Sentenciao C-256 de abril 6 de 2011 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-256 de 2011

Ref.: Expediente RE - 202

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Carlos Henao Perez

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 129 del 20 de enero de 2011, “Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica, declarada por el Decreto 020 de 2011”.

Bogotá D.C., seis de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Texto del decreto

El siguiente es el texto del Decreto 129 del 20 de enero de 2011, tal como aparece publicado en el Diario Oficial Nº (sic) Diario Oficial Nº 47.958 de 20 de la misma fecha:

“El Presidente de la República de Colombia

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 020 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 020 del 7 enero de 2011 se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28 de enero de 2011, con el fin de conjurar la grave calamidad pública motivada por el Fenómeno de la Niña 2010 -2011 e impedir la extensión de sus efectos.

Que en el Decreto 020 de 2011 señala que, según la dirección de gestión del riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia, al 30 de diciembre de 2010 se había presentado un aumento progresivo de personas afectadas por el fenómeno de La Niña en todo el país: 2.220.482, el número de familias afectadas 458.087, pérdidas humanas 310, heridos 289, personas desaparecidas 63, viviendas destruidas 5.157, viviendas averiadas 325.379, vías averiadas 737 y en general 711 municipios afectados.

Que como consecuencia del extraordinario fenómeno de La Niña en diversas regiones del país se afectó la prestación de servicios públicos esenciales.

Que la situación descrita ha llevado a algunos de los pobladores de las zonas afectadas a abandonar sus viviendas y alojarse en albergues provisionales.

Que los suscriptores y/o usuarios damnificados o afectados de los sectores más vulnerables de la población han quedado en incapacidad de cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios esenciales, razón por la cual deben adoptarse medidas para mitigar la situación de dichos usuarios garantizándoles, por un periodo razonable y acorde con la disponibilidad de recursos de la Nación, el acceso a estos servicios, en orden a facilitar la recuperación de sus condiciones mínimas de vida.

DECRETA:

ART. 1º—El presente decreto se aplica a los prestadores, suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y aseo localizados en los municipios y/o distritos reportados oficialmente por la dirección de gestión de riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia, en el sistema nacional para la prevención y atención de desastres, como afectados o damnificados por el fenómeno de La Niña 2010-2011, según definición del Gobierno Nacional.

ART. 2º—Créase el subsidio excepcional, como un mecanismo temporal para conjurar la crisis que se ha generado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y aseo con ocasión de los hechos causantes de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Dicho subsidio corresponderá a un porcentaje adicional al establecido en la Ley 142 de 1994 o aquella que la sustituya o modifique, será financiado con aportes de la Nación y se reconocerá a los suscriptores y/o usuarios damnificados o afectados de los estratos subsidiables, una suma de hasta el valor del consumo básico de subsistencia o el costo medio de suministro del consumo básico definido para el respectivo servicio, según sea el caso, en los términos, condiciones y porcentajes que establezca el ministerio respectivo.

PAR. 1º—Para el servicio de aseo se reconocerá a los suscriptores y/o usuarios de los estratos subsidiables el subsidio excepcional sobre el valor de la factura del servicio público domiciliario de aseo.

PAR. 2º—El subsidio excepcional aquí previsto se aplicará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de este decreto, en máximo seis (6) facturas correspondientes a un mes de consumo por suscriptor y/o usuario, cada una, o tres (3) facturas en el evento en que la facturación sea bimestral.

ART. 3º—Los suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos domiciliarios de que trata el artículo precedente, cuyos inmuebles se encuentren en situación que imposibilite la prestación del servicio, no serán sujetos de facturación o cobro sino hasta tanto el inmueble recupere las condiciones necesarias para su funcionamiento y el prestador garantice y restablezca la prestación del servicio. El prestador del servicio deberá verificar las condiciones técnicas de seguridad, de tal forma que no se generen riesgos para los suscriptores y/o usuarios.

PAR. 1º—Una vez restablecido el servicio, los suscriptores y/o usuarios de los estratos subsidiables accederán al subsidio excepcional de que trata el artículo 2º del presente decreto, por el tiempo que reste del término establecido en el parágrafo 2º de artículo 2º de este decreto.

PAR. 2º—También podrán ser beneficiarios del subsidio establecido en el artículo 2º del presente decreto los suscriptores y/o usuarios que hayan sido reubicados por el Gobierno Nacional por causa de la emergencia, por el tiempo que reste del término establecido en el parágrafo 2º de artículo 2º de este decreto.

PAR. 3º—Para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo las entidades territoriales continuarán destinando recursos de subsidios del sistema general de participaciones con el fin de garantizar la disponibilidad futura de estos servicios, en los términos y condiciones que establezca para el efecto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ART. 4º—Los suscriptores y/o usuarios de los estratos subsidiables de los servicios de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y aseo, que tengan la calidad de afectados o damnificados y sus viviendas mantengan las condiciones necesarias para la prestación de los servicios a que se refiere el presente decreto, serán beneficiarios del subsidio excepcional de que trata el artículo 2º en los términos que establezca para el efecto el ministerio respectivo.

ART. 5º—Las personas prestadoras de los servicios de que trata el artículo 2º podrán castigar las obligaciones correspondientes al último periodo de facturación inmediatamente anterior al 7 de diciembre de 2010, a cargo de los suscriptores y/o usuarios afectados o damnificados por los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia económica social y ecológica.

ART. 6º—Las personas prestadoras de servicios públicos solicitarán a los comités locales de prevención y atención de desastres de los municipios afectados los registros de damnificados o afectados, los cuales deberán contar con el aval del respectivo comité regional y de una entidad operativa del sistema nacional para la prevención y atención de desastres.

Los prestadores de los servicios deberán, en su orden: i) Confrontar con su sistema de información dicho registro con el fin de establecer los suscriptores y/o usuarios de los servicios públicos de que trata este decreto, sujetos del subsidio excepcional; ii) facturar el servicio, discriminando el valor del subsidio excepcional; iii) consolidar los valores reconocidos por este concepto; y, iv) remitir la información consolidada al Fondo Nacional de Calamidades o a la entidad que señale el Gobierno Nacional, para el otorgamiento del subsidio excepcional.

ART. 7º—Con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Calamidades, y por una sola vez por usuario, podrá subsidiarse la conexión domiciliaria a los usuarios de los estratos 1 y 2 del servicio de energía eléctrica afectados o damnificados por los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, en los términos y condiciones que establezca el Ministerio de Minas y Energía.

ART. 8º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación”.

(...).

V. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

1. El Decreto Legislativo 129 de enero de 2011, fue dictado por el Gobierno Nacional, con fundamento en las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, razón por la cual la Corte Constitucional es competente para efectuar la revisión automática y forzosa de su constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 215 y en el artículo 241 numeral 7 de la Carta Política y, por el artículo 36 del Decreto 2067 de 1991.

2. En este orden, correspondería a la Sala entrar analizar el contenido formal y material correspondiente, a efectos de establecer su conformidad o no con la Constitución. Sin embargo, en la Sentencia C-216 de 2011 la Corte declaró la inexequibilidad total del Decreto 020 del 7 de enero de 2011, declaratorio del estado de emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en el cual se había expedida el decreto legislativo bajo examen en este proceso. En consecuencia, procede la Corte a efectuar el análisis de constitucionalidad a lugar, pero con base en la nueva realidad establecida por la sentencia C-216 de 2011.

2. Inconstitucionalidad por consecuencia.

3. Mediante Sentencia C-216 del veintinueve (29) de marzo de dos mil once (2011) la Corte Constitucional declaró integralmente inexequible el Decreto 020 de 2011 por el cual el Presidente de la República declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, por un período de treinta (30) días.

En este sentido, al haber desaparecido del ordenamiento jurídico el fundamento normativo que sirvió de sustento a la expedición del Decreto Legislativo 129 de 2011, este deviene en inconstitucional. En efecto, el decreto declaratorio del estado de emergencia social es el instrumento jurídico a través del cual el Presidente de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las de legislar a través de decretos con fuerza de ley. Una vez excluida del orden jurídico la norma de autohabilitación, por razón de la sentencia de inexequibilidad, los decretos legislativos dictados a su amparo corren igual suerte.

Es decir que se ha presentado el fenómeno que la jurisprudencia de esta corporación ha denominado “inconstitucionalidad por consecuencia”(3), consistente en que la declaración de inexequibilidad del decreto que declara el estado de excepción produce, como efecto obligado, la inconstitucionalidad de los decretos legislativos que lo desarrollan. Se dijo sobre el particular en Sentencia C-135 de 1997:

“Se trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviviente de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.

“Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución.

“En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley.

“Desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que se hubieren proferido, ya que aquella proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política”(4).

4. Siguiendo la jurisprudencia establecida por esta corporación, se impone entonces declarar contrario a la Constitución el decreto objeto de revisión, sin que la Corte deba entrar a analizar su contenido.

VI. Decisión:

En mérito a las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 129 del 20 de enero de 2011, “Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural, acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica, declarada por el Decreto 020 de 2011”.

Notifíquese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y archívese el expediente.

(3) Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-288 de 2010, C- 176 de 2009, C-030 de 2009, C-488 de 1995, C-127 de 1997, C-130 de 1997 y C-135 de 1997.

(4) Retomando lo dicho en Sentencia C-488 de 1995.