Sentencia C-269 de marzo 8 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2516

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: Amadeo Tamayo Morón

Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 100 de la Ley 488 de 1998.

Santafé de Bogotá, D.C., ocho de marzo de dos mil.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecido en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

EXTRACTOS: «(...). A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 43.460 del 28 de diciembre de 1998, y se subraya lo demandado:

“LEY 488 DE 1998

(Diciembre 24)

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales.

“ART. 100.—Gasolina en zonas fronterizas. Los gobernadores de los departamentos fronterizos, previo visto bueno del Ministerio de Minas y Energía podrán celebrar contratos de concesión con Ecopetrol, que tengan por objeto la distribución de combustibles derivados del petróleo, importados del país vecino, para consumo en las zonas de fronteras y unidades especiales de desarrollo fronterizo que sean determinadas por decreto expedido por el Gobierno Nacional.

Los combustibles de que trata el presente artículo deberán cumplir con las especificaciones de calidad establecidas por la autoridad competente y estarán exentas de aranceles e impuestos de importación, valor agregado IVA y el impuesto global de la gasolina.

PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará la materia antes de noventa (90) días”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la demanda que en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se formula contra el artículo 100 de la Ley 488 de 1998.

La Corte, para el pronunciamiento de fondo, teniendo en cuenta las formulaciones del actor, no habrá de limitarse al examen de la expresión destacada en la demanda sino que efectuará la necesaria integración normativa con el resto del artículo 100 de la Ley 448 de 1998 y el parágrafo del mismo.

2. Problema jurídico sujeto a decisión

Corresponde a la Corte, entonces, determinar si el artículo 100 de la Ley 488 de 1998 al facultar a los gobernadores de las zonas fronterizas para contratar con Ecopetrol la distribución de combustibles derivados del petróleo, vulnera los principios de la autonomía territorial, de la igualdad, de la libertad económica y el régimen especial de las zonas de frontera.

En consecuencia, con el fin de resolver los cargos formulados por el actor, se hará inicialmente alusión a las normas que regulan las zonas de frontera y la distribución de combustibles derivados del petróleo en éstas, para luego sí entrar a examinar los distintos cargos planteados en la demanda.

3. De las zonas de frontera en la Constitución y la ley.

3.1. La Constitución Política de 1991 reconoce como regiones de singular importancia económica y social (arts. 289 y 337), para darles un tratamiento especial, a las denominadas zonas de frontera, entendidas éstas como aquellos lugares donde sus habitantes viven una realidad diferente a la de los demás sectores nacionales, en virtud de la vecindad con los países limítrofes, lo cual influye notablemente en sus actividades culturales, el intercambio de bienes y servicios, la circulación de personas y vehículos, y genera por las circunstancias mencionadas, la libre circulación de monedas con la incidencia que ello conlleva en la economía regional(1).

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-076 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

En relación con estas entidades, dispone el artículo 289 de la Carta Política, que por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.

Por su parte, según el artículo 300-2 ibídem, corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas, expedir las disposiciones relacionadas con el desarrollo de sus zonas de frontera.

E igualmente, el artículo 337 superior preceptúa que la ley podrá establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo, lo cual se enmarca dentro del contexto de la internacionalización y globalización de la economía.

3.2. Dentro del marco constitucional descrito, se hace necesario entonces, que el legislador busque el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales de los habitantes de las zonas de frontera, cuyas relaciones sociales y económicas han surgido en razón de circunstancias históricas y sociológicas que los identifica, adoptando para ello soluciones que deben estar acordes con el principio constitucional del Estado social de derecho, cuyas finalidades coinciden con el contenido programático del artículo 337 superior.

Precepto éste que adopta un cometido estatal específico de fomento, estímulo y promoción de las zonas de frontera que comporta para el legislador el deber de su realización práctica. En esa medida, las soluciones que se adopten deben tener en cuenta las ventajas de la propia situación de esas zonas, para aprovecharlas e impulsar la integración económica con los países vecinos y facilitar, entonces, el fomento de proyectos de cooperación e integración con las entidades territoriales limítrofes a fin de lograr el desarrollo económico y social comunitario, la prestación eficiente de los servicios públicos y la preservación del ambiente (C.P., arts. 226, 227 y 289) (2) .

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-076 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

En esta medida, se hace necesario garantizar la efectividad del mandato constitucional del artículo 337, mediante la promoción de programas de cooperación e integración económica y social en los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas, donde la conservación de la soberanía, de la independencia nacional y de la integridad territorial son fines esenciales del Estado colombiano, lo cual exige de éste su presencia efectiva, y donde es fundamental para su desarrollo, que se estrechen los lazos culturales y económicos con las poblaciones de las naciones vecinas dentro del ideal integracionista de la Carta Política de 1991. Principio éste que se desprende del preámbulo, al señalar que la Constitución tiene como uno de sus fines esenciales, impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, así como del artículo 9º a cuyo tenor la política exterior del Estado se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.

3.3. En cuanto al alcance de las atribuciones que el artículo 337 constitucional otorga al legislador frente a las zonas de frontera, la corporación en la Sentencia C-076 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía, señaló que las competencias asignadas en esta materia al legislador son abiertas, en la medida en que la Constitución no las somete expresamente a condicionamientos específicos. Se trata, entonces, de una amplia libertad de configuración normativa en cabeza del legislador, lo que no significa, por supuesto, que dicha libertad sea absoluta por cuanto está limitada por las prohibiciones a las cuales la Constitución somete la acción legislativa en esta materia (v.gr., las circunstancias relacionadas con la protección de la soberanía nacional, las limitaciones presupuestales y financieras de la Nación, el manejo de las relaciones internacionales, etc.), la anterior perspectiva contribuye a hacer efectivo el desarrollo del cometido estatal, con base en las evaluaciones políticas que el Congreso haga y según las apreciaciones de la realidad económica, social y cultural de las zonas de frontera. Sobre el particular, dijo la corporación:

“La Corte no desconoce el papel activo que la ley debe desempeñar con el objeto de promover programas de cooperación e integración en los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas. La conservación de la soberanía exige la presencia visible del Estado en los territorios limítrofes y la existencia de comunidades laboriosas y pujantes que desarrollen un sentimiento de arraigo nacional. Pero, al mismo tiempo, es importante que se estrechen los lazos culturales y económicos con las poblaciones de las naciones vecinas, como corresponde al ideario integracionista de la Carta”.

Entre “las facultades que la Constitución atribuye a la ley con el propósito de promover el desarrollo de las zonas de frontera, se encuentra la de establecer “normas especiales en materias económicas y sociales” (C.P., art. 337)”.

“Si se interpretara esta norma en sentido absoluto, la ley podría hacer caso omiso de los restantes órganos del Estado y de las correlativas modalidades de intervención previstas en la Constitución —particularmente de la planificación económica, presupuesto público y regulación económica—, en un vasto campo como es el que acota el universo de lo económico y social”.

“La tesis anterior no puede acogerse. Cada órgano del Estado tiene, en el marco de la Constitución, un conjunto determinado de funciones. El desarrollo de una competencia singular no puede realizarse de una manera tal que su resultado signifique una alteración o modificación de las funciones que la Constitución ha atribuido a los demás órganos. Se impone un criterio o principio de “ejercicio armónico” de los poderes, de suerte que cada órgano se mantenga dentro de su esfera propia y no se desfigure el diseño constitucional de las funciones”.

“(...). En este caso, la ley puede libremente adoptar un conjunto de regulaciones tendentes a promover el desarrollo de las zonas de frontera. Sin embargo, no parecería necesario y, además, sería inconstitucional que pretendiera hacer caso omiso de los restantes órganos del Estado cuyas atribuciones tuvieran relación con las materias tratadas. No se puede ignorar que los órganos nacionales tienen competencia en todo el territorio nacional y que, especialmente, en las zonas de frontera, no es el Congreso el único órgano que despliega en ellas sus atribuciones”.

3.4. Ahora bien, los artículos 289 y 337 de la Carta Política a los que se ha hecho referencia, fueron desarrollados por la Ley 191 de 1995, la cual estableció un régimen especial para las zonas de frontera, con el objeto de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural. Esta normatividad tuvo como objetivos esenciales, fijar determinados parámetros que permitieran el desarrollo y el progreso de dichas áreas de la geografía nacional, así como su integración con el resto del país y con los estados vecinos. Pero en especial, según el artículo 2º de la ley, la acción del Estado en las zonas de frontera deberá orientarse prioritariamente a la consecución de ciertos objetivos, como la protección de los derechos humanos, el mejoramiento de la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades asentadas en estas zonas, así como al fortalecimiento de los procesos de integración y cooperación con los países vecinos y la eliminación de barreras y obstáculos artificiales que impiden la interacción natural de las comunidades fronterizas, y la prestación de los servicios necesarios para la integración fronteriza y para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales, tales como el transporte, agua potable, entre otros.

Cabe destacar que la Ley 191 de 1995 tuvo como justificación, según la exposición de motivos presentada al proyecto de ley sometido a consideración de las cámaras legislativas, los siguientes aspectos:

“Dentro de este marco general conviene señalar que el compromiso se ajusta a los parámetros que identifica el gobierno de turno para buscar estrechos lazos de hermandad con las autoridades del mismo continente. En el marco estrictamente económico se tiene en cuenta el surgimiento de las fronteras de lo que se ha denominado nueva empresa, debido a que se han impuesto como la competitividad y la eficiencia. Igualmente un nuevo modelo de integración que se proyecta en las áreas limítrofes, en procura de adaptarse a las grandes exigencias de la economía mundial. La cooperación entre los países se requiere para lograr una economía internacionalizada” (3) .

(3) Gaceta del Congreso, martes 26 de julio de 1994, pág. 21.

4. De la distribución de combustibles en las zonas de frontera.

4.1. En relación con la distribución de combustibles en las zonas de frontera, se han expedido, entre otras, las siguientes normas, actualmente vigentes, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 285, 289 y 337 de la Carta Política:

a) De una parte, el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, en virtud del cual los gobernadores de departamentos en donde se encuentren ubicadas las unidades especiales de desarrollo fronterizo, podrán autorizar por concesión y previo el visto bueno del Ministerio de Minas, la distribución de combustibles dentro del territorio de la respectiva unidad por parte de empresas nacionales o del país vecino que tengan como objeto principal dicha actividad;

b) De la otra, Ley 488 de 1998, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales, en cuyo artículo 100 se le permite al legislador, en desarrollo del mandato consignado en el artículo 337 constitucional, establecer para las zonas de frontera, normas especiales en materia económica y social tendientes a promover su desarrollo. Allí se dispone que los gobernadores, previo visto bueno del Ministerio de Minas podrán celebrar contratos de concesión con Ecopetrol que tengan por objeto la distribución de combustibles derivados del petróleo, importados del país vecino para consumo en las zonas de frontera.

Es pertinente manifestar que este precepto determina, frente a lo que establece el artículo 19 de la ley 191 de 1995, unas exenciones tributarias para el caso en que los gobernadores consideren conveniente contratar la distribución de combustibles con Ecopetrol.

4.2. Lo que pretendió el legislador tanto con el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, como con el artículo 100 de la Ley 488 de 1998, fue extender las facultades contractuales de los gobernadores de las zonas de frontera y de las unidades especiales de desarrollo fronterizo, para lograr un adecuado equilibrio en materia de distribución de combustibles.

Ahora bien, en relación con la vigencia de las citadas disposiciones, debe señalar la Sala que las mismas presentan aspectos de complementación ya que son similares en su contenido, toda vez que apuntan a conceder a los gobernadores de las zonas fronterizas y de las unidades especiales, facultades para que de manera potestativa contraten por concesión, previo el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía, la distribución de combustibles en su territorio, bajo el criterio de la mayor favorabilidad para el desarrollo económico y social de la entidad. No son entonces los citados preceptos, excluyentes entre sí; presentan distintas opciones a los gobernadores para que tomen la decisión que más convenga a los intereses del departamento, los cuales no se oponen entre sí.

Adicionalmente, el artículo 154 de la Ley 488 de 1998, sobre derogatorias, no derogó expresamente el artículo 19 de la Ley 191 de 1995; tampoco se produce una derogatoria tácita, por cuanto se trata de normas que establecen distintas opciones en materia de distribución de combustibles. En efecto, el artículo 100 de la Ley 488 de 1998 establece un beneficio tributario diferente al establecido por el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, en razón a que aquél contempla la importación de combustible por Ecopetrol para ser distribuido en zonas de frontera y en unidades de desarrollo fronterizo, previa suscripción del contrato de concesión, estando exento de aranceles y otros gravámenes.

5.Exámen de los cargos formulados por el demandante.

Hechas las precisiones anteriores, procede la Corte a dar respuesta concreta a los cargos formulados por el demandante contra la norma acusada, en los siguientes términos:

5.1. El demandante señala que la norma acusada viola el principio de autonomía de los entes territoriales consagrado en los artículos 287, 298, 300-2, 303 y 305-2 de la Constitución Nacional, al establecer que los gobernadores de los departamentos fronterizos pueden celebrar con Ecopetrol contratos de concesión para la distribución de combustibles derivados del petróleo.

La Corte debe aclarar, de antemano, que la norma sub examine no impone a los gobernadores la obligación de suscribir los citados contratos con Ecopetrol; tan sólo los habilita, mediante el verbo rector “podrán”, para que éstos, de manera libre y discrecional, seleccionen a los concesionarios de esos contratos, teniendo a Ecopetrol como una de las posibilidades al momento de adoptar la decisión que más convenga al departamento ubicado en zona de frontera en materia de distribución de combustibles derivados del petróleo. Si por el contrario, dichos funcionarios, estiman que otras empresas nacionales o extranjeras ofrecen mejores condiciones, pueden optar por celebrar el contrato de concesión con éstas y no con Ecopetrol.

En consecuencia, en armonía con lo atrás expuesto sobre el régimen de los departamentos de frontera, reconociendo la vigencia tanto del artículo 19 de la Ley 191 de 1995, como del artículo 100 de la Ley 488 de 1998, la contratación por parte de los gobernadores de la distribución de combustibles en zonas fronterizas admite dos posibilidades: hacerlo con empresas nacionales o extranjeras diferentes de Ecopetrol, cuya actividad principal sea la distribución de combustibles derivados del petróleo, o hacerlo con la Empresa Colombiana de Petróleos.

Según se señaló en la exposición de motivos de la norma que se examina, la referencia a Ecopetrol como empresa con la cual los gobernadores de departamentos fronterizos pueden contratar la distribución de combustibles, obedece a que ésta es una entidad del Estado, con el carácter de empresa industrial y comercial, que tiene a su cargo la exploración, explotación y comercialización de combustibles derivados del petróleo, que dispone de los oleoductos y poliductos necesarios a lo largo de todo el territorio nacional para garantizar la distribución en el país. Dadas las características del mercado de combustibles en las zonas de frontera, donde se dan las circunstancias propicias para el contrabando de combustibles, habida cuenta del valor de éstos en el mercado y de su precio, que por la carga tributaria que soportan en nuestro país es superior al que se en los países vecinos, es válido y necesario que el Estado colombiano intervenga para asegurar que la distribución del combustible en dichas regiones por parte de empresas nacionales; así se otorgarán las garantías mínimas que permitan equiparar los precios con los de los países vecinos. Esto no sólo facilita enfrentar eficazmente el contrabando, sino en especial, fomentar la cooperación e integración entre los países vecinos.

Así las cosas, para la Corte, la disposición acusada, aún en el caso de que hubiése hecho obligatoria la contratación con Ecopetrol, no viola la autonomía propia de las entidades territoriales pues, como en numerosas providencias lo ha reconocido la corporación la autonomía de las entidades territoriales no es absoluta y puede ser restringida y encauzada por normas que como la acusada proyectan el ejercicio de las potestades especiales que al legislador atribuye la Constitución Política, para intervenir en la economía y en casos como el presente, según ya se expresó al efectuar el análisis de los artículos 289 y 337 de la Constitución Política y se desarrollará enseguida, para determinar condiciones y regímenes especiales sobre las zonas de frontera.

Por lo anterior, para la Sala es evidente que la disposición legal demandada no puede considerarse violatoria de la autonomía ni de la libre autodeterminación de los departamentos ubicados en zonas de frontera.

5.2. De otra parte, a juicio de la corporación, la afirmación del demandante según la cual la norma acusada establece un monopolio en favor de Ecopetrol, al señalar que los gobernadores de departamentos fronterizos celebrarán los citados contratos de concesión con la Empresa Colombiana de Petróleos, tampoco es de recibo. En efecto, el precepto legal en desarrollo de las potestades de intervención y de ordenación del régimen especial de las zonas de frontera bien puede determinar que dadas las condiciones especiales de esas zonas la distribución de combustibles derivados del petróleo se realice por la entidad estatal que conforme a la ley tiene como objeto la exploración, explotación y comercialización de combustibles derivados del petróleo, y dispone de los oleoductos y poliductos necesarios a lo largo de todo el territorio nacional para garantizar la distribución en el país. No obstante debe reiterarse que la norma establece una alternativa u opción en cabeza de los gobernadores para contratar, bien con Ecopetrol, bien con cualquier otra empresa dedicada a la distribución de combustibles.

Por consiguiente, concluye la Sala que la norma sujeta a examen, en concordancia con lo preceptuado por el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, garantiza la autonomía que el artículo 287 de la Carta Política reconoce a las entidades territoriales, en este caso a los departamentos ubicados en zonas de frontera, al facultar a los gobernadores a celebrar contratos de concesión para la distribución de combustibles con Ecopetrol.

5.3. La Corte, en relación con el cargo por la presunta violación del principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta Política, así como respecto de la libertad económica consagrada en el artículo 333 ibídem, en cuanto la norma acusada, a juicio del demandante, favorece a uno de los competidores en el suministro de gasolina, cual es Ecopetrol, constituyendo en su favor un monopolio que no persigue fines rentísticos, estima que el cargo no está llamado a prosperar, por las siguientes razones:

5.3.1. A juicio de la corporación no se configura en el caso de la norma sometida a revisión un trato discriminatorio ni un desconocimiento de la libertad económica, por cuanto las empresas nacionales o extranjeras que comercian con combustibles derivados del petróleo, gozan de libertad para presentar sus propuestas de distribución de combustibles en las zonas de frontera, y en consecuencia, pueden competir económicamente con otras empresas nacionales o extranjeras.

5.3.2. Cabe observar, en relación con el principio de igualdad, que la Constitución prohíbe los tratamientos discriminatorios, pero admite la diferenciación, cuando ésta esté objetiva y razonablemente justificada (C.P., art. 13). En el caso del artículo 100 de la Ley 488 de 1998, no se encuentra a juicio de la Sala un tratamiento discriminatorio, por cuanto, de una parte, no establece la obligación en cabeza de los gobernadores de departamentos fronterizos de celebrar contratos de concesión para la distribución de combustibles exclusivamente con Ecopetrol, sino por el contrario se reconoce la libertad del mandatario seccional de contratar con Ecopetrol o con cualquier otra empresa; se descarta así la formulación de un privilegio en favor de la empresa estatal, y de la otra, porque el Estado en aras de garantizar la prestación eficiente de un servicio público esencial —la distribución de combustibles en las zonas de frontera—, a través de una entidad oficial de carácter industrial y comercial, como lo es Ecopetrol, está habilitado constitucionalmente para otorgar, mediante ley, beneficios y prerrogativas tributarias y arancelarias especiales.

En efecto, una lectura integral de todo el precepto demandado, permite concluir sin duda que aunque sea facultativo de los gobernadores seleccionar a la persona con quien suscribirán el contrato de concesión, son mayores los beneficios que la entidad territorial recibirá por el hecho de contratar con Ecopetrol, en razón de las exenciones tributarias y arancelarias que la norma legal otorga al combustible que distribuye Ecopetrol importado del país vecino, para ser consumido en las zonas de frontera.

En cuanto al tratamiento que en materia tributaria y fiscal reconoce la norma legal a los entes territoriales de frontera por el hecho de contratar con Ecopetrol, estima la Corte que no es contrario al ordenamiento superior, por cuanto quien presta el servicio público es una entidad estatal, y está dirigido al cumplimiento de una de las finalidades del Estado, cual es la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos, lo que en el caso concreto se logra a través de garantizar el suministro de combustible en las zonas de frontera.

En el artículo 337 superior, en concordancia con los artículos 1º y 2º de la Constitución que aluden a las finalidades del Estado social de derecho, se encuentra el fundamento constitucional para que el legislador pueda adoptar medidas como la autorizada en la norma censurada, la cual según lo expresado por la corporación en la Sentencia C-076 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía, busca el acceso fácil de las comunidades asentadas en la zona de frontera a bienes y servicios básicos, como instrumento promotor de su desarrollo en los distintos órdenes. En efecto, dijo el citado fallo, que “si no se subsidiara el transporte de combustible en las zonas de frontera, su costo resultaría excesivamente gravoso para los usuarios del transporte, con la natural incidencia en otros sectores de la actividad económica, con perjuicio general para el desarrollo social y económico que el legislador debe promover en las zonas de frontera”.

Por lo anterior, cuando el artículo 337 de la Constitución Política autoriza al legislador para expedir regulaciones especiales en materia económica y social destinadas a promover el desarrollo económico y social de las zonas de frontera, está señalando una finalidad constitucional que el legislador puede satisfacer mediante la adopción de las medidas que contribuyen a realizarla. Es incuestionable, por lo tanto, que las prerrogativas tributarias y fiscales que la norma legal reconoce al transporte de combustibles a cargo de Ecopetrol en el precepto sub examine, es una concreción práctica y admisible del referido mandato constitucional.

En este mismo orden de ideas, comparte la Sala los razonamientos expuestos por el interviniente en nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del término legal, según el cual “no es lo mismo la distribución de combustible en zonas de frontera por una entidad oficial que por una privada, ya que ésta tiene la opción de escoger en dónde desarrolla su actividad, de manera que si no quiere hacerlo en zonas de frontera nadie lo puede obligar, mientras que el Estado coloca un ente oficial con prerrogativas tributarias que garanticen su suministro en esas zonas, buscando el beneficio de la comunidad asentada en esa zona”.

Por consiguiente, en el caso del artículo 100 demandado, se está frente a un evento típico donde el legislador ha establecido motivos justificados objetiva y razonablemente para darle un tratamiento tributario y fiscal más favorable a los combustibles que distribuye Ecopetrol en zonas de frontera, que hacen más propicia para los gobernadores de estos departamentos la celebración de contratos de concesión con la Empresa Colombiana de Petróleos que con otras empresas nacionales o extranjeras que tengan en su objeto principal la distribución de combustibles.

De esa forma, entonces, estima la Sala que no se configura la violación del principio de igualdad.

5.4. En cuanto a la presunta violación del derecho a la libre competencia económica, tampoco encuentra la Sala que la norma acusada vulnere el ordenamiento superior.

En efecto, la libertad económica ha sido concebida como una facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, con la finalidad de crear, mantener o incrementar un patrimonio. Las actividades que conforman dicha libertad están sujetas a limitaciones impuestas por la Constitución y las leyes, por razones de seguridad, salubridad, moralidad, utilidad pública o interés social. En términos generales, según la Corte Constitucional (4) , la libertad económica se halla limitada por toda forma de intervención del Estado en la economía y por el establecimiento de monopolios o la calificación de una determinada actividad como servicio público, la regulación del crédito, de las actividades comerciales e industriales. Esta presencia estatal puede manifestarse, como es sabido entre otras formas jurídicas y administrativas, mediante empresas industriales y comerciales o sociedades de economía mixta.

(4) Corte Constitucional. Sentencia T-425 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

De esa manera, las limitaciones a la libertad económica deben estar expresamente autorizadas por la ley, como quiera que el constituyente de 1991 pretendió no sólo ampliar su ámbito, sino rodearla de las garantías necesarias para su ejercicio.

Así las cosas, con la limitación que al ejercicio de la actividad económica regulada por el artículo 100 de la Ley 488 de 1998 se impone como consecuencia de tratarse de la prestación de un servicio público esencial, como lo es la distribución de combustibles derivados del petróleo, no se quebranta el ordenamiento superior, además de que el Estado por expreso mandato constitucional tiene la facultad de intervenir en la regulación de las actividades económicas. E igualmente, la contratación con Ecopetrol no conduce a la violación de la libertad económica, pues este derecho puede estar limitado por el legislador en aras de garantizar la intervención del Estado en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, especialmente de aquéllos que viven en las zonas de frontera.

Por consiguiente, tampoco prospera el cargo.

5.5. Finalmente, en relación con el cargo conforme al cual la norma demandada desconoce el carácter especial de las zonas de frontera reconocido por los artículos 289 y 337 de la Constitución, las que según el actor están instituidas para promover la integración y el desarrollo armónico de las regiones fronterizas y no para favorecer a una empresa oficial de uno de los países limítrofes, estima la Sala que éste no está llamado a prosperar, por cuanto el progreso armónico en las zonas de frontera se logra, entre otros, garantizando la efectividad del servicio público de distribución de combustibles.

En efecto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 289 de la Carta Política, por mandato legal los departamentos ubicados en las zonas de frontera podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.

Es evidente para la Corte, en armonía con las consideraciones expresadas, entonces, que las zonas de frontera están instituidas para promover la integración y el desarrollo armónico y comunitario de las regiones de países limítrofes, así como para lograr la prestación de servicios públicos, dentro de los parámetros que fije la ley, la que según lo dispuesto en el artículo 337 de la Constitución, podrá establecer para estas zonas normas especiales en materia económica y social tendientes a promover su desarrollo. Normas como la contenida en el artículo 100 de la Ley 488 de 1998, cuya finalidad es garantizar la prestación del servicio público de suministro y distribución de combustibles derivados del petróleo en las zonas de frontera, lo cual, a juicio de la Sala, se encuentra plenamente ajustado a los ordenamientos superiores contenidos en los artículos 2º, 289, 337, 365 y 366.

En consecuencia, el cargo no prospera.

6. La inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 100 de la Ley 488 de 1998.

De conformidad con el parágrafo de la disposición demandada “El Gobierno Nacional reglamentará la materia antes de noventa días”.

Sobre el particular, se debe tener en cuenta que esta corporación ha sostenido de manera permanente que el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución, “quien la conserva durante todo el tiempo de vigencia de la ley sobre la cual pueda recaer el reglamento para su cumplida ejecución, lo que significa que el legislador no puede someterla a ningún plazo...”(5).

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-066 de 1999. Magistrados ponentes Fabio Morón Díaz y Alfredo Beltrán Sierra.

Entonces, en la medida en que el parágrafo en mención señala un plazo dentro del cual el Presidente de la República debe ejercer esa función de reglamentación de la ley, es evidente que incurre en transgresión del ordenamiento superior y debe ser declarado inexequible, como así se hará en la parte resolutiva.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 100 de la Ley 488 de 1998, salvo su parágrafo que se declara INEXEQUIBLE.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

_______________________________