Sentencia C-261 de marzo 7 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

CASACIÓN PENAL

EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

EXTRACTOS: «En esta oportunidad, la Corte deberá establecer si el trámite dado por el Congreso de la República a la Ley 553 de 2000, desconoce norma alguna de la Constitución, en especial, el artículo 152 y 153 que regulan la materia, aprobación, modificación o derogación de la leyes estatutarias. Así mismo, la exequibilidad o inexequibilidad del artículo 4º de la Ley 553 de 2000.

3.1. Concepto de ley estatutaria.

El constituyente de 1991, al crear las leyes estatutarias quiso que fueran una excepción al sistema general que domina el proceso legislativo, por eso señaló que estas leyes deberían contar para su aprobación, modificación o derogación con una mayoría cualificada, también especificó que su trámite, requería el control previo por parte de la Corte Constitucional.

Las leyes estatutarias, son normas que regulan temas esenciales para la vida social y el artículo 152 de la Constitución, especifica qué materias deben ser reguladas mediante esta ley. Empero, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que no toda norma o tema relacionado con las materias señaladas en la Constitución, en su artículo 152, debe seguir el procedimiento excepcional de la ley estatutaria, dando un carácter restrictivo a este tipo de leyes.

Dentro de este contexto, sobre el contenido de la ley estatutaria de administración de justicia, la Sala Plena de esta corporación en sentencia C-37 de 1996, señaló:

“Para la Corte, una ley estatutaria encargada de regular la administración de justicia, como lo dispone el literal b del artículo 152 superior, debe ocuparse esencialmente sobre la estructura general de la administración de justicia y sobre los principios sustanciales y procesales que deben guiar a los jueces en su función de dirimir los diferentes conflictos o asuntos que se someten a su conocimiento.

De conformidad con lo anterior, esta corporación entiende que el legislador goza, en principio, de la autonomía suficiente para definir cuáles aspectos del derecho deben hacer parte de este tipo de leyes. Sin embargo, debe señalarse que esa habilitación no incluye la facultad de consagrar asuntos o materias propias de los códigos de procedimiento, responsabilidad esta que se debe asumir con base en lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 150 superior, es decir, a través de las leyes ordinarias. Con todo, debe reconocerse que no es asunto sencillo establecer una diferenciación clara y contundente respecto de las materias que deben ocuparse uno y otro tipo de leyes. Así, pues, resulta claro que, al igual que ocurre para el caso de las leyes estatutarias que regulan los derechos fundamentales (lit. a caso del art. 152), no todo aspecto que de una forma u otra se relacione con la administración de justicia debe necesariamente hacer parte de una ley estatutaria. De ser ello así, entonces resultaría nugatoria la atribución del numeral 2º del artículo 150 y, en consecuencia, cualquier código que en la actualidad regule el ordenamiento jurídico, o cualquier modificación que en la materia se realice, deberá someterse al trámite previsto en el artículo 153 de la Carta (...).

“Las consideraciones precedentes sirven, además, de fundamento para advertir la inconveniencia de permitir al legislador regular aspectos propios de ley procesal en una ley estatutaria, pues es sabido que el trámite de este tipo de normatividad reviste características especiales —aprobación en una sola legislatura, votación mayoritaria de los miembros del Congreso, revisión previa de la Corte Constitucional—, las cuales naturalmente no se compatibilizan con la facultad que le asiste al legislador para expedir o modificar códigos a través de mecanismos eficaces —es decir, mediante el trámite ordinario—, en los eventos en que las necesidades del país así lo ameriten. Permitir lo contrario sería tanto como admitir la petrificación de las normas procesales y la consecuente imposibilidad de contar con una administración de justicia seria, responsable, eficaz y diligente”.

Así las cosas, al analizar el procedimiento utilizado por el legislador, para tramitar la Ley 553 de 2000, la Corte encuentra que, por este aspecto, dicha ley se ajusta a la Constitución. En efecto, como se ha señalado, únicamente las disposiciones que afecten la estructura de administración de justicia o que sienten principios sustanciales o generales sobre la materia, deben observar los requerimientos especiales establecidos para las leyes estatutarias. De esta forma, se respeta la facultad legislativa conferida por el constituyente, al Congreso de la República en el artículo 150 numeral 2º, cual es la de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

Sobre el particular la sentencia C-251 de 1998, manifestó:

“La Corte considera que, en consecuencia, para definir si un cierto contenido normativo debe ser vaciado en ley estatutaria, es necesario establecer si mediante él se regula total o parcialmente una de las materias enunciadas en el artículo 152 de la Constitución. No es suficiente, para hacer exigible esta modalidad de legislación que el precepto en cuestión haga referencia a uno de tales asuntos ni que guarde con esos temas relación indirecta. Se necesita que mediante él se establezcan las reglas aplicables, creando así sea en parte, la estructura normativa básica sobre derechos y deberes fundamentales de las personas, los recursos para su protección, la administración de justicia, la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición, las funciones electorales, las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y los estados de excepción” (Subrayado fuera del texto).

En este orden de ideas, en ningún momento la ley expedida por el Congreso de la República, en sus 21 artículos, pretende variar la estructura de la administración de justicia o introducir principios sobre la materia, únicamente, regula el recurso de casación, como parte integrante del Código de Procedimiento Penal, sin que esta regulación, se repite, afecte, la estructura de la administración de justicia.

En síntesis, no se requiere un profundo análisis para afirmar que la Ley 553 de 2000 al regular normas procedimentales, no puede considerarse como una ley estatutaria, pues la jurisprudencia ha sido clara en manifestar qué aspectos son los que involucran el concepto de administración de justicia, precisamente para evitar la tendencia de convertir en norma estatutaria todo precepto legal.

Por tal razón, el cargo presentado por el actor al solicitar a esta corporación, que declare la inexequibilidad de la Ley 553 de 2000, por presentar vicios de procedimiento en su formación, afirmando que por la materia de que se ocupa —administración de justicia— debió ser tramitada como ley estatutaria, no prospera.

3.2. Constitucionalidad del artículo 4º de la Ley 553 de 2000.

Aduce el demandante, que esta norma, en la cual se dispone que si el recurso de casación versa únicamente sobre la indemnización de perjuicios decretada en la sentencia condenatoria, han de aplicarse las normas atinentes a las causales y la cuantía que regulan la casación civil, resulta violatoria de la Constitución, pues, a su juicio, la integridad de la casación penal ha de regirse por normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal.

Se observa por la Corte, de entrada, que siendo una sola la jurisdicción del Estado desde el punto de vista ontológico, entendida como la soberanía de éste aplicada a la función de administrar justicia, por razones de carácter funcional se han instituido algunas jurisdicciones por la índole de la materia a las cuales aquella se aplica, lo que ha dado lugar a la existencia de diversas jurisdicciones en el aspecto organizacional, para atender a la racional distribución del trabajo judicial.

Siendo ello así, en nada se vulnera la Constitución, si el Estado por conducto de un solo juez resuelve tanto sobre la existencia del delito, su autoría y la pena correspondiente, como al propio tiempo sobre la indemnización de los perjuicios causados con el delito, como ocurre con los jueces de instancia en la jurisdicción penal.

De esta suerte, si así ocurre durante la tramitación del proceso en instancias, nada distinto sucede si al juez de la casación se le autoriza por el legislador a decidir sobre ella tanto en relación con los errores in judicando con los yerros, in procedendo en que pudiera haberse incurrido por el sentenciador en el aspecto que tiene que ver con el ius puniendi del Estado, como en lo atinente a la posible comisión de errores de esa índole, en cuanto a la indemnización debida a las víctimas del delito.

Tan sólo se tiene entonces que, dada la especial naturaleza de carácter civil de tal indemnización, el legislador, en ejercicio de su potestad para hacer la ley que le otorga el artículo 150 de la Carta, dispuso que la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, decida sobre una cuestión civil dando aplicación para ese efecto a las causales y a la cuantía señaladas en el Código de Procedimiento Civil sobre el particular, con lo cual no se incurre en quebranto de norma constitucional alguna, por el artículo 4º de la Ley 553 de 2000, que introdujo una nueva redacción al artículo 221 del Código de Procedimiento Penal sin alterar en lo esencial el texto anterior de esta norma legal, que tampoco por lo dicho vulneraba la Constitución.

Finalmente, se observa por la Corte, como ya se dijo que el artículo 4º de la ley acusada, en realidad utiliza una técnica de reenvío legislativo para que se apliquen tratándose de la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria, las normas que en materia de causales y cuantía para la legitimación respectiva se establecen en el Código de Procedimiento Civil, lo cual en manera alguna puede considerarse que vulnera la Constitución Política.

VII. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 553 de 2000 “por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto 2700 de 30 de noviembre de 1991, Código de Procedimiento Penal”, en cuanto no se incurrió en vicio constitucional por haber sido tramitada como ley ordinaria y no como ley estatutaria.

2. Estése a lo resuelto en la sentencia C- 252 del veintiocho (28) de febrero de 2001, en relación con los artículos 1º, 6º, 9º, 10, 12, 17, y 18 de la Ley 553 de 2000.

3. Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 4º de la Ley 553 de 2000.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

(Sentencia C-261 de marzo 7 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

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