Sentencia C-265 de julio 8 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FUNCIONES DE LA SALA PLENA

EXTRACTOS: «En lo que se relaciona directamente con el artículo 4º acusado, en primer término, encuentra la Corte Constitucional que en materia del establecimiento de la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura, aquella disposición tiene pleno fundamento jurídico, ya que no obstante la división en dos salas, una Administrativa y otra Jurisdiccional-Disciplinaria, ordenada por la Carta, es voluntad del constituyente, como se ha visto, la creación de dicho organismo en cuanto tal, con la suficiente unidad y autonomía adecuada a sus fines, funciones y naturaleza normativa; además, la naturaleza de las cosas que se deben regular para garantizar su funcionamiento administrativo, y para el cumplimiento de sus cometidos de rango constitucional, exige que deba disponerse un régimen racional de organización que, como el que se examina, no se opone a la Carta. En este sentido se advierte que no asiste razón al actor en el planteamiento de su demanda en el que se estima que no es admisible la creación legal de otra Sala o de una Sala Plena en el Consejo Superior de la Judicatura.

Ahora bien, para efectos de su organización como una corporación dotada de reglas que le sean propias y que le permitan actuar, nada se opone a la existencia legal de otra Sala que atienda a dichas razones como lo es la Sala Plena; desde luego, cabe advertir que el Consejo no es una entidad administrativa o judicial ordinaria, catalogable dentro de los órganos típicos de administración del Estado o de la administración de justicia, sino que el cúmulo de sus responsabilidades y cometidos de rango constitucional y legal, le dan una configuración sui generis, como órgano especial de origen constitucional, que conjuga funciones de varia naturaleza, tanto administrativas como jurisdiccionales.

Obsérvese que dicho organismo tiene funciones de naturaleza administrativa que corresponden a la Sala Administrativa, predicables de los recursos económicos, fiscales y humanos de la rama judicial, como quiera que debe administrar la carrera judicial; elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla; llevar el control del rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales; elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso; fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales y crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia.

Además, a dicho organismo le compete cumplir funciones disciplinarias y algunas judiciales, que corresponden a la Sala Disciplinaria, como las de examinar la conducta y sancionar, en las instancias que señale la ley, las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como la de los abogados en el ejercicio de su profesión y la de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. (C. N., arts. 256 y 10 del D. 2652/91).

También, dicho organismo cumple funciones constitucionales que no pueden ser catalogadas en las típicamente administrativas de aquellos recursos, ni como pertenecientes a la función jurisdiccional disciplinaria, y más bien corresponden a finalidades de orden político o de orientación general del derecho, como la de proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales, que son las que debe cumplir la Sala Plena creada por el artículo 4º del Decreto 2652 de 1991.

Pero además, la Carta también autoriza al legislador para establecer otras funciones que conforme a su naturaleza le corresponda cumplir al Consejo Superior de la Judicatura y, en este sentido, la disposición acusada fija otras de esta especie, tal y como se verá más adelante; téngase en cuenta que como organismo dotado de capacidades jurídicas y eventualmente habilitado por la ley para cumplir las funciones relacionadas con su razón de ser, el Consejo Superior de la Judicatura habrá de cumplir funciones administrativas internas, y éstas deben ser objeto de distribución y regulación legal.

El numeral 1º que permite la participación de todos los Magistrados del Consejo en la elaboración y discusión del Plan Nacional de Desarrollo que será sometido al Consejo Nacional de Planeación, no contraviene norma constitucional alguna, ya que se trata de una función de carácter político o de orientación programática, de definición de estrategias y de propósitos globales, predicables de la Rama Judicial en su conjunto; en este sentido bien puede el legislador asignarla a la citada Sala, reconociendo sus funciones de origen constitucional. Igual predicado cabe hacer respecto de lo dispuesto por los numerales 2º y 11 de la disposición acusada, ya que no se trata de nada diferente de la orientación programática y estratégica de asuntos de interés de la rama judicial, y bien pueden quedar en cabeza del Consejo en pleno.

También, se encuentra que la función de proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales no contraviene norma constitucional alguna que de manera especial, no comprende definiciones que sean típicamente administrativas o jurisdiccionales - disciplinarias.

En lo que se refiere a la función de aprobar el anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial, presentado por la Sala Administrativa, conjuntamente con el de la Fiscalía General de la Nación, para efectos de enviarlo al Gobierno para su incorporación en el proyecto de Presupuesto Nacional, prevista en el numeral 3º, se advierte que ella tiene un carácter indudablemente administrativo por su propia naturaleza jurídica, y por tanto corresponde constitucionalmente a la competencia de la Sala Administrativa. En consecuencia, se declarará la inexequibilidad de este numeral.

En cuanto a la función prevista por el numeral 8º, la Corte tampoco encuentra vicio de inconstitucionalidad, en lo que se refiere a que la Sala Plena puede dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia para disponer con criterios de contenido también general, el mejor y más eficiente funcionamiento de la rama judicial. El resto de este numeral tiene un sentido operativo que está dentro de las atribuciones propias de la Sala Administrativa, y por tanto se declarará inexequible.

En este sentido, tampoco se encuentra vicio de inconstitucionalidad en lo que se refiere a la función prevista por el numeral 13 del artículo acusado, ya que se trata de una actividad que puede adelantar una Sala Plena como la que se crea por la ley; además, promover la imagen de la justicia es una actividad que comprende asuntos de interés institucional y que se debe adelantar teniendo en cuenta situaciones de diversa índole, y nada se opone a que sea ejercida por la citada Sala Plena.

La función prevista por el numeral 9º, designar al correspondiente director de la Dirección de Administración Judicial y autorizarlo para delegar algunas de sus funciones, es una competencia de orden administrativo que comporta una función de rectoría general de una entidad especializada de orientación y programación de las actividades de la rama judicial en este aspecto. Nada se opone a que entendida de esta manera la citada función le corresponda a la Sala Administrativa, y por lo mismo se declarará la inexequibilidad del numeral 9º.

También se declarará la inconstitucionalidad del numeral 14, por las mismas razones anteriores, aunque se deja en claro que en cuanto a la designación de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de que trata el mismo decreto, quedarán integrados por una Sala Administrativa y otra Disciplinaria, las cuales deben ser elegidas por la respectiva Sala del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a la interpretación constitucional que se fija en esta providencia y al procedimiento legal vigente.

En relación con el numeral 16 que establece la facultad de dicha Sala Plena para efectos de elegir al Presidente y al Vicepresidente del Consejo, nada más coherente con la idea prevista por el constituyente en las normas aplicables para el Consejo Superior de la Judicatura, que la ley señale la existencia de una figura como la del Presidente y Vicepresidente del mismo y encargue a la Sala Plena de la entidad su designación.

El numeral 17, que se refiere a la función de crear las dependencias administrativas del Consejo que sean necesarias para el cumplimiento de sus cometidos constitucionales, será declarado inexequible como atribución de la Sala Plena, ya que se considera que el estatuto superior asigna tal función a cada una de las Salas, las cuales se sujetarán a la ley para el efecto, como lo señala expresamente la Constitución Política.

De otra parte, en lo que corresponde a los numerales 6º y 7º, y que se refieren a la elaboración de las listas de candidatos para proveer las vacantes en los cargos de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Tribunales, la Corte los declarará inexequibles, porque tienen también una clara naturaleza administrativa, y por tanto esta función le corresponde a la Sala Administrativa, lo cual, además, es una garantía de la autonomía administrativa de la Rama Judicial, objetivo primordial del constituyente a este respecto. Hay que considerar además que aparte la violación constitucional en cuanto a la competencia funcional de cada una de las Salas, la presencia de la Sala Disciplinaria en la elaboración de estas listas permitía el absurdo jurídico de que tan alta Corporación tuviera participación en la elección de magistrados cuyas faltas disciplinarias eventualmente estarían a su cargo.

En cuanto al numeral 18, la Corte lo declarará exequible por cuanto es lógico que el Consejo se dé su propio reglamento interno, pero en cuanto al cumplimiento de las funciones no atribuidas por la ley a las dos Salas señaladas, debe entenderse que ellas se reducen a las que no sean por su propia naturaleza jurídica-administrativa ni jurisdiccionales-disciplinarias, como se ha definido en esta providencia al precisar la competencia funcional que a ellas corresponde.

Del análisis que se ha llevado a cabo surge la necesaria distinción entre las funciones que corresponden a una y otra Sala del Consejo Superior de la Judicatura y a la Sala Plena creada por el Decreto Ley 2652 de 1991.

En efecto, como se ha advertido anteriormente, la Constitución crea dos Salas autónomas (la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y la Administrativa art. 254 C.N.), a las que por su separación, origen, denominación y finalidad implícita, les ha prescrito un funcionamiento separado, respecto de las funciones constitucionales que a su naturaleza y finalidad correspondan.

Así la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha sido creada orgánica y funcionalmente en forma autónoma. En efecto, fue creada únicamente para el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, que, por constituir función pública de administración de justicia, actúa como órgano autónomo y con independencia de sus nominadores (art. 228 C. Pol.). Por consiguiente a esta Sala no puede atribuírsele funciones constitucionales administrativas.

Por otra parte, la Sala Administrativa fue creada orgánicamente en forma autónoma, porque es un cuerpo diferente al otro. Pero en cambio, la Constitución determinó que sus funciones son administrativas, razón por la cual ellas deben obedecer a una representación efectiva del mismo Consejo Superior y de las demás Corporaciones nominadoras, como garantía única de la autonomía administrativa de la Rama Judicial, objetivo señalado por el constituyente. Luego administrativamente el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Administrativa, ejerce funciones determinadas por la Constitución y por la ley, su función es netamente administrativa y está sujeta a ese orden normativo, como lo consagran los artículos 256 y 257 de la Carta, cuando expresamente se refieren a “y de acuerdo a la ley” o “con sujeción a la ley”.

Fluye de lo expuesto que es preciso establecer una caracterización de lo que son las funciones de alta política que en el campo judicial cumple el Consejo Superior de la Judicatura y que podrían señalarse como cuestiones atinentes al supremo gobierno de los asuntos de la Rama Judicial, consagradas en los numerales 1º, 2º, 8º, parcialmente, 11, 13, 15, 16, y 18 del artículo 4º del Decreto 2652 de 1991, y por consiguiente son competencia de la Sala Plena, y las que por su alcance de actos operativos o de ejecución del ordenamiento normativo tienen un carácter administrativo, y por tanto corresponden a atribuciones propias de la Sala Administrativa, como es el caso contemplado en los numerales 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, parcialmente, 9º, 10, 12, 14 y 17 de la misma disposición que se examina, y en consecuencia se declararán inexequibles.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala Plena, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 4º del Decreto Ley 2652 de 1991, salvo los numerales 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 12, 14, 17 y 8º en la parte que dice: “los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador y sin perjuicio de las facultades propias de este. En ejercicio de esta atribución, y cuando fuere conveniente, el Consejo podrá establecer servicios administrativos comunes a los diferentes despachos judiciales”, que se declaran INEXEQUIBLES.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-265 de julio 8 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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