•Sentencia C-272 de abril 28 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2162

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Actor: Andrés Cardona Quintero

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 (parcial) de la Ley 282 de 1996, “Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones”.

Santafé de Bogotá, D.C., abril veintiocho de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Texto de las normas demandadas

LEY NÚMERO 282 DE 1996

(Junio 6)

“Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad pers1onal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones”.

El Congreso de la República,

DECRETA:

(...).

ART. 14.—Procedimiento abreviado. En los casos de flagrancia, en las investigaciones por delitos de secuestro, extorsión y conexos, de competencias de los jueces regionales, se dispondrá el cierre de la investigación a más tardar pasados cinco (5) días de ejecutoriada la providencia en la que se resuelva la situación jurídica que imponga medida de aseguramiento al sindicado.

En los eventos contemplados en el presente artículo, si se tratare de pluralidad de sindicados, se romperá la unidad procesal en relación a las personas respecto de las cuales no obrare prueba de flagrancia, de conformidad con lo previsto en el numeral segundo del artículo 980 del Código de Procedimiento Penal.

En los mismos eventos, en la etapa de juzgamiento los términos procesales se reducirán a la mitad.

(Se subraya lo demandado)

II. Fundamentos

Competencia

1. En los términos del artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda.

El problema planteado

2. El demandante y el ciudadano interviniente, coinciden en considerar que el procedimiento abreviado para los casos de flagrancia en la investigación y el juzgamiento de los delitos de secuestro, extorsión y conexos de competencia de la justicia regional, consagrado en los apartes acusados del artículo 14 de la Ley 282 de 1996, viola los derechos fundamentales a la igualdad (C.P., art. 13) y al debido proceso (C.P., art. 29). En relación con el primero, estiman que la situación de flagrancia no constituye una justificación objetiva y razonable que sirva para fundamentar el trato diferenciado que se otorga en materia de investigación y juzgamiento a los delitos de secuestro, extorsión y conexos. En relación con el segundo, manifiestan que la brevedad de los términos establecidos en la disposición acusada no permite un ejercicio adecuado del derecho de defensa y una investigación integral de los hechos. El demandante puntualiza que la norma acusada erige la flagrancia en una especie de atribución de responsabilidad, siendo que ésta tan sólo constituye un hecho más que, dentro del proceso, debe ser probado, investigado y evaluado.

El Fiscal General de la Nación y el director de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo solicitaron la declaratoria de inconstitucionalidad de los apartes demandados del artículo 14 de la Ley 282 de 1996. A juicio de los dos intervinientes, los términos establecidos en la norma antes mencionada son tan reducidos que contravienen el derecho fundamental a la defensa, como quiera que no permiten una adecuada contradicción de las pruebas y una investigación integral de los hechos en el caso de delitos que comportan penas particularmente gravosas. Consideran que lo anterior no sólo viola lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política sino, también, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención americana de derechos humanos. Además, el representante de la Defensoría del Pueblo estima que la disposición acusada vulnera el principio de igualdad al establecer, con fundamento en la situación de flagrancia, un tratamiento diferenciado en materia de investigación y juzgamiento de los delitos de secuestro, extorsión y conexos. En su opinión, la flagrancia no constituye un factor objetivo y razonable de diferenciación en el ámbito de la política criminal.

Tanto el Procurador General de la Nación como la apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho consideran que la norma demandada se aviene a los mandatos constitucionales y, por tanto, solicitan a la Corte que declare su exequibilidad. En general, señalan que las disposiciones acusadas del artículo 14 de la Ley 282 de 1996 no sólo persiguen otorgar a la flagrancia su “especial significación” como “indicio grave de responsabilidad”, sino, también, buscan evitar al máximo situaciones de impunidad en el caso de los delitos de secuestro y extorsión. Adicionalmente, indican que, en tratándose del delito de secuestro, la flagrancia ostenta el carácter de “prueba reina”, como quiera que, en la mayoría de los casos, los responsables de este hecho punible son capturados en flagrancia durante el allanamiento al lugar donde se encuentra retenida la persona secuestrada. Por último, manifiestan que, en la medida en que las etapas de investigación y juzgamiento son independientes, las determinaciones adoptadas y las pruebas recaudadas durante la primera pueden ser ampliamente controvertidas durante la segunda. Adicionalmente, el Procurador considera que los apartes demandados persiguen una finalidad que se enmarca en las disposiciones constitucionales (evita “un desgaste innecesario” de la administración de justicia) y se funda en una razón suficiente.

Conforme a lo anterior, deberá establecerse si el artículo 14 de la Ley 282 de 1996, al consagrar un procedimiento abreviado, es violatorio de principios constitucionales como el principio de igualdad (C.P., art. 13) o el del debido proceso (C.P., art. 29).

Los principios de igualdad y debido proceso en la legislación procesal penal

3. Según la jurisprudencia constitucional, el diseño y regulación de los procedimientos judiciales es uno de aquellos ámbitos dentro de los cuales el legislador ostenta un amplio poder de configuración normativa(1). Conforme a lo anterior, la ley puede establecer procedimientos diferenciados en razón de las controversias, los derechos y los intereses que tales procedimientos buscan reconocer o dirimir. No obstante, las diferenciaciones legales deben realizarse siempre dentro del respeto a lo que la Corte ha denominado el “principio de neutralidad del derecho procesal”, el cual busca la realización del principio de igualdad ante la ley en la órbita de los procesos judiciales y persigue “que todas las personas sean iguales ante la administración de justicia, tengan ante ella los mismos derechos e idénticas oportunidades, en orden a lograr el reconocimiento de sus derechos”(2).

En este sentido, la aplicación del principio de igualdad ante la ley al campo procesal recupera la importancia de ciertas formas en el Estado de derecho. Ciertamente, aunque el artículo 228 de la Constitución Política establece la primacía del derecho sustancial, ello no implica la disolución de toda forma en aras del logro de la justicia material. Por el contrario, esta última no sería del todo posible si los procedimientos judiciales, que constituyen el vehículo primigenio para el logro de la efectividad de los derechos materiales consagrados en las distintas normas jurídicas, no estuvieran sometidos a un rigorismo formal que garantice un acceso igualitario de todos los ciudadanos a la administración de justicia y evite actuaciones arbitrarias por parte de los jueces(3). Sin un mínimo de regulaciones formales que aseguren la regularidad de la actividad judicial, los derechos de los asociados quedarían librados a las veleidades personales de los jueces de turno, lo cual atentaría flagrantemente contra los principios más básicos del Estado de derecho.

4. A juicio de la Corte, el respeto por el principio de neutralidad procesal, que constituye reflejo directo de la igualdad ante la ley, requiere, entre otras cautelas, la guarda del que podría denominarse principio de universalidad de los procedimientos. Según este principio, el legislador debe abstenerse, hasta donde ello sea posible, de multiplicar el número de juicios y procedimientos y de establecer diferenciaciones dentro de los ya existentes. Conforme a esta idea, la diferenciación dentro de un proceso preexistente debe obedecer a una razón claramente fundada en la protección de un derecho o un bien constitucional.

Ahora bien, si las facultades de configuración política del legislador en materia de diseño y regulación de los procesos judiciales se encuentran limitadas por los principios de rigorismo formal y universalidad antes anotados, éstos se tornan aún más exigentes y necesarios en tratándose del procedimiento penal. Ciertamente, la Corte estima que el proceso penal, en cuanto manifestación del poder punitivo del Estado, se encuentra sometido a los principios de estricta legalidad y jurisdiccionalidad(4), motivo por el cual, en su diseño y regulación, el legislador se encuentra sometido a mayores restricciones que en tratándose de procesos judiciales que no se relacionan directamente con la libertad personal.

Con base en el aserto antes anotado, la Constitución ha limitado la posibilidad de que la ley establezca regímenes sustanciales y procedimentales distintos según el tipo de delito de que se trate. Dicha diferenciación sólo puede proceder en aquellos casos en que el trato diferenciado se justifique “en razón de factores objetivos que lo hagan necesario y no entrañe una suerte de discriminación proscrita por la Constitución”(5). Adicionalmente, toda diferenciación realizada por la ley procesal penal, debe observar “criterios de razonabilidad y proporcionalidad y respetar siempre las garantías del debido proceso y del derecho de defensa”(6).

5. En aplicación de la doctrina arriba enunciada, la jurisprudencia constitucional ha considerado ajustada a la Constitución Política la denominada justicia regional(7), a la cual pertenece la disposición demandada. La especialidad de la justicia regional se funda, esencialmente, en la restricción de ciertas garantías procesales, habida cuenta de la gravedad del tipo de delitos para cuyo juzgamiento e investigación tal jurisdicción especial fue establecida.

De manera resumida, puede decirse que la Corte ha considerado que el trato diferenciado que, en materia procedimental, se depara a los delitos de competencia de la justicia regional(8), se justifica en la necesidad de proteger a investigadores, jueces y testigos de los procedimientos intimidatorios que utiliza la delincuencia organizada para lograr que los delitos cometidos queden impunes(9).

Conforme a lo anterior, la Corte ha aceptado, por ejemplo, la viabilidad constitucional de los jueces(10) y testigos(11) con reserva de identidad y de la ausencia de audiencia pública en la etapa del juzgamiento en los procesos penales cuyo trámite debe surtirse ante la justicia regional(12).

Sin embargo, lo anterior no es óbice para que, dentro del entramado normativo que configura y regula la justicia regional, existan algunas disposiciones que tengan finalidades distintas a las que explican la creación de esta especial jurisdicción. En efecto, las normas que tienden a la protección de los derechos de los sindicados, o de la parte civil, las que buscan agilizar los trámites existentes o aquellas que persiguen una mejor coordinación entre las distintas entidades que pueden intervenir en la investigación, son un ejemplo de ello.

6. La misma jurisprudencia que ha avalado la restricción de garantías procesales dentro de la denominada “justicia sin rostro”, ha señalado que tales restricciones son aceptables a la luz de la normatividad constitucional siempre y cuando quede a salvo el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29). Dicho en otros términos, para que los mecanismos excepcionales resulten exequibles es necesario que se asegure “el derecho constitucional fundamental a la defensa y a la contradicción y sin olvidar ni desconocer los presupuestos constitucionales del debido proceso penal como son la presunción de inocencia y el derecho a ser oído y vencido en juicio(13).

En cuanto a este último aspecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en tanto se trata de formas especiales de administración de justicia en las cuales las garantías del debido proceso operan con ciertas restricciones, los procesos que se siguen ante la justicia regional deben tramitarse con un mayor “celo procedimental”(14) y deben estar revestidos de “garantías extremas para asegurar que no haya arbitrariedad judicial”(15). En particular, respecto a los términos a que deben sujetarse esta clase de procedimientos, la Corte ha estimado que “la naturaleza de los delitos de los cuales conocen los jueces regionales y las circunstancias en que se cometen dichos hechos punibles, implica mayores obstáculos para la recaudación de las pruebas correspondientes, lo cual conduce a la necesidad de prever un lapso mayor que el consagrado para los otros delitos con el fin de adelantar la investigación correspondiente en forma más acertada y completa”(16).

7. La disposición demandada, que hace parte de la regulación de la justicia regional, establece un procedimiento especial para la investigación y juzgamiento de ciertos delitos (secuestro, extorsión y conexos) cuando el implicado ha sido capturado en situación de flagrancia. La diferenciación consiste, fundamentalmente, en que se aplican todas las particularidades de la justicia regional, salvo aquella que hace relación a los términos, como quiera que, en estos casos, se acude a un procedimiento verdaderamente sumario.

Basta leer la norma demandada para comprender que la misma no persigue la finalidad para la que fue creada la justicia regional. En efecto, esta última pretende crear mecanismos de protección para los funcionarios judiciales y los testigos que participen en el correspondiente proceso penal mientras que, como será estudiado con posterioridad, la medida analizada persigue una mayor eficiencia en la investigación y juzgamiento de ciertos crímenes. Lo que la disposición impugnada persigue es la defensa de la libertad personal a través de la agilización de los procedimientos que se originan con ocasión de aquellos delitos que ponen en peligro el mencionado derecho.

En consecuencia, los argumentos que explican la exequibilidad de las normas legales sobre justicia regional que han sido estudiadas por la Corte, no son utilizables para explicar la constitucionalidad de las disposiciones que se estudian en esta oportunidad. Resulta necesario entonces, hacer un juicio de proporcionalidad orientado no por la finalidad genérica de la justicia regional sino por los objetivos específicos perseguidos por esta norma.

8. Las disposiciones demandadas establecen una restricción de las garantías procesales respecto de los restantes procesos que integran la justicia penal. Ahora bien, el tertium comparationis con base en el cual el legislador ha procedido a establecer el trato diferenciado en el caso de los delitos de secuestro, extorsión y conexos cuya investigación y juzgamiento corresponde a la justicia regional, está constituido por la situación de flagrancia en la comisión de los señalados hechos punibles.

En tales condiciones, la tarea del juez constitucional consiste en indagar por la existencia de una razón suficiente que sirva de fundamento al diseño de un procedimiento especial que, como el que se estudia, implica una notoria restricción de ciertas garantías procesales. En otras palabras, conforme a lo que ha sido estudiado, debe la Corte establecer si, a la luz del principio de igualdad ante la ley (v. supra), la flagrancia constituye razón suficiente para establecer un trato diferenciado frente al procedimiento ordinario de la justicia regional, consistente en la consagración de un proceso especial caracterizado por su brevedad.

9. Para resolver el problema jurídico antes planteado debe realizarse un juicio de igualdad particularmente estricto, toda vez que, en el ámbito del diseño y la regulación de los procesos judiciales, el legislador no sólo se encuentra sujeto al principio de neutralidad procesal sino que, además, por tratarse de una norma que forma parte del procedimiento penal, debe sujetarse a los principios de estricta legalidad y jurisdiccionalidad en que se funda toda manifestación del derecho punitivo del Estado y que, como se vio, imponen una importante restricción al establecimiento legal de distinciones y procedimientos especiales dentro del proceso penal (v. supra). Con base en el anotado juicio estricto de igualdad, deberá demostrarse que el trato diferenciado fundado en la situación de flagrancia responde a principios, valores o derechos imperiosos e inaplazables de mayor peso constitucional que las garantías plenas derivadas del derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29).

Estudio de la flagrancia como factor de diferenciación de la ley penal

10. A fin de estudiar la cuestión anotada, la Corte debe determinar cuál es la naturaleza jurídica de la flagrancia con el propósito de establecer si esta figura tiene una virtualidad suficiente como para servir de fundamento al trato diferenciado y a la restricción de garantías procesales operados por la norma demandada.

Según la jurisprudencia de esta corporación, “el concepto de flagrancia se refiere a aquellas situaciones en donde una persona es sorprendida y capturada en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible”(17). En este sentido, la flagrancia ha sido considerada, básicamente, como una excepción al régimen de estricta reserva judicial que, según la Constitución Política, rige en materias de privación de la libertad e inviolabilidad del domicilio (C P., art. 32)(18). Sobre esta cuestión, la Corte ha manifestado:

“La flagrancia corresponde a una situación actual que toma imperiosa la actuación inmediata de las autoridades, cuya respuesta pronta y urgente impide la obtención previa de la orden judicial para allanar y la concurrencia del fiscal a quien, en las circunstancias anotadas, no podría exigírsele que esté presente, ya que de tenerse su presencia por obligatoria el aviso que debería cursársele impediría actuar con la celeridad e inmediatez que las situaciones de flagrancia requieren, permitiendo, de ese modo, la reprochable culminación de una conducta delictiva que pudo haber sido suspendida merced a la penetración oportuna de la autoridad al lugar en donde se desarrollaba, o la evasión del responsable, situaciones éstas que se revelan contrarias a la Constitución Política que en su artículo 32 autoriza a las autoridades policiales y sólo a ellas, para allanar un domicilio sin orden judicial, en hipótesis como la analizada”(19).

En este sentido, la flagrancia constituye tan sólo una forma de “evidencia procesal”(20) que, como tal, debe ser probada dentro del proceso penal. Conforme a ello, esta corporación ha estimado que “de quien ha sido capturado en flagrancia se puede realizar un juicio de probabilidades sobre su responsabilidad, y en consecuencia, de la posible imposición de una pena, lo cual justifica que se tomen medidas tendientes a lograr no sólo su asistencia a la audiencia de juzgamiento, sino también a asegurar el cumplimiento de la sentencia en caso de fallo adverso”(21). Así mismo, la jurisprudencia ha considerado que si bien la flagrancia puede autorizar “ciertos tratamientos diferenciados en cuestiones de procedimiento”(22), ese trato distinto no puede implicar “una definición anticipada acerca de la responsabilidad del procesado”(23). Con base en estos parámetros interpretativos, la Corte ha considerado que el establecimiento de procedimientos más drásticos cuando medie la captura en flagrancia se ajusta a la Constitución Política, siempre y cuando el procesado tenga la oportunidad de “presentar sus descargos, solicitar pruebas, controvertir las que se aleguen en su contra e impugnar las decisiones que se profieran —la sentencia mediante el recurso de apelación, y las demás providencias interlocutorias mediante reposición—. Además, debe estar asistido siempre por un defensor (...)”(24).

En suma, la jurisprudencia constitucional admite la creación legal de procesos penales cuya especialidad se funde en la situación de flagrancia si (1) el diseño legal del procedimiento no equivale a una definición anticipada de la responsabilidad de la persona procesada; y, (2) el imputado tiene a su disposición todas las garantías derivadas del derecho de defensa (defensa técnica, posibilidad de presentar y controvertir pruebas y de impugnar las distintas decisiones que se produzcan a lo largo del proceso, etc.). Considera la Corte que lo anterior es equivalente al aserto formulado más arriba en esta sentencia, según el cual los tratos diferenciados en materia de procedimiento penal con base en la situación de flagrancia sólo son legítimos si se fundan en la protección de valores, principios o derechos de carácter imperioso e inaplazable de mayor peso constitucional que las garantías anejas al derecho fundamental al debido proceso.

Test de igualdad y juicio de proporcionalidad de las normas demandadas

11. En el caso sub examine, la reducción de los términos de las etapas de investigación y juzgamiento cuando medie flagrancia en la comisión de delitos de secuestro, extorsión y conexos de competencia de la justicia regional, ha sido justificada por la apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho en el hecho de que la flagrancia constituye un “indicio grave de responsabilidad” y en la necesidad de reducir al máximo la impunidad en relación con este tipo de delitos. Así mismo, la exposición de motivos de la Ley 282 de 1996 estableció:

“Se consagra un procedimiento abreviado para los casos de flagrancia, con el fin de lograr una mayor celeridad y economía en la tramitación de los procesos penales. La razón por la que se incluye esta disposición, está determinada por el grado de contabilidad y certeza al que se aproxima la flagrancia, sin desconocer que en la etapa de juicio se puede complementar la prueba durante el término que la ley concede para este fin”(25) (bastardilla de la Corte).

En resumen, el trato diferenciado consagrado en el artículo 14 de la Ley 282 de 1996 persigue la defensa de la libertad personal afectada por los delitos a los cuales se aplica. Para ello, otorga prioridad a razones de eficiencia penal que la llevan a erigir a la flagrancia, prácticamente, en plena prueba de la responsabilidad de los autores en la comisión de los mencionados delitos.

12. Como lo ha mencionado la Corte en reiteradas oportunidades, para que un trato disímil establecido por la ley sea constitucional, la diferenciación debe buscar una finalidad que se avenga con lo dispuesto por la Carta Política y ser adecuada, necesaria y estrictamente proporcionada a dicha finalidad.

La disposición acusada persigue la defensa de la libertad personal y obedece, básicamente, a razones de eficiencia y economía procesales en la tramitación del proceso penal. Dichas finalidades constituyen bienes de la máxima importancia desde la perspectiva constitucional (C.P., arts. 209 y 228) y, por lo tanto, el legislador debe defenderlos y promoverlos a través de leyes. De esta manera, nada obsta para que, con miras al logro de los objetivos mencionados, el legislador diseñe procedimientos especiales que, sin embargo, deben respetar el núcleo esencial del debido proceso y ser verdaderamente útiles, necesarios y estrictamente proporcionados respecto de la finalidad que persiguen.

13. En punto a la utilidad o idoneidad de la norma bajo estudio, debe la Corte precisar que el valor de la eficiencia procesal —y por esta vía de los bienes jurídicos tutelados por los delitos sometidos al trámite especial— no es una cuestión que se alcance por sí misma, mediante una drástica reducción del tiempo de duración de los procesos judiciales. A juicio de esta corporación, en materia procedimental, la eficiencia podría ser definida como el logro cabal y satisfactorio de todos los objetivos para los cuales ha sido establecido un determinado proceso en el menor tiempo posible. Conforme a lo anterior, una norma legal que, con miras a la efectividad del valor de la eficiencia procesal, reduce los términos de un determinado proceso judicial, puede ser considerada como útil o idónea para el logro de la finalidad anotada cuando tales términos, además de ser breves, permiten que, durante dicho lapso, los fines del proceso de que se trate pueden lograrse de manera amplia y suficiente.

14. En la mayoría de los casos, la estrechez de los plazos a que se encuentra sujeto el procedimiento abreviado consagrado en la norma demandada obliga a cerrar la investigación y a calificar el sumario con base en la flagrancia como prueba única en contra del imputado. En efecto, pese a que pueden existir importantes excepciones, en el corto plazo de cinco días que establece la norma demandada mal podrá desarrollarse una exhaustiva y completa tarea probatoria. Lo anterior, a juicio de esta corporación, no sólo viola el derecho fundamental al debido proceso del procesado, en la medida en que le impide el ejercicio de importantes actos de defensa (v. infra) sino que, además, contraviene la autonomía e independencia de la administración de justicia (C.P., art. 228) y la obligación que la Carta Política impone a la Fiscalía General de la Nación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado (C.P., art. 250). Lo anterior, porque la restricción que en materia de términos impone la norma demandada (de 18 meses a 5 días), obliga al funcionario investigador a cerrar la instrucción y a calificar el sumario sin haber podido ejercer a plenitud sus facultades inquisitivas.

En este sentido, la norma demandada sujeta al fiscal responsable de la investigación a una especie de tarifa probatoria en donde la flagrancia es la “prueba reina”, cuya sola constatación obliga a la producción de unos actos procesales (cierre y calificación) que, en circunstancias ordinarias, sólo pueden ser proferidos luego de un profundo debate probatorio. Todo lo anterior, en detrimento del principio de la sana crítica y de la autonomía e independencia que debe gobernar todas las actuaciones de los funcionarios judiciales.

En este punto, no sobra preguntarse por qué, si para el legislador la situación de flagrancia constituye prueba suficiente de la responsabilidad, sólo aplicó dicha regla para modificar el proceso de investigación y juzgamiento de algunos delitos, y no lo hizo extensivo a las restantes conductas delictivas. La respuesta es clara. La flagrancia es sólo una prueba más que, por sus circunstancias, debe ser objeto de plena controversia.

15. De otra parte, la Corte considera que la norma examinada no se aviene a los postulados que, en relación con la necesidad de una medida que establece un trato diferenciado en materia de procedimiento penal, se derivan de un juicio estricto de igualdad. Conforme a tales postulados, una diferenciación legal como la señalada sólo es constitucional si constituye el único instrumento al alcance del legislador para lograr la finalidad cuya consecución se persigue a través del trato diferenciado en cuestión o, dicho en otros términos, si no existen medios menos gravosos para lograr tal propósito.

A juicio de esta corporación es claro que el único medio disponible para el logro de procesos penales más eficientes no está constituido, en forma exclusiva, por la reducción de los términos a que se encuentran sometidos tales procesos, máxime si la reducción es de tal magnitud que, como se verá, las posibilidades de defensa del procesado resultan recortadas en forma sustancial. Ciertamente, como se estudió más arriba en esta providencia, la eficiencia procesal es un valor constitucional cuya finalidad consiste en que el objetivo de los procesos se logre de manera amplia y suficiente en el menor tiempo posible, lo cual pone en evidencia que este resultado puede obtenerse a través de múltiples vías alternativas a la mera reducción de términos. Así, por ejemplo, podría pensarse, entre otros instrumentos, en la utilización de más y mejores recursos tecnológicos que faciliten las labores investigativas de jueces y fiscales, en la supresión de aquellos trámites, formalidades y diligencias probadamente inútiles, en la vinculación de personal más capacitado y especializado e, incluso, en reducciones proporcionadas de los términos que no afecten el derecho de defensa de los procesados.

16. Por último, resta determinar si el trato diferenciado sometido a la consideración de la Corte es estrictamente proporcionado, es decir, si no sacrifica valores, principios o derechos que tengan un mayor peso que el principio que pretende satisfacer.

En el presente caso, en aras de la eficiencia y la economía procesales, se ha consagrado un procedimiento abreviado cuyos términos hacen prácticamente imposible el ejercicio del derecho de defensa por parte del imputado y restringen de manera evidente la labor inquisitiva del funcionario judicial competente. En el proceso penal consagrado en el artículo 14 de la Ley 282 de 1996, la etapa de investigación ha quedado reducida al brevísimo término de cinco días. Esta reducción no es de poca monta, como quiera que el término ordinario de duración de la etapa investigativa en los procesos de competencia de la justicia regional es de máximo 18 meses, salvo cuando se trate de tres o más delitos o sindicados, caso en el cual la investigación podrá durar un máximo de 30 meses (CPP, art. 329 in fine). En opinión de la Corte, un término de cinco días no permite que el imputado escoja a su propio defensor, controvierta adecuadamente la situación de flagrancia que se esgrime en su contra, llame a declarar a aquellas personas que podrían deponer en su favor y, en general, solicite las pruebas que podrían resultarle favorables y controvierta las que lo incriminan. Lo anterior resulta aún más gravoso si se tiene en cuenta la drasticidad de las penas que corresponden a los delitos cuya investigación y juzgamiento se lleva a cabo a través del procedimiento abreviado consagrado en las disposiciones acusadas. La pena imponible en el caso del secuestro extorsivo consiste en prisión de 25 a 40 años y en multa de 100 a 500 salarios mínimos legales mensuales (Código Penal, art. 268); en el caso de secuestro simple, la pena consiste en prisión de 6 a 25 años y multa de 100 a 200 salarios mínimos legales mensuales (Código Penal, art. 269) y, en el caso de la extorsión, la pena puede oscilar entre 4 y 30 años de prisión y la multa entre los 1.000 y los 2.000 salarios mínimos legales mensuales (Código Penal, art. 355).

Podría pensarse que el vicio de inconstitucionalidad que se deriva de la exigibilidad de los términos del procedimiento abreviado establecido en la norma acusada, resulta desvirtuado por el hecho de que el procesado tendrá oportunidades más amplias de emprender su defensa. Sin embargo, la Corte no acoge este planteamiento, como quiera que, tal como ha sido señalado por la jurisprudencia constitucional(26), la etapa de investigación en el proceso penal debe permitir el ejercicio integral de todas las garantías derivadas del derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que la conflictividad Estado-imputado se encuentra plenamente desarrollada en esta etapa procesal.

En estas circunstancias, la restricción que el trato diferenciado bajo examen impone a las garantías del debido proceso, en el sentido de que prácticamente anula cualquier oportunidad de defensa del procesado a lo largo del procedimiento abreviado establecido en el artículo 14 de la Ley 282 de 1996, es mucho mayor que los beneficios que, en materia de eficiencia procesal, entraña la anotada norma. Por estos motivos, esta última es manifiestamente desproporcionada.

17. Adicionalmente, los términos a que se encuentra sujeta la etapa de juzgamiento del proceso penal consagrado en la norma demandada también han sido drásticamente reducidos frente al término ordinario de duración de los procesos que se surten ante la justicia regional. Lo anterior determina la necesidad de establecer si este trato diferenciado se conforma o viola el principio de igualdad (C.P., art. 13).

Esta corporación estima que los argumentos que sustentan la inconstitucionalidad de la reducción de términos operada en la etapa de instrucción del procedimiento abreviado consagrado en el artículo 14 de la Ley 282 de 1996, son extensibles a la reducción de términos que también se produce en la etapa de juzgamiento del mismo proceso. Ciertamente, no se compadece con la gravedad de las penas que podrían ser impuestas a los eventuales responsables de la comisión de los delitos de secuestro, extorsión y conexos (v. supra) el hecho de que los términos de la etapa del juicio en el procedimiento abreviado constituyan la mitad del término de duración de la etapa de juzgamiento del proceso penal regional ordinario. La desproporción antes anotada se hace aún más grave y patente si se tiene en cuenta que la etapa del juicio de los procesos que se siguen ante la justicia regional se caracteriza por carecer de audiencia pública (v supra), lo cual, de por sí, constituye una importante restricción a las garantías procesales del imputado.

En los términos antes planteados, queda demostrado que el trato diferenciado establecido en los incisos 1º y 3º del artículo 14 de la Ley 282 de 1996 viola el principio de igualdad ante la ley (C.P., art. 13). En efecto, además de ser inidóneo para alcanzar la finalidad que persigue (eficiencia procesal) e innecesario, por existir medios menos gravosos para el logro de los fines buscados, restringe de manera desproporcionada las garantías derivadas del debido proceso frente a las eventuales ganancias que, en materia de eficiencia, podrían conseguirse a través del mismo. Consecuente con ello, habrá de declararse la inexequibilidad de las disposiciones normativas acusadas en la parte resolutiva de la presente sentencia.

Los argumentos que surgen del juicio de proporcionalidad adelantado por la Corte, además de demostrar una seria vulneración del principio de igualdad, originan algunos cuestionamientos en torno a una eventual lesión del derecho fundamental del debido proceso a causa de las normas demandadas. En definitiva, la duda que surge de la argumentación anterior es si las disposiciones demandadas, además de vulnerar el principio de igualdad de la ley penal, menoscaban el derecho a “un plazo razonable” al que, según la lectura sistemática de los artículos 29, Constitución Política, 7-5 y 8-1 de la Convención americana de derechos humanos (L. 16/72), deben someterse todos los procedimientos judiciales de derecho interno.

El proceso penal y el concepto de “plazo razonable”

18. En reiteradas oportunidades(27), la Corte ha establecido que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 del estatuto superior, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso de la República cuyas disposiciones no pueden ser suspendidas durante los estados de excepción, forman parte del denominado “bloque de constitucionalidad” y, por lo tanto, ostentan rango constitucional. En esta medida, se erigen en parámetro para efectuar el control constitucional de las normas cuya exequibilidad puede ser definida en última instancia por esta corporación.

Los artículos 7-5 y 8-1 de la Convención americana de derechos humanos, incorporada al derecho interno de Colombia mediante la Ley 16 de 1972, determinan que toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(28), el concepto de “plazo razonable” es aplicable a toda índole de procedimientos pero, sobre todo, al proceso penal. En este sentido, su función esencial consiste en “impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente”. Con base en los fallos judiciales proferidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materias similares(29), la Corte de San José ha indicado que la apreciación de la razonabilidad de los plazos o términos judiciales se lleva a cabo conforme a un test que comporta el examen de tres elementos: (1) la complejidad del asunto; (2) la actividad procesal del interesado; y, (3) la conducta de las autoridades públicas. En algunos casos, la jurisprudencia europea ha añadido un cuarto elemento consistente en el análisis de la importancia del litigio para el interesado. De igual modo, en otras oportunidades, el test antes anotado ha sido sustituido por un “análisis global del procedimiento”, con miras a la determinación de la razonabilidad del plazo(30).

Aunque los parámetros hermenéuticos diseñados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el análisis de la razonabilidad de los términos de los procesos judiciales no son estrictamente aplicables a los casos de irrazonabilidad de los mismos en razón de su exigüidad, esta corporación estima que los instrumentos analíticos antes mencionados son idóneos para ser aplicados al examen de una norma legal como la que se examina. No parecería absurdo pensar que el concepto de razonabilidad de los plazos judiciales consagrado en los artículos 7-5 y 8-1 de la Convención americana de derechos humanos resulta vulnerado tanto por la excesiva duración de un determinado procedimiento judicial como por la excesiva brevedad del mismo que sea capaz por sí sola de generar indefensión. De este modo, tras el “análisis global” del procedimiento de que se trate, así como del examen de la complejidad de los asuntos que se debaten a través del mismo, bien podría llegarse a la conclusión de que los términos a los que se encuentra sujeto el señalado procedimiento son irrazonablemente breves para lograr un reconocimiento o defensa cabales de los derechos en litigio y, por ende, se ajustan a la Constitución.

Se pregunta la Corte si, en el presente caso, el test que se desprende de las disposiciones contenidas en los artículos 7-5 y 8-1 de la Convención americana de derechos humanos, aplicado a los términos a que se encuentra sujeto el procedimiento abreviado consagrado en el artículo 14 de la Ley 282 de 1996, determina su irrazonabilidad. Si así fuera, sería necesario declarar la inconstitucionalidad de dicho término, como quiera que las normas de la anotada convención internacional forman parte del bloque de constitucionalidad (v. supra).

19. Según el Defensor del Pueblo y Fiscal General de la Nación (antecedentes 3 y 4), el “análisis global” del procedimiento abreviado por medio del cual se procede a la investigación y juzgamiento de los delitos de secuestro, extorsión y conexos de competencia de la justicia regional en casos de flagrancia (L. 282/96, art. 14), permite concluir que la brevedad de los términos a que se encuentra sometido el proceso anula o reduce a límites intolerables las posibilidades de defensa del imputado (v. supra). En su criterio, los mencionados términos no permiten probar adecuadamente los hechos históricos, desarrollar una correcta defensa y controvertir las pruebas, elementos todos que corresponden al núcleo esencial del debido proceso y que no pueden resultar restringidos ni siquiera en casos de flagrancia.

20. El procedimiento abreviado objeto de estudio, es altamente complejo, habida cuenta de que (1) es un procedimiento adscrito a la justicia regional, la cual opera con base en un esquema restringido de garantías procesales; (2) el asunto principal que se busca definir por vía del señalado proceso está constituido por la libertad personal de la persona imputada; y, (3) los delitos cuya investigación y juzgamiento se lleva a cabo a través del mencionado procedimiento se encuentran sujetos a penas particularmente elevadas (v. supra).

21. A juicio de la Corte, la complejidad de un determinado proceso judicial, en razón de los asuntos e intereses que se debaten a través del mismo, debe reflejarse, entre otras cuestiones, en los términos a que el correspondiente procedimiento se encuentre sujeto. En el presente caso, los plazos que gobiernan el procedimiento abreviado de que trata el artículo 14 de la Ley 282 de 1996, no se compadecen con la complejidad de los asuntos e intereses que se debaten a través del mismo, motivo por el cual tales términos son irrazonables y por ende, pugnan con lo establecido en los artículos 7-5 y 8-1 de la Convención americana de derechos humanos. Como fue establecido con anterioridad, no parece razonable fijar términos tan breves para investigar y juzgar la conducta de personas presuntamente responsables de la comisión de delitos de tanta monta social como el secuestro o la extorsión, sujetos a penas especialmente drásticas y cuyo juzgamiento e investigación se llevan a cabo dentro de una jurisdicción especial que opera con un esquema restringido de garantías procesales. En estos casos, es esencial permitir que los sindicados puedan ejercer todas sus posibilidades de defensa y, en particular, estén en posibilidad de controvertir adecuadamente las pruebas que obran en su contra, incluida la situación de flagrancia, estableciéndose así un contradictorio que permita alcanzar una definición de responsabilidades dotada de las máximas certeza y seguridad.

Por las razones que han sido expuestas, la Corte Constitucional declarará inexequible la excepción establecida en las normas demandadas.

22. El inciso segundo del artículo 14 de la Ley 282 de 1996 no fue demandado. Sin embargo, dicha disposición sólo tiene sentido en el contexto normativo creado por el primero y el tercer inciso del mismo artículo. En efecto, el contenido normativo del segundo inciso se encuentra inescindiblemente ligado al contenido de los otros dos apartados de la precitada disposición, de manera tal que, al desaparecer éstos, aquél carecerá por completo de eficacia jurídica. Por esta razón, la Corte procederá a integrar la correspondiente unidad normativa y a declarar la inexequibilidad de la totalidad del artículo 14 de la Ley 282 de 1996.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional.

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 14 de la Ley 282 de 1996.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Véanse, entre otras, las sentencias C-105/93 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-351/94 (M.P. Hernando Herrera Vergara); C-394/94 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); C-418/94 (M.P. Jorge Arango Mejía); C-078/97 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-407/97 (M.P. Jorge Arango Mejía); C-411/97 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(2) C-407/97 (M.P. Jorge Arango Mejía).

(3) Sobre la importancia de las formas en el derecho procesal del Estado social de derecho, véanse, entre otras, las sentencias T-431/92 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-450/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-250/94 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-416/94 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-65/94 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-190/95 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); T-347/95 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-546/95 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); C-078/97 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-502/97 (M.P. Hernando Herrera Vergara).

(4) Mientras que el primero de estos principios determina que los delitos se encuentren inequívocamente consagrados en una ley que exista previamente a la conducta humana que, conforme a esa ley, se considera delictuosa, el segundo requiere que las acusaciones en contra del acusado sean sometidas a una estricta verificación judicial y puedan ser ampliamente controvertidas por el imputado. Sobre la significación y alcance de estos principios en el Estado democrático de derecho contemporáneo, véase Luigi Ferrajoli, derecho y razón, Madrid, Trotta, 1995, pp. 34-38, 94-97, 373-385, 603-623.

(5) C-301/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(6) C-430/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(7) Véanse las sentencias C-053/93 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-093/93 (M.P. Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero); C-150/93 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-275/93 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); C-301/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-426/93 (M.P. Hernando Herrera Vergara); C-037/96 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-245/96 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-427/96 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-449/96 (M.P Vladimiro Naranjo Mesa); T-008/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(8) Según la sentencia C-053/93 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), estos delitos “son aquellos que mayor conmoción y más graves traumatismos han causado al orden público y a la convivencia social: terrorismo, narcotráfico, secuestros, extorsiones y homicidio de jueces y altos funcionarios, entre otros”.

(9). (Id).

(10) Véanse las sentencias C-053/93 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-245/96 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

(11) Véanse las sentencias C-053/93 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-150/93 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-275/93 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(12) Véanse las sentencias C-093/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-150/93 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-427/96 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(13) C-093/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(14) C-150/93 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(15) T-008/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(16) C-426/93 (M.P. Hernando Herrera Vergara).

(17) C-024/94 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(18) Véanse las sentencias C-024/94 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-657/96 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-198/97 (M.P. Fabio Morón Díaz). La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha expresado en este mismo sentido. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias de septiembre 9 de 1993 (M.P. Edgar Saavedra Rojas y Juan Manuel Torres Fresneda) y de agosto 19 de 1997 (M.P. Jorge E. Córdoba Poveda).

(19) C-657/96 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(20) C-024/94 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(21) C-430/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(22) C-198/97 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(23) Id.

(24) Id.

(25) Gaceta del Congreso, año IV, Nº 346, octubre 23 de 1995, p. 2.

(26) Véanse las sentencias C-411/93 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-412/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-426/93 (M.P. Hernando Herrera Vergara).

(27) Véanse las sentencias C-295/93 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-179/94 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-225/95 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-578/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-327/97 (M.P. Fabio Morón Díaz); C-191/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(28) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, sentencia de enero 29 de 1997, serie C, Nº 30, §§ 77-81; Caso Suárez Rosero, sentencia de noviembre 12 de 1997, serie C, Nº 35, §§ 67-75.

(29) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Motta, sentencia de febrero 19 de 1991, serie A, Nº 195A; Caso Ruiz Mateos c. España, sentencia de junio 23 de 1993 serie A, Nº 262.

(30) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Motta, sentencia de febrero 19 de 1991, serie A, Nº 195ª; caso Vernillo, sentencia de febrero 20 de 1991, serie A Nº 198; Caso Unión Alimentaria Sanders S.A., sentencia de julio 7 de 1991, serie A, Nº 157.

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