Sentencia C-257 de abril 6 de 2011  

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente RE-206

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Carlos Henao Pérez

Revisión de constitucionalidad del Decreto-Legislativo 143 del 21 de enero de 2010(sic), “Por el cual se adiciona un numeral al artículo primero y se modifica el artículo segundo del Decreto 4628 de 2010”.

Bogotá, D.C., abril seis de dos mil once 2011.

EXTRACTOS: «II. Texto del decreto

El siguiente es el texto del Decreto 143 del 21 de enero de 2011, tal como aparece publicado en el Diario Oficial Nº 47.959 de la misma fecha:

“DECRETO 143 DE 2011

(enero 21)

Diario Oficial Nº 47.959 de 21 de enero de 2011

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Por el cual se adiciona un numeral al artículo 1º y se modifica el artículo 2º del Decreto 4628 de 2010.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales, de conformidad con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 137 de 1994; y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 020 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto 020 del 7 de enero de 2011, fue declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública ocasionada por el fenómeno de La Niña 2010-2011 e impedir la extensión de sus efectos.

Que una vez declarado el estado de emergencia, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes.

Que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, en varias regiones del país se mantienen las alertas debido a los efectos del fenómeno de La Niña relacionadas con deslizamientos de tierra, inundaciones y crecientes súbitas. A nivel de inundaciones se mantienen anegados los municipios de Campo de la Cruz, Manatí, Santa Lucía y Suán en el Atlántico, debido al rompimiento del canal del Dique. Igualmente persisten los niveles altos en la parte media y baja de la cuenca del río Magdalena, desde Barrancabermeja hasta la desembocadura en el mar Caribe; en las cuencas media y baja del río Cauca y su confluencia con el río Magdalena, en especial las zonas ribereñas bajas en la depresión Momposina Sucreña y la cuenca del río Catatumbo en Norte de Santander, en donde se reportan niveles muy altos y superiores a las cotas de inundación y rupturas de los jarillones en varios sectores que generan inundaciones lentas afectando a los pobladores y zonas cultivables.

Que así mismo, se ha reportado la persistencia de lluvias por encima del promedio que satura los suelos y los hace inestables manteniendo la amenaza alta por deslizamientos de tierra en zonas de montaña en los departamentos de Cauca, Caldas, Antioquia, Chocó Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca y en el piedemonte del Meta. Igualmente se mantiene la alerta ante la posibilidad de descargas de vertimientos en la mayoría de los embalses de Antioquia y en el embalse de Prado-Tolima.

Que según la dirección de gestión del riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia al 30 de diciembre de 2010 se ha presentado un aumento progresivo de personas afectadas por el fenómeno de La Nina en todo el país: 2.220.482, el número de familias afectadas 458.087, pérdidas humanas 310, heridos 289, personas desaparecidas 63, viviendas destruidas 5.157 viviendas averiadas 325.379; vías averiadas 737 y en general 711 municipios afectados.

Que según esta misma fuente, el incremento en las lluvias afectó en diversas regiones del país la prestación de varios servicios públicos esenciales: acueductos 223, alcantarillados 16, centros de salud 12, centros educativos 157 y centros comunitarios 37.

Que este fenómeno natural afectó 726.172 hectáreas en todo el territorio nacional según reporte de la dirección de gestión del riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia del 30 de diciembre de 2010.

Que la situación descrita ha llevado a los pobladores de las zonas afectadas a abandonar sus viviendas y alojarse en albergues provisionales generando riesgos de salud por hacinamiento.

Que la interrupción de los servicios públicos esenciales en varios municipios genera riesgos sanitarios y de salubridad pública para las poblaciones afectadas.

Que en razón a que el fenómeno de La Niña, de acuerdo con los centros internacionales de predicción climática y los análisis del Ideam, se prolongará hasta mediados del año 2011, las temporadas secas de las regiones Caribe y Andina presentarán volúmenes de lluvia por encima de sus valores mensuales y estarán seguidas de temporadas lluviosas, las cuales también se caracterizan por presentar cantidades de lluvia superiores a los valores usuales registrados para esa época.

Que por todo lo anterior, se ven afectados o en riesgo los derechos fundamentales de las personas, en especial, los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo, a la locomoción y al mínimo vital de subsistencia.

Que la magnitud de la tragedia desborda las facultades ordinarias del Estado para atender la situación de desastre nacional, por lo que se requiere de medidas adicionales a las adoptadas a raíz de la expedición del Decreto 4580 de 2010, debido a que las inundaciones han dañado las estructuras de contención que hace que el proceso de recuperación normal sea mucho más lento y se pueden presentar nuevos eventos de remoción en masa debido a que los suelos se encuentran saturados.

Que de acuerdo a lo previsto por el Ideam el fenómeno de La Niña se podrá extender hasta mediados de mayo o junio de 2011, trayendo como consecuencia precipitaciones por encima del promedio determinado para la primera temporada de lluvias del año 2011, empatando, con el segundo régimen de este año, por lo cual no solo extendería los efectos de la actual calamidad pública, sino que la haría mucho más grave de lo que hoy padece el país por el prolongado y excesivo periodo de lluvias.

Que el literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974, determinó que, salvo derechos adquiridos por particulares previamente, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de los ríos y lagos hasta de treinta metros de ancho.

Que a raíz de la ola invernal encrudecida por el cambio climático, el fenómeno de La Niña viene generando graves problemas de inundaciones, encontrándose que son demasiadas las personas que viven en zonas ribereñas de riesgo no mitigable, razón por la cual es necesario fortalecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la mencionada norma.

DECRETA:

ART. 1º—Adiciónese el numeral 4º al artículo 1º del Decreto 4628 de 2010 así:

4. (…) La preservación, conservación, mantenimiento y ampliación de las zonas de ronda de protección o fajas paralelas de protección de fuentes hídricas y cuerpos de agua como ríos, quebradas, arroyos, manantiales, lagunas, lagos, meandros, humedales, ciénagas y demás; así como la preservación, conservación, mantenimiento y ampliación de sus zonas de manejo, zonas de protección ambiental y rondas hídricas.

ART. 2º—El artículo 2º del Decreto 4628 de 2010 quedará así:

“ART. 2º—Facúltese a las entidades públicas, las entidades territoriales y a las corporaciones autónomas regionales a las cuales corresponde desarrollar proyectos en las zonas de desastre afectadas por el fenómeno de La Niña, o zonas de riesgo e influencia, para adquirir, por motivos de utilidad pública e interés social, mediante negociación directa o expropiación por vía administrativa, previa indemnización, los inmuebles que se requieran para el cumplimiento de los fines a que se refiere el presente decreto”.

ART. 3º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación”.

(…)

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

El Decreto 143 de 21 de enero de 2011, fue dictado por el Gobierno Nacional en uso de facultades excepcionales, de manera que de acuerdo con lo señalado por los artículos 214.6 y 241.7 de la Constitución Política esta corporación es competente para conocer del proceso de la referencia.

2. El asunto objeto de revisión.

Correspondería a esta corporación pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto 143 de 2011. No obstante, ante la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 029 de 2011 mediante la Sentencia C-216 de 2011, con fundamento en el cual se expidió la norma en examen procede la Corte a realizar su estudio a partir de esta circunstancia.

3. Inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto Legislativo 126 de 21 de enero de 2010.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-216 del veintinueve (29) de marzo de 2011, declaró integralmente inexequible el Decreto 020 de 2011, por el cual el Presidente de la República declaró por segunda vez un “estado de emergencia económica, ecológica y social”, por un periodo de treinta (30) días. Dicha declaratoria tiene efectos inmediatos y hacia el futuro.

Así las cosas, el Decreto Legislativo 143 de enero 21 de 2011, resulta inexequible por consecuencia. En efecto, el decreto que declaró el estado de emergencia económica, ecológica y social es el instrumento a través del cual el Presidente de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las de legislar a través de decretos con fuerza de ley, de manera que una vez excluido del ordenamiento, mediante sentencia de inexequibilidad la norma de autohabilitación, los decretos legislativos dictados a su amparo deben correr igual suerte. Ha sostenido la Corte en relación con la inexequibilidad por consecuencia, también llamada “inconstitucionalidad consecuencial” que:

“La Corte de manera general ha señalado que se configura una “inconstitucionalidad consecuencial” cuando en los casos de decretos con fuerza de ley, derivados ya sea de la declaratoria del estado de emergencia o del ejercicio de facultades extraordinarias, ha recaído un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el decreto que declara el estado de emergencia o sobre la norma legal de autorizaciones extraordinarias. [...]”(1).

En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, queda sin sustento la competencia que dio lugar a dictar normas con fuerza de ley.

De conformidad con lo expuesto, y siguiendo la jurisprudencia establecida por esta corporación, se impone entonces, la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 143 de 2011 como consecuencia del aludido fallo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C-216 de 2011.

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 143 de enero 21 de 2011 “Por el cual se adiciona un numeral al artículo primero y se modifica el artículo segundo del Decreto 4628 de 2010”.

Notifíquese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Sentencias C-448 de 1995, se reitera en la Sentencia C-127 de 1997.