Sentencia C-245 de marzo 16 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-245 de 2004 

Ref.: Expediente D-4803

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Actor: José Gregorio Ospino Callejas.

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo (parcial) del artículo 2º y el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996”.

Bogotá, D.C., marzo dieciséis de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas.

Se transcribe a continuación el texto parágrafo del artículo 2º y el artículo 12 de la Ley 785 de 2002 conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.046 y se resalta el aparte acusado.

“LEY 785 DE 2002

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 2º—Enajenación. Desde el momento en que los bienes a que se refiere el artículo anterior sean puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes y una vez incorporados al inventario a que se refiere el Decreto 306 de 1998, podrán ser enajenados los bienes fungibles o consumibles o en general muebles que amenacen deterioro y los demás que en adición a los anteriores determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, siempre y cuando y de manera motivada se establezca que estos amenazan perder severamente su valor comercial con arreglo a los procedimientos establecidos en el Decreto 1461 de 2000.

Los dineros producto de las enajenaciones ingresarán a una subcuenta especial del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado y serán administrados por el director nacional de estupefacientes e invertidos de manera preferente en el mercado primario en títulos de deuda pública, antes de optar por su inversión en el mercado secundario, de acuerdo con las necesidades de liquidez de dicho fondo.

Las transacciones de este orden deben ser realizadas con entidades calificadas mínimo como AA+ para mediano y largo plazo y DP1 para corto plazo, por las agencias calificadoras de riesgo, o a través de fiducia, en entidades fiduciarias de naturaleza pública. Cuando se produzca la decisión judicial definitiva, según el caso, se reconocerá al propietario el precio de venta del bien con actualización de su valor o se destinarán los dineros por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes a los programas legalmente previstos como beneficiarios de los mismos, según corresponda.

PAR.—Tratándose de sustancias controladas, si no fuere posible su enajenación o su exportación por la Dirección Nacional de Estupefacientes, las autoridades judiciales, de policía judicial, administrativas, ambientales y sanitarias coordinarán de forma eficaz e inmediata con la Dirección Nacional de Estupefacientes lo relativo a su disposición o destrucción. Las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental.

(...).

ART. 12.—Plan de manejo ambiental.En todos los casos en que se requiera un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, la elaboración, ejecución y control de dichos planes será responsabilidad de la autoridad ambiental competente”.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra una ley de la República.

2. Cargos de la demanda y planteamiento del problema jurídico.

En concepto del demandante, el segmento acusado del artículo 2º de la Ley 785 de 2002 es inconstitucional, pues al radicar en las autoridades ambientales la responsabilidad por la destrucción de sustancias controladas, desdibuja las funciones constitucionales de dichas autoridades de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, vulnerando de esta forma el artículo 8º de la Carta Política.

Sostiene que el artículo 12 del citado ordenamiento legal es igualmente inconstitucional, porque i) al encargar a la autoridad ambiental competente la elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, impone una carga que le impide ejercer de manera imparcial la protección y defensa de los recursos naturales, infringiendo de esta forma el artículo 79 superior, ii) viola el artículo 80 ibídem, por cuanto la asignación de dicha competencia impide el ejercicio de la función de planificación y aprovechamiento de los recursos naturales, obligando a las autoridades ambientales a deteriorar el medio ambiente; y iii) desconoce el principio superior de la unidad de materia, por cuanto su contenido normativo no guarda relación alguna con la temática de la Ley 785 de 2002.

Para el Ministerio de Ambiente las normas acusadas no se ajustan a la Carta Política, por cuanto de acuerdo a sus competencias en materia ambiental, se le impide ejercer las labores de control y vigilancia que le corresponden, lo cual no es garantía de transparencia, imparcialidad e igualdad en el ejercicio de la función administrativa.

La Defensoría del Pueblo considera también que las disposiciones impugnadas son inconstitucionales, pues en su sentir i) desconocen la unidad de materia al referirse a un asunto distinto al regulado en la Ley 785 de 2002; ii) violan el principio de unidad territorial, por cuanto establecen la posibilidad de que una corporación autónoma regional por sí misma pueda elaborar, ejecutar y controlar un plan de manejo ambiental; iii) desconoce los principios de eficacia e imparcialidad de la función administrativa pues permite el ejercicio de funciones incompatibles y iv) viola el debido proceso, pues como la entidad que controla es la misma que ejecuta, no existe independencia del juzgador.

El decano de la facultad de medio ambiente y recursos naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, considera que las normas censuradas son constitucionales.

En el mismo sentido se pronuncia el director de la especialización en derecho del medio ambiente de la Universidad Externado de Colombia, quien estima que dejar en cabeza de las autoridades ambientales la destrucción de sustancias controladas es reconocer que tales autoridades son idóneas en el manejo de los riesgos ambientales; y respecto al plan de manejo ambiental, señala que el mismo es trasunto del derecho a un ambiente sano que consagra el artículo 79 superior.

El Ministerio del Interior y de Justicia se muestra en favor de la constitucionalidad de las normas impugnadas, pues considera que la consagración del derecho a un ambiente sano no tendría sentido si las autoridades encargadas de su protección no pudieran cumplir con esta misión, y agrega que el manejo de sustancias incautadas demanda un manejo especializado para evitar mayores perjuicios al medio ambiente que los ocasionados por la producción de estupefacientes.

La Organización Nacional Indígena, ONIC, sostiene, por su parte, que las normas acusadas son inconstitucionales porque desconocen el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas.

La Dirección Nacional de Estupefacientes estima que no se presenta vulneración a la unidad de materia, puesto que la destrucción de sustancias controladas es una medida subsidiaria de administración de bienes incautados que es la temática a la que se refiere la Ley 785 de 2002. Advierte, además, que la tarea de las autoridades ambientales no es la de destruir para dañar sino la de destruir para evitar un daño al medio ambiente, y agrega que la elaboración del plan de manejo ambiental solamente es competencia del Ministerio del Medio Ambiente.

Para el procurador las normas acusadas son inexequibles, pues en su opinión las autoridades ambientales son en esencia organismos fiscalizadores que no pueden ser encargados de la destrucción de sustancias controladas, así como tampoco de la ejecución simultánea de las funciones de elaboración, ejecución y control del plan de manejo ambiental.

Con base en lo anterior, corresponde entonces a la Corte Constitucional despejar los siguientes interrogantes:

• Si las normas demandadas al radicar en cabeza de las autoridades ambientales la responsabilidad por la destrucción de sustancias incautadas, así como la elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de dichas sustancias, desconocen el principio de la unidad de materia.

• Si la responsabilidad asignada por las normas acusadas a las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas, desdibuja la función constitucional de protección del medio ambiente que cumplen dichas autoridades.

• Si las funciones de elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de sustancias controladas en cabeza de las autoridades ambientales, impide que estas ejerzan en forma libre e independiente la protección del medio ambiente.

• Si la responsabilidad de las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas, y la elaboración, control y ejecución del plan de manejo ambiental para la erradicación y manipulación de las mismas, impide que dichas autoridades puedan cumplir con su tarea constitucional de planificar y aprovechar los recursos naturales y propender por su conservación y prevención.

Con el fin de dar respuesta a estos cuestionamientos, la Corte debe proceder a determinar previamente si las normas acusadas desconocen el principio de unidad de materia. Dilucidado este asunto, se referirá a los instrumentos que en materia ambiental consagra la Constitución Política y a su desarrollo por parte del legislador, para finalmente analizar la constitucionalidad de las funciones asignadas a las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas, y en la elaboración, control y ejecución del plan de manejo ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos y la manipulación de dichas sustancias.

3. Sobre el supuesto desconocimiento de la unidad de materia.

En primer término, debe la Corte definir si, como lo afirma el actor, tanto el segmento normativo del parágrafo del artículo 2º como el artículo 12 de la Ley 785, desconocen el principio de la unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución.

Al efecto, es necesario tener presente que para que la Corte pueda ejercer control cuando se alega infracción a la citada norma superior, es menester que el actor efectúe un triple señalamiento: a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda; b) el de las disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se relacionan con dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 superior(1).

En el caso que se revisa observa la Corte que el actor ha cumplido con estas exigencias pues sostiene que la violación a la unidad de materia se produce en razón de que el objeto de la Ley 785 de 2002 es regular lo relacionado con la administración de bienes incautados al narcotráfico, facultad que le corresponde a la Dirección Nacional de Estupefacientes y no a las autoridades ambientales.

Establecido este aspecto, entra la Corte a indagar si efectivamente las normas acusadas en esta oportunidad desconocen el principio de unidad de materia, para lo cual debe precisar una vez más que según reiterada jurisprudencia de esta corporación, dicho principio no puede ser entendido de forma rígida pues ello limitaría en forma desmesurada la facultad de configuración del legislador. Ha dicho la Corte:

“En repetidas oportunidades la Corte ha señalado que el concepto de unidad de materia (2) a que se refiere el artículo 158 de la Constitución no puede entenderse dentro de un sentido estrecho y rígido al punto que se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre las diferentes normas que surgen en virtud de las finalidades que persiguen y que, por lo mismo, razonablemente se integran o resultan ser complementarias para lograr el diseño de la cuestión de fondo del proyecto legal. Además, que dicha unidad sólo se rompe cuando existe absoluta falta de conexión o incongruencia causal, temática, sistemática y teleológica entre los distintos aspectos que regula la ley y la materia dominante de la misma” (3) .

La Corte ha expresado que esta concepción del principio de unidad de materia conlleva una limitación en el ejercicio de la función de control constitucional por parte de la Corte Constitucional en aras de respetar la libertad de configuración de la que goza el Congreso en su función legislativa:

“(...) Cuando los tribunales constitucionales entran a determinar si una ley ha cumplido o no con el principio de unidad de materia deben ponderar también el principio democrático que alienta la actividad parlamentaria y en esa ponderación pueden optar por ejercer un control de diversa intensidad. Esto es, el alcance que se le reconozca al principio de unidad de materia tiene implicaciones en la intensidad del control constitucional pues la percepción que se tenga de él permite inferir de qué grado es el rigor de la Corte al momento del examen de las normas. Así, si se opta por un control rígido, violaría la Carta toda norma que no esté directamente relacionada con la materia que es objeto de regulación y, por el contrario, si se opta por un control de menor rigurosidad, solo violarían la Carta aquellas disposiciones que resulten ajenas a la materia regulada. La Corte estima que un control rígido desconocería la vocación democrática del Congreso y sería contrario a la cláusula general de competencia que le asiste en materia legislativa. Ante ello, debe optarse por un control que no opte por un rigor extremo pues lo que impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable (4) .

Por lo anterior, la jurisprudencia ha considerado que el control constitucional en estos casos es de nivel bajo:

... para respetar el amplio margen de configuración del órgano constitucionalmente competente para hacer las leyes y para diseñar las políticas públicas básicas de orden nacional, la intensidad con la cual se analiza si se viola o no el principio de unidad de materia, es de nivel bajo en la medida en que, si es posible encontrar alguna relación entre el tema tratado en un artículo y la materia de la ley, entonces la disposición acusada es, por ese concepto, exequible. Tal relación no tiene que ser directa, ni estrecha. Lo que la Constitución prohíbe es que “no se relacionen” los temas de un artículo y la materia de la ley (C.P., art. 158) y al demandante le corresponde la carga de señalar que no hay relación alguna. La relación puede ser de distinto orden puesto que la conexión puede ser de tipo causal, temático, sistemático o teleológico. A estos criterios reiterados por la jurisprudencia se agrega una modalidad de relación teleológica, la de la conexión de tipo consecuencial ya que recientemente, la Corte aceptó que se respeta el principio de unidad de materia cuando hay una conexión en razón a los efectos fácticos de una norma que aparentemente no guarda relación alguna con el tema de la ley (5)(6) .

¿Cuándo se viola entonces el principio de unidad de materia?

Al responder este interrogante la Corte ha dicho que la Constitución fija en su artículo 158 dos condiciones al Congreso para el ejercicio de la función legislativa, “pues este se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquella” (7) . De esta manera, el Congreso vulnerará el principio constitucional sobre unidad de materia “cuando incluye cánones específicos que, o bien encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado” (8) .

Así pues, para ejercer el control de constitucionalidad por vulneración del principio de unidad de materia debe determinarse cuál o cuáles son los núcleos temáticos de una ley para inferir si una norma específica tiene vinculación objetiva y razonable con ellos o si por el contrario gravita al interior de la ley, sin vínculos ni ejes de referencia que la articulen de manera armónica y coherente con los ejes materiales desarrollados por el legislador. Ha dicho la Corte:

“... resulta fundamental determinar el núcleo temático de una ley pues es ese núcleo el que permite inferir si una disposición cualquiera vulnera o no el principio de unidad de materia. En ese sentido resultan valiosos elementos como el contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se exponen las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se pretenden interferir; el desarrollo y contenido de los debates surtidos en las comisiones y en las plenarias de las cámaras; las variaciones existentes entre los textos originales y los textos definitivos; la producción de efectos jurídicos en las distintas esferas de una misma materia; su inclusión o exclusión de la cobertura indicada en el título de la ley; etc. La valoración conjunta de todos esos elementos permite inferir si una norma constituye el desarrollo de la materia de la ley de que hace parte” (9) .

Como lo anuncia su título, la Ley 785 de 2002 tiene por objeto dictar normas relacionadas con la administración de los bienes incautados en aplicación de las leyes 30 de 1986 y 333 de 1996. En dicho ordenamiento la Corte identifica varios núcleos temáticos, a saber: se fijan los sistemas de administración de bienes incautados, y se dictan normas sobre enajenación, contratación, destinación provisional, sociedades y unidades de explotación económica, readjudicaciones pendientes, cumplimiento de las funciones de administración de los bienes incautados, régimen tributario, aseguramiento de bienes incautados y plan de manejo ambiental.

Uno de los sistemas de administración de los bienes incautados es la enajenación, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la citada ley recae sobre bienes fungibles o consumibles o en general muebles que amenacen deterioro y los demás que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, siempre y cuando, de manera motivada se establezca que amenazan perder severamente su valor comercial. Se determina que los dineros producto de tales enajenaciones ingresarán al fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado administrado por el director nacional de estupefacientes.

Así mismo, el parágrafo de la norma que se comenta dispone que tratándose de sustancias controladas si no fuere posible su enajenación o exportación las autoridades judiciales, de policía judicial, administrativas, ambientales y sanitarias coordinarán con la DNE lo relativo a su disposición o destrucción la cual será de responsabilidad de las autoridades ambientales con el fin de procurar el menor impacto ambiental, según lo dispone el segmento acusado.

Es fácil evidenciar, entonces, una conexidad no solo de orden temático sino también de índole sistemática y teleológica entre el segmento normativo demandado y la Ley 785 de 2002, pues la destrucción de sustancias controladas es una medida de carácter subsidiario que procede ante la imposibilidad de su enajenación o exportación, que precisamente constituye una de las formas de administración de los bienes incautados que se regulan en dicha normatividad. Así, pues, no se presenta por parte de esta disposición la alegada violación del principio de unidad de materia.

En relación con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, tampoco se advierte que su contenido normativo establezca una ruptura con el núcleo temático de esa preceptiva, pues si en la ley se consagran una serie de medidas en relación con la destrucción y manipulación de las sustancias controladas, bien podía el legislador incluir una disposición como la demandada en la cual se encarga a la autoridad ambiental competente de la elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación de cultivos ilícitos y la manipulación de sustancias controladas.

Por lo expuesto, no prospera el cargo por supuesta violación a la unidad de materia.

4. Instrumentos constitucionales de gestión ambiental. Facultad de configuración del legislador en esta materia.

Dado que la protección y el mejoramiento del medio ambiente deben ser una preocupación fundamental de los Estados, como quiera que afectan el bienestar de los pueblos y su desarrollo económico, en Colombia, la Constitución Política de 1991 otorgó al medio ambiente una importancia cardinal, pues consagró un conjunto de principios y herramientas que configuran la denominada “constitución ecológica” o “constitución verde”, en cuanto señalan los derroteros, los derechos y los deberes que se deben observar para la conservación y protección ambiental.

Sobre este tópico la Corte ha expresado:

“La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta corporación ha señalado, en anteriores decisiones, que la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera “Constitución ecológica”, conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente. Igualmente la Corte ha precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica para el Estado, en materia ecológica, “unos deberes calificados de protección” (10) .

La protección de la diversidad e integridad del ambiente así como la prevención y control de los factores de deterioro ambiental, constituyen entonces deberes del Estado, en virtud de expreso mandato constitucional, que armonizan con varios instrumentos de carácter internacional que consagran a su vez principios rectores y herramientas importantes para el cumplimiento de los citados propósitos.

Documentos de valor internacional tales como la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, y Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo se refieren a los principios e instrumentos de gestión ambiental.

En efecto, la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, adoptada en dicha ciudad en el año de 1972 por la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, hace énfasis en la necesidad de que los ecosistemas naturales deban preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante cuidadosa planificación u ordenación según convenga, evitando que la contaminación con sustancias tóxicas u otros materiales causen daños graves e irreparables a los ecosistemas. Dispone además que debe confiarse a instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales con miras a mejorar la calidad del medio. Y añade que la planificación racional constituye instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio. Igualmente, establece que debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación del calor en cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves o irreparables a los ecosistemas, por lo cual debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.

La Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo, adoptada por la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo en Río de Janeiro en 1992, por su parte, pregona que a fin de alcanzar el desarrollo sostenible la protección del medio ambiente debe constituir parte importante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Anota además, que los Estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. En particular, dicha declaración establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos, permitiéndoles informarse sobre las decisiones de las autoridades y facilitándoles el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y recursos pertinentes. También resalta el papel del legislador en este campo, al señalar que los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente las cuales deben reflejar el contexto al que se aplican. Igualmente, pone de relieve el papel que los pueblos indígenas y sus comunidades locales desempeñan en la ordenación del medio ambiente, por lo que los Estados deben reconocer y apoyar su identidad, cultura e intereses y velar porque participen efectivamente en el logro del desarrollo sostenible. Así mismo, dicho instrumento pone de presente la necesidad de emprender una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad que haya de producir un efecto negativo en el medio ambiente.

Nuestra Constitución, de manera especial, en los artículos 79 y 80, consagra los siguientes principios e instrumentos de gestión ambiental:

i) El derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano, y la garantía de participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente.

ii) El deber de protección de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las áreas de especial importancia ecológica, así como la obligación de fomentar la educación para estos fines.

iii) La planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

iv) La prevención y control de los factores de deterioro ambiental, la imposición de las sanciones legales y exigencia de reparación de los daños causados.

v) El deber de cooperación con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Atiende entonces nuestra Constitución, en armonía con los instrumentos internacionales, a la necesidad universal de preservación de los ecosistemas naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras, consagrando para el efecto un catálogo de disposiciones tendientes a la protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales del país. Se consagra por un lado el ambiente como un derecho, ligado íntimamente con la vida, la salud y la integridad física de los asociados; y también como un deber, por cuanto exige de las autoridades y particulares acciones encaminadas a su protección.

Y para el debido cumplimiento y logro de los fines constitucionales de protección del medio ambiente a través de la prevención y control de su deterioro en la búsqueda del mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, dado que a todas las personas les asiste el derecho de gozar de un ambiente sano, la planificación y fijación de políticas estatales son elementos fundamentales como así ya lo ha determinado la Corte Constitucional” (11) .

Planes y programas que para el cumplimiento de la finalidad constitucional protectora del medio ambiente, deben ser desarrollados, puestos en ejecución y controlados, pues es de tal manera como de manera efectiva se previene y controlan los factores de deterioro ambiental y se manejan y aprovechan los recursos naturales, garantizando su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.

Cabe precisar además, que si bien en la Constitución el medio ambiente ocupa un lugar importante, es al legislador a quien le corresponde, dentro de los límites que imponen los mandatos superiores, la configuración de cada una de las herramientas e instrumentos de gestión ambiental, así como el señalamiento de las autoridades competentes que deban encargarse del cumplimiento de los fines perseguidos por el Estado en materia ambiental. Nótese, que en la Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano se dispuso, que debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales con miras a mejorar la calidad del medio ambiente.

Determinación que ya realizó el legislador, al crear el sistema nacional ambiental, SINA, mediante la Ley 99 de 1993, como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales, y a asignar funciones tanto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial así como a otras autoridades también integrantes del sistema nacional ambiental, para el cumplimiento de los deberes que en esta materia competen al Estado, es decir, la protección del medio ambiente y la prevención y control del deterioro ambiental, a través de la planificación, ejecución y control de los planes y programas respectivos.

En conclusión, por lo que hace a la materia ambiental i) la Carta Política consigna herramientas y principios cuyo objetivo fundamental es propender por la conservación y protección del medio ambiente; ii) le corresponde al legislador, con base en su libertad de configuración, la determinación de las herramientas e instrumentos de gestión ambiental, así como la tarea de determinar las autoridades competentes encargadas de aplicar dichas herramientas y principios; y iii) los compromisos estatales de planificar, ejecutar políticas en materia ambiental, y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, pueden ser asignados a las autoridades ambientales determinadas por el legislador y según la distribución de competencias que entre ellas disponga la ley.

Bajo este marco conceptual, procede la Corte a analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas.

5. Responsabilidad de las autoridades ambientales en la destrucción de sustancias controladas.

Los apartes demandados forman parte del parágrafo del artículo 2º de la Ley 785 de 2002 que, al regular lo concerniente a los bienes que sean puestos a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, establece que si no fuere posible su enajenación o exportación, las autoridades judiciales, de policía judicial, administrativas, ambientales y sanitarias coordinarán de forma eficaz e inmediata con la citada dirección lo relativo a su disposición o destrucción; y que, las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental.

En sentir del demandante, los segmentos demandados que entregan la responsabilidad a la autoridad ambiental de la destrucción de sustancias controladas es inconstitucional, porque desdibuja las funciones constitucionales de las autoridades ambientales cuya finalidad es la protección del medio ambiente, impidiéndoles además ejercer con imparcialidad el control y vigilancia sobre la disposición de las sustancias controladas.

Para resolver estos cargos, la Corte considera necesario hacer las siguientes consideraciones:

La norma en estudio permite, bajo ciertas condiciones, la destrucción de sustancias controladas. Según el manual de sustancias químicas controladas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, actualmente se ejerce control sobre una gran variedad de sustancias químicas que si bien son empleadas en diversos procesos industriales, como reactivos de laboratorio, además pueden ser utilizadas para sintetizar, fabricar, procesar u obtener drogas que producen dependencia síquica o física.

A nivel internacional, los países de tránsito, los productores y consumidores de sustancias que pueden ser utilizadas en la producción de estupefacientes se han comprometido a apoyar el control de desvío de dichas sustancias, básicamente mediante acuerdos internaciones, sin perjuicio de que cada país, dependiendo de su desarrollo industrial ingrese al control otras sustancias que haya identificado como precursoras en la fabricación de estupefacientes.

En los anexos de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, ratificada por la Ley 67 de 23 de agosto de 1993, y revisada por Sentencia C-176 de 1994, se relacionan las siguientes sustancias controladas:

Cuadro ICuadro II
Ácido lisérgicoAcetona
EfedrinaÁcido antranílico
ErgometrinaÁcido fenilacético
ErgotaminaAnhídrido acético
1-fenil-2-propanonaÉter etílico
SeudoefedrinaPiperidina
Las sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro siempre que la existencia de dichas sales sea posible.Las sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro, siempre que la existencia de dichas sales sea posible.

Así mismo, se incluyen como sustancias controladas las contenidas en las siguientes resoluciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes:

• Resolución 9 de 1987. Acetona (2-propanona; dimetil-cetona), ácido clorhídrico, éter etílico (éter sulfúrico, óxido de etilo, dietílico), cloroformo (triclorometano), ácido sulfúrico amoníaco (amonio hidróxido), permanganato de potasio, carbonatos de sodio, metil etil cetona (2-butanona, mek), disolvente alifático Nº 1 (shellsol 1), sisolvente alifático Nº 2 (shellsol 2), thinner, acetato de etilo, metanol o alcohol metílico, acetato de butilo, diacetona alcohol (pyranton), hexano, alcohol butílico (1-butanol: butil alcohol; propil carbinol).

• Resolución 7 de 1992. Tolueno (también conocido como toluol o como metil benceno) y anhídrico acético. Resolución 1 de 1995: el alcohol isopropílico (también conocido como 2-propanol, isopropanol, alcohol propílico secundario, dimetil carbinol, petrohol, ipa); el metil isobutil cetona (también conocido como MIBK, isopropilacetona, hexona, 4-metil 2-pentanona) y el acetato de isopropilo, en cantidades superiores a cinco (5) litros líquidos.

Cabe recordar, que por contaminación se entiende la alteración del ambiente por sustancias o forma de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares (12) .

Dentro del contexto de la norma en estudio, es claro que cuando se decida por las autoridades respectivas la destrucción de sustancias controladas puede causarse un grave deterioro ambiental, si tal procedimiento no se realiza atendiendo ciertas orientaciones determinadas por la autoridad ambiental técnica en la materia. Es claro entonces, que la destrucción de sustancias controladas, dado su origen químico, indudablemente puede generar contaminación y daños irreparables al ambiente y a los ecosistemas; por ello, tal destrucción debe obedecer a parámetros técnicos que impidan que tales daños se produzcan. En atención a tal previsión, la norma bajo análisis dispone que las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental.

Una interpretación literal, únicamente de los segmentos impugnados, y descontextualizados de toda la regulación y especialmente del parágrafo al que pertenecen, puede llevar a la conclusión de que la autoridad ambiental, como “responsable” de la destrucción de sustancias controladas, debe en forma directa proceder a ejecutar los actos materiales de eliminación de dichas sustancias.

Para la Corte esta hermenéutica resulta contraria a la Carta Política, pues según se ha explicado anteriormente, el Estado, a través de la autoridad ambiental, debe ocuparse primordialmente de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, previa la fijación de la política pública a través de los planes y programas respectivos y de su respectiva puesta en marcha por parte de estas autoridades, actividades que de suyo no implican que sea a dicha autoridad a la que le corresponda ejecutar materialmente los actos de eliminación de tales agentes contaminantes que por su propia naturaleza son actuaciones de carácter administrativo y que corresponderían a otras autoridades.

No obstante, interpretando las expresiones acusadas dentro del contexto integral del parágrafo al que pertenecen puede concluirse, en primer lugar que la determinación sobre la destrucción de la sustancia controlada que no pudo enajenarse o exportarse no corresponde exclusivamente a la autoridad ambiental, sino que la toma de dicha decisión debe ser adoptada de manera coordinada entre las varias a las que expresamente se refiere la norma; y que, la responsabilidad final de su destrucción de dicha sustancia controlada se le ha entregado a la autoridad ambiental con un fin específico y determinado, cual es, procurar el menor impacto ambiental.

En efecto, si la misión primordial de la autoridad ambiental es la de poner en marcha o en ejecución los planes y programas diseñados para la prevención y control de los factores de deterioro ambiental con el fin de proteger el medio ambiente, y no la de ejecutar actos materiales de destrucción de sustancias, puede concluirse válidamente entonces, que la responsabilidad por la destrucción de sustancias controladas que le impone la norma en estudio a la autoridad ambiental, es aquella que armoniza con la Constitución y relacionada con el ejercicio de una función de control concomitante, de supervisión o verificación de que la destrucción de la sustancia controlada respectiva se realice de manera adecuada conforme a los lineamientos técnicos previamente determinados con el fin de procurar, en la realización de dicha maniobra, el menor impacto ambiental.

En tal sentido, la responsabilidad que la norma acusada asigna a la autoridad ambiental en la destrucción de sustancias controladas consiste en la obligación que ella tiene de ejercer un control preventivo y concomitante en relación con el acto material de destrucción de dichas sustancias con el fin de lograr el menor impacto ambiental. Preventivo, en tanto y en cuanto el control debe desarrollarse con arreglo a un plan de manejo ambiental previamente adoptado, donde se señale técnicamente el procedimiento conforme al cual debe realizarse la destrucción de sustancias controladas. Y concomitante, en la medida en que dicho control debe llevarse a cabo en forma conjunta con el acto de destrucción, de modo que la autoridad ambiental no debe esperar a que el daño ambiental se produzca para ejercer posteriormente el control sobre el daño ya producido, sino que justamente es su deber prevenirlo.

Ahora bien, por “autoridades ambientales” responsables por la destrucción de sustancias controladas que no pueden ser enajenadas o exportadas, ha de entenderse la autoridad respectiva que haya sido previamente determinada para el efecto por la ley.

En consecuencia, la autoridad ambiental responsable de la destrucción de sustancias controladas es aquella que conforme a la estructura y funciones detalladas en la ley desarrolla la tarea concreta de ejecutar los planes y programas diseñados para prevenir y controlar los factores de deterioro del medio ambiente aun ejercidos de manera concomitante.

Por lo anterior queda claro que el objetivo de la medida que se comenta no es, como lo piensa equivocadamente el actor, que la autoridad ambiental atente contra el medio ambiente ejecutando actos materiales de destrucción, sino que procure, cuando sea necesaria la destrucción de sustancias controladas, que se genere el menor impacto ambiental, aplicando para tal efecto las pautas y procedimientos técnicos consignados en el plan de manejo ambiental, de modo tal que pueda prevenirse la no generación de daños para el ecosistema. De ahí que la autoridad ambiental competente deba ejercer un control preventivo y concomitante sobre el acto material de destrucción, a fin de salvaguardar la integridad del medio ambiente.

Es de anotar, que según los antecedentes legislativos de la Ley 785 de 2002, la atribución de responsabilidad a la autoridad ambiental en la destrucción de sustancias controladas fundamentalmente no se orienta a que ejecute los correspondientes actos materiales, sino que obedece a la necesidad de disponer con prontitud sobre dichos elementos, dado que se han presentado graves inconvenientes en el manejo de dichas sustancias, lo cual ha traído como consecuencia problemas para el medio ambiente. En la ponencia para primer debate al proyecto de ley, se dijo sobre el particular:

“De otra parte, se adiciona al texto original del parágrafo, la posibilidad de exportar las sustancias controladas, como una forma de enajenación y para efectos de la destrucción de las mismas, se establece que las autoridades ambientales serán las responsables de dicha labor, garantizando de esta forma el menor impacto ambiental.

El sistema de enajenación rápida de sustancias controladas no es novedoso, en la medida en que el Gobierno Nacional, en las dos últimas oportunidades que el Congreso Nacional le ha conferido facultades para legislar sobre el tema, lo contempló en los decretos-leyes 112 de 1999 y 266 de 2000, ambos antitrámites, declarados inexequibles por la Corte Constitucional por vicios de forma, mas no de fondo.

Es una necesidad sentida una reglamentación en este sentido, teniendo en cuenta que la disposición o destrucción de las sustancias controladas no involucra solamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino también a otras autoridades y la experiencia demuestra que hay dilación e inconvenientes que no están dentro del alcance de la Dirección Nacional de Estupefacientes resolver. Dentro de estas circunstancias se presentan las siguientes:

— Orden de autoridad ambiental de no destruir y no almacenar las sustancias, sin dar una solución, lo cual implica que las sustancias permanezcan en condiciones inadecuadas de almacenamiento o cuidado, poniendo en peligro la salubridad y seguridad pública.

— Las autoridades incautadoras no toman las medidas apropiadas para evitar que las sustancias controladas impliquen riesgos mientras la Dirección Nacional de Estupefacientes las recibe y dispone de ellas.

— No se practica rápidamente el dictamen pericial para identificar plenamente la sustancia para que la Dirección Nacional de Estupefacientes pueda disponer de ellas.

Vale anotar que las tutelas instauradas en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes por el almacenamiento de estas sustancias en condiciones precarias, han sido falladas todas en contra de esta entidad, no obstante haber tenido la intención y el interés de su inmediata disposición o destrucción” (13) .

Lo anterior pone de presente que la asignación de responsabilidad por la destrucción de sustancias controladas es una medida razonable, puesto que con ella el legislador pretende hacer realidad el propósito constitucional de proteger el medio ambiente, impidiendo que la disposición del material químico con el cual se elaboran dichas sustancias genere contaminación para el medio ambiente.

Se trata también de una medida adecuada, por cuanto dicha responsabilidad no se asigna a cualquier autoridad sino a la autoridad ambiental que es la que legalmente esta autorizada para desarrollar en forma técnica y profesional acciones de control sobre los factores de deterioro del medio ambiente. Además tal determinación resulta proporcionada, puesto que lejos de afectar derechos fundamentales, por el contrario, propende por proteger la salud y la vida de los habitantes, al impedir y controlar los factores de deterioro y contaminación del medio ambiente.

Por todo lo expuesto, la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones “Las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental” del parágrafo del artículo 2º de la Ley 785 de 2002, bajo el entendido que dicha responsabilidad no implica la ejecución de actos materiales de destrucción de sustancias controladas, sino el ejercicio de un control preventivo y concomitante, con el fin de preservar el medio ambiente, y atendiendo un plan de manejo ambiental.

6. Elaboración, ejecución y control de un plan de manejo ambiental para la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y manipulación de sustancias controladas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 785 de 2002, impugnado, en todos los casos en que se requiera de un plan de manejo ambiental para efectos de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, la elaboración, ejecución y control de dichos planes será responsabilidad de la autoridad ambiental competente, determinación que a juicio del actor es inconstitucional porque convierte a las autoridades ambientales en juez y parte, impidiéndoles ejercer de manera imparcial la protección del medio ambiente.

Para resolver el anterior cargo conviene hacer las siguientes consideraciones:

Conforme a lo dicho anteriormente, según el artículo 80 superior el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación del daño causado.

Cabe recordar, que la planificación es una herramienta fundamental para la protección del medio ambiente, por cuanto permite al Estado fijar los parámetros y pautas generales, objetivos y criterios que permiten conciliar las diferencias entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.

Según se ha precisado anteriormente, un mecanismo de planificación es el plan de manejo ambiental, definido legalmente como aquel documento que de manera detallada establece las acciones que se requieran para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad.

Por lo que respecta a la elaboración del plan de manejo ambiental, cuando se requiera dicho plan a juicio de la autoridad ambiental para la erradicación forzosa de cultivos ilícitos o manipulación de sustancias controladas, este comprenderá el estudio, programación y señalamiento de las directrices y las pautas que deben guiar la acción de las autoridades, en orden a prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de las actividades de erradicación de los cultivos ilícitos y la manipulación de sustancias controladas.

Sobre este punto la Corte considera necesario precisar que tratándose del plan de manejo ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos, la autoridad ambiental debe incluir diversos procedimientos que garanticen alcanzar dicho propósito, como la erradicación manual, y no necesariamente el de la aspersión aérea.

Además, en esta instancia administrativa se hace necesaria la participación de la comunidad, tal como lo ordena el artículo 79 superior, pues se trata de un asunto que indudablemente puede afectarla. Así mismo, debe garantizarse el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, pues como lo ha dicho la Corte se trata de un derecho fundamental de amplio espectro orientado a asegurar la integridad cultural y étnica de dichas comunidades. En efecto, en Sentencia SU-383 de 2003, dijo la Corte:

“... el derecho fundamental de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados sobre las decisiones legislativas y administrativas que puedan afectarlos directamente, en cuanto propende por la integridad cultural, social y económica de las culturas indígenas, es una modalidad de participación de amplio espectro, como viene a serlo la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, en la que la especificidad del mecanismo para decisiones atinentes a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas está comprendida”.

Bajo estas premisas, no existe reparo alguno en que el legislador haya asignado a las autoridades ambientales competentes la elaboración de un plan de manejo ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos y el manejo de sustancias controladas, pues siendo la planificación ambiental una función del Estado, ella debe cumplirse a través de los organismos estatales especializados y técnicos en la materia, como son tales autoridades ambientales, a quienes corresponderá entonces de manera autónoma la determinación de los casos en que se requiere un plan de manejo ambiental.

Establecido este aspecto, debe la Corte indagar si resulta incompatible con el principio de imparcialidad de la función administrativa consagrado en el artículo 229 del ordenamiento superior, el que la autoridad ambiental competente además de elaborar el plan de manejo ambiental, cuando lo considere necesario, ejerza las funciones de ejecución y control de dichos planes para la erradicación de cultivos ilícitos y el manejo de sustancias controladas.

Para la Corte, no se opone a la Constitución que la puesta en marcha de los planes, y programas de carácter ambiental y su control corresponda igualmente a la autoridad ambiental como especializada y técnica en la materia. La ejecución del plan de manejo ambiental no supone que la autoridad ambiental deba adelantar directamente acciones materiales de erradicación de cultivos ilícitos o de destrucción de sustancias controladas, pues por mandato legal esta función debe ser desarrollada por otras autoridades. Por el contrario, la ejecución del plan de manejo ambiental por parte de las autoridades ambientales competentes consiste en implementar las acciones técnicas que sean indispensables para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad, incluyendo también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia, tareas todas estas que son congruentes con las competencias que legalmente le han sido asignadas a las autoridades ambientales, y que deben estar orientadas a asegurar el cumplimiento de los parámetros y especificaciones que procuren el menor impacto ambiental.

Y el control del plan de manejo ambiental por parte de la misma autoridad ambiental está orientado al cumplimiento de la función constitucional de prevención y control de los factores de deterioro ambiental, tarea que pueden desarrollar perfectamente las autoridades ambientales, sin afectar su imparcialidad, pues no se trata de que dicha autoridad lleve a cabo actividades de inspección y vigilancia de la función administrativa, de manera semejante a las funciones que ejercen organismos como las superintendencias, sino que corresponde a una labor preventiva y concomitante de carácter técnico y relacionada con la ejecución del plan de manejo ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos y la manipulación de sustancias utilizadas para la fabricación de estupefacientes, lo cual no impide además, que tales acciones puedan ser vigiladas por parte de los respectivos órganos de control y por los ciudadanos a través del ejercicio de las respectivas acciones jurídicas.

Se trata, sin lugar a dudas, de medidas razonables y adecuadas, puesto que aparte de perseguir un objetivo de carácter constitucional como es la protección del medio ambiente, busca que la autoridad ambiental —que por su especialidad es la que técnicamente conoce la materia—, además ejecute y controle la aplicación de esta herramienta de gestión ambiental a fin de impedir el deterioro del medio ambiente, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

No se trata tampoco de una medida desproporcionada, pues la norma acusada no establece que las funciones de ejecutar y controlar el plan de manejo ambiental para la erradicación de cultivos ilícitos y la manipulación de sustancias controladas estén en cabeza de una misma autoridad ambiental, sino en la que sea competente para desarrollar cada una de esas tareas, lo cual supone una acción coordinada entre las autoridades ambientales que cumplen labores de planificación, ejecución y control en materia ambiental.

Por todo lo anterior, la Corte considera que los cargos contra el artículo 12 de la Ley 785 de 2002 no están llamados a prosperar, razón por la cual declarará su exequibilidad.

VII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el segmento normativo “Las autoridades ambientales serán las responsables de la destrucción de dichas sustancias con el fin de procurar el menor impacto ambiental”, del parágrafo del artículo 2º de la Ley 785 de 2002, en el entendido que la responsabilidad no implica ejecución de actos materiales sino un control preventivo y concomitante con el fin de preservar el medio ambiente sano, atendiendo al plan de manejo ambiental.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 de la Ley 785 de 2002.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-579 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(2) Sentencias C-390 de 1996, C-435 de 1996, 428 de 1997 y 584 de 1997, entre otras.

(3) Sentencia C-352 de 1998, Ms.Ps. Antonio Barrera Carbonell y Alfredo Beltrán Sierra (en este caso se decidió que no violaba el principio de unidad de materia una ley que se ocupaba de la creación de Ecogas, empresa comercial e industrial del Estado, al incorporar materias relacionadas con la creación del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural, del Instituto de Capacitación e Investigación de Casanare, del viceministerio de hidrocarburos, del centro de coordinación de transporte de gas natural, del fondo especial para la promoción y financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de infraestructura para el uso de gas natural y con el establecimiento de un impuesto para financiar el fondo mencionado).

(4) Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño (en este caso la Corte consideró que no se desconocía el principio de unidad de materia, al incluir en una ley (L. 510/99) cuyo objeto son disposiciones para el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores y las superintendencias Bancaria y de Valores, una norma (art. 52, par. 3º) que reforma una disposición de otra ley (L. 446/98, art. 148), con el fin de extender la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio excepcional de funciones judiciales). Esta jurisprudencia ya había sido reiterada en la Sentencia C-540 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño (en este caso la Corte estableció que el demandante tiene la carga de señalar cuál o cuáles son las partes que no tienen relación alguna con la materia central de la ley).

(5) El artículo 86 sobre el monopolio de Ecopetrol para realizar la distribución de combustible importado, por su efecto fáctico en cuanto facilita “la lucha contra el contrabando, fenómeno que afecta la recaudación de tributos”, tiene conexión con una ley, la Ley 633 de 2000, cuya materia es tributaria. La Corte también encontró conexidad temática y teleológica, por esta razón. Sentencia C-714 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(6) Sentencia C-1025 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-390 de 1996.

(8) Ibíd.

(9) Sentencia C-501 de 2001.

(10) Sentencia C-126 de 1998.

(11) Entre otras, Sentencia C-423 de 1994 y C-495 de 1996.

(12) Ley 23 de 1973, artículo 4º.

(13) Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 226 de 2002 Cámara, 277 de 2002 Senado Gaceta del Congreso Nº (sic).

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