Sentencia C-255 de junio 7 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE SALUD

INEXEQUIBILIDAD DEL DECRETO 1298 DE 1994

EXTRACTOS: «El ciudadano Luis Alberto Cáceres, en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6º y 241, numeral 5º, de la Constitución, presentó ante esta Corporación, demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 674 del Decreto Ley 1298 de 1994.

Por medio de la sentencia C-195/94, de abril veintiuno (21) de mil novecientos noventa y cuatro (1994), la Corte Constitucional falló en relación con el artículo 1º de la Ley 61 de 1987. En esa sentencia se declararon parcialmente inexequibles los literales a), b) y c) de este artículo, y se declaró la exequibilidad condicional del literal i).

Como la referencia que hace el numeral 1º del artículo 674 del Decreto 1298 de junio 22 de 1994, equivale, sin lugar a la menor duda, a la reproducción del contenido material del artículo 1º de la Ley 61, es evidente que debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución, sobre la cosa juzgada constitucional.

En consecuencia, en relación con el numeral 1º del artículo 674 citado, la Corte ordenará estarse a lo dispuesto en la sentencia que se ha mencionado.

3. Examen de las facultades extraordinarias en virtud de las cuales se expidió el Decreto 1298 de 1994, “por el cual se expide el estatuto orgánico del sistema genaral de seguridad social en salud”.

El Decreto 1298, al cual pertenece la norma acusada, se dictó en virtud de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el numeral 5º, del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, numeral que dispuso:

“Artículo 248.—Facultades extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la presente ley para: (...)

5. Expedir un estatuto orgánico del sistema de salud, de numeración continua, con el objeto de sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud, así como las que contemplen las funciones y facultades asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud. Con tal propósito podrá reordenar la numeración de las diferentes disposiciones incluyendo esta ley, sin que en tal caso se altere su contenido. En desarrollo de esta facultad podrá eliminar las normas repetidas o superfluas”.

Para la Corte, es claro que la facultad conferida en este numeral violó la prohibición contenida en el inciso tercero del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, según la cual las facultades extraordinarias “no se podrán conferir para expedir códigos”. La violación de la Constitución es evidente a la luz de las siguientes razones.

Expedir un estatuto orgánico del sistema de salud, de numeración continua, con el objeto de sistematizar, integrar, incorporar y armonizar en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de salud, no es diferente a expedir un código. Con mayor razón, si la facultad permite al Presidente “eliminar las normas o superfluas”, lo que podría conducir a la derogación por esta vía de normas que hacen parte de leyes orgánicas o estatutarias.

Guillermo Cabanellas, en su “Diccionario enciclopédico de derecho usual”, dice que la principal significación jurídica actual de la palabra código es ésta: “colección sistemática de leyes” (ob. cit., tomo 11, pág. 181. Editorial Heliasta S.R.L., 1986). Definición que lleva a recordar que, precisamente, la norma que confiere la facultad habla de “sistematizar” en un solo cuerpo jurídico las normas vigentes de materia de salud. Esto último coincide con la primera acepción del verbo codificar, según el diccionario de la Real Academia: “Hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático”.

En un caso semejante, al decidir sobre una demanda presentada contra el artículo 199 de la Ley 136 de 1994, la Corte determinó que este tipo de facultades, así no se concedan literalmente para la expedición de códigos, viola la prohibición contenida en el último inciso del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución.

En el presente caso, no cabe duda de que el estatuto orgánico del sistema general de seguridad social en salud es un verdadero código. Así lo demuestran su extensión, pues consta de 723 artículos, y el hecho de enumerarse en el artículo 722 todas las leyes que “incorpora y sustituye”, que son ocho, expedidas entre los años de 1979 y 1994.

De otra parte, la Corte ha determinado también, en casos semejantes a este, que cuando examina un decreto con fuerza de ley, de los dictados por el Presidente de la República en virtud de las facultades de que trata el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, puede también analizar la norma que confirió las facultades extraordinarias. ¿Por qué? Sencillamente, porque la competencia del Presidente para dictar el decreto se origina en la ley de facultades y está determinada y limitada por ella.

En consecuencia, serán declarados inexequibles el numeral 5º del artículo 248 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 1298 de 1994 “por el cual se expide el estatuto orgánico del sistema general de seguridad social en Colombia”. Esto, porque la Corte en este caso hace la unidad normativa autorizada por el Decreto 2067 de 1991.

4. Supervivencia de las normas individualmente consideradas.

Es necesario aclarar que la declaración de inexequibilidad del Decreto 1298 no implica tal declaración en relación con cada una de las normas que en él fueron integradas. Estas normas, en sí mismas consideradas, conservan su validez y su vigencia, si no han sido ya declaradas inexequibles, o derogadas por una norma diferente al Decreto 1298. Lo que desaparece en virtud de la presente declaración de inexequibilidad es el estatuto o código que se pretendió dictar por medio del Decreto 1298 de 1994.

III. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. En relación con el numeral 1º del artículo 674 del Decreto 1298 de junio 22 de 1994, estése a lo resuelto en la sentencia C-195/94, de abril veintiuno (21) de 1994, de la Corte Constitucional.

2. Declárase INEXEQUIBLE el Decreto 1298 de junio 22 de 1994 “por el cual se expide el estatuto orgánico del sistema general de seguridad social en salud”, salvo el numeral 1º del artículo 674 del Decreto 1298, al cual se refiere el ordinal primero de esta parte resolutiva; y también se declara INEXEQUIBLE el numeral 5º del artículo 248 de la Ley 100 de 1993.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-255 de junio 7 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Reitero, con todo respeto por la decisión de la Corporación, la advertencia categórica expresada en anterior salvamento de voto (Sentencia C-129/95), referida a que la actividad de compilar disposiciones de rango legal y constitucional comprende, de acuerdo con la ley que otorgó las facultades extraordinarias en el caso propuesto, sólo la competencia de allegar o reunir en un solo cuerpo normativo disposiciones jurídicamente válidas y vigentes, con el fin de reorganizarlas y difundirlas sistemática y racionalmente, eliminando las derogadas o repetidas para efectos de consignarlas en un cuerpo coherente y ordenado. Tal ejercicio conduciría necesariamente a la expedición de una disposición jurídica nueva, autónoma y con fuerza de ley, expresión externa de la voluntad del legislador, que garantizaría una interpretación válida y mucho más completa.

9. Reitero también que la expedición de una nueva disposición de rango legal que compile disposiciones preexistentes también de rango legal, e incluso constitucional, sobre una misma materia u objeto, sólo sería aplicable como norma de inferior categoría frente a la Constitución y quedaría sometida a las restantes disposiciones superiores a ella, esto es que tendría la virtud formal de la ley, aunque no podría derogar lo no compilado ni agregar nada nuevo en materia de legislación.

10. Por último, debo insistir en que no toda actividad legislativa presupone actos positivos y materiales de creación o de innovación de disposiciones jurídicas, ni comporta la voluntad de incorporar en el nuevo ordenamiento normas diferentes a las preexistentes; tal abstención se hace imperativa para el ejecutivo por disposición constitucional que se refleja en la facultad extraordinaria conferida, la cual se reduce a la habilitación para compilar y reunir las disposiciones preexistentes en un nuevo acto con fuerza de ley, pero no para dictar normas positivas nuevas, todo lo cual constituye un límite constitucionalmente suficiente para definir en cada caso la inexequibilidad de las disposiciones expedidas en contrario de este principio, pero no de todo el nuevo cuerpo de reglas ordenado y sistematizado en la compilación, que objetiva los propósitos de coherencia, unidad y claridad que exige el derecho contemporáneo».

Fabio Morón Díaz. 

______________________________