Sentencia C-252 de abril 6 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Expediente: RE-203

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 130 del 20 de enero de 2011“Por el cual se modifica el Decreto 16 de 2011”.

Bogotá, D.C., seis de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Texto del decreto

El siguiente es el texto del Decreto 130 del 20 de enero de 2011, tal como aparece publicado en el Diario Oficial 47.958 de la misma fecha:

Decreto 130 de 2011

(Enero 20)

Diario Oficial 47.958 de 20 de enero de 2011

Ministerio de la Protección Social

Por el cual se modifica el Decreto 16 de 2011.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política y en desarrollo de lo previsto en la Ley 137 de 1994 y el Decreto 20 de 2011, y

Considerando:

Que al amparo del Decreto 4580 de 2010 que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica con el fin de conjurar la grave situación de calamidad pública ocurrida en el país por la ola invernal, a través del Decreto 16 de 2011, se adoptaron medidas para contar con un esquema especial de contratación de mano de obra para el período de crisis que impulse la generación de ingresos en las localidades afectadas, de tal manera que permita amortiguar el impacto sobre el flujo de ingresos de los hogares afectados, mitigar las pérdidas económicas producidas como consecuencia de la ola invernal y sus efectos en la posibilidad de los damnificados de mantenerse empleados o de desarrollar actividades productivas; así mismo, prevenir a las personas que serán protegidas de caer en situación de pobreza o pobreza extrema, lo cual empeora la precariedad de sus condiciones de vida.

Que mediante el Decreto 20 de 2011 se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica para adoptar nuevas medidas destinadas a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos respecto de las nuevas situaciones sociales, económicas, ecológicas y de calamidad pública ocurridas en el país por la ola invernal.

Que resulta necesario hacer algunas precisiones respecto de los requisitos para acceder al empleo de emergencia, a fin de que este tipo de contratación privilegie realmente a los afectados por la ola invernal.

Que debido a que las inundaciones han dañado las estructuras de contención, lo que hace que el proceso de recuperación normal sea mucho más lento, y teniendo en cuenta que se pueden presentar nuevos eventos de remoción en masa debido a que los suelos se encuentran saturados, se considera necesario ampliar el término de la vigencia del esquema de contratación de mano de obra a través de la figura de “empleo de emergencia”,

DECRETA:

ART. 1º—Modifícase el artículo 3º del Decreto 16 de 2011, el cual quedará así:

“ART. 3º—Requisitos para acceder al empleo de emergencia. Las personas que deseen acceder a un empleo de emergencia deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 18 años.

2. Ser una persona damnificada o afectada por la situación de desastre nacional declarada, que se encuentre en los registros que para tal efecto disponga el Gobierno Nacional.

3. Estar registrado en la base del Sisbén y tener un puntaje que lo clasifique en el nivel I o II o pertenecer a la estrategia red juntos, de los municipios afectados por la ola invernal”.

ART. 2º Modificase el artículo 6º del Decreto 16 de 2011, el cual quedará así:

“ART. 6º—Obligación de focalizar. Las entidades del Gobierno Nacional, Departamental, Distrital o Municipal y las empresas contratistas del Estado, que ejecuten actividades de construcción de vivienda e infraestructura, mejora de áreas públicas y demás actividades conexas o complementarias a estas que se requieran para la recuperación social, económica y ecológica de las zonas afectadas por el invierno, deberán vincular preferencialmente a las personas que cumplan los requisitos para acceder a un empleo de emergencia de conformidad con el artículo 3º del presente decreto”.

ART. 3º—Modifícase el artículo 7º del Decreto 16 de 2011, el cual quedará así:

“ART. 7º—Vigencia. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2012”.

ART. 4º—El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 4º del Decreto 016 de 2010.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de enero de 2011.

Juan Manuel Santos Calderón

El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

Mónica Lanzetta Mutis.

El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

William Bruce Mac Master Rojas.

El Ministro de Defensa Nacional,

Rodrigo Rivera Salazar.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Juan Camilo Restrepo Salazar.

El Ministro de la Protección Social,

Mauricio Santamaría Salamanca.

El Ministro de Minas y Energía,

Carlos Enrique Rodado Noriega.

El Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Carlos Andrés de Hart Pinto.

La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Beatriz Elena Uribe Botero.

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Diego Ernesto Molano Vega.

La Viceministra de Transporte, encargada de las funciones del despacho del Ministro de Transporte,

María Constanza García.

La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional

Competencia

La Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 130 de 2011 “Por el cual se modifica el Decreto 016 de 2011”, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 215 y el numeral 7º del artículo 241 de la Carta Política.

Materia objeto de análisis y metodología de la decisión

El control automático de constitucionalidad que adelanta la Corte en este proceso recae sobre el Decreto Legislativo 130 de enero 20 de 2011, cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial 47.958 del 20 de enero de 2011. El decreto en mención fue proferido por el Presidente de la República con invocación de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución, en concordancia con la Ley 137 de 1994 (LEEE), y en desarrollo del Decreto 20 de 2011 que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para adoptar nuevas medidas destinadas a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos respecto de las nuevas situaciones sociales, económicas, ecológicas y de calamidad pública ocurridas en el país por la ola invernal.

El objetivo del Decreto 130 de 2011 es el hacer algunas precisiones respecto de los requisitos para acceder al empleo de emergencia a que hace referencia el Decreto 16 de 2011, a fin de que este tipo de contratación privilegie realmente a los afectados por la ola invernal. Así mismo, se consideró necesario ampliar el término de la vigencia del esquema de contratación de mano de obra a través de la figura de “empleo de emergencia”.

Correspondería en esta oportunidad a la Corte efectuar el control, tanto material como formal, del mencionado decreto, con el fin de establecer si se ajusta a la Constitución, a los tratados internacionales relativos a la materia, a la ley estatutaria que regula los estados de excepción, así como a los presupuestos materiales diseñados por la jurisprudencia que son exigibles a la normativa que desarrolla los estados de emergencia económica, social y ecológica. No obstante, al establecer que el Decreto 20 de 2011, por el cual se declaró el siete (7) de enero de dos mil once (2011) el estado de emergencia social, económica y ecológica fue hallado inconstitucional por esta corporación, procederá a declarar la inexequibilidad por consecuencia, del decreto legislativo sometido a revisión oficiosa.

2. Inexequibilidad por consecuencia.

Mediante Sentencia C-216 del veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011), la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 20 del siete (7) de enero de 2011, por el cual el Presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28 de enero de 2011, para adoptar nuevas medidas destinadas a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos respecto de las nuevas situaciones sociales, económica, ecológicas y de calamidad pública ocurridas en el país por la ola invernal(1).

Así mismo, a través de la Sentencia C-217 de 2011, esta corporación declaró la inexequibilidad del Decreto 16 de 2011 por considerar que no cumplía con el requisito de temporalidad, toda vez que para el momento de su expedición, el 6 de enero de 2011, el gobierno no gozaba ya de atribuciones legislativas extraordinarias que le permitiesen adoptar medidas de excepción con fuerza de ley.

El Decreto Legislativo 130 del 20 de enero de 2011 fue proferido al amparo de las facultades de autohabilitación contenidas en el Decreto 20 de 2011, y para modificar algunas disposiciones del Decreto Legislativo 16 de 2011(2). Al haber desaparecido del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo 130 del 20 de enero de 2011, éste deviene en inconstitucional.

En efecto, el decreto declaratorio del estado de emergencia social es el instrumento jurídico a través del cual el Presidente de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las de legislar a través de decretos con fuerza de ley. Una vez excluida del orden jurídico, mediante sentencia de inexequibilidad, la norma de autohabilitación, los decretos legislativos dictados a su amparo corren igual suerte.

Se ha presentado así el fenómeno que la jurisprudencia de esta corporación ha denominado “inconstitucionalidad por consecuencia(3)”, consistente en que la declaración de inexequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción produce, como efecto obligado, la inexequibilidad de los decreto legislativos que lo desarrollan. Este efecto ha sido explicado así por la jurisprudencia:

"Se trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.

Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución.

En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley.

Desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que se hubieren proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política(4)".

Siguiendo la jurisprudencia establecida por esta corporación, se impone entonces, la declaratoria de inexequibilidad del decreto objeto de revisión, sin que la Corte deba entrar a analizar su contenido.

VI. Decisión

En mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 130 del 20 de enero de 2011, “Por el cual se modifica el Decreto 16 de 2011”.

Notifíquese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y archívese el expediente.

Magistrados: Juan Carlos Henao Pérez—Maria Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto Vargas Silva.

Martha Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Mediante Decreto 4580 de 2010, el Presidente de la República había declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica con el fin de conjurar la grave situación de calamidad pública ocurrida en el país por la ola invernal, por el término de 30 días. Por sentencia C- 156 de 2011, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del mencionado decreto de declaratoria.

(2) Por el cual se crea la figura del ¨empleo de emergencia¨ para los damnificados por la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Decreto 4580 de 2010.

(3)Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-399 de 2010, C-374 de 2010; C-332 de 2010; C-302 de 2010, C-298 de 2010, C-297 de 2010, C-291 de 2010, C-292 de 2010, C-291 de 2010, C-290 de 2010, C-289 de 2010, C- 288 de 2010, C-255 de 2010, C-254 de 2010, C-253 de 2010, C-284 de 2009, C-283 de 2009, C-257 de 2009, C-256 de 2009, C-255 de 2009, C-239 de 2009, C-488 de 1995, C-127 de 1997, C-130 de 1997 y C-135 de 1997.

(4) Sentencia C-488 de 1995, criterio reiterado en C-135 de 1997.