Sentencia C-252 de junio 7 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DOCENTES PRIVADOS

NIVELACIÓN SALARIAL CON LOS DOCENTES PÚBLICOS

EXTRACTOS: «Texto de la norma revisada:

“LEY 115 DE 1994

(febrero 8)

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...) Artículo 197.—Garantía de remuneración mínima para educadores privados. El salario que devenguen los educadores en establecimientos privados no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del señalado para igual categoría a quienes laboren en el sector oficial. La misma proporción regirá para los educadores por horas (...)”.

El aparte subrayado es el que pide el demandante que se declare inexequible.

4. La fijación obligatoria del salario mínimo, evita que su determinación se libre a las fuerzas de la oferta y la demanda, como si el trabajo fuese una mercancía más entre las que ordinariamente se negocia en los mercados. En el Estado social de derecho, el trabajo no es simplemente un factor de la producción. Ante todo, el trabajo es fuente de dignificación de la persona humana, que en ella encuentra ocasión para su cabal realización individual y social y, no menos importante, el principal medio para proveer a la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, lo que explica su doble condición de derecho fundamental y deber, ambos objeto de especial protección por parte del Estado.

5. El establecimiento del salario mínimo vital y móvil (C.P., art. 53) expresa una forma específica a través de la cual se concreta la protección especial que el trabajo debe recibir del Estado y de la sociedad. Si la remuneración que el trabajador obtiene no le permite satisfacer las necesidades —materiales, sociales y culturales— que se reputan indispensables para reponer sus energías y, además, llevar una vida social y familiar normal, ella no estará a la altura de la persona humana y no podrá ser reputada digna, pues, dejará de servir como instrumento para construir una existencia libre y valiosa.

En cada momento histórico, tomando en consideración entre otros elementos de evaluación, el nivel general de precios, el Estado debe precisar el menor salario que puede pagarse a los trabajadores. Por debajo de la suma que se indique, resulta comprometida la existencia y la dignidad del trabajador y, por lo tanto, el patrono que lo haga, violará la ley y traspondrá el umbral de la explotación humana.

6. Atendidas las condiciones particulares de ciertas ocupaciones, oficios o profesiones, la ley puede señalar remuneraciones mínimas aplicables a quienes laboran en ellas. En este caso, se valoran las competencias y destrezas requeridas para desempeñarlas, así como las necesidades de orden material y social que se evidencian en las distintas actividades. La facultad del Estado para imponer la retribución mínima, no se limita a la que se establece por vía general, sino que se extiende a la eventual determinación de salarios mínimos profesionales u ocupacionales (C.P., art. 53). En primer término, el tenor de la atribución admite tanto el ejercicio general como el especial de la competencia estatal. En segundo término, la protección del trabajo, bajo esta modalidad de señalamiento de un salario mínimo, no se agota con la que pueda hacerse por vía general y que, en el país, de otro lado, sólo se define con base en la situación de los obreros no calificados. Finalmente, la existencia de varias categorías de empleos, según ocupaciones y profesiones, más o menos exigentes en términos de aptitudes y preparación, las que se proyectan en una pluralidad de necesidades de diferente naturaleza, obligan al Estado, en aras del principio de igualdad (C.P., art. 13), a introducir diferentes salarios mínimos de acuerdo con las notas peculiares de la actividad laboral de que se trate.

7. La ley examinada se ocupa del salario mínimo de los docentes privados. A juicio de la Corte, la decisión del legislador —sin aludir a su cuantía— se encuentra plenamente justificada. El ingreso al servicio educativo y la permanencia y progreso en el mismo, demandan un personal especialmente calificado desde el punto de vista académico. El papel destacado que una comunidad sana le asigna a maestros y profesores, deriva para éstos en un cúmulo de mayores necesidades sociales y culturales que satisfacer. De otro lado, se hacen visibles elementos, formas y pautas de conducta singulares ligados a nociones de decoro y estima social. En definitiva, la situación de los maestros y profesores, desde el punto de vista del salario mínimo, es distinta de la de los obreros no calificados. Es, por lo tanto, apenas justo y consulta el principio de igualdad, que respecto de estos servidores de la sociedad se establezca un salario mínimo profesional.

8. Habiendo concluido la Corte que es justo y razonable que se aplique al maestro un salario mínimo profesional, con lo cual no se vulnera el principio de igualdad ni se discrimina al asalariado común, representado en Colombia por el obrero no calificado, el análisis debe proseguir con el fin de precisar si el docente privado, a su turno, es indebidamente tratado en relación con el docente público de categoría equivalente, en vista de que la remuneración mínima del primero es inferior en un 20% respecto de la de este último.

8.1. Podría sostenerse que la diferencia de trato se deriva de la diversa naturaleza del empleador, público en un caso y privado en el otro. Acorde con esta circunstancia, se observan ciertamente notorias disimilitudes que son congruentes con las características propias de los diversos vínculos jurídicos. No obstante, para los efectos de la fijación del salario mínimo, el carácter público o privado del empleador, carece de relevancia. Las necesidades materiales y de otro orden, que son objeto de consideración al establecer la magnitud del salario mínimo, son iguales para los maestros, con prescindencia de que su empleador sea público o privado. Las mismas razones que sustentan un determinado nivel salarial, se extienden al otro. A este respecto, es oportuno reiterar la doctrina de esta corporación:

“En tratándose del trabajo, el artículo 53 se refiere a una de las aplicaciones concretas del artículo 13: la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Esta igualdad implica que el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono. Este es el fundamento de una de las máximas del derecho laboral: a trabajo igual, salario igual.

En conclusión, la Constitución no autoriza el que la condición o las circunstancias particulares del patrono se conviertan en factores de tratos desiguales, en perjuicio de los trabajadores” (Corte Constitucional sentencia C-51 de 1995, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía).

8.2. Podría aducirse que las calidades y el desempeño de los maestros y profesores públicos difieren de los que se pueden afirmar de los privados. Al respecto pueden plantearse diferencias en aspectos decisivos —títulos, méritos, experiencia, investigaciones, reconocimientos, etc.—, que necesariamente influyen en la escala salarial. Este argumento, considera la Corte, no puede prosperar frente a la premisa en la que se asienta la ley, la cual se basa en la existencia de semejanzas entre los docentes de ambos sectores, que legítimamente pueden servir para fundar juicios de equivalencia categorial. Con otras palabras, la ley no equipara automática e integralmente a los maestros públicos y privados. Por el contrario, obliga a precisar las calidades de unos y otros, pues, sólo así puede constatarse si pertenecen o no a una categoría sustancial común.

8.3. No es posible alegar que la actividad de los docentes públicos difiere de la privada. En esas condiciones la ley perdería todo sustento lógico. La posibilidad de construir equivalencias categoriales, en efecto, supone una actividad de fondo materialmente semejante: el servicio público de la educación. Un establecimiento educativo privado puede tener un determinado ideario y conformarse alrededor de un proyecto ideológico definido por sus fundadores que lo distingue de los otros; sin embargo, sus rasgos no modifican ni alteran la labor esencialmente educativa de los docentes encargados de realizarlo.

8.4. Finalmente, la diferencia de trato podría sustentarse en el hecho de que la remuneración de los docentes públicos es única, en tanto que la de los privados tiene un extremo mínimo que fija la ley y uno máximo que determinan las partes mediante el contrato, en cierta medida influido por el mercado. Esta tesis tendría validez si independientemente del mecanismo del señalamiento público de salarios —que en su ámbito necesariamente es unilateral—, su monto no respondiese exclusivamente a la idea de satisfacer las necesidades materiales y sociales básicas de los docentes públicos y si, de otra parte, el promedio de los emolumentos privados superare el nivel del salario mínimo establecido en la ley. Empero, es un hecho público y notorio que la política salarial del Estado en este campo, se ha limitado por lo general a mantener un nivel de ingresos que les permita a los docentes públicos subvenir a sus necesidades básicas y paliar, en lo posible, los efectos adversos de la inflación.

Por otro lado, el promedio de salarios de los maestros privados es inferior al de los maestros públicos. De ahí que, si la política salarial responde a la idea del mínimo vital para la categoría de los docentes, no se logra explicar por qué la remuneración mínima privada es inferior a la pública, si además, como se ha visto, no concurren motivos razonables que expliquen la diferencia de trato. La educación, tanto pública como privada, tiene el carácter de servicio público (C.P. art. 67). Por consiguiente, la materia del salario mínimo de los docentes puede ser objeto de regulación por parte del Estado. Sin embargo, como se deduce de lo expuesto, la ley que define dicho nivel salarial no puede introducir una diferencia de trato que carezca de justificación objetiva y razonable.

A juicio de la Corte, la norma viola el artículo 13 de la C.P. y, por tanto, será declarada inexequible.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “ochenta por ciento (80%) del” del artículo 197 de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la ley general de educación”.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(Sentencia C-252 de junio 7 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

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