Sentencia C-25 de febrero 11 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 31 (parcial) y 33 del Decreto 196 de 1971, “por el cual se dicta el estatuto de ejercicio de la abogacía”.

Actora:

Carmen Zunilda Llanos de Flórez.

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Santafé de Bogotá, D.C., febrero 11 de 1998.

(...).

II El texto de las normas acusadas.

Se transcriben a continuación los artículos 31 y 33 del Decreto 196 de 1971, destacando en negrillas lo acusado.

“DECRETO 196 DE 1971

“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”

El Presidente de la República,

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 16 de 1968, y atendiendo el concepto de la comisión asesora establecida en ella.

DECRETA:

(...)

“ART. 31.—La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los siguientes asuntos:

a) En la instrucción criminal, y en los proceso penales, civiles y laborales de que conozcan es primera o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda los de circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanera;

b) De oficio, como apoderado o defensor, en los procesos penales en general, salvo para sustentar el recurso de casación, y.

c) En las actuaciones y procesos que surtan ante los funcionarios de policía.

“ART. 33.—En materia penal los procesados pueden, sin necesidad de apoderado, adelantar todas las actuaciones que les autoriza el Código de Procedimiento Penal”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

Primera la competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, por dirigirse contra normas que hacen parte de un decreto con fuerza de ley.

Segunda la materia.

La actora sostiene la inconstitucionalidad de algunos apartes del artículo 31 y de la totalidad del artículo 33 del Decreto 196 de 1971, un fundamento en un solo cargo la violación del artículo 29 de la Constitución Política, que tendría lugar cuando la persona que como sindicado enfrenta un proceso penal asume su propia defensa, posibilidad que, en su criterio, es permitida por la preceptiva acusada, con evidente quebranto del derecho a la defensa técnica y de las garantías que integran el debido proceso, ya que, el sindicado o procesado, en razón de su estado anímico, no estaría en condiciones apropiadas para actuar correctamente.

Con la finalidad de resolver lo que corresponda, de la amplia jurisprudencia que sobre el derecho a la defensa técnica ha producido la Corte Constitucional, interesa destacar los siguientes aspectos:

1. La defensa técnica constituye un derecho fundamental que hace parte del conjunto de garantías que integran el debido proceso(1).

(1).CF. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia Nº C-037 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

2. La configuración legislativa del derecho a la defensa técnica es susceptible de variaciones, dependiendo del tipo de procesos o de actuaciones en que deba observarse, sin que en ningún caso se altere su núcleo esencial. La misma Constitución defiere al legislador el señalamiento de los eventos en los que se puede acceder a la administración de justicia “sin la representación de abogado” (C.P., art. 229).

3. El derecho a la defensa técnica adquiere singular relevancia en el ámbito penal, ya que al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 superior. “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio durante la investigación y el juzgamiento”.(2)

(2) CF. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia Nº C-069 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

4. La aplicación del debido proceso a “toda” clase de actuaciones judiciales o administrativas, indica que el derecho en comento es predicable de “todo el literario en que se vierte la actuación judicial en el campo penal”, pues “en toda la actuación procesal previa de instrucción, juzgamiento y ejecución de pena, debe prevalecer como garantía mínima la asistencia del defensor habilitado profesionalmente para dicho fin”. A su turno, la referencia que en la norma constitucional citada se hace al “sindicado” ha de entenderse “receptora de aquellas que en la misma normatividad aluden a los imputados, procesados y aún a los condenados”(3).

(3) CF. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia Nº C-049 de 1996, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

5. El constituyente dejó plasmada en la carta la voluntad de asegurar el respecto pleno al derecho a la defensa técnica en el ámbito penal, mediante una “regulación categórica y expresa de carácter normativo y de rango superior”, que “compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces”(4).

(4) CF. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia Nº C-0592 de 1993, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.

6. Lo anterior significa que dichas funciones de defensa del sindicado en las etapas de investigación y juzgamiento no pueden ser adelantadas por un persona que no se encuentre científica y técnicamente habilitada como profesional del derecho, so pena de la configuración de una situación de anulabilidad de lo actuado en el estrado judicial por razones constitucionales, o de inconstitucionalidad de la regulación legal o reglamentaria que lo permita”(5).

(5) Ibídem.

7. Así pues, “en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser o profesional del derecho, es decir, aquella persona que ha optado al título de abogado y, por consiguiente, tiene los conocimientos jurídicos suficientes para ejercer una defensa técnica, especializada y eficaz, en aras a garantizar al procesado su derecho de defensa”(6).

(6) CF. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia Nº C-071 de 1996, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

8. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la práctica es difícil que siempre se cuente con profesionales del derecho y, por tanto, solamente para los casos excepcionales en que ello ocurra, la ley “puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico (D. 196/71, arts. 30, 31, y 32, D. 765/77), pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica”(7).

(7) CF. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia Nº SU-044 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

RESUELVE:

Declarar exequibles los apartes acusados del artículo 31 del Decreto 196 de 1971, así como el artículo 33 del mismo decreto.

Cópiese, comuníquese, cúmplase, insértese en al Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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