Sentencia C-253 de abril 6 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente RE-207

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Legislativo 144 del 21 de enero de 2011 “Por el cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos generados por el fenómeno de La Niña”.

Bogotá, D.C., seis de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Las normas demandadas

El texto de la norma objeto de análisis, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 144 del 21 de enero de 2011, es el siguiente:

“Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Decreto 144 de 2011 

21 ene 2011

Por el cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos generados por el fenómeno de La Niña.

El Presidente de la República de Colombia

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo del Decreto 20 de 2011 y,

Considerando:

Que a través del Decreto 20 del 7 de enero de 2011, fue declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública ocasionada por el fenómeno de La Niña 2010-2011 e impedir la extensión de sus efectos.

Que de acuerdo a lo previsto por el Ideam el fenómeno de La Niña se podrá extender hasta mediados de mayo o junio de 2011, trayendo como consecuencia precipitaciones por encima del promedio determinado para la primera temporada de lluvias del año 2011, empatando, con el segundo régimen de este año, por lo cual no sólo extendería los efectos de la actual calamidad pública, sino que la haría mucho más grave de lo que hoy padece el país por el prolongado y excesivo período de lluvias.

Que la situación originada por el fenómeno de La Niña está siendo atendida por todas las entidades que conforman el sistema nacional para la prevención y atención de desastres, pero sus recursos y atribuciones resultan insuficientes para conjurar los efectos de la calamidad.

Que es necesario adoptar medidas para coordinar la planificación y ejecución de las medidas de recuperación, reconstrucción y construcción requeridas para atender la emergencia y evitar la extensión de sus efectos.

Que es necesario que las entidades territoriales tengan un marco institucional acorde con la situación que les permita actuar en forma concurrente y coordinada a fin de lograr la adecuada, eficaz y eficiente superación de la emergencia y evitar la extensión de sus efectos.

DECRETA:

ART. 1º—Facilidades para la construcción y reconstrucción de establecimientos institucionales y de servicios en las zonas afectadas. El término para el otorgamiento de licencias de construcción de establecimientos institucionales y de servicios que se localicen en zonas que son objeto de construcción, reconstrucción de viviendas afectadas por la calamidad, salvo de las edificaciones indispensables a las que se refiere la Ley 400 de 1997, será de 20 días hábiles, prorrogable hasta por 10 días mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando la complejidad lo amerite.

ART. 2º—Planes municipales de reducción de riesgos. Las autoridades municipales deberán adoptar una política de manejo del drenaje urbano y de reducción de los riesgos asociados al manejo del recurso hídrico, en el marco de sus competencias, a través de los planes de gestión ambiental regional y los planes de ordenamiento territorial, POT.

Los alcaldes de los municipios afectados adoptarán un plan de reducción de riesgos municipales, donde se definirán los planes de reubicación de asentamientos localizados en zonas de alto riesgo, los sistemas de drenaje urbano que deban ampliarse o construirse, planes de prevención, programas de atención de emergencia y en ellos se especificará el uso de los suelos que sean liberados por reubicaciones. En el decreto en el que se adopte este plan, se podrán proponer modificaciones al plan de ordenamiento territorial dirigidas a habilitar suelo para emprender desarrollos urbanos para vivienda en donde se reubiquen personas afectadas por la calamidad o que se encuentren en zonas de alto riesgo no mitigable. Estas modificaciones al POT deberán ser aprobadas por el respectivo Concejo Municipal, para lo cual podrá agotarse el procedimiento previsto en el Decreto Legislativo 4821 de 2010.

ART. 3º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación

Publíquese, y cúmplase”.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto por el parágrafo del artículo 215 y el numeral 7º del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 134 de 2010.

2. Configuración del fenómeno de inexequibilidad por consecuencia.

Mediante Sentencia C-216 del veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011), la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 020 del siete (7) de enero de 2011, por el cual el Presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por razón de grave calamidad pública, por el término de treinta (30) días, declaratoria de emergencia que constituye el fundamento jurídico del decreto que ahora se revisa.

Por tanto, al haber declarado esta corporación la inexequibilidad del Decreto 20 de 2011 que declaraba la emergencia, en desarrollo de la cual se dictó el Decreto 144 de 2001 que ahora nos ocupa, evidencia la Sala que en el presente caso se configura plenamente el fenómeno jurídico de inexequibilidad por consecuencia. Lo anterior, en razón a que el decreto bajo examen es de naturaleza legislativa, expedido con base en las atribuciones que la Constitución Política le otorga al Presidente de la República en el estado de emergencia económica, social y ecológica, y que al determinarse la inexequibilidad del decreto que declaró este estado de excepción, por sustracción de materia los decretos expedidos al amparo del mismo devienen también en inconstitucionales.

En consecuencia, al haber desaparecido del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo 144 de 2011, éste deviene necesariamente en inconstitucional. En efecto, el decreto declaratorio del estado de emergencia económica, social y ecológica, es el instrumento jurídico a través del cual el Presidente de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las de legislar a través de decretos con fuerza de ley. Por consiguiente, una vez excluido del ordenamiento jurídico el decreto de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, mediante sentencia de inexequibilidad, los decretos legislativos dictados a su amparo corren la misma suerte del decreto principal o declaratorio de la emergencia económica, social y ecológica.

Sobre el fenómeno de “inconstitucionalidad por consecuencia(2)” respecto de los decretos dictados bajo el amparo de los estados de excepción, la jurisprudencia constitucional ha establecido que consiste en que la decisión de inexequibilidad del decreto que declara el estado de excepción, produce como efecto imperativo y vinculante, la inexequibilidad de los decretos legislativos que lo desarrollan.

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha explicado este fenómeno en los siguientes términos: "Se trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución”(3).

Así las cosas, la inconstitucionalidad por consecuencia se explica a partir del principio jurídico según el cual lo subsidiario sigue la suerte de lo principal, en este caso, los decretos legislativos dictados en desarrollo del decreto “madre” o decreto base que instaura la emergencia económica, social y ecológica —en este caso el Decreto 20 de 2011 que fue declarado inexequible por este tribunal—, siguen la suerte de este último. Así mismo, este fenómeno encuentra fundamento en la ausencia de competencia para legislar, en razón a que con la declaratoria de inexequibilidad del decreto que declaraba la emergencia, el Presidente de la República pierde toda competencia legislativa para dictar normas con fuerza de ley en desarrollo del estado de excepción.

En estos eventos, es claro entonces que la Corte no puede entrar a analizar ni de forma, ni de fondo, los decretos legislativos expedidos en desarrollo del decreto que declara el estado de emergencia social, por inexistencia de causa jurídica, decretos que independientemente de su contenido, deben ser declarados inconstitucionales.

Por consiguiente, se impone entonces que esta corporación declare la inexequibilidad del decreto objeto de revisión, sin entrar a analizar su contenido.

Así las cosas, la Sala declarará inexequible el Decreto 144 de 2011 "Por el cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos generados por el fenómeno de La Niña”.

VI. Decisión

En mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 144 del 21 de enero de 2011, “por el cual se expiden algunas disposiciones para facilitar la actuación de las autoridades departamentales y municipales en la atención de los efectos generados por el fenómeno de La Niña”.

Notifíquese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y archívese el expediente».

(2) Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-488 de 1995, C-127 de 1997, C-130 de 1997 y C-135 de 1997.

(3) Sentencia C-488 de 1995, criterio reiterado en C-135 de 1997.