Sentencia C-254 de mayo 28 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

INEXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DEL DECRETO 1080 DE 1996

EXTRACTOS: «La ciudadana Clara Rosario Villamizar Bernal, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Decreto 1080 de 1996.

Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a resolver.

II. Texto

El texto acusado es del siguiente tenor literal:

“DECRETO NÚMERO 1080 DE 1996

(Junio 19)

Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades y se dictan normas sobre su administración y recursos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por el artículo 226 de la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995,

DECRETA:

(...).(*)

(*) Suprimimos en esta transcripción los artículos 23 a 26 del Decreto 1080 de 1996, ya declarados inexequibles en la Sentencia C-180/97. Véase J. y D., Nº 306, pág. 758. (N. del D.).

ART. 27.—Deber de información. Las personas jurídicas a que se refiere el artículo 23 de este decreto, que se encuentren incumpliendo el pago regular de sus obligaciones de contenido patrimonial, o en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de las mencionadas obligaciones, o teman razonablemente llegar a cualquiera de las dos situaciones anteriores, deberán por conducto de sus administradores o del revisor fiscal, si lo hubiere, informar a la Superintendencia de Sociedades la ocurrencia de dichos supuestos, a fin de que ésta determine el ejercicio de las funciones que la atribución de control le confiere.

ART. 28.—Legitimación. Cuando las entidades que ejerzan inspección, vigilancia o control sobre las sociedades comerciales, verifiquen la ocurrencia de cualquiera de los supuestos a que hace alusión el artículo anterior, deberán informar de ello a la Superintendencia de Sociedades, a fin de que ésta determine el ejercicio de las facultades que le otorga la atribución de control.

En todo caso y con la misma finalidad, cualquier acreedor que tenga conocimiento de la ocurrencia de uno de los supuestos, descritos, podrá también informar a la Superintendencia de Sociedades”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política.

2. Cosa juzgada constitucional. 

En cuanto a los artículos 23, 24, 25 y 26 del Decreto 1080 de 1996, fueron declarados inexequibles por esta Corte mediante Sentencia C-180 del 10 de abril de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

Por lo tanto, deberá estarse a lo resuelto en dicha providencia, por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

3. Exceso en el uso de las facultades extraordinarias. 

Se reitera que el ejecutivo, cuando ejerce la función extraordinaria de legislar con base en facultades conferidas por el Congreso, al amparo del artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política, no puede disponer sobre asuntos de la normal competencia del Congreso que no hayan sido expresamente previstos en la ley habilitante, pues ello comporta exceso en el uso de las autorizaciones otorgadas y la consiguiente invasión de la órbita señalada en la carta la Rama Legislativa del poder público.

Como lo destacó la Corte en la ya mencionada Sentencia C-180 de 1997 las facultades conferidas al Presidente de la República por el artículo 226 de la Ley 222 de 1995, se circunscribieron a la función de determinar “la estructura, administración y recursos de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que cumpla adecuadamente las funciones que se le fijan en la presente ley”.

La imposición de deberes a las personas jurídicas vigiladas o a entidades públicas es algo completamente ajeno a la materia enunciada, pues precisamente desborda el campo de la estructura, administración y recursos del indicado organismo.

En consecuencia, no podía el Presidente de la República invocar las aludidas facultades extraordinarias para imponer a las personas jurídicas señaladas en el artículo 23 del Decreto 1080 de 1996 y a las entidades que ejercen control y vigilancia sobre sociedades comerciales la obligación de informar a la superintendencia sobre las dificultades de aquéllas para el oportuno cumplimiento de sus obligaciones.

Es evidente entonces que, también en el caso de los artículos 27 y 28 del Decreto 1080 de 1996, se configura el abuso de las facultades extraordinarias y la consiguiente vulneración de los artículos 113 y 150, numeral 10, de la Constitución Política.

Se declarará su inconstitucionalidad.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Estese a lo resuelto por el Corte en la Sentencia C-180 del 10 de abril de 1997, respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 23, 24, 25 y 26 del Decreto 1080 de 1996.

2. Decláranse INEXEQUIBLES, por exceso en el uso de las facultades extraordinarias, los artículos 27 y 28 del Decreto 1080 de 1996.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(Sentencia C-254 de mayo 28 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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