Sentencia C-254 de abril 6 de 2011 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente R.E. 199

Magistrado Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Asunto: revisión oficiosa del Decreto 126 de 2011, “Por medio del cual se adoptan medidas en materia de riesgos, seguro agropecuario y crédito agropecuario, para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos”.

Bogotá, D.C., seis de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. El texto objeto de revisión

A continuación se transcribe el Decreto 126 de 2011, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 47.958 de 20 de enero del año en curso.

DECRETO 126 DE 2011

(Enero 20)

Por medio del cual se adoptan medidas en materia de riesgos, seguro agropecuario y crédito agropecuario, para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 20 de 2011,

CONSIDERANDO:

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, declaró mediante Decreto 20 del 7 de enero de 2011 el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por razón de grave calamidad pública, con el fin de contrarrestar la grave crisis ocasionada por el Fenómeno de La Niña 2010-2011 e impedir la extensión de sus efectos;

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de emergencia, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos;

Que de conformidad con los considerandos del Decreto 20 de 2011, el Fenómeno de la Niña 2010-2011 afectó 726.172 hectáreas en todo el territorio nacional según reporte de la dirección de gestión del riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia del 30 de diciembre de 2010.

Que de conformidad con los considerandos del Decreto 20 de 2011, el Fenómeno de la Niña 2010-2011, de acuerdo con los centros internacionales de predicción climática y los análisis del Ideam, se prolongará hasta mediados del año 2011, las temporadas secas de las regiones Caribe y Andina presentarán volúmenes de lluvia por encima de sus valores mensuales y estarán seguidas de temporadas lluviosas, las cuales también se caracterizan por presentar cantidades de lluvia superiores a los valores usuales registrados para esa época.

Que de conformidad con los considerandos del Decreto 20 de 2011, a pesar de que el Gobierno Nacional dictó medidas para conjurar la crisis generada por los hechos descritos en el Decreto 4580 de 2010, las nuevas situaciones sociales, económicas, ecológicas y de calamidad pública descritas conllevan un cúmulo de riesgos imprevisibles que debe atender el Gobierno Nacional con medidas extraordinarias.

Que el seguro agropecuario es un instrumento eficaz para prevenir algunos de los efectos del Fenómeno de la Niña 2010-2011 en la producción agropecuaria, especialmente en el patrimonio de los productores agropecuarios, con particular énfasis en aquellos que han acudido al crédito para financiar la producción.

Que es necesario permitir la concurrencia en el mercado nacional de oferentes extranjeros del seguro agropecuario dada la incipiente oferta por parte de las compañías de seguros nacionales.

Que se hace indispensable, para prevenir la extensión de los efectos del Fenómeno de La Niña 2010-2011, la creación de una dirección especializada en el análisis de los riesgos asociados al sector agropecuario con el propósito de crear mecanismos de asunción y gestión de los riesgos climáticos que afectan el sector agropecuario;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ART. 1º—Descuento de la prima del seguro agropecuario. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario podrá disponer que, para los créditos cuyo valor esté amparado por el seguro agropecuario al que se refiere la Ley 69 de 1993, el valor de la prima asumido por el productor, sea descontado total o parcialmente de la comisión del servicio de garantía del Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, siempre y cuando el FAG figure como beneficiario del seguro.

ART. 2º—Subsidio de la prima del seguro agropecuario. Los subsidios a la prima del seguro agropecuario a los que se refiere la Ley 69 de 1993 se podrán financiar con cargo al Programa “Agro Ingreso Seguro, AIS” de que trata la Ley 1133 de 2007.

ART. 3º—Coberturas. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario podrá disponer una reducción de coberturas en la garantía de los créditos que se encuentren amparados por un seguro agropecuario.

ART. 4º—Autorización para expedir pólizas. Adiciónese el numeral 3º al artículo 2º de la Ley 69 de 1993, el cual quedará así:

“3. Las compañías de seguros del exterior directamente o por conducto de intermediarios autorizados. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de estas compañías o de sus intermediarios”.

ART. 5º—Dirección Nacional de Riesgos Agropecuarios. Créase la Dirección Nacional de Riesgos Agropecuarios como una dependencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuya operación y planta será financiada por el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, que tendrá estas funciones:

a) Desarrollar, analizar y difundir herramientas de evaluación y reducción del riesgo agropecuario, con el propósito de ampliar y diversificar los mercados de seguros e instrumentos de cobertura para el sector agropecuario;

b) Evaluar los factores de riesgo que afectan al sector agropecuario (climáticos, económicos y de mercado) y diseñar herramientas y estrategias de prevención, mitigación y transferencia de riesgos agropecuarios, en coordinación con las entidades públicas y privadas competentes;

c) Analizar, desarrollar e implementar mecanismos de promoción que permitan mejorar y ampliar las condiciones de acceso al seguro agropecuario, priorizando producciones, regiones y prácticas activas de mitigación de riesgos;

d) Cuantificar y evaluar el impacto y frecuencia de los fenómenos climáticos adversos para diversas actividades productivas;

e) Desarrollar y proponer mecanismos de transferencia de riesgo para el sector agropecuario, en especial, para aquellas actividades y/o regiones y/o tipos de productores para los cuales actualmente hay oferta reducida de seguros.

f) Brindar capacitación y asistencia técnica en temas de evaluación y gestión de riesgos agropecuarios, y

g) Las demás que le asigne el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.

ART. 6º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 20 de enero de 2011.

Juan Manuel Santos Calderón

El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras

La viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

Mónica Lanzetta Mutis.

El viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

William Bruce Mac Master Rojas

El Ministro de Defensa Nacional,

Rodrigo Rivera Salazar

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Juan Camilo Restrepo Salazar

El Ministro de la Protección Social,

Mauricio Santamaría Salamanca

El Ministro de Minas y Energía,

Carlos Enrique Rodado Noriega

El viceministro de desarrollo empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Carlos Andrés de Hart Pinto

La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Beatriz Elena Uribe Botero

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Diego Ernesto Molano Vega

La viceministra de Transporte, encargada de las funciones del despacho del Ministro de Transporte,

María Constanza García

La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

“(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. La competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, de conformidad con lo establecido por artículo 241-7, en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 215 de la Constitución.

2. La inconstitucionalidad del decreto objeto de revisión.

Tratándose de la emergencia económica, social y ecológica, el artículo 215 de la Constitución señala que podrá ser declarada por el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y que tal declaración, que deberá ser motivada, habilita al Presidente para que, también con la firma de todos los ministros, dicte “decretos con fuerza de ley”.

Del artículo citado se desprende que los decretos “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos” deben estar antecedidos por la declaración del estado de emergencia, como, por lo demás, lo reiteran los artículos 46 y 47 de la Ley 137 de 1994, estatutaria de los Estados de excepción(1), que, en su orden, se refieren a la competencia para declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica y a la habilitación, surgida de esa declaración, para “dictar decretos con fuerza de ley”.

Así pues, cuando la Corte Constitucional adelanta el control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos dictados al amparo de una emergencia económica, social y ecológica, el presupuesto inicial que debe verificar es la previa declaración del correspondiente estado excepcional, pues la existencia, el alcance y la suerte de esa declaración condicionan el estudio de los decretos legislativos que se dicten teniéndola por fundamento(2).

En la presente oportunidad a la corporación le corresponde decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 126 de 2011, “por medio del cual se adoptan medidas en materia de riesgos, seguro agropecuario y crédito agropecuario, para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos”.

Al indagar respecto de la declaración del estado de excepción en el cual tiene sustento la expedición del Decreto Legislativo 126 de 2011, la Corte encuentra que mediante el Decreto 20, de enero 7 del año en curso, se declaró “el Estado de emergencia económica, social y ecológica, por razón de grave calamidad pública” y que esa declaración le permite revisar la constitucionalidad del mencionado Decreto 126 de 2011, por haber sido dictado en desarrollo del decreto declaratorio.

Así pues, el examen de constitucionalidad de los decretos legislativos que desarrollan una emergencia económica, social y ecológica, no puede efectuarse al margen del decreto que dio lugar a la declaración, decreto que constituye el sustento de la competencia del gobierno para adoptar las medidas orientadas a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos(3).

Es sabido que el decreto declaratorio del estado de emergencia económica, social y ecológica también es objeto del control automático u oficioso, pues los artículos 215 y 241-7 de la Carta le confieren competencia a la Corte para decidir sobre su constitucionalidad. En este orden de ideas, si el decreto que declara el estado de emergencia es hallado conforme con las exigencias establecidas en la Constitución y en la Ley Estatutaria de los Estados de excepción, la Corte puede entrar a efectuar el análisis formal y material de constitucionalidad de los denominados decretos de desarrollo, pero si, por el contrario, el primero es declarado inconstitucional, idéntica suerte corren los decretos legislativos dictados con base en el declaratorio y la Corte tendrá que declararlos inexequibles, sin entrar a examinar el cumplimiento de los requisitos formales o materiales y pese a que, en este último caso, del examen de cada una de las medidas pudiera resultar su conformidad con las disposiciones superiores.

Se trata, entonces, de lo que la jurisprudencia de la Corte ha denominado inconstitucionalidad por consecuencia que, básicamente consiste en que la declaración de inexequibilidad del decreto declaratorio genera, como efecto obligado, la inexequibilidad de los decretos legislativos de desarrollo(4) que decaen “a raíz de la desaparición de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución”(5).

La Corte no puede adelantar el análisis de forma y de fondo de los decretos legislativos dictados con fundamento en el decreto declaratorio, porque, en razón de la inconstitucionalidad, “carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que consagran en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución” y esto debido a que el Presidente “queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción” y pierde “la competencia para dictar normas con fuerza de ley”(6).

En atención a las consideraciones precedentes, se impone declarar la inexequibilidad del Decreto Legislativo 126 de 2011, dado que el Decreto 20 de 2011, declaratorio del estado de emergencia económica, social y ecológica, que era su fundamento, fue hallado inconstitucional por esta Corte y declarado inexequible en Sentencia C-216 de 2011.

La inescindible relación de consecuencia entre el decreto declaratorio del estado de emergencia y el Decreto 126 de 2011 dictado en desarrollo de esa declaración, conduce a la Corte a adoptar la decisión que se plasmará en la parte resolutiva de esta providencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 126 de 2011, “Por medio del cual se adoptan medidas en materia de riesgos, seguro agropecuario y crédito agropecuario, para atender la situación de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarada en el territorio colombiano e impedir la extensión de sus efectos”.

Notifíquese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese al expediente».

(1) Sobre la Ley 137 de 1994, se puede consultar la Sentencia C-179 de 1994.

(2) Cfr. Sentencia C-071 de 2009.

(3) Cfr. Sentencia C-802 de 2002.

(4) Cfr. Sentencia C-289 de 2010.

(5) Cfr. Sentencia C-488 de 1995.

(6) Ibídem.