Sentencia C-274 de abril 12 de 2011

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente RE-172

Magistrada Sustanciadora:

Dra. María Victoria Calle Correa

Decreto Legislativo 4627 de 2010, “por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica y se modifica el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2010”.

Bogotá, D.C., doce de abril de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Texto del decreto

El siguiente es el texto del Decreto 4627 de 13 de diciembre de 2010, tal como aparece publicado en el Diario Oficial 47922

DECRETO 4627 DE 2010

(Diciembre 13)

(Diario Oficial 47922)

Por el cual se dictan disposiciones para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica y se modifica el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2010.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 4580 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 4580 de 2010, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública;

Que de conformidad con el considerando 3.6 del Decreto 4580 de 2010, las apropiaciones incluidas en la Ley 1365 de 2009, “por el cual se decreta de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010”, resultan insuficientes para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, por lo que es indispensable establecer disposiciones especiales inmediatas para destinar transitoriamente algunas rentas y reasignar otras existentes;

Que se hace necesario autorizar el gasto que permita la ejecución de los recursos correspondientes a través del Fondo Nacional de Calamidades, siendo indispensable realizar las modificaciones a la Ley 1365 de 2009 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010”,

DECRETA:

ART. 1º—Los ingresos y rentas del presupuesto nacional y de los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional o asimilados por la ley a estos, incluidos los fondos especiales y las contribuciones parafiscales que administran organismos que hacen parte del presupuesto general de la Nación señalados en el presente decreto legislativo, se destinarán a la atención de los gastos que se requieran para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

ART. 2º—Para conjurar la crisis, los recursos a que se refiere el presente decreto legislativo deberán transferirse al Fondo Nacional de Calamidades a que hace mención el Decreto 1547 de 1984. Los ordenadores de gasto transferirán directamente los citados recursos al Fondo Nacional de Calamidades mediante resolución expedida en la presente vigencia fiscal.

ART. 3º—Contracréditos al presupuesto de gastos o Ley de Apropiaciones. Efectúanse los siguientes contracréditos en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($ 402.587.314.790) moneda legal, según el siguiente detalle(1):

Prog
Subp
Concepto
Aporte nacional
Recursos propios
Total


Sección 0201





Presidencia de la República





Contracréditos de funcionamiento
1.438.400.161

1.438.400.161


Total contracréditos sección
1.438.400.161

1.438.400.161


Sección 0210





Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social.





Contra créditos de inversión
1.294.629.660

1.294.629.660
530

Atención, control y organización institucional para el apoyo a la gestión del Estado
1.294.629.660

1.294.629.660

100
Intersubsectorial gobierno
1.294.629.660

1.294.629.660


Total contracréditos sección
1.294.629.660

1.294.629.660


Sección 0301





Departamento Administrativo Nacional de Planeación





Contracréditos de inversión
3.043.938.984

3.043.938.984
510

Asistencia técnica divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado



2.000.000.000




2.000.000.000

1000
Intersubsectorial gobierno
2.000.000.000

2.000.000.000
530

Atención, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Estado


1.043.938.984



1.043.938.984

1000
Intersubsectorial gobierno
1.043.938.984

1.043.938.984


Total contracréditos sección
3.043.938.984

3.043.938.984


Sección 0325





Fondo Nacional de Regalías





Contracréditos de inversión
102.000.000.000

102.000.000.000
630

Transferencias
102.000.000.000

102.000.000.000

100
Intersubsectorial gobierno
102.000.000.000

102.000.000.000


Total contracréditos sección
102.000.000.000

102.000.000.000


Sección 0403





Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC





Contracréditos de inversión
1.903.817.134

1.903.817.134
440

Actualización de información para procesamiento
1.903.817.134

1.903.817.134

100
Intersubsectorial gobierno
1.903.817.134

1.903.817.134


Total contracréditos sección
1.903.817.134

1.903.817.134


Sección 0503





Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)





Contracréditos de inversión
4.336.631.001

4.336.631.001
112

Adquisición de infraestructura propia del sector
2.941.923

2.941.923

705
Educación superior
2.941.923

2.941.923
123

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
4.522.702

4.522.702

705
Educación superior
4.522.702

4.522.702
310

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano
3.345.043

3.345.043

1000
Intersubsectorial gobierno
3.345.043

3.345.043
410

Investigación básica, aplicada y estudios
122.846.535

122.846.535

705
Educación superior
122.846.535

122.846.535
510

Asistencia técnica, divulgación y capacitación a funcionarios del Estado para apoyo a la administración del Estado
1.686.948.059

1.686.948.059

700
Intersubsectorial educación
37.879.355

37.879.355

1000
Intersubsectorial gobierno
934.389.491

934.389.491

1501
Asistencia directa a la comunidad
714.679.213

714.679.213
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado
2.513.674.243

2.513.674.243

705
Educación superior
574.465.628

574.465.628

1000
Intersubsectorial gobierno
1.939.208.615

1.939.208.615
530

Atención, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Estado
2.352.496

2.352.496

705
Educación superior
2.352.496

2.352.496


Total contracréditos sección
4.336.631.001

4.336.631.001


Sección: 0602





Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad





Contracréditos de funcionamiento
3.361.535.540

3.361.535.540


Total contracréditos sección
3.361.535.540

3.361.535.540


Sección 1301





Ministerio de Hacienda y Crédito Público





Contracréditos de funcionamiento
20.0000.000.000

20.0000.000.000


Contracréditos de inversión
41.775.000.000

41.775.000.000
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado
30.000.000.000

30.000.000.000

1000
Intersubsectorial gobierno
30.000.000.000

30.000.000.000
630

Transferencias
11.775.000.000

11.775.000.000

1000
Intersubsectorial gobierno
11.775.000.000

11.775.000.000


Total contracréditos sección
61.775.000.000

61.775.000.000


Sección: 1701





Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural





Contracréditos de inversión
650.000.000

650.000.000
221

Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos
650.000.000

650.000.000

1100
Intersubsectorial agropecuario
650.000.000

650.000.000


Total contracréditos sección
650.000.000

650.000.000


Sección 1713





Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Incoder





Contracréditos de inversión
1.580.254.212

1.580.254.212
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado
1.580.254.212

1.580.254.212

1100
Intersubsectorial agropecuario
1.580.254.212

1.580.254.212


Total contracréditos sección
1.580.254.212

1.580.254.212


Sección: 2101





Ministerio de Minas y Energía





Contracréditos de inversión
2.134.866.270

2.134.866.270
310

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano
973.000.000

973.000.000

202
Pequeña y mediana industria
973.000.000

973.000.000
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado
348.166.270

348.166.270

506
Recursos naturales energéticos no renovables
348.166.270

348.166.270
630

Transferencias
813.700.000

813.700.000

500
Intersubsectorial energía
813.700.000

813.700.000


Total contracréditos sección
2.134.866.270

2.134.866.270


Sección: 2103





Instituto Colombiano de Geología y Minería-Ingeominas





Contracréditos de funcionamiento

241.900.000
241.900.000


Contracréditos de inversión

7.520.000.000
7.520.000.000
410

Investigación básica, aplicada y estudios

5.855.000.000
5.855.000.000

207
Minería

5.855.000.000
5.855.000.000
430

Levantamiento de información para procesamiento

1.665.000.000
1.665.000.000

207
Minería

878.000.000
878.000.000

506
Recursos naturales energéticos no renovables

787.000.000
787.000.000


Total contracréditos sección

7.761.900.000
7.761.900.000


Sección: 2111





Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH





Contracréditos de funcionamiento

5.000.000.000
5.000.000.000


Contracréditos de inversión

29.846.636.397
29.846.636.397
111

Construcción de infraestructura propia del sector

1.046.762.540
1.046.762.540

506
Recursos naturales energéticos no renovables

1.046.762.540
1.046.762.540
211

Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector

2.067.852.497
2.067.852.497

506
Recursos naturales energéticos no renovables

2.067.852.497
2.067.852.497
410

Investigación básica, aplicada y estudios

26.732.021.360
26.732.021.360

506
Recursos naturales energéticos no renovables

26.732.021.360
26.732.021.360


Total contracréditos sección

34.846.636.397
34.846.636.397


Sección: 2201





Ministerio de Educación Nacional





Contracréditos de inversión
1.997.000.000

1.997.000.000
310

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano
1.250.000.000

1.250.000.000

705
Educación superior
1.250.000.000

1.250.000.000
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado
175.000.000

175.000.000

700
Intersubsectorial educación
175.000.000

175.000.000
620

Subsidios directos
572.000.000

572.000.000

703
Educación secundaria
572.000.000

572.000.000


Total contracréditos sección
1.997.000.000

1.997.000.000


Sección: 2306





Fondo de tecnologías de la información y las comunicaciones





Contracréditos de funcionamiento

693.950.000
693.950.000


Contracréditos de inversión

6.790.000.000
6.790.000.000
211

Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector

6.440.000.000
6.440.000.000

400
Intersubsectorial comunicaciones

6.440.000.000
6.440.000.000
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado

350.000.000
350.000.000

400
Intersubsectorial comunicaciones

350.000.000
350.000.000


Total contracréditos sección

7.483.950.000
7.483.950.000


Sección: 2402





Instituto Nacional de Vías





Contracréditos de inversión
2.564.970.562
3.015.105.048
5.580.075.610
113

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
1.414.693.934
1.518.030.167
2.932.724.101

601
Red troncal nacional

1.518.030.167
1.518.030.167

606
Transporte fluvial
1.414.693.934

1.414.693.934


Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector



1.497.074.881


1.497.074.881


Intersubsectorial transporte

1.497.074.881
1.497.074.881
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado


1.150.276.628





1.150.276.628

600
Intersubsectorial transporte
1.150.276.628

1.150.276.628


Total contracréditos sección
2.564.970.562
3.015.105.048
5.580.075.610


Sección: 2412





Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil





Contracréditos de funcionamiento

8.800.000.000
8.800.000.000


Contracréditos de inversión
564.000.000

564.000.000
111

Construcción de infraestructura propia del sector
564.000.000

564.000.000

608
Transporte aéreo
564.000.000

564.000.000


Total contracréditos sección
564.000.000
8.800.000.000
9.364.000.000


Sección: 2701





Rama Judicial





Contracréditos de funcionamiento

3.436.095.286
3.436.095.286


Total contracréditos sección

3.436.095.286
3.436.095.286


Sección: 2901





Fiscalía General de la Nación





Contracréditos de funcionamiento
600.000.000

600.000.000


Total contracréditos sección
600.000.000

600.000.000


Sección: 2902





Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses





Contracréditos de funcionamiento
600.000.000

600.000.000


Total contracréditos sección
600.000.000

600.000.000


Sección: 3241





Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda





Contracréditos de inversión
32.415.990.000

32.415.990.000
111

Construcción de infraestructura propia del sector
32.415.990.000

32.415.990.000

1402
Soluciones de vivienda urbana
32.415.990.000

32.415.990.000


Total contracréditos sección
32.415.990.000

32.415.990.000


Sección: 3301





Ministerio de Cultura





Contracréditos de inversión
698.111.631

698.111.631
310

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano
115.220.831

115.220.831

709
Arte y cultura
115.220.831

115.220.831
620

Subsidios directos
582.890.800

582.890.800

709
Arte y cultura
582.890.800

582.890.800


Total contracréditos sección
698.111.631

698.111.631


Sección: 3501





Ministerio de Comercio, Industria y Turismo





Contracréditos de inversión
3.128.123.687

3.128.123.687
430

Levantamiento de información para procesamiento
600.000.000

600.000.000

605
Comercio exterior
600.000.000

600.000.000
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado
2.528.123.687

2.528.123.687

200
Intersubsectorial industria y comercio
745.873.206

745.873.206

201
Microempresa e industria artesanal
1.782.250.481

1.782.250.481


Total contracréditos sección
3.128.123.687

3.128.123.687


Sección: 3503





Superintendencia de Industria y Comercio





Contracréditos de inversión
231.730.000

231.730.000
211

Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector
231.730.000

231.730.000

200
Intersubsectorial industria y comercio
231.730.000

231.730.000


Total contracréditos sección
231.730.000

231.730.000


Sección: 3504





Unidad Administrativa Especial Junta Central. Contadores





Contracréditos de inversión

142.200.000
142.200.000
122

Adquisición de infraestructura administrativa

142.200.000
142.200.000

200
Intersubsectorial industria y comercio

142.200.000
142.200.000


Total contracréditos sección

142.200.000
142.200.000


Sección: 3601





Ministerio de la Protección Social





Contracréditos de funcionamiento
421.900.000

421.900.000


Contracréditos de inversión
50.614.504.625

50.614.504.625
630

Transferencias
50.614.504.625

50.614.504.625

304
Servicios integrales de salud
50.614.504.625

50.614.504.625


Total contracréditos sección
51.036.404.625

51.036.404.625


Sección: 3602





Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)





Contracréditos de funcionamiento

3.378.600.000
3.378.600.000


Total contracréditos sección

3.378.600.000
3.378.600.000


Sección: 3603





Fondo de Previsión Social del Congreso





Contracréditos de funcionamiento
3.048.411.320
100.000.000
3.148.411.320


Total contracréditos sección
3.048.411.320
100.000.000
3.148.411.320


Sección 3605





Fondo de pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia





Contracréditos de funcionamiento
752.229.000

752.229.000


Total contracréditos sección
752.229.000

752.229.000


Sección: 3607





Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)





Contracréditos de funcionamiento

8.799.437.000
8.799.437.000


Total contracréditos sección

8.799.437.000
8.799.437.000


Sección: 3610





Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud-CRES





Contracréditos de funcionamiento

2.663.000.000
2.663.000.000


Total contracréditos sección

2.663.000.000
2.663.000.000


Sección : 3701





Ministerio del Interior y de Justicia





Contracréditos de funcionamiento
3.000.000.000

3.000.000.000


Contracréditos de inversión
3.287.289.882

3.287.289.882
113

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
744.226.000

744.226.000

802
Sistema penitenciario y carcelario
744.226.000

744.226.000
310

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano
1.407.899.378

1.407.899.378

800
Intersubsectorial justicia
1.407.899.378

1.407.899.378
520

Administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado
1.135.164.504

1.135.164.504

800
Intersubsectorial justicia
1.135.164.504

1.135.164.504


Total contracréditos sección
6.287.289.882

6.287.289.882


Sección: 3703





Dirección Nacional del Derecho de Autor





Contracréditos de funcionamiento
48.899.909

48.899.909


Total contracréditos sección
48.899.909

48.899.909


Sección: 3704





Corporación nacional para la reconstrucción de la cuenca del río Paez y zonas aledañas Nasa Ki we





Contracréditos de funcionamiento
64.686.911

64.686.911


Total contracréditos sección
64.686.911

64.686.911


Sección: 305





Superintendencia de Notariado y Registro





Contracréditos de funcionamiento

13.296.198.863
13.296.198.863


Total contracréditos sección

13.296.198.863
13.296.198.863


Sección: 3706





Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec





Contracréditos de funcionamiento
13.800.000.000

13.800.000.000


Total contracréditos sección
13.800.000.000

13.800.000.000


Sección : 3707





Dirección Nacional de Estupefacientes





Contracréditos de funcionamiento
69.172.353

69.172.353


Contracréditos de inversión
38.099.354

38.099.354
310

Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano
38.099.354

38.099.354

800
Intersubsectorial justicia
38.099.354

38.099.354


Total contracréditos sección
107.271.707

107.271.707


Sección: 3901





Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación





Contracréditos de inversión
2.000.000.000

2.000.000.000
123

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
2.000.000.000

2.000.000.000

1000
Intersubsectorial gobierno
2.000.000.000

2.000.000.000


Total contracréditos sección
2.000.000.000

2.000.000.000


Total contracréditos
304.602.120.941
97.985.193.849
402.587.314.790

 

ART. 4º—Créditos al presupuesto general de la Nación. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, ábranse los siguientes créditos en el presupuesto de gastos o Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2010 en la suma de cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($ 402.587.314.790) moneda legal, según el siguiente detalle(2):

Prog
Subp
Concepto
Aporte nacional
Recursos propios
Total


Sección: 0325





Fondo Nacional de Regalías





Créditos de funcionamiento
102.000.000.000

102.000.000.000


Total créditos sección
102.000.000.000

102.000.000.000


Sección: 0503





Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)





Créditos de funcionamiento

4.336.601.001
4.336.601.001


Total créditos sección

4.336.601.001
4.336.601.001


Sección: 0602





Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad





Créditos de funcionamiento

3.361.535.540
3.361.535.540


Total créditos sección

3.361.535.540
3.361.535.540


Sección: 2101





Ministerio de Minas y Energía





Créditos de funcionamiento
813.700.000

813.700.000


Total créditos sección
813.700.000

813.700.000


Sección: 2103





Instituto Colombiano de Geología y Minería-Ingeominas





Créditos de funcionamiento

7.761.900.000
7.761.900.000


Total créditos sección

7.761.900.000
7.761.900.000


Sección: 2111





Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH





Créditos de funcionamiento

34.846.636.397
34.846.636.397


Total créditos sección

34.846.636.397
34.846.636.397


Sección: 2306





Fondo de tecnologías de la información y las comunicaciones





Créditos de funcionamiento

7.483.950.000
7.483.950.000


Total créditos sección

7.483.950.000
7.483.950.000


Sección: 2402





Instituto Nacional de Vías





Créditos de funcionamiento

3.015.105.048
3.015.105.048


Total créditos sección

3.015.105.048
3.015.105.048


Sección: 2412





Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil





Créditos de funcionamiento

8.800.000.000
8.800.000.000


Total créditos sección

8.800.000.000
8.800.000.000


Sección: 3504





Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores





Créditos de funcionamiento

142.200.000
142.200.000


Total créditos sección

142.200.000
142.200.000


Sección: 3601





Ministerio de la Protección Social





Créditos de funcionamiento

50.614.504.625
50.614.504.625


Total créditos sección

50.614.504.625
50.614.504.625


Sección: 3602





Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)





Créditos de funcionamiento

3.378.600.000
3.378.600.000


Total créditos sección

3.378.600.000
3.378.600.000


Sección: 3603





Fondo de Previsión Social del Congreso





Créditos de funcionamiento

100.000.000
100.000.000


Total créditos sección

100.000.000
100.000.000


Sección: 3607





Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)





Créditos de funcionamiento

8.799.437.000
8.799.437.000


Total créditos sección

8.799.437.000
8.799.437.000


Sección: 3610





Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud-CRES





Créditos de funcionamiento

2.663.000.000
2.663.000.000


Total créditos sección

2.663.000.000
2.663.000.000


Sección: 3701





Ministerio del Interior y de Justicia





Créditos de funcionamiento
151.173.916.316

151.173.916.316


Total créditos sección
151.173.916.316

151.173.916.316


Sección: 3705





Superintendencia de Notariado y Registro





Créditos de funcionamiento

13.296.198.863
13.296.198.863


Total créditos sección

13.296.198.863
13.296.198.863


Total créditos
304.602.120.941
97.985.193.849
402.587.314.790

 

ART. 5º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación(3).

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 13 de diciembre de 2010.

Juan Manuel Santos Calderón

El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuellar.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Carlos Echeverry Garzón.

El Ministro de Defensa Nacional,

Rodrigo Rivera Salazar.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Juan Camilo Restrepo Salazar.

El Ministro de la Protección Social,

Mauricio Santamaría Salamanca.

El Ministro de Minas y Energía,

Carlos Enrique Rodado Noriega.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Sergio Díaz-Granados Guida.

La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Beatriz Helena Uribe Botero.

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Diego Ernesto Molano Vega.

El Ministro de Transporte,

Germán Cardona Gutiérrez.

La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

(...).

V. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos dictados en ejercicio de las facultades derivadas del artículo 215 de la Constitución, según lo dispuesto en el artículo 241 numeral 7º de la Carta Política.

2. El Decreto Legislativo 4627 de 2010 cumple los requisitos formales de las normas de emergencia.

Con relación a los requisitos formales que el decreto legislativo revisado debe cumplir, la Corte observa que el Decreto 4627 de 2010: (1) se dictó en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4580 de 2010, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública en todo el territorio nacional; (2) está firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros; (3) tiene una parte motiva que se refiere a la necesidad de conjurar la emergencia declarada mediante el Decreto 4580 de 2010 y versa sobre la necesidad de aumentar los recursos disponibles legalmente para enfrentar las consecuencias de la crisis dejada por la ola invernal, concretamente; y (4) fue expedido el 13 de diciembre de 2010, es decir, dentro del término de los treinta (30) días de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarado por el mencionado decreto (D. 4580/2010, dic. 7).

En conclusión, el decreto es constitucional, en lo que al cumplimiento de los requisitos formales, constitucionalmente exigidos.

3. La declaratoria del estado de emergencia (D. 4580/2010), fue controlada y declarada exequible .

Mediante Sentencia C-156 de 2011(15) la Corte Constitucional encontró exequible el Decreto 4580 de 2010, por el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública en todo el territorio nacional. El decreto bajo estudio fue dictado en ejercicio de las competencias derivadas de dicho decreto, por lo cual la Corte está habilitada para adelantar el estudio de constitucionalidad correspondiente.

Adicionalmente, la Corte puede adelantar la revisión del Decreto Legislativo 4627 de 2010 porque el mismo se dictó el 29 de diciembre de 2010, esto es, dentro del término de 30 días que fijó el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010 como término de duración del estado de emergencia económica, social y ecológica.

4. Examen material del Decreto Legislativo 4627 de 2010.

4.1. Medidas adoptadas, objeto de control.

El Decreto Legislativo 4627 de 2010 está conformado por cinco artículos que adoptan las medidas necesarias para incluir, dentro del presupuesto nacional, los recursos suficientes para enfrentar los costos básicos de los efectos de la crisis por la ola invernal, en especial, para el cubrimiento de los costos de la ayuda de emergencia humanitaria para las familias damnificadas.

4.1.1. Concretamente, el gobierno adoptó el Decreto Legislativo 4627 de 2010, teniendo en cuenta (i) la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica, por grave calamidad pública (D. 4580/2010); (ii) que de conformidad con el considerando 3.6 de dicho decreto, las apropiaciones incluidas en la Ley 1365 de 2009, “por el cual se decreta de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010”, resultan insuficientes para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, por lo que es indispensable establecer disposiciones especiales inmediatas para destinar transitoriamente algunas rentas y reasignar otras existentes; y (iii) que se hace necesario autorizar el gasto que permita la ejecución de los recursos correspondientes a través del Fondo Nacional de Calamidades, siendo indispensable realizar las modificaciones a la citada ley (L. 1365/2009).

4.1.2. El primero de los artículos, se ocupa de establecer la finalidad a la cual se deben dirigir los recursos que se adicionan, al indicar que se “destinarán a la atención de los gastos que se requieran para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, los ingresos y las rentas que hacen parte del presupuesto general de la Nación, “señalados en el presente decreto” (D.L. 4627/ 2010). Entre los recursos que se destinan a la atención de los gastos para conjurar la crisis invernal e impedir la extensión de sus efectos, se incluyen partidas correspondientes a contribuciones parafiscales que administran organismos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, cuyo manejo no está a cargo de organismos privados. Para lograr tal cometido, el segundo artículo dispone que se transfieran directamente los recursos al Fondo Nacional de Calamidades del Decreto 1547 de 1984, mediante resolución expedida durante la vigencia fiscal de aquel momento. El tercer artículo se ocupa de establecer contracréditos en el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, por la suma de cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($ 402.587.314.790) moneda legal, de acuerdo con el detalle especificado por el cuadro contemplado por la norma. Con base en tales contracréditos, el cuarto artículo del decreto controlado, abre créditos en el presupuesto de gastos o Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2010, también en la suma de cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($ 402.587.314.790) moneda legal, según el detalle, contemplado en el cuadro que incluye la norma. Finalmente, el artículo quinto establece la vigencia de la norma, indicando que el decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

4.1.3. Corresponde a esta Sala, por tanto, resolver si las normas que conforman el Decreto Legislativo 4627 de 2010, promulgadas por el Presidente de la República en virtud de la emergencia económica, social y ambiental declarada por medio del Decreto 4580 de 2008, se ajustan a la Constitución y a la ley estatutaria que regula los estados de excepción (L. 137/94). En otras palabras, debe la Corte establecer si la adición presupuestal por un monto de cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($ 402.587.314.790), destinada a la atención humanitaria de emergencia de las familias damnificadas por la ola invernal, por medio del Fondo Nacional de Calamidades, es una medida que cumple con los requisitos materiales exigidos por la Constitución.

4.1.4. Con el propósito de examinar las medidas descritas, en primer término, la Corte describirá la jurisprudencia de la corporación respecto de los requisitos de constitucionalidad de los decretos que establecen medidas para confrontar una emergencia económica, social o ecológica, así como los juicios de debida motivación y no discriminación, al tenor del mandato constitucional contenido en el artículo 215 superior y de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, con el fin de verificar si se encuentran en relación de conexidad, necesidad y proporcionalidad con la declaración de la emergencia económica, social y ecológica. En segundo término, la Sala evaluará el Decreto Legislativo 4627 de 2010 a la luz de tales requisitos.

4.2. Marco del ejercicio de las facultades legislativas por parte del gobierno durante el estado de emergencia económica, social y ecológica.

Esta Corte ha revisado en varias oportunidades decretos que contienen medidas encaminadas a superar estados de emergencia económica, social o ecológica, ocasiones en la que ha reiterado que únicamente dentro del respeto a los principios del constitucionalismo se puede entender como legítima la utilización de los poderes excepcionales en cabeza del ejecutivo(16).

Los límites constitucionales al actuar del gobierno se encuentran plasmados en varias fuentes: (i) el propio texto de la Carta, (ii) la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, y (iii) los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, en especial los que por su función prevalecen en el orden interno en virtud del artículo 93 de la Carta(17).

Con fundamento en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Estados de Excepción y teniendo en cuenta la jurisprudencia en la materia, a continuación se realiza un resumen de los requisitos que deben cumplir los decretos legislativos dictados al amparo de dicha emergencia(18). Los pasos metodológicos que según la jurisprudencia deben seguirse en el examen de tales medidas son los siguientes:

4.2.1. El juicio de conexidad material(19), que estudia si las medidas adoptadas se refieren a la misma materia de las causas que justificaron la declaratoria del estado de excepción. Este juicio lo establece expresamente el artículo 215 de la Carta y ha sido desarrollado por la Ley Estatutaria de Estados de Excepción(20). Específicamente respecto de las medidas concebidas en un estado de emergencia económica y social, la conexidad puede ser definida de acuerdo a dos elementos:

(i) las medidas han de estar dirigidas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. De esta manera, el objetivo de las medidas únicamente ha de ser el de superar la emergencia por la que se declaró la excepción. No es admisible una medida que tenga otras finalidades(21).

(ii) En cuanto a la materia sobre la cual tratan las medidas adoptadas, esta ha de tener una relación directa y específica con los temas de que trata la crisis que se intenta afrontar. No son aceptables las medidas sobre temas que no tienen una correspondencia de causalidad inmediata (en términos causales) y concreta con el asunto por el cual se declaró la emergencia(22).

4.2.2. Un juicio de ausencia de arbitrariedad(23), consistente en establecer si la medida adoptada desconoce alguna de las prohibiciones expresamente establecidas en la Constitución para el ejercicio de las facultades excepcionales.

4.2.3. Un juicio de intangibilidad(24), orientado a verificar si la medida adoptada respeta los derechos intangibles cuyo núcleo esencial es intocable, según lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción.

4.2.4. Un juicio de no contradicción específica, de acuerdo al cual se analiza si las medidas del ejecutivo están dentro de los demás límites que establecen la Constitución y los tratados internacionales durante la vigencia de un estado de excepción. Específicamente respecto de las situaciones de emergencia económica, social o ecológica, el gobierno tiene las facultades enunciadas en los artículos 47 y 49 de la Ley 137 de 1994(25). A su vez, la constitucionalidad del ejercicio de tales facultades depende de que no exista una contradicción específica con la Constitución y los tratados internacionales(26). Ello se aprecia en cada caso teniendo en cuenta que un estado de excepción permite excepciones a las reglas generales siempre que no se afecten los límites anteriormente señalados.

Tras cumplir los requisitos anteriores, que “versan únicamente sobre violaciones groseras de la Constitución”(27), los decretos de facultades legislativas excepcionales han de ajustarse a las condiciones establecidas en los artículos 8º, y 10 a 14 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción. Estas corresponden a los siguientes juicios:

4.2.5. El juicio de finalidad, dirigido a verificar que cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos esté “directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos” (L. 137/94, art. 10).

4.2.6. El juicio de motivación suficiente, dirigido a constatar que el gobierno haya apreciado “los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales” y expresado razones suficientes para justificar tales limitaciones (L. 137/94, art. 8º).

4.2.7. El juicio de necesidad, según el cual las medidas adoptadas han de ser “necesarias para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción” (L. 137/94, art. 11). Según lo ha establecido la Corte, “este juicio versa sobre la relación de necesidad entre el fin buscado y el medio empleado para alcanzarlo. [...] [C]omprende dos partes en las cuales se juzga si el presidente [...] incurrió en un error manifiesto de apreciación acerca de la necesidad de la medida: a) el juicio de necesidad fáctica, orientado a examinar si las medidas adoptadas [...] son necesarias para superar las causas de la crisis [...] o impedir la extensión de sus efectos; y b) el juicio de necesidad jurídica, o juicio de subsidiariedad, dirigido a establecer si existen normas que regulen situaciones similares en tiempos de normalidad y, en caso afirmativo, si estas medidas ordinarias preexistentes son idóneas para enfrentar la situación excepcional”(28).

4.2.8. Un juicio de incompatibilidad, mediante el cual se verifica si el Gobierno Nacional ha expresado “las razones” por las cuales las normas ordinarias suspendidas “son incompatibles con el correspondiente estado de excepción” (L. 137/94, art. 12).

4.2.9. Un juicio de proporcionalidad, dirigido a examinar si las medidas adoptadas durante el estado de excepción son excesivas. Las medidas han de “guardar proporcionalidad con la gravedad de los hechos que buscan conjurar” y a las limitaciones que se impongan al ejercicio de los derechos y libertades “solo será admisible en el grado estrictamente necesario, para buscar el retorno a la normalidad” (L. 137/94, art. 13). A su vez, de acuerdo a la norma citada, el análisis de proporcionalidad cuenta con dos juicios diferentes. El primero de ellos, consiste en estudiar la relación entre los costos de la medida adoptada en términos de limitaciones de intereses constitucionales y la gravedad de los hechos que busca conjurar. Por ejemplo, no sería aceptable la creación de un instrumento excepcional que restringe drásticamente los derechos constitucionales con el fin de contrarrestar marginalmente la crisis. El segundo juicio verifica que no existe una restricción innecesaria de los derechos, dado que esta limitación “solo será admisible en el grado estrictamente necesario para buscar el retorno a la normalidad”. Por ejemplo, si existen un medio exceptivo menos lesivo en cuanto a las limitaciones a los derechos, y a la vez, igual o más efectivo que la medida escogida, ésta última sería desproporcionada y por ende inexequible. La Corte ha establecido que el principio de proporcionalidad “es un concepto relacional cuya aplicación busca colocar dos magnitudes en relación de equilibrio. El concepto de la proporcionalidad remite a la relación de equilibrio entre distintos pares de conceptos, como supuesto de hecho y consecuencia jurídica, afectación y defensa, ataque y reacción (...)”(29).

4.2.10. Un juicio de no discriminación, que estudia que las medidas no son discriminatorias por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica (L. 137/94, art. 14). Así, el derecho a la igualdad mantiene su vigencia durante un estado de excepción.

4.2.11. Finalmente, la Sala resalta que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “[...] cuando una disposición contraviene prima facie algunos de los límites mencionados, es decir, cuando a primera vista no pasa uno de los juicios enunciados, la Corte, sin seguir necesariamente cada uno de los pasos metodológicos sintetizados anteriormente, declara la inexequibilidad de la norma correspondiente”(30).

4.3. El Decreto Legislativo 4627 de 2010 cumple con los requisitos materiales constitucionales.

Al igual que lo advierten los informes de las autoridades que participaron en el presente proceso, la Sala considera que el Decreto Legislativo 4627 de 2010 cumple con los requisitos materiales exigidos a esta clase de normas, bajo el orden constitucional vigente. A continuación pasa la Sala a analizar cada uno de dichos aspectos.

4.3.1. Conexidad del Decreto Legislativo 4627 de 2010 y sus medidas específicas.

4.3.1.1. En cuanto hace a la conexidad como elemento fundamental para justificar la constitucionalidad de los decretos que se expiden al amparo del estado de emergencia económica, social y ecológica, debe señalar la Corte que en su conjunto se aprecia prima facie que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Legislativo 4627 de 2010, tienen relación directa y específica con la atención de la emergencia económica, social y ecológica causada por la ola invernal que con ocasión del fenómeno de La Niña se ha desatado en todo el país y la consecuente situación de grave calamidad pública declarada mediante el Decreto 4580 de 2010.

Efectivamente, la emergencia declarada mediante el Decreto 4580 de 2010, se fundamentó en la necesidad de contrarrestar los hechos constitutivos de grave calamidad pública que han tenido origen en el desastre natural ocasionado por el fenómeno de La Niña; fenómeno que en los meses de julio a noviembre de 2010 alteró el clima produciendo lluvias intensas y abundantes, sin precedentes registrados en el país, principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con el consecuente aumento desmesurado de los caudales de los ríos Cauca y Magdalena y de algunos de sus afluentes cuyos efectos resultaron insuperables. De acuerdo con las proyecciones del Ideam, el fenómeno de La Niña podría extenderse hasta mediados de mayo o junio del 2011, con lo cual los efectos de la actual calamidad pública se agravarían aún más.

Concretamente, las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo 4627 de 2010 están dirigidas a enfrentar las consecuencias y afectaciones producidas por la ola invernal. Precisamente, tal como se indicó en el decreto que declaró el estado de emergencia, esta situación climática dejó en situación de grave precariedad a muchas familias damnificadas, que requieren ayuda humanitaria con prontitud(31). Debido a que la crisis supera las expectativas presupuestales que para este tipo de eventualidades se habían reservado, se requiere adoptar rápidamente, las medidas con fuerza de ley que permitan obtener los recursos adicionales necesarios.

Al respecto, el gobierno tuvo en cuenta que la situación originada por el fenómeno de La Niña estaba siendo atendida por todas las entidades que conforman el sistema nacional para la prevención y atención de desastres, pero sus recursos y medios de acción no son suficientes [considerando 3.2 del decreto declaratorio]. No obstante haber realizado y ejecutado inversiones muy cuantiosas, correspondientes a lo presupuestado para atender normalmente los desastres naturales, aun faltan muchos recursos para atender la emergencia [considerando 3.4 del decreto declaratorio]. Específicamente, en materia de obtención de recursos indicó:

3.6. Que el Gobierno Nacional carece de facultades ordinarias que le permitan disponer de nuevos recursos presupuestales necesarios para conjurar eficazmente la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Que teniendo en cuenta que las apropiaciones presupuestales incluidas en la Ley 1365 de 2009 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2010”, resultan insuficientes para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, se hace necesario adoptar medidas que contengan las autorizaciones de gasto que permitan la ejecución de los recursos correspondientes.

[...].

3.9. Que con el fin de agilizar el flujo de recursos y la optimización de su uso, es necesario asegurar que estos no permanezcan en caja y que su giro y desembolso se haga contra la ejecución efectiva del proyecto que así lo requiera.

[...].

3.12. Que es necesario adoptar medidas inmediatas de reparación y reconstrucción, de tal manera que las prioridades de las obras en concesión y las públicas realizadas directamente por el gobierno, sean viales, aeroportuarias, portuarias, férreas o fluviales, estén orientadas a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, con el fin de que la actividad económica en las zonas afectadas, la movilidad y seguridad de las personas y el acceso a servicios sociales no continúen severamente perturbados”(32).

Para la Sala es evidente que existe conexidad en términos generales, por cuanto las medidas adoptadas buscan poder liberar los recursos necesarios para atender prontamente a las personas afectadas por la crisis invernal. Los recursos se destinan, específicamente, “para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.

4.3.1.2. Las medidas contempladas en el Decreto 4627 de 2010, consideradas de manera concreta, se dirigen exclusivamente a conjurar la crisis, de forma directa y específica.

En efecto, las medidas adoptadas consisten básicamente en destinar una serie de recursos del presupuesto nacional al Fondo Nacional de Calamidades de forma rápida y ágil, con el propósito de atender oportunamente la crisis humanitaria que ha supuesto la ola invernal. La norma en cuestión, como se indicó, limita en tal sentido la finalidad y destinación de los recursos apropiados. Ahora bien, estos serán dirigidos a garantizar la ayuda humanitaria de emergencia ($ 1’061.000), por un mes, de 443.888 familias afectadas ($ 470.965.168.000). En la medida en que los recursos apropiados por el decreto ($ 402.587’314.790) son inferiores a la cifra requerida, es evidente que todos los recursos serán destinados al propósito señalado. El artículo primero del decreto analizado, obliga a que los recursos no sean destinados a un fin diferente al de “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, el artículo segundo estableció que tales recursos se transfirieran, dentro de la vigencia fiscal que terminaba, al Fondo Nacional de Calamidades, por ser la entidad encargada de atender la crisis, en especial a la población afectada y damnificada. Y finalmente, los artículos tercero y cuarto introducen las modificaciones técnicas al presupuesto para, legalmente, liberal los recursos en cuestión ($ 402.587’314.790).

Resalta la Sala que el propósito del dinero requerido no es el de obtener los recursos básicos y elementales para emergencias ambientales, que no habían sido destinados para tal fin previamente. Esa no es la situación que enfrenta el gobierno. En efecto, el costo de la ayuda humanitaria de emergencia, durante tres meses, para las familias damnificadas, no se cubrirá únicamente con el dinero que se obtenga por medio del decreto que es objeto de estudio en el presente proceso. Tal como lo indican la participaciones gubernamentales, el costo de tal ayuda, por ese tiempo, es de un billón, cuatrocientos doce mil ochocientos noventa y cinco millones, quinientos cuatro mil pesos ($ 1’’412.895’504.000). En tal medida, los cuatrocientos dos mil quinientos ochenta y siete millones, trescientos catorce mil setecientos noventa pesos ($ 402.587’314.790), destinados a atender la crisis invernal, cubren menos de la tercera parte del monto requerido. De tal suerte, que es claro que las medidas adoptadas se relacionan directa y específicamente con el aumento de la dimensión de la crisis invernal que, usualmente, ocurre a finales de todos los años. Si la crisis hubiera sido de dimensiones ordinarias, el gobierno contaba con suficientes recursos para atenderla. La dimensión que específicamente adquirió este año la ola invernal, es la razón por la cual el dinero normalmente destinado a estas crisis se revela insuficiente, y demanda las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

4.3.1.3. En conclusión, las medidas del Decreto 4627 de 2010 consideradas general y específicamente, guardan conexidad con la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica.

4.3.2. Finalidad del Decreto Legislativo 4627 de 2010 y sus medidas específicas.

Con el juicio de finalidad se verifica que cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos esté encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos.

Una de las principales dimensiones de la crisis, producto de la ola invernal, es el estado de precariedad económica en la que se encuentra un significativo grupo de familias. El mínimo vital en dignidad de estas personas, su derecho constitucional a tener condiciones de existencia dignas, ajenas a la pobreza y a la miseria, es una de las principales garantías constitucionales, propias de un estado social de derecho, que se ve considerablemente afectada. La emergencia invernal ha puesto a muchas familias damnificadas en condiciones similares a las de muchas familias desplazadas por la violencia. Es pues, en tales condiciones, indispensable garantizar, por lo menos, la ayuda de emergencia humanitaria, que mitigue el impacto de la situación hasta límites humanamente tolerables.

Como se dijo, tal como lo señalan las participaciones de las entidades gubernamentales es esta la finalidad única y específica de las normas estudiadas. A saber, obtener los recursos suficientes para poder completar el monto de dinero necesario para asegurar, a 443.888 familias durante tres meses, una ayuda humanitaria de emergencia de $ 1’061.000 pesos mensuales.

Es pues claro para la Sala, que las normas del Decreto 4627 de 2010 no solo son conexas al estado de emergencia económica, social y ecológica, sino que además su finalidad es, específicamente, solventar uno de los principales problemas de la crisis: el estado de precariedad y de desprotección en el que se encuentran las familias damnificadas por la ola invernal.

4.3.3. Las medidas del Decreto 4627 del 2010 son necesarias.

El juicio de necesidad pretende establecer si las medidas adoptadas son necesarias para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia. Para la Sala, la necesidad de la medida contenidas en el Decreto 4627 de 2010 está fundamentada tanto en razones fácticas, como en razones jurídicas.

4.3.3.1. Fácticamente, como en efecto lo hizo el gobierno, es posible calcular el valor de los recursos mínimos que se deben entregar a las familias damnificadas, a título de ayuda de emergencia humanitaria, con el objeto de limitar en la medida de los posible el impacto de la ola invernal sobre las personas, en especial, sobre su derechos fundamentales más básicos. Así pues, las razones fácticas tienen que ver con la necesidad de contar con los montos de dinero suficientes para costear el valor de la ayuda humanitaria de emergencia que se va a proveer.

4.3.3.2. Por otra parte, las razones jurídicas surgen de la imposibilidad del Gobierno Nacional de conseguir los recursos adicionales que se requieren, por vías diferentes a la de modificar el presupuesto nacional, lo cual, únicamente se puede hacer mediante una ley de la República, o mediante una norma con fuerza de ley, como lo es el caso de un decreto legislativo. Como lo señala el gobierno, para el momento de la adopción de las medidas que se estudian, la única manera de obtener recursos de forma suficiente y oportuna, era mediante la modificación de las reglas presupuestales fijadas legalmente.

4.3.4. Proporcionalidad de las medidas para alcanzar la finalidad buscada.

El juicio de proporcionalidad pretende establecer si las medidas adoptadas durante el estado de emergencia son excesivas, a través de dos juicios diferentes: (i) analizar la relación entre los costos de la medida adoptada en términos de limitaciones de intereses constitucionales y la gravedad de los hechos que busca conjurar; y (ii) verificar que no existe una restricción innecesaria de derechos, puesto que la limitación de los mismos solo es admisible en el grado estrictamente necesario para buscar el regreso a la normalidad.

En el presente caso, es claro que los costos de la medida no solo no afectan valores y principios constitucionales sino que, por el contrario buscan desarrollarlos y defenderlos. En el presente caso, se destinan recursos de diferentes rubros del presupuesto nacional, para enfrentar la crisis humanitaria. Entre otras áreas, se toman recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (administración, control y organización institucional para apoyo a la administración del Estado); del Ministerio de Agricultura (adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos); del Ministerio de Minas y Energía (pequeña y mediana industria; divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano); Instituto Nacional de Vías (mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector); por mencionar algunos casos.

Para la Sala, tomar recursos monetarios disponibles y utilizables del presupuesto nacional, originalmente destinados a los giros ordinarios y usuales de la administración, para garantizar las mínimas condiciones vitales de emergencia y humanitarias, a casi medio millón de familias damnificadas por la crisis invernal, es proporcionado. Si bien es cierto, se afectan de forma moderada y limitada algunas áreas del Estado al privarlas de sus recursos, ello es así porque se pretende con esa medida cumplir uno de los principales objetivos del orden constitucional vigente, a saber, proteger a los más débiles.

Las medidas presupuestales de emergencia adoptadas por el gobierno, en calidad de legislador extraordinario, son proporcionales. No solo son racionales y razonables, sino, además, proporcionadas. Es decir, se trata de medidas orientadas a garantizar y proteger importantes valores, derechos y principios constitucionales, en medio de una grave situación de crisis, sin tener que sacrificar de manera grave, exagerada o desmesurada, otros derechos, valores o principios constitucionales.

En efecto, la medida concreta tomada —a saber: redirigir ciertos recursos de inversión y funcionamiento de varias instituciones del Estado al Fondo Nacional de Calamidades, para garantizar el acceso a la ayuda humanitaria de emergencia de las familias damnificadas de la ola invernal—, pone de un lado de la balanza, bienes constitucionales relevantes e importantes y del otro, los derechos constitucionales fundamentales de personas en situación de debilidad y afectación manifiesta y que requiere protección con urgencia (valores constitucionales imperiosos).

Así, el decreto legislativo estudiado sacrifica, limitada y parcialmente, los recursos destinados por el legislador ordinario para el cumplimiento ordinario de las funciones propias de diversas instituciones del Estado, con el propósito de proteger y garantizar un mínimo de emergencia a las personas afectadas por la ola invernal. El propósito del Gobierno Nacional no es el de asegurar el derecho fundamental a un mínimo vital en dignidad, es el de asegurar el derecho a un mínimo de emergencia; el mínimo de los mínimos. Los recursos estatales, por tanto, se están destinando a un fin de importancia suprema: garantizar las condiciones mínimas de supervivencia a las familias damnificadas.

Por tanto, para la Sala es evidente que las medidas del gobierno no son desproporcionadas, puesto que no están protegiendo un valor constitucional a cambio de privar de protección otro valor constitucional de mayor importancia o a cambio de, prácticamente, dejar sin protección ese otro valor. Como se dijo, el gobierno restó protección, de forma limitada y parcial, a valores constitucionales importantes (ciertas funciones estatales), para dar una protección de urgencia a una valor constitucionalmente imperioso y fundamental, garantizar la ayuda humanitaria de emergencia (es decir, no para garantizar el mínimo vital, sino el mínimo de emergencia a las familias damnificadas).

4.3.5. Los juicios de motivación y no discrminación no son aplicables al caso concreto.

Debe la Sala advertir que en la medida que las normas analizadas no implican una restricción de derechos constitucional alguno, la Sala, al igual que los intervinientes, se abstiene de efectuar el juicio de motivación (determinar si el Gobierno Nacional apreció los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones a los derechos constitucionales y expresa razones suficientes para justificarlas) y el de no discriminación (establecer que las medidas no sean discriminatorias por razones de raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica).

5. Conclusión.

Las adoptadas mediante el Decreto Legislativo 4627 de 2010 son constitucionales, en la medida que cumplen con los requisitos formales y materiales exigidos en el orden constitucional vigente. Ahora bien, como medida de protección de los recursos, se condicionará la exequibilidad de la norma, a que se entienda que las partidas transferidas al Fondo Nacional de Calamidades, solo podrán ser ejecutadas en las zonas y municipios afectadas por el desastre y solo podrán ser destinadas a la primera fase de ayuda humanitaria.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, oído el concepto del Procurador General de la Nación y surtidos los trámites que ordena el Decreto 2067 de 1991,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el Decreto 4627 de 2010, en el entendido de que las partidas transferidas al Fondo Nacional de Calamidades, solo podrán ser ejecutadas en las zonas y municipios afectados por el desastre y destinadas a la primera fase de ayuda humanitaria.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Diario Oficial 47922, página 44.

(2) Diario Oficial 47922, página 45.

(3) Por medio del Decreto 4718 de diciembre 22 de 2010 “se liquida la modificación al presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, contenida en el Decreto 4627 del 13 de diciembre de 2010”.

(15) M.P. Mauricio González Cuervo.

(16) Así lo dijo la Corte, entre otras decisiones, en la Sentencia C-940 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araújo Rentería; SV Marco Gerardo Monroy Cabra) al señalar que la invocación de la antigua razón de Estado es incompatible con un régimen de excepción sometido al Estado de Derecho y resolvió “1. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 1º del Decreto 1885 de 2002, “por medio del cual se adiciona el Decreto 1838 de 2002”. 2. Declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 1º y los artículos 2º y 3º del Decreto 1885 de 2002, “por medio del cual se adiciona el Decreto 1838 de 2002”.

(17) Según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, los referentes que la Corte debe tomar en cuenta para el ejercicio del control automático que ordena el numeral 6º del artículo 214 constitucional son, en consecuencia, el propio texto constitucional, los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, las normas de Derecho Internacional Humanitario, la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, y finalmente el propio decreto que declare el estado de conmoción Interior. Ver entre otras la Sentencia C-004 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. SV Ciro Angarita Barón); C-179 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz; AV Alejandro Martínez Caballero; SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz; SV Jorge Arango Mejía); C-136 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo; AV Fabio Morón Díaz; AV Jorge Arango Mejía); C-802 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Araújo Rentería; SV Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil; SV Alfredo Beltrán Sierra; AV Jaime Córdoba Triviño; SPV Clara Inés Vargas Hernández); C-876 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis; SV Alfredo Beltrán Sierra; SV Clara Inés Vargas Hernández; AV Rodrigo Escobar Gil y Jaime Córdoba Triviño; SV Jaime Córdoba Triviño); C-939 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; SV Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil); C-940 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SV Marco Gerardo Monroy Cabra; SPV Calara Inés Vargas Hernández; SPV. Rodrigo Escobar Gil; SPV. Jaime Araújo Rentería; SPV. Alfredo Beltrán Sierra); C-947 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SV. Alfredo Beltrán Sierra; SPV. Clara Inés Vargas Hernández; SV. Jaime Araújo Rentería); C-1024 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SPV. Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández; SV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil; SV. Jaime Araújo Rentería; SPV. Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras.

(18) Ver la Sentencia C-149 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil) precitada, mediante el cual se realiza este resumen, pero enfocado a los casos de conmoción interior.

(19) Artículo 215 de la Constitución y artículo 47 de la ley estatutaria, precitados.

(20) Ver, por ejemplo, el artículo 8º de la Ley 137 de 1994, que establece: “Los decretos de excepción deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales de tal manera que permitan demostrar la relación de conexidad con las causas de la perturbación y los motivos por las cuales se hacen necesarias”.

(21) Según el artículo 47 precitado, “en virtud de la declaración del estado de emergencia, el gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”. Resaltado fuera de texto.

(22) El artículo 47 referido dice: “Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado”.

(23) ART. 7º—“Vigencia del Estado de derecho. En ningún caso se podrá afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades so pretexto de su declaración. Cuando un derecho o una libertad fundamentales puedan ser restringidos o su ejercicio reglamentado mediante decretos legislativos de estados de excepción, estos no podrán afectar el núcleo esencial de tales derechos y libertades”.

(24) Artículo 4º de la Ley 137 de 1994: “Derechos intangibles. De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia, durante los estados de excepción serán intangibles: el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al habeas corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Tampoco podrán ser suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De conformidad con el literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ninguna disposición de la convención, puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de estos Estados (...)”.

(25) ART. 47—"Facultades. En virtud de la declaración del estado de emergencia, el gobierno podrá dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. || Los decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con dicho estado. || PAR.—Durante el estado de emergencia el gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos casos las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”. Adicionalmente el artículo 49 establece: “Reforma, adiciones o derogaciones de medidas. El Congreso podrá, durante el año siguiente a la declaratoria del estado de emergencia, reformar, derogar, o adicionar los decretos legislativos que dicte el gobierno durante dicho estado, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa gubernamental. // También podrá, en cualquier momento, ejercer estas atribuciones en relación con las materias que sean de iniciativa de sus miembros”. Frente a la constitucionalidad de estas normas, mediante Sentencia C-179 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. AV. Alejandro Martínez Caballero; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz; SV. Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; SV. Jorge Arango Mejía) la Corte dijo respecto del artículo 47 se observa que “el primer inciso de este precepto legal es reiteración del inciso segundo del artículo 215 de la Constitución, y como se expresó al estudiar la conexidad en el estado de conmoción interior, también en el estado de emergencia económica, social y ecológica, los decretos que el gobierno dicte, deben guardar relación de conexidad directa y específica con las causas invocadas para declararlo. // La validez de los decretos legislativos que expida el Presidente de la República durante la emergencia, depende también de su finalidad, la cual debe consistir exclusivamente en conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos; […] // Los decretos legislativos que expida el gobierno durante la emergencia, a diferencia de los dictados con fundamento en la declaratoria de conmoción interior, pueden reformar o derogar la legislación preexistente y tienen vigencia indefinida, hasta tanto el poder legislativo proceda a derogarlos o reformarlos, salvo cuando se trata de normas relativas a la imposición de tributos o modificación de los existentes, los cuales “dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente”. Frente al artículo 49, señaló: Recuérdese que los decretos legislativos que expide el gobierno durante el estado de emergencia tienen el poder de derogar y modificar la legislación preexistente en forma permanente, lo que no ocurre con el estado de conmoción interior, en el cual esta solamente se suspende. // [...] Así las cosas en este periodo excepcional, como ya se ha dicho, el Congreso continúa cumpliendo con sus funciones ordinarias, lo cual concuerda con el inciso 3º del artículo 214 de la Carta, según el cual durante los estados de excepción no se suspende el normal funcionamiento de las distintas ramas del poder público”.

(26) Ver, por ejemplo, la Sentencia C-1024 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Jaime Araújo Rentería; SPV. Manuel José Cepeda Espinosa), donde la Corte declaró la inexequibilidad del artículo 1º del Decreto 2002 de 2002, porque desnaturalizaba las funciones constitucionales y la independencia de la fiscalía y de la procuraduría.

(27) Sentencia C-149 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil), precitada.

(28) Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional, C-179 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. AV. Alejandro Martínez Caballero; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz; SV. Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; SV. Jorge Arango Mejía), donde la Corte examinó la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, Ley 137 de 1994; C-122 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz. SV. Jorge Arango Mejía, Carlos Gaviria Díaz y Fabio Morón Díaz. AV. Jorge Arango Mejía; AV. Carlos Gaviria Díaz; AV. Hernando Herrera Vergara; AV. Fabio Morón Díaz), donde la Corte examinó el principio de subsidiariedad aplicado a la declaratoria de emergencia económica y social del Decreto 80 del 13 de enero de 1997.

(29) Sentencias C-149 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil) y C-916 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(30) Sentencia C-149 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo Escobar Gil) precitada. Por ejemplo en la Sentencia C-1024 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SV. Jaime Araújo Rentería; SPV. Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte declaró la inexequibilidad del artículo 3º del Decreto Legislativo 2002 de 9 de septiembre de 2002, que consagraba la posibilidad de capturar personas sospechosas, sin que mediara autorización judicial, por ser claramente contraria al artículo 28 constitucional.

(31) Al respecto, señaló el Decreto 4580 de 2010 dentro de sus consideraciones: “2. Gravedad de la calamidad pública y su Impacto en el orden económico, social y ecológico.|| a. Que la dirección de gestión del riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia informó al Gobierno Nacional que, como consecuencia del actual fenómeno de La Niña, han perdido la vida más de 200 personas, han desaparecido más de 120, han resultado heridas cerca de 250, hay 337.513 familias afectadas, 2.049 viviendas destruidas y 275.569 viviendas averiadas en 654 municipios de Colombia. || b. Que la misma dirección de gestión del riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia ha hecho presencia en las diferentes regiones afectadas y ha concluido, según informe del 6 de diciembre de 2010, que se ha presentado una afectación aproximada de 1.614.676 personas por el fenómeno de La Niña. || c. Que como consecuencia del extraordinario fenómeno de La Niña, se ha producido una considerable destrucción de inmuebles, se ha interrumpido la prestación de servicios públicos esenciales, se han afectado vías de comunicación y se ha perjudicada gravemente la actividad económica y social en el territorio nacional. || d. Que el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, según consta en acta de fecha 7 de diciembre de 2010, señaló que la situación presentada a causa del fenómeno de La Niña en todo el territorio nacional, ha provocado graves inundaciones, derrumbes, dalias de vías, pérdidas de zonas agrícolas, de viviendas y centros educativos, acueductos, hospitales, y dalias en la infraestructura de los servicios públicos. También ha generado un grave impacto, con la afectación de 52.735 predios, 220.000 hectáreas dedicadas a agricultura, sin incluir las tierras inundadas destinadas a ganadería, la muerte de 30.380 semovientes y el traslado súbito de 1.301.892 animales. […] g. Que las graves inundaciones han afectado tierras dedicadas a la agricultura y a la ganadería, y, han ocasionado hasta el momento, severos daños en cultivos de ciclo corto y permanente. […]”.

(32) Decreto 4580 de 2010.