Sentencia C-244 de marzo 29 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-244 de 2006 

Ref.: Expediente D-5957

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

Demandante: Teresa Cerón Correa

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 578 de 14 de marzo de 2000 “Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional”.

Bogotá, D.C., veintinueve de marzo de dos mil seis.

EXTRACTOS: « II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la ley demandada:

LEY 578 DE 2000 

(Marzo 14)

Diario Oficial Nº 43.934, de 15 de marzo de 2000

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

“Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional”

DECRETA:

“ART. 1º—De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir las normas de carrera, los reglamentos de régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; el reglamento de aptitud psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el régimen de carrera y/o estatuto del soldado profesional así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, el reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía Nacional, las normas de carrera del personal de oficial y suboficiales de la Policía Nacional, las normas de carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los estatutos del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; la estructura del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones (1) ”.

“ART. 2º—En desarrollo de las facultades extraordinarias contempladas en el artículo anterior el Presidente de la República podrá derogar, modificar o adicionar entre otros los siguientes decretos: 1211 de 1990, 85 de 1989, 1253 de 1988, 94 de 1989, 2584 de 1993, 575 de 1995, 354 de 1994, 572 de 1995, 1214 de 1990, 41 de 1994, 574 de 1995, 262 de 1994, 132 de 1995, 352 de 1997, 353 de 1994 y las demás normas relacionadas con la materia (2) ”.

“ART. 3º—Las mesas directivas de ambas cámaras designarán una comisión especial integrada así: cinco (5) senadores de la República y cinco (5) representantes a la Cámara, con el fin de participar en el desarrollo de estas facultades y en la elaboración, revisión y concertación de los textos definitivos de los decretos de reestructuración. De la comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su delegado (3) .

PAR.—Los decretos legislativos (sic) que se dicten en desarrollo de estas facultades no serán considerados códigos”.

“ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación.

(...)”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la Carta.

2. Objeto de la demanda.

La actora estima que la Ley 578 de 2000 “Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional” desconoció lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10, inciso final, cuando le otorgó al Presidente la facultad para expedir códigos, expresamente prohibida por la Constitución. Por tal razón, solicita a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad tanto de la ley demandada como de los decretos dictados con fundamento en la misma. Todos los intervinientes y la vista fiscal consideran que en el caso bajo examen la Corte Constitucional ya había realizado el juicio de constitucionalidad tanto de la ley demandada como de los decretos dictados con base en ella por el cargo alegado en la presente demanda (sents. C-1713/2000, C-1493/2000, C-923/2001). Estiman, por consiguiente, que aquí ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

3. Cuestión preliminar. De la cosa juzgada constitucional.

Ha reiterado la corporación en múltiples ocasiones, su deber de guardar la consistencia con decisiones previas en la medida en que las circunstancias fácticas y jurídicas que sirvieron de base para la decisión se mantengan y no hayan variado. Así lo estableció, por ejemplo, en la Sentencia C-447 de 1997 cuando afirmó que

“todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no solo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez”.

De conformidad con esta misma línea de pensamiento, insistió la Corte en que un tribunal puede, desde luego, apartarse de decisiones previamente adoptadas cuando existen motivos de peso para ello. Se exige, en estos casos, una mayor carga de argumentación de la que suele reclamarse para motivar las sentencias las cuales siempre deben estar suficientemente argumentadas y razonadas.

En el asunto bajo examen de la Corte Constitucional en la presente ocasión le corresponde constatar si —como lo sugieren los intervinientes y la vista fiscal— ha operado la cosa juzgada constitucional. Para tal fin, la corporación se referirá primero al fenómeno de la cosa juzgada en la Constitución y luego repasará la jurisprudencia constitucional sobre esta temática. A renglón seguido, examinará el caso concreto.

3.1. El fenómeno de la cosa juzgada en la Constitución.

Por virtud de lo dispuesto en el artículo 243 superior,

“Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación”.

Una lectura atenta del artículo transcrito, hace factible constatar dos situaciones relacionadas estrechamente una con la otra. De un lado, la referencia a la cosa juzgada constitucional de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y, de otra, la prohibición de reproducir el contenido de un acto jurídico que ha sido previamente declarado como inconstitucional por razones de fondo. De lo anterior también es posible deducir que la Constitución no se pronuncia sobre los efectos de los fallos mediante los cuales la Corte declara la exequibilidad de las leyes.

Un asunto es, por tanto, que la Corte se pronuncie de fondo sobre la inexequibilidad de la ley y al respecto de la inexequibilidad de las hipótesis de interpretación utilizadas para fijar el sentido y el alcance de la ley. En estos casos, la Constitución misma plantea la prohibición de reproducir la ley o hipótesis interpretativa que se ha utilizado para fijar el sentido y alcance de la ley mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.

3.2. La cosa juzgada en la jurisprudencia constitucional.

La cosa juzgada constitucional se conecta, pues, con los efectos de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Tal como lo afirma la Sentencia C-028 de 2006 este fenómeno “se traduce en la imposibilidad jurídica de reabrir el juicio de constitucionalidad sobre la norma que ya ha sido objeto de examen por la Corte”. Existen sobre la cosa juzgada varios pronunciamientos de la corporación entre los cuales se encuentran los contenidos en las sentencias C-113 de 1993 (5) ; la C-543 de 1992 (6) ; la C-153 de 2002 (7) . En la C-976 de 2002 la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia y se pronunció así:

“El efecto de cosa juzgada que ampara las sentencias proferidas por la Corte Constitucional encuentra su fundamento en el artículo 243 de la Constitución, e implica que tales providencias tienen carácter definitivo e incontrovertible, ‘de manera tal que sobre el tema tratado no puede volver a plantearse litigio alguno’ (Sent. C-397/95). Así mismo, trae como consecuencia que ningún funcionario u organismo podrá reproducir las normas declaradas inexequibles por la Corte por razones de fondo, si permanecen en la Constitución los preceptos que fundamentaron dicha decisión”.

Señaló la Corte en la sentencia precitada algo de suma importancia para el asunto bajo examen: “Esta disposición debe ser analizada y aplicada a la luz de cada fallo, pues la Corte, en virtud de su papel de guardiana de la integridad de la Constitución, determina los efectos de sus propias decisiones, en virtud de la “misión que le confía el inciso primero del artículo 241, de guardar la ‘integridad y supremacía de la Constitución’, porque para cumplirla, el paso previo e indispensable es la interpretación que se hace en la sentencia que debe señalar sus propios efectos(8) (negrillas fuera de texto).

3.3. En el caso bajo análisis ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Todos los intervinientes enumeran un conjunto de sentencias mediante las cuales la corporación ha abordado el estudio de la Ley 578 de 2000.

En la Sentencia C-1493 del 2000 se ocupó la Corte Constitucional de realizar el examen de la ley en mención tanto por vicios de forma como por vicios de fondo. En cuanto a los vicios de fondo, se alegó en aquella oportunidad que la expresión contenida en el artículo 1º de la ley demandada “y se dictan otras disposiciones” desconocía el mandato de precisión exigido por el artículo 150 numeral 10.

El mismo reparo se hizo frente al artículo 2º de la Ley 578, pues el actor consideró que este artículo no señalaba con precisión las leyes que se modificarían con los decretos extraordinarios dictados por el Presidente en ejercicio de las facultades a él conferidas por la ley acusada. Luego de un análisis detallado de la competencia del Congreso para conferir facultades extraordinarias al Presidente, consideró este tribunal constitucional que la expresión “y se dictan otras disposiciones” contenida en el artículo 1º de la ley acusada así como la expresión “y las demás normas relacionadas con la materia” contemplada en el artículo 20 de la misma ley” debían ser declaradas inexequibles por vulnerar el mandato de precisión exigido por el artículo 150 numeral 10.

En la Sentencia C-1713 de 2000 se pronunció la Corte Constitucional sobre el cargo alegado en la Sentencia C-1493 del 2000, razón por la cual la corporación resolvió declarar que en el caso bajo examen había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Se dijo en aquella oportunidad: “Las expresiones ‘y se dictan otras disposiciones’, ‘y las demás normas relacionadas con la materia’ contenidas en los artículos 1º y 2º, de la Ley 578 de 2000 fueron objeto de examen constitucional por parte de esta corporación y, mediante Providencia C-1493 del 2 de noviembre de 2000, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, se excluyeron del ordenamiento jurídico”.

Mediante la Sentencia C-1713 de 2000, también examinó la Corte Constitucional la Ley 578 de 2000 por el mismo cargo alegado en la demanda bajo análisis de la corporación en la presente sentencia, esto es, que “el Congreso, al expedir la Ley 578 de 2000, desconoció el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política porque concedió al Gobierno Nacional facultades para expedir disposiciones propias de códigos” (negrillas fuera de texto). En las consideraciones enfatizó la corporación que en el artículo 150 numeral 10 se prohíbe expedir disposiciones que regulen “en forma coherente y sistemática, (...) íntegramente una determinada materia”. Si bien es cierto, dijo la Corte en ese entonces, la prohibición contenida en artículo 150 numeral 10 tiene como fin evitar que el Congreso se desprenda de su facultad de expedir leyes, no lo es menos que “cuando la necesidad [lo exija] y la conveniencia nacional lo demande, el Presidente de la República está legitimado para solicitar y el Congreso autorizado para concederle facultades extraordinarias, siempre que el acontecer nacional lo requiera”.

La Corte recordó en aquella ocasión que la jurisprudencia constitucional ha sido insistente en la identificación de la noción de código como una regulación sistemática, integral y exhaustiva, de una materia y sostuvo que “[n]o están cobijadas por la prohibición las reformas por la vía de las facultades extraordinarias que no afectan la estructura general de un código ni establecen la regulación sistemática e integral de una materia” (negrillas fuera de texto) (9) .

Citó también la Sentencia C-296 de 1995 en donde se repite con algunas variaciones el mismo argumento: “En todo caso, aún en el evento de que una modificación de este tipo hubiese tenido lugar, tampoco se habría incurrido en inconstitucionalidad por este motivo, debido a que se trataría simplemente de una reforma parcial que no afecta la estructura general del código, ni establece la regulación sistemática e integral de una materia y, por lo tanto, no vulnera el principio democrático que el constituyente quiso proteger con la prohibición de que trata el tercer inciso del numeral décimo del artículo 150 de la Carta” (negrillas fuera de texto).

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional concluyó que el cargo alegado no podía prosperar pues las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Presidente no habían dado lugar a regulaciones que pudieran equipararse a códigos en el sentido de ser sistemáticas e integrales. Para que una regulación o reglamentación de determinada materia o materias pueda equipararse a un código es preciso que regule o reglamente las instituciones de un determinado ámbito jurídico de modo completo, metódico, sistemático y coordinado.

En virtud de lo expuesto, considera la Corte que en el caso bajo examen se ha presentado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-1713 de 2000. Mediante esta sentencia se pronunció la corporación sobre el mismo precepto normativo —la Ley 578 de 2000— y el cargo alegado fue el mismo, a saber, que la ley desconoció la disposición contenida en el artículo 150 numeral 10 en donde se prohíbe al Presidente dictar códigos (10) . Como se indicó más arriba, la corporación examinó el cargo y encontró que no existían razones para que prosperara.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1713 de 2000 por el cargo analizado.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) El aparte tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1493 de noviembre 2 de 2000.

(2) Apartes tachados declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1493 de noviembre 2 de 2000.

(3) Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1493 de noviembre 2 de 2000.

(5) En donde se hace referencia a la cosa juzgada como “cualidad”.

(6) En donde se pronuncia la Corte Constitucional sobre el carácter inmutable, intangible, definitivo, indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han cumplido las condiciones y requisitos previstos por la ley.

(7) En donde se aborda la conexión de la cosa juzgada con el principio de seguridad jurídica “puesto que la cosa juzgada garantiza a la sociedad la certeza sobre el significado y alcance de las determinaciones adoptadas por la Corte Constitucional”.

(8) Sentencia C-113 de 1993.

(9) En este punto se remitió la Corte Constitucional a la Sentencia C-252 de 1994.

(10) En aquella oportunidad la corporación declaró la exequibilidad del artículo 1º de la ley bajo examen “salvo la expresión ‘y se dictan otras disposiciones’ en relación con la cual debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1493 de 2000 que declaró su inconstitucionalidad”. También declaró la Corte la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 578 de 2000 “salvo respecto de la expresión ‘y las demás normas relacionadas con la materia’ en relación con la cual debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1493 de 2000 que declaró su inconstitucionalidad”.

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