Sentencia C-260 de marzo 7 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

CASACIÓN PENAL

COMPETENCIA PARA RESOLVER PETICIONES DE LIBERTAD

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-260 DE 2001

Ref.: Expediente D-2868, D-2875

Magistrado Ponente:

Alfredo Beltrán Sierra

Demandantes: Carlos Fernando Osorio Bustos y Alejandro Decastro González.

Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1º, 5º, 6º, 6-2, 9º, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley 553 de 2000 ”Por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991, Código de Procedimiento Penal”.

Bogotá, D.C., marzo siete de dos mil uno.

EXTRACTOS: «II. Normas demandas

El siguiente es el texto de la ley demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.855 de 13 de enero de 2000.

“LEY 553 DE 2000

(Enero 13)

El Congreso de Colombia,

“Por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1991, Código de Procedimiento Penal.

DECRETA:

“ART. 1º.—El artículo 218 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

”ART. 218.—Procedencia de la casación. La casación procede contra las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de Distrito Judicial (el Tribunal Nacional), el Tribunal Penal Militar y el Tribunal Superior que cree la ley para el conocimiento de la segunda instancia de los procesos por los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

La casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para éstos sea inferior a fa señalada en el inciso anterior.

De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley”.

ART. 5º.—El artículo 222 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“ART. 222.—Legitimación. La demanda de casación podrá ser presentada por el fiscal, el Ministerio Público, el defensor y los demás sujetos procesales. Estos últimos podrán hacerlo directamente, si fueren abogados titulados y autorizados legalmente para ejercer la profesión”.

ART. 6º.—El artículo 223 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“ART. 223.—Oportunidad. Ejecutoriada la sentencia, el funcionario de segunda instancia remitirá las copias del expediente al juez de ejecución de penas o quien haga sus veces, para lo de su cargo, y conservará el original para los efectos de la casación.

La demanda de casación deberá presentarse por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. Si no se presenta demanda remitirá el original del expediente al juez de ejecución de penas.

Si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que admite el recurso de reposición”.

ART. 9º.—El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“ART. 226.—Calificación de la demanda. Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen. En caso contrario se surtirá traslado al procurador delegado en lo penal por un término de veinte (20) días para que obligatoriamente emita concepto”.

ART. 10.—Créase el artículo 226A del Código Penal con el siguiente contenido:

“ART. 226A.—Respuesta inmediata. Cuando sobre el tema jurídico sobre el cual versa el cargo o los cargos propuestos en la demanda ya se hubiere pronunciado la Sala de Casación en forma unánime y de igual manera no considere necesario reexaminar el punto, podrá tomar la decisión en forma inmediata citando simplemente el antecedente”.

ART. 12.—El artículo 228 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“ART. 228.—Limitación de la casación. En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas a las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Pero tratándose de la causal prevista en el numeral tercero del artículo 220, la Corte deberá declararla de oficio. Igualmente podrá casar la sentencia cuanto sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales”.

ART. 15.—El artículo 244 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“ART. 244.—Desistimiento. Podrá desistirse de la casación y de la acción de revisión antes de que la Sala las decida”.

ART. 16.—El Código de Procedimiento Penal tendrá un nuevo artículo 245A del siguiente tenor:

“ART. 245A.—La casación y revisión son compatibles, siempre que las causales invocadas no tengan como fundamento la misma situación de hecho.

No obstante, el fallo de la acción de revisión sólo podrá proferirse una que se haya resuelto la casación”.

ART. 17.—El Código de Procedimiento Penal tendrá un nuevo artículo 231A del siguiente tenor:

“ART. 231A.—Si el objeto de la casación es la condena en perjuicio, el demandante podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia ofreciendo caución en los términos y mediante el procedimiento previsto en el inciso 5º del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto Extraordinario 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 186.

ART. 18.—Transitorio. Esta ley sólo se aplicará a los procesos en que se interponga la casación a partir de su vigencia, salvo lo relativo a la respuesta inmediata y al desistimiento, que se aplicarán también para los procesos que actualmente se encuentran en curso en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

ART. 19 TRANS.—En los asuntos pendientes de resolución de la casación, que deban someterse al procedimiento derogado, lo referente a la libertad será de conocimiento del juez de primera instancia.

ART. 20.—En todos los artículos del Código de Procedimiento Penal que se utilice la expresión “recurso de casación” sustitúyase por “casación”.

La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias especialmente el artículo 231 del Código de Procedimiento Penal.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la demanda que se estudia.

2. Cosa juzgada constitucional

En el caso sub examine, observa la Corte que ya hubo pronunciamiento de esta corporación en la Sentencia C-252 de 28 de febrero del año en curso, en la cual se decidió en relación con la exequibilidad o inexequibilidad de los artículos 1º, 6º, 9º, 10, 12, 17 y 18 de la Ley 553 de 2000 “Por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991, Código de Procedimiento Penal”, dentro del proceso D-2825 y los acumulados a él.

Así las cosas, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, que a la luz del artículo 243 de la Constitución Política impide a esta corporación volverse a pronunciar en relación con los artículos aludidos. En consecuencia, habrá de estarse a lo resuelto respecto de ellos en la Sentencia C-252 de 2001.

3. Examen de los cargos contra los artículos 5º, 15, 16, 19 y 20.

Ahora bien, como quiera que, como ya se vio, también se demandaron los artículos 5º, 15, 16, 19 y 20, de la Ley 553 de 2000, en esta sentencia se decidirá en relación con las acusaciones de inconstitucionalidad formuladas por el actor contra tales normas.

3.1. En relación con el artículo 5º de la ley acusada, en síntesis, manifiesta el demandante que, a su juicio, resulta contrario a la Constitución por cuanto no se señaló quiénes tienen la legitimación para la interposición del recurso de casación, lo que encuentra diferente a la presentación de la demanda, y señala que, en tal virtud, la norma resulta violatoria del debido proceso pues cercena etapas indispensables para éste, como la notificación de la sentencia, la legitimación para recurrir y el control previo para proveer sobre la concesión o no del recurso. Además, considera que si al procesado condenado en segunda instancia no se le permite incoar este recurso, ello conduce a violar la Constitución porque se le priva del derecho de acceso a la administración de justicia.

Analizado el cargo propuesto, encuentra la Corte que no puede prosperar, como quiera que el legislador, en ejercicio de la competencia que le asigna el artículo 150 de la Constitución para “hacer las leyes”, puede establecer quiénes tienen legitimación para presentar cualquier demanda, incluida, también la de casación, por una parte; y, por otra parte, declarada ya la inexequibilidad parcial de los artículos 1º y 6º de la Ley 553 de 2000, en la forma que quedó señalada, el citado artículo 5º de dicha ley, que modifica el 222 del Código de Procedimiento Penal, no puede ser entendido aisladamente, sino en el contexto de la citada ley, como queda luego de la Sentencia C-252 de 2001, y en conjunto con el resto del mencionado código, en el cual se establece en el artículo 137 que “el sindicado tiene los mismos derechos de su defensor, excepto la sustentación del recurso de casación”. Esto significa, entonces, que al procesado le asiste, siempre, el derecho al ejercicio de la defensa material y que, en consecuencia, si al defensor corresponde la defensa técnica no es inconstitucional que a él se le atribuya por la ley la facultad de presentar, en nombre y representación del procesado la demanda para sustentar el recurso extraordinario de casación, lo cual, en todo caso, no puede entenderse en el sentido de que el procesado pierda por ello el derecho a la interposición del recurso, pues son dos fases distintas, en la doctrina universal, la interposición y la sustentación de cualquier recurso, si bien en algunas ocasiones pueden ser simultáneas, cual sucede por ejemplo en la llamada acción de revisión en el procedimiento penal, o recurso extraordinario de revisión en el procedimiento civil.

3.2. Con respecto al artículo 15 de la ley acusada, se afirma que es contrario a la Carta porque al permitir que se pueda desistir “de la casación y de la acción de revisión antes de que la Sala las decida”, en lo que hace a la casación se le varía su naturaleza de derecho público, para asignarle una de derecho privado, permitiendo la disponibilidad del mismo recurso.

Se observa por la Corte que la norma en cuestión no resulta violatoria de la Constitución Política, pues autorizar al recurrente en casación para desistir del recurso antes de que se pronuncie sobre él, la Sala llamada a decidirlo, no significa nada distinto a que quien lo interpuso, por estimar entonces que la sentencia acusada había incurrido en errores in judicando o in procedendo, bien puede haber llegado luego a la conclusión contraria y, en tal virtud, desistir del mismo, lo cual, en nada lo afecta y, en cambio, le permite a la Corte una racionalización del trabajo, lo cual redunda en beneficio de la administración de justicia.

Por otra parte, se observa por la Corte que, la norma acusada no vulnera el debido proceso ni el derecho de defensa del sindicado. En efecto, no se le impide la interposición del recurso de casación ni el ejercicio de la acción de revisión, sino que, simplemente se le autoriza para que, si así lo considera, retire la acusación de ilegalidad que a la sentencia de segundo grado hubiere formulado al interponer contra ella el recurso extraordinario de casación, o la acción de revisión en su caso, todo lo cual, además, permite que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se releve entonces de dictar sentencias con las cuales se dé terminación a aquel recurso o a la revisión, pese a que ya no exista ningún interés legítimo sobre el particular.

3.3. Se acusa el artículo 16 de la Ley 553 de 2000, de violar la Constitución en cuanto, al decir del actor, al establecer que “la casación y revisión son compatibles, siempre que las causales invocadas no tengan como fundamento la misma situación de hecho”, se parte de la base de que la casación sólo es procedente, según el artículo 1º de dicha ley, contra sentencias ejecutoriadas.

Ante todo, ha de precisarse por la Corte que, no obstante haber sido declarada ya por Sentencia C-252 del año en curso, la inexequibilidad de la expresión “ejecutoriadas”, contenida en el artículo 1º de la ley en mención, la norma acusada, en su inciso primero, no es violatoria de la Carta Política, pues, como es suficientemente conocido, por la propia naturaleza de la casación y la revisión las causales para la interposición de una y otra, siempre han sido diferentes, ya que la primera se funda en los errores de juicio o de actividad en que la censura afirma que se incurrió por el sentenciador, es decir, son extraídas del proceso mismo, al paso que los hechos en que se funda la revisión tienden a remover el sello de la cosa juzgada cuando resulta probado que, aunque la sentencia hubiere sido legalmente adoptada, ella queda en conflicto con la justicia como valor supremo del derecho, cual sucede por ejemplo si se obtuvo como consecuencia de un delito, o aparece que ella comporta una injusticia manifiesta que la hace inicua, en virtud de hechos sobre los cuales no se ha debatido en el proceso, lo que explica que en revisión exista etapa probatoria de la que carece el recurso de casación.

Como se ve, antes y después de la expedición del artículo 16 de la ley acusada, han sido —y son— compatibles, y nunca han tenido como fundamento la misma situación de hecho.

En cuanto hace referencia al segundo inciso, del texto del nuevo artículo 245A del Código de Procedimiento Penal, en el que se dispone que “No obstante, el fallo de la acción de revisión sólo podrá proferirse una vez que se haya resuelto la casación”, se observa por la Corte, que este inciso era coherente con el artículo 1º de la Ley 553 de 2000, que modificó el artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que la casación era procedente contra “sentencias ejecutoriadas”, lo cual fue declarado inexequible mediante Sentencia C-252 del 28 de febrero del año en curso, razón esta que lleva entonces a la Corte a declarar ahora la inexequibilidad del inciso aludido, precisamente para que las disposiciones legales a que se ha hecho referencia guarden entre sí la debida correspondencia y armonía.

3.4. Se afirma que el artículo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000, en el cual se dispuso que “en los asuntos pendientes de resolución de la casación, que deban someterse al procedimiento derogado, lo referente a la libertad será de conocimiento del juez de primera instancia”, se incurre en violación de la Constitución porque de esa manera se quebranta el derecho a ser juzgado “por el juez natural”, y, así, quebrantada la garantía del debido proceso.

Analizado el cargo de inconstitucionalidad así formulado, se encuentra por la Corte que no está llamado a prosperar. En efecto, que el recurso extraordinario de casación sea de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala respectiva, en nada se opone a que otro funcionario judicial, que actuó como juzgador de primera instancia sea el encargado por la ley de decidir en relación con las peticiones de libertad que formule el procesado recurrente en casación, pues este funcionario es el juez natural en ese proceso, por una parte; y, por otra, de abrirse paso tal acusación de inconstitucionalidad, resultaría igualmente inexequible el conjunto de atribuciones que en relación con la libertad provisional o la ejecución de condenas condicionales se atribuyeron por la ley a los jueces de ejecución de penas, lo que no es cierto, sino el producto de la confusión de funciones distintas por el demandante.

3.5. Se aduce que el artículo 20 de la ley demandada es inconstitucional, en su párrafo final, en el cual se dispuso que se deroga el artículo 231 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto, al decir del demandante de esta norma, si la Corte Suprema de Justicia no conoce de las peticiones de libertad del procesado mientras se tramite el recurso de casación, no tendrán entonces quién les resuelva dicha solicitud, lo que, a su juicio, viola la Constitución.

Analizada la acusación, de entrada se observa por la Corte que conforme al artículo 150 de la Carta si el legislador tiene la potestad de “hacer las leyes”, así como la de expedir códigos en todos los ramos de la legislación, también puede derogar aquellas y éstos total o parcialmente. Pero, es más, ello incluye también la posibilidad de asignar la función de decidir sobre las solicitudes de libertad al funcionario que el legislador considere pertinente, que bien puede ser mientras se tramita el recurso de casación, como en este caso concreto, un funcionario distinto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que ello signifique que el artículo 20 de la Ley 553 de 2000, por la simple derogación del artículo 231 del Código de Procedimiento Penal hubiere dejado sin competencia a nadie para resolver sobre solicitudes de libertad, mientras se tramite ese recurso extraordinario por la Corte, pues ese punto fue expresamente regulado por el artículo 19 transitorio de la misma ley, cuya constitucionalidad ya se analizó, norma esta en la cual se asignó esa función al juez de primera instancia del proceso respectivo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTÉSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-252 de 2001, en relación con los artículos 1º, 6º, 9º, 10, 12, 17 y 18 de la Ley 553 de 2000 “Por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991, Código de Procedimiento Penal”, en los apartes en que fueron acusados.

2. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 5º de la Ley 553 de 2000, en los términos expresados en el numeral 3.1 de esta sentencia.

3. DECLARAR INEXEQUIBLE el segundo inciso del artículo 16 de la Ley 553 de 2000, en cuanto dispuso en el nuevo artículo 245A del Código de Procedimiento Penal, que “No obstante, el fallo de la acción de revisión sólo podrá proferirse una vez que se haya resuelto la casación”.

4. DECLARAR EXEQUIBLES los artículos 15, 16, inciso primero, 19 y 20 inciso segundo, de la Ley 553 de 2000.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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