Por el cual se reglamenta la entrada y residencia de extranjeros.

El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren la Ley 15 de 1935 y el artículo 6º de la Ley 2ª de 1936,

DECRETA:

(...).

Deberes de los extranjeros

ART. 29.—Es deber de todos los extranjeros que entren al territorio de Colombia, presentarse, en Bogotá, a la sección de extranjeros de la Policía Nacional; en las capitales de departamento, a la oficina de identificación, y en las demás poblaciones a la alcaldía, dentro del término de cinco días, a partir de la llegada, para que, previo el examen de los pasaportes y demás papeles, se tomen las anotaciones del caso y se les expida la correspondiente cédula de extranjería.

PAR. 1º—De la obligación expresada sólo quedan eximidos los extranjeros menores de diez y siete años que estén bajo la patria potestad.

PAR. 2º—Si los extranjeros no cumplen con lo dispuesto en el presente artículo, sin causa legítima debidamente comprobada, incurrirán en una multa de veinticinco pesos.

ART. 30.—Las cédulas de extranjería serán de dos clases:

a) De transeúntes, con validez de seis meses; y

b) De residentes, con validez de tres años.

PAR. 1º—Una vez expirado el término de tres años de validez de las cédulas de extranjería de residentes, sus poseedores deben cambiarlas por una nueva, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento. Si omitieren esta formalidad, incurrirán en una multa de diez a veinte pesos.

PAR. 2º—A los transeúntes sólo podrá cambiárseles la cédula cuando el extranjero haya obtenido la correspondiente autorización de la Dirección General de la Policía Nacional para permanecer en el país. La autoridad que renueve una cédula de transeúnte sin autorización de la Dirección General de la Policía Nacional, incurrirá en una multa de veinticinco a cincuenta pesos, que impondrá la misma dirección.

(20) Decreto Número 884 de 1944

(Abril 14)

Por el cual se dictan medidas encaminadas a prevenir delitos contra la hacienda pública.

El primer designado, encargado de la Presidencia de la República de Colombia,

en uso de sus facultades legales, y en especial de las extraordinarias conferidas por los artículos 11 y 12 de la Ley 7ª de 1943, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer una sanción administrativa eficaz para los que atenten contra la Hacienda Nacional, y allegar una información completa que permita evitar que sean nombrados para desempeñar empleos públicos de cualquier clase quienes hayan incurrido en actos ilícitos contra la hacienda pública;

Que el artículo 24 de la Ley 109 de 1923 determina las condiciones requeridas para desempeñar empleos de manejo y señala las causas de inhabilitación para el ejercicio de tales cargos, entre las cuales está la de haber defraudado el tesoro público;

Que el revisor presidencial ha rendido informe escrito al Presidente de la República en que aconseja que la adopción de las disposiciones que por este decreto se toman,

DECRETA:

ART. 1º—Para tomar posesión de cualquier empleo nacional, departamental o municipal, es requisito indispensable que el empleado designado presente previamente un certificado de identidad personal, expedido por alguna de las oficinas de identificación dependientes de la Policía Nacional o departamental, en que conste que no ha cometido actos delictuosos contra el tesoro público ni contra la propiedad particular.

PAR.—Se exceptúan de la obligación de presentar el certificado anterior; además de los de elección popular, los siguientes funcionarios: los elegidos por las cámaras legislativas o por el Congreso en pleno; los militares en servicio activo; los ministros del despacho, los secretarios y el abogado de la Presidencia de la República, el revisor presidencial; los magistrados, jueces y fiscales del órgano judicial, los magistrados y fiscales de lo contencioso administrativo; el Procurador General de la Nación y los procuradores delegados; el subcontralor y el secretario general de la Contraloría de la República; los contralores y subcontralores departamentales; los miembros del cuerpo diplomático y consular; los secretarios generales de los ministerios; los gobernadores de los departamentos y sus secretarios del despacho, y los alcaldes de las capitales de los departamentos y sus secretarios.

ART. 2º—El certificado en referencia se expedirá por la policía, en duplicado, en los formularios que para el efecto se acostumbra a llevar.

El duplicado se archivará por la oficina que dé posesión al empleado, y el original lo conservará este para acompañarlo a la nómina que presente al cobrar su primer sueldo.

(...).

(21) Departamento Administrativo de Seguridad.

Decreto Número 1657 de 1992

(Octubre 9)

“Por el cual se señala el valor del certificado judicial y de policía y de los documentos de extranjería que expide del Departamento Administrativo de Seguridad”.

El Presidente de la República,

en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las previstas en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 15 de 1968 y en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1981, y

CONSIDERANDO:

Que las leyes 15 de 1968 y 4ª de 1981 autorizaron al Gobierno Nacional para reglamentar lo relacionado con los modelos, características, especificaciones, vigencias, uso y valor de las cédulas de extranjería, carnés y certificados judiciales que expide el Departamento Administrativo de Seguridad;

Que la Ley 4ª de 1981, señaló entre otros ingresos constitutivos del patrimonio del Fondo Rotatorio del DAS, los dineros provenientes de la adquisición de cédulas y certificados;

Que al Fondo Rotatorio del DAS le corresponde asumir los gastos que demande el funcionamiento del Departamento Administrativo de Seguridad, para el cumplimiento de las tareas que le ha señalado la ley, especialmente los relacionados con la elaboración, transporte, seguros, distribución y expedición de cédulas de extranjería, certificados judiciales y carnés;

Que el Decreto 2819 de 1991, por el cual se liquida el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1992, en el anexo correspondiente al Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad, asignó en el rubro “gastos de operación comercial, con carácter de fondo rotatorio”, la partida para asumir los costos señalados en el numeral 4º, artículo 2º de la Ley 4ª de 1981;

Que para mantener actualizados los costos que demanda la expedición del certificado judicial y de policía y de los documentos de extranjería, se hace necesario tener en cuenta la variación porcentual acumulada del índice de precios al consumidor desde el último reajuste dispuesto por el Gobierno Nacional en marzo de 1990, hasta la fecha;

Que los incrementos a los valores que por este decreto se autorizan, resultan inferiores a la variación porcentual acumulada del índice de precios al consumidor, la cual fue del 91.31% entre marzo de 1990 y septiembre de 1992, según lo certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

DECRETA:

ART. 1º—A partir de la publicación del presente decreto, el certificado judicial y de policía, cuya expedición corresponde al Departamento Administrativo de Seguridad, tendrá un valor de cinco mil pesos m/cte. ($ 5.000).

ART. 2º—El valor a que se refiere el artículo anterior incluye cuatro refrendaciones, siempre que se efectúen dentro de los cinco años siguientes a su expedición.

ART. 3º—A partir de la publicación del presente decreto, los documentos cuya expedición corresponde a la dirección de extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán los siguientes valores:

1. La cédula y tarjeta de extranjería clase “residente” veinte mil pesos m/cte. ($ 20.000).

2. La cédula y tarjeta de extranjería clase “temporal” quince mil pesos m/cte. ($ 15.000).

3. Los salvoconductos seis mil pesos m/cte. ($ 6.000).

4. Las certificaciones seis mil pesos m/cte. ($ 6.000).

5. Los carnés mencionados en el inciso 2º del artículo 6º del Decreto 271 de 1981 treinta mil pesos m/cte. ($ 30.000).

6. Las prórrogas de permanencia para visitantes diez mil pesos m/cte. ($ 10.000).

ART. 4º—A partir del 1º de enero de 1993, los valores señalados en los artículos 1º y 3º de este decreto, se incrementarán en el mismo porcentaje del índice de precios al consumidor del año calendario inmediatamente anterior y se seguirán ajustando automáticamente cada año y en la misma fecha.

Si al efectuar el cálculo resultaren fracciones de centena, el valor se ajustará al múltiplo de cien más cercano.

Los nuevos valores serán determinados mediante resolución, por el director del Departamento Administrativo de Seguridad.

ART. 5º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 9 de octubre de 1992.

(22) Ver Sentencia C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

(23) El artículo 43 de la Constitución de 1886 solo disponía: “En tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones”.

(24) Sentencia C-1141 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver en el mismo sentido la Sentencia C-973 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa y C-100 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(25) ART. 2º—Los documentos de que trata el artículo anterior llevarán adheridas estampillas de timbre nacional de conformidad con la cuantía que se indica para cada caso:

a) Las cédulas de extranjería, cinco pesos ($ 5.00), y

b) Los certificados de conducta, dos pesos ($ 2.00)”.

(26) ART. 3º—Los dineros provenientes de la adquisición de las cédulas de extranjería y de los certificados de conducta, el producto de los remates de los elementos recuperados, de las multas en general, y de los depósitos inmigratorios que conforme a las disposiciones vigentes no sean devueltos, se destinarán preferentemente, a gastos de inversión para instalaciones de las dependencias del Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”.

(27) ART. 8º—El patrimonio del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad estará constituido por:

b) (sic)Los dineros provenientes de adquisición de cédulas de extranjería, certificados, producto de remates, multas y depósitos señalados en el artículo 3º de la Ley 15 de 1968;

(28) Ver Sentencia C-155 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett. Ver en el mismo sentido entre otras las sentencias C-1371 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-525 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1063 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-692 de 2003 y C-1002 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(29) ART. 1º—Autorízase al Gobierno Nacional para determinar por intermedio del Departamento Administrativo de Seguridad, “DAS”, nuevos modelos de cédula de extranjería y de certificados de conducta de que tratan los decretos 1697 y 884 del 16 de julio de 1936 y 14 de abril de 1944, respectivamente.

PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con tales modelos, sus características, especificaciones, vigencias, uso y valor de adquisición.

(30) ART. 10.—El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con los modelos y valor de las cédulas de extranjería, certificados judiciales y carnés mencionados en esta ley.

(31) Ver, entre otras, las sentencias C-509 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-375 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(32) En casos excepcionales la Corte ha aceptado diferir en el tiempo los efectos de sus fallos de inexequibilidad. Ver entre otras las sentencias C-221 de 1997, M.P Alejandro Martínez Caballero; C-700 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo A.V. Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio Hernández Galindo. S.V. Vladimiro Naranjo Mesa y Eduardo Cifuentes Muñoz S.V. Álvaro Tafur Galvis; C-442 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Salvamentos parciales de voto de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis; C-737 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett S.V. Marco Gerardo Monroy Cabra. Salvamentos parciales de voto de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández. En otras ocasiones ante la ausencia de dicha excepcionalidad no ha accedido a modular dichos efectos, ver entre otras las sentencias C-756 de 2002 y C-245 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sobre el mismo tema ver el Auto 311 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(33) Ver Sentencia C-619 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Salvamento parcial de voto de los magistrados Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis.

(34) Ver por ejemplo la Sentencia C-415 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(35) Ver salvamentos parciales de voto de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araújo Rentería, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro Tafur Galvis a la Sentencia C-442 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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