Sentencia C-276 de julio 22 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

TRATADOS INTERNACIONALES

REVISIÓN CONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «Corresponde a esta Corte conocer de la revisión de la ley aprobatoria de los tratados sometida a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.

No le corresponde, en cambio, conocer del contenido de los tratados objeto de la ley aprobatoria, por haber sido ellos perfeccionados antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Por consiguiente, la Corte habrá de inhibirse, en este caso, por cuanto ya el Estado colombiano había manifestado su consentimiento en obligarse por los tratados objeto de la Ley aprobatoria, a través de su adhesión a los mismos. En consecuencia, la Corte no entrará a dilucidar si eventualmente se presentan o no en alguna, o algunas, de las cláusulas de los tratados, causales de inexequibilidad, porque antes que ello la Corte debe definir su propia competencia, como en efecto lo hace en la presente sentencia.

2. Constitucionalidad formal de la ley aprobatoria de los tratados

Según consta en los anales del Congreso, el día martes 11 de febrero de 1992, se publicó el proyecto de Ley Número 22 de 1992, “por medio del cual se aprueba el Tratado de derecho civil internacional y el Tratado de derecho comercial internacional, firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889”, al igual que la correspondiente exposición de motivos, los cuales habían sido presentados ante el Senado de la República por la señora Ministra de Relaciones Exteriores. Tanto la ponencia para primer debate ante la comisión segunda constitucional permanente del Senado (1º de junio de 1992), como la ponencia para segundo debate en la plenaria de esa corporación (10 de junio de 1992), aparecen publicados en los anales del Congreso Nº 100 del 23 de junio de ese mismo año. Por su parte, según consta en el acta del día miércoles 16 de septiembre de 1992, la comisión segunda constitucional permanente, aprobó en primer debate el proyecto de Ley Nº 22 Senado (072 Cámara). Posteriormente la ponencia para segundo debate ante la plenaria de esa misma Corporación, se publicó en la Gaceta del Congreso Nº 139 del 4 de noviembre de 1992. Finalmente el día 30 de diciembre de ese mismo año, el proyecto obtuvo la correspondiente sanción presidencial.

Como puede observarse, la ley que ocupa la atención de esta Corte obtuvo el trámite exigido por la Constitución Política (art. 157), debiendo resaltarse que, en primer lugar, se dio cumplimiento al mandato del artículo 154 superior, en el sentido de que el proyecto en mención inició su trámite ante el Senado de la República y, en segundo lugar, se respetaron entre los distintos debates de que tiene objeto esta iniciativa legislativa, los términos a que se refiere el artículo 160 del estatuto fundamental.

3. La materia

Observaciones previas 

Debe la Corte recabar, en primer término, en el hecho de que los tratados objeto de la aprobación de la Ley 33 de 1992 habían sido ya perfeccionados con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991. En efecto, fue por medio de la Ley 40 de 1933 que el Congreso de la República autorizó al gobierno a adherir a los mencionados tratados, y esta adhesión, sin reservas, se produjo el día 2 de diciembre de 1933, fecha en que se hizo el depósito de los instrumentos por parte del gobierno colombiano. En virtud de este acto, Colombia adhirió pues formalmente al Tratado de derecho civil internacional y al Tratado de derecho comercial internacional firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889, y estos tratados entraron en vigor para nuestro país.

Cincuenta y cuatro años más tarde, es decir más de medio siglo después de estar plenamente perfeccionados y vigentes los tratados de Montevideo, dicha ley fue demandada por un ciudadano ante la Corte Suprema de Justicia. Esta Corporación, mediante fallo proferido el 18 de junio de 1987, con ponencia del Magistrado doctor Hernando Gómez Otálora, declaró inexequible la ley, por considerar que el Congreso de la República le había otorgado al ejecutivo autorizaciones para ejercer funciones que constitucionalmente le correspondían sin necesidad de ley, y por tanto había asumido una competencia que la Constitución no le otorgaba y que tampoco le exigía el derecho internacional. Advirtió la Corte Suprema en su sentencia que la decisión de inconstitucionalidad “en nada repercutirá desde el punto de vista jurídico sobre los expresados actos de derecho internacional, ni afectará el compromiso contraído por Colombia con los demás estados firmantes o adherentes”.

Resulta pertinente transcribir textualmente lo dicho por la Corte sobre el particular.

“A los efectos de este proceso, se observa, además, que no obstante ser objeto de la ley acusada el otorgamiento de autorizaciones al ejecutivo para adherir a unos tratados públicos, la decisión jurisdiccional sobre constitucionalidad —cualquiera que sea su sentido— en nada repercutirá desde el punto de vista jurídico sobre los expresados actos de derecho internacional, ni afectará el compromiso contraído por Colombia con los demás Estados firmantes o adherentes, ya que, por una parte, dichas autorizaciones no correspondían a un paso necesario para que se perfeccionara el acuerdo de voluntades en cuanto el derecho interno no las exigía como requisito previo, y por otra, el contenido de los tratados en cuestión no quedó incorporado al texto de la mencionada ley”.

En referencia a la materia misma de la ley, exclusivamente frente al ordenamiento interno, adujo la Corte que hubo confusión respecto de las facultades del Congreso en materia de tratados, y en particular hizo hincapié en su atribución tan solo para aprobar o improbar éstos, mas nunca para impartir órdenes al ejecutivo en asuntos exclusivos de su competencia. Al respecto señaló la Corte:

“En ese orden de ideas, si el Congreso de la República expidió la Ley 40 de 1933, autorizando al Ejecutivo para ejercer funciones que constitucionalmente le correspondían sin necesidad de ley, asumió una competencia que la Carta Política no le había otorgado y que el derecho internacional tampoco le exigía, e invadió así la órbita propia de otra rama del poder público.

La usurpación aparece todavía más clara en este caso cuando se observa que la autorización conferida, lejos de ser amplia, restringió la autonomía del Presidente, pues se le otorgó para adherir “en nombre de la República de manera definitiva” a los tratados, impidiéndole hacer reservas o establecer condiciones”.

Debe destacarse que lo que buscó la Ley 33 de 1992, objeto de la revisión por parte de la Corte Constitucional, al tenor del artículo 241 numeral 10, fue rehacer el acto jurídico base de los tratados, puesto que como se ha indicado, la Ley 40 de 1933, había autorizado al Ejecutivo a adherir a dichos tratados, autorización que, como lo explicó el fallo de la Corte Suprema de 1987, se ha dicho, no era necesaria, y por tanto no tenía propiamente hablando el carácter de “ley aprobatoria”.

Respecto de la Ley 33 de 1992, por tratarse de una ley aprobatoria expedida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la Corte debe entonces entrar a decidir sobre su exequibilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 241-10 constitucional. No puede en cambio hacer lo propio sobre el contenido mismo de los tratados, por cuanto estos se encontraban ya perfeccionados y en plena vigencia desde 1933, es decir cincuenta y ocho (58) años antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, la cual consagró el control previo y automático de los tratados y las leyes que los aprueben (art. 241-10). Las razones por las cuales considera la Corte que no es competente para revisar tratados suscritos y perfeccionados antes de la vigencia de la nueva Carta Política, y por las cuales habrá, por consiguiente, de inhibirse, se explican en la presente sentencia.

3.1. Razón de ser del control previo sobre la constitucionalidad de los tratados. 

El principio de la separación de poderes ha sido, como se sabe, uno de los pilares del constitucionalismo moderno y del Estado de derecho. La independencia y el ejercicio autónomo de las ramas del poder público, y, sobre todo, la no interferencia de la una en los asuntos privativos de las otras, es desarrollo de este principio, consagrado desde las primeras constituciones del mundo occidental, en el siglo XVIII. Obedece ello a una razón doctrinaria de la filosofía política clásica, acatada por pensadores de todos los tiempos, partiendo de Aristóteles, incluyendo, desde luego, a John Locke y el barón de Montesquieu, hasta los más renombrados tratadistas contemporáneos. Dicho principio no excluye, sino que por el contrario se complementa con el de la colaboración armónica que debe existir entre las diferentes ramas del poder, principio que en Colombia está consagrado en el artículo 113, inciso 3º, de la Constitución Política, que dispone: “los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboraron armónicamente para la realización de sus fines”. Pero debe advertirse que esta colaboración no puede llegar hasta el extremo de incurrir en confusión de poderes, con lo cual se vendría a desvirtuar el principio sustancial de la separación, y a caer en un absolutismo reñido con la democracia y con el Estado de derecho.

En desarrollo de la colaboración armónica, el artículo 241 de la Constitución, al asignarle a la Corte Constitucional la guarda de su integridad y supremacía “en los estrictos y precisos términos de este artículo”, le confiere en el numeral 10 la función de “decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben”. Es por ello que el Gobierno los debe remitire a la Corte dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley para que, si la Corporación los declara constitucionales, el gobierno pueda efectuar el canje de notas o, en caso contrario, si los declara inconstitucionales no podrán ser ratificados. Obsérvese que la consecuencia atribuida por la Constitución al fallo de la Corte tiene por destinatario específico al Ejecutivo, en cuanto este, para poder actuar en el plano del derecho internacional, ratificando el tratado o absteniéndose de hacerlo, según el caso, depende del fallo proferido por la Corte, y que ésta no podría aplicarse cuando la manifestación del consentimiento estatal, en uno u otro sentido, hubiere sido anterior a la instancia de la revisión constitucional.

En virtud de aquella disposición, se establece pues el control previo sobre los tratados y sus leyes aprobatorias, es decir, que el control debe ser posterior a la sanción en todo caso, pero anterior a la ratificación del tratado internacional. Cabe recordar que en la Constitución de 1991, mediante la norma en comento, se ha establecido, por primera vez en Colombia, este tipo de control, con lo cual se excluye cualquier otra especie de control posterior sobre tratados ya perfeccionados, particularmente el control por vía de acción pública de inconstitucionalidad, esto es, por demanda de un ciudadano.

La razón por la cual el control debe ser previo, radica en la oportunidad de adecuar el contenido y forma del tratado y de la ley que lo aprueba, al espíritu de la norma fundamental. Que el control fuera posterior, en cambio, implicaría entrar en prerrogativas no debidas, por cuanto podría equipararse a una intromisión en lo que le corresponde por naturaleza jurídica a la rama ejecutiva del poder público.

Resulta pertinente mencionar aquí el sentido de la oportunidad. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la oportunidad como “la conveniencia de tiempo y lugar”, y conveniencia, a su vez, expresa la idea de “correlación y conformidad entre dos cosas distintas”. De acuerdo con estas definiciones, se puede colegir que la oportunidad —en este caso previa— de revisar los tratados públicos internacionales obedece a la conformidad del dictamen de la Corte con la función del Ejecutivo en las circunstancias propicias de tiempo y lugar. Si el control es previo, obviamente habrá una armonía entre las funciones de la rama ejecutiva y las de la rama judicial; pero si se hace fuera de la oportunidad, es decir, posteriormente, se entra en colisión de competencias entre las dos ramas, lo cual va en contra del orden jurídico, ya que este supone la armonía y consonancia de las funciones diversas, que se ven afectadas con toda interferencia.

3.2. Perfeccionamiento y carácter obligatorio de los tratados.

La celebración o conclusión de un tratado puede ser definida como “el acto único o el conjunto de actos a través del cual o de los cuales un sujeto de derecho internacional manifiesta su consentimiento por obligarse por un tratado”.

Como acto complejo que es, el tratado internacional se concluye después de haber sido objeto de un procedimiento igualmente complejo. De él puede decirse, al igual que en derecho interno se ha dicho de la ley, que es un acto jurídico formal, esto es sujeto a procedimientos, es decir, que se perfecciona mediante el empleo de un determinado procedimiento regulado por la Constitución y la ley del Estado, o por el uso. El procedimiento tradicional para la conclusión de los tratados, aplicado en principio a los tratados bilaterales, comprende la negociación, por parte del Ejecutivo, la firma por plenipotenciarios, la ratificación y el canje de ratificaciones. En los Estados de derecho modernos la aprobación del tratado se encomienda al órgano legislativo; posteriormente viene la ratificación, que es un acto soberano del Ejecutivo. En el caso de los tratados multilaterales el procedimiento incluye, además, la posibilidad de la adhesión al tratado por parte de los Estados que no han sido originalmente signatarios del mismo. En cuanto a la ratificación o a la adhesión, su régimen jurídico se inspira en un principio fundamental: la autoridad competente se determina por el derecho público interno del Estado interesado. La práctica internacional contemporánea es muy clara a este respecto, y los propios tratados multilaterales, con leves diferencias de forma, afirman el principio de que la ratificación se realizará de acuerdo con los procedimientos constitucionales vigentes en cada uno de los Estados signatarios.

En el caso de Colombia el procedimiento establecido prevé la ratificación por parte del Gobierno Nacional, por ser el órgano estatal previsto del llamado “treaty making power”. La ratificación es pues un acto soberano y discrecional del Presidente de la República como jefe del Estado y director de las relaciones internacionales. Puede inclusive darse el caso de que el Presidente de la República se abstenga de ratificar un tratado que haya sido aprobado por el Congreso Nacional. (Así ocurrió por ejemplo con el concordato de 1942 —el llamado concordato Echandía-Maglione—, el cual no obstante haber sido aprobado por el Congreso, mediante la Ley 50 de ese año, no fue ratificado por el gobierno y en consecuencia no entró en vigencia). El paso siguiente a la ratificación es el canje de instrumentos, o, en el caso de los tratados multinacionales, el depósito de la ratificación, el cual concluye con la firma del acta correspondiente, momento a partir del cual los Estados quedan jurídicamente obligados entre sí.

Una vez perfeccionado, el tratado internacional establece, por definición, una regla de conducta obligatoria para los Estados signatarios, plasmada en el principio pacta sunt servanda, que es un principio de seguridad, de justicia y de moral internacionales. Este principio ha sido reconocido por toda la comunidad internacional contemporánea y consagrado, entre otros, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual es signataria Colombia, en el artículo 17 de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), y desde luego, —y sobre todo—, por la Convención de Viena de 1969, más conocida como “tratado de los tratados”, aprobada por Colombia a través de la Ley 32 de 1985.

El artículo 26 de la Convención de Viena que fue codificado y aceptado por la unanimidad de los Estados signatarios, dispone: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. De esta manera, establece la convención el principio de la buena fe para la ejecución de los tratados, por parte de los Estados que se comprometen a través de ellos. El deber de cumplir las obligaciones de buena fe está, además, enunciado en el artículo 2º, parágrafo 2º de la Carta de la ONU.

Por su parte, el artículo 27 de la Convención de Viena dispone, lo siguiente:

“ART. 27.—El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

Y el artículo 46, de la misma convención, a su turno, establece lo siguiente:

“ART. 46.—Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma fundamental de su derecho interno”.

Sobre la justificación del principio de la fuerza obligatoria de los tratados, se han dado diversas teorías, tanto de índole jurídica como política. Algunos autores se apoyan en la voluntad de las partes contratantes (teoría alemana de la autolimitación y de la vereinvarung, es decir, de la voluntad colectiva de los Estados); se asimila a lo que ocurre en el campo del derecho privado con los contratos, que una vez perfeccionados, como se sabe, obligan a las partes y no pueden quebrantarse de manera unilateral, lo cual constituiría su violación. Otros se fundan en una regla jurídica preexistente: la regla pacta sunt servanda. Cabe preguntarse si es posible que exista un fundamento puramente jurídico al carácter obligatorio de los tratados. Importantes autores contemporáneos fundan la validez de los tratados en consideraciones de índole moral, o en el derecho objetivo, o en las necesidades de la vida política o, en fin, en las exigencias de la vida internacional; es decir, en razones que podrían calificarse de extrajurídicas. Para el internacionalista Charles Rousseau, en definitiva el fundamento de la validez de los tratados, al igual que el fundamento del derecho, es exterior al derecho positivo y queda por ello fuera del campo de la investigación de los juristas.

El carácter obligatorio de los tratados ya perfeccionados y puestos en vigencia, para los Estados que son parte de ellos, es pues, incuestionable a la luz de los principios del derecho internacional. Cabe preguntarse qué sucedería en el caso en que un tratado perfeccionado con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991 resultara en contradicción con alguno o algunos de los preceptos de ésta. En tal caso es al Gobierno Nacional, concretamente al Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores, a quienes corresponderá en primera instancia la solución al problema. Para ello disponen de mecanismos idóneos consagrados en la misma Constitución y en el derecho internacional, cuales son por ejemplo, la renegociación del tratado, o su reforma, o según el caso si se trata de tratados multilaterales, su denuncia.

No es, en todo caso, a la Corte Constitucional a la que compete la solución del problema, lo cual sólo podría hacer por la vía de la demanda ciudadana, que está excluida del ordenamiento constitucional vigente, o del control oficioso sobre el tratado, que tampoco está previsto sino bajo la modalidad de un control previo, al tenor del artículo 241, numeral 10, control que sólo opera, en consecuencia, para los tratados que sean perfeccionados con posterioridad a la promulgación de la Constitución de 1991. En todo caso, tratándose de una Corporación cuya competencia recae tan solo dentro del ámbito nacional, no puede ella entrar a tomar decisiones sobre compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el ámbito internacional.

3.3. La soberanía nacional y los compromisos internacionales.

En el mundo moderno y contemporáneo, el equilibrio jurídico internacional parte del supuesto de que los órdenes internos de los Estados no son absolutos, ya que así como existe un interés general en el seno de cada uno de ellos, igualmente hay un interés general internacional, fundado en el bien cómun universal. Es este interés el que busca realizarse mediante los pactos o tratados que se celebran en virtud del ejercicio de la soberanía, como atributo propio de cada uno de los Estados; el compromiso internacional es, así, un acto de soberanía del Estado que se vincula, es decir, se trata de la expresión de la voluntad independiente de cada Estado que pretende comprometerse como ente jurídico en el plano internacional.

El orden jurídico internacional es el resultado de la expresión de la voluntad de las naciones, y así como en el seno de éstas debe primar el interés general sobre el interés particular, es lógico que en el plano internacional la expresión del acuerdo de voluntades entre los Estados prevalezca sobre el orden interno de uno de los que se han comprometido en particular, de suerte que no se invierta el sentido de los valores jurídicos que establecen que la parte se ordena al todo; es el todo el que da estabilidad a la parte. Es esto lo que explica la razón por la cual se requiere que la soberanía de un Estado tenga que ser reconocida por otros Estados y que este reconocimiento deba considerarse dentro de los elementos constitutivos del Estado, ya que sin él no llega a adquirir un carácter que lo habilite para ejercer derechos y contraer compromisos frente a la comunidad internacional. Es justamente este reconocimiento el que le garantiza su condición de sujeto de derecho internacional, en cuanto su capacidad de ejercicio en el plano internacional se ve avalada por sus iguales.

La capacidad de ejercer la soberanía se manifiesta precisamente en la aptitud de comprometerse, y, como es obvio, de responder por ello. En otras palabras, el pacto internacional es, como se ha dicho, una manifestación de la soberanía del Estado, un ejercicio de soberanía que trae como consecuencia la responsabilidad internacional. Si en el plano del hombre hay responsabilidad con fundamento en la libertad, en el plano internacional hay responsabilidad con fundamento en el ejercicio de la soberanía, pues el Estado que se compromete ha ejercido para ello su autodeterminación.

Por ello es que el artículo 9º de la Constitución Política establece lo siguiente:

“ART. 9º—Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.

El poder del Estado no es, pues, en el ámbito de la comunidad internacional, ilimitado, sino que está sometido a los compromisos contraídos a la luz de las normas del derecho internacional, el cual presenta, entre otras particularidades las siguientes:

a) Obliga únicamente a los Estados y no a los súbditos de estos, como lo indica su nombre: derecho internaciones. Los súbditos, a su vez están obligados por las normas del Estado. Si, por ejemplo, un Estado se compromete por un tratado internacional a introducir ciertas leyes en materia de derechos humanos, ese tratado internacional obliga únicamente al Estado; este entonces debe transformar el contenido del tratado en una ley; es decir, transformar el derecho internacional en derecho estatal, o lo que es lo mismo nacional.

b) Según lo expuesto, el Estado en relación con otros Estados no tiene poder ilimitado, tal como podría creerse de acuerdo con la teoría absolutista de la soberanía, porque está obligado por el derecho internacional y un poder ilimitado no puede ser sujeto de obligaciones internacionales. Esta posición ha sido sostenida por los grandes internacionalistas: fue la explicada por Vitoria y Suárez, pasando por Verdross, Duguit, Barthélemy, entre otros, hasta hoy. El poder del Estado es independiente del poder de los otros Estados y está subordinado en el campo de sus relaciones con ellos, únicamente a las normas del derecho internacional.

c) Como los individuos no son los sujetos, propiamente hablando, del derecho internacional público, sino los Estados, para los ciudadanos las instancias del Estado del cual son súbditos, son las últimas y la Constitución la suprema norma jurídica. El poder del Estado prima en el interior, esto es, frente a los súbditos; el Estado es así soberano en su jurisdicción, de manera que para los súbditos es la última instancia.

La soberanía del Estado implica una facultad de autodeterminación limitada por el derecho internacional, en el orden positivo, en cuanto a su relación con otros Estados, lo cual no contradice la potestad interna que el Estado tiene sobre sus súbditos. Es, pues, una soberanía subordinada por el derecho internacional en el aspecto externo, pero que es suprema en el orden interno. Son dos aspectos diferentes. Es decir, se refiere a la supremacía del orden estatal en el interior, y su subordinación al derecho internacional en el exterior, sin que esto implique la negación del principio del ius gentium relativo a la autodeterminación de los pueblos.

Si se reconoce al Estado el atributo de ser una persona jurídica, resultan aplicables al orden internacional las teorías contractualistas. En efecto, así como en el orden interno es razonable el consenso legítimo o en torno a hechos y situaciones jurídicas, así mismo en el plano internacional ha de considerarse a cada parte como a un individuo que está pactando. La famosa teoría del contrato social enunciada por J.J. Rousseau resulta así aplicable a todo pacto en el cual se limita, pero no se anula, la libertad o, en el caso del Estado, la autodeterminación. En primer lugar, el Estado es una asociación formal, que admite independencia material; es más, supone la pluralidad de contenido material. En el asunto que nos ocupa, se diría que admite la autorregulación interior, es decir, en el seno del Estado, pero la limitación formal en el aspecto exterior. En segundo término, esa asociación —siempre dirigida a un fin— debe repercutir en beneficio de las partes, pues carecería de sentido jurídico que una parte se sacrificara en aras de un objetivo que no le perfecciona. Por eso hay una fuerza común que protege a los bienes y ser de cada asociado. En tercer lugar, en virtud del pacto, la parte se une al todo y sigue conservando su autodeterminación y, por ende, su libertad; se limita en el aspecto exterior, pero mantiene su predominio interno.

Y es que, como lo señalara el publicista citado, la voluntad de la parte no está en contradicción con la voluntad general, porque ésta siempre acoge las pretensiones de aquélla, de suerte que la integra, y nunca la vulnera. Por tanto, cuando un Estado está pactando en su calidad de sujeto de derecho internacional, no está haciendo cosa distinta que ejerciendo su voluntad general. Por ello Rousseau afirma que “la voluntad general es la única que puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común”(3). Ahora bien, esa voluntad general siempre implica un ejercicio, una manifestación activa de la soberanía: es el compromiso del soberano con otros soberanos. No es otro el sentido de las siguientes palabras: “Pues como el cuerpo político o el soberano no sacan su ser sino de la santidad del contrato, no pueden nunca obligarse, ni siquiera frente a otro, a nada que derogue este acto primitivo, como enajenar alguna parte de sí mismo o someterse a otro soberano. Violar el acto por el cual existe sería destruirse, y lo que no es nada no produce nada”(4). Es decir, la voluntad general al pactar con otro soberano no puede ir contra sí misma. Por eso es que en el capítulo VII del “Contrato Social”, Rousseau demuestra cómo el respeto a lo pactado a nivel internacional, si no va contra la integridad del Estado, genera obligaciones frente a otro sujeto de derecho internacional, pues, “con relación al extranjero, resulta ser un ser simple, un individuo”.

Aquí se demuestra cómo la más depurada teoría contractualista afirma que el soberano frente a otros soberanos se comporta como un individuo frente a otros individuos. Y que así como entre los hombres puede haber un pacto que es fruto de la libertad, entre los Estados puede haber también pactos como fruto de la soberanía, la cual no es otra cosa que “el ejercicio de la voluntad general” (5). Luego, tenemos que el principio filosófico del pacta sunt servanda no sólo estaba implícito en el pensamiento de los precursores del derecho internacional en Salamanca como Vitoria, Vásquez de Menchaca, Soto y Cano, y en la doctrina de Suárez y Belarmino, todos pertenecientes a la llamada Escolástica Española que tuvo origen en el siglo XVI, ni se circunscribe tampoco al pensamiento de otro de los padres del derecho internacional, Hugo Grocio, sino que por ser un enunciado de la recta razón llega incólume hasta el mismo Rousseau, quien corrobora el pensamiento universal de que no hay antinomia entre soberanía y respeto a lo pactado a nivel internacional: “De aquí resulta que el poder soberano, con todo lo absoluto, con todo lo sagrado, con todo lo inviolable que es, no rebosa ni puede rebasar los límites de los convenios generales” .

Según el padre Vitoria, la naturaleza del derecho internacional emana del derecho de gentes, como un derecho que rige no sólo entre individuos, sino también entre naciones y Estados, basado en el compromiso que surge de la sociabilidad natural. A ello se añade la idea de una comunidad universal de pueblos organizada en naciones libres y responsables en el cumplimiento de los acuerdos de voluntades. Es claro, por tanto, que el derecho de gentes internacional —dice Vitoria— rige las relaciones entre los pueblos y las naciones, basado en la comunicación y en los principios de solidaridad y libertad. Solidaridad y libertad que en el ámbito internacionales se tornan en simples enunciados abstractos, si cada Estado no cede en su orden interno en aras de la supremacía de lo que, por naturaleza, es universal y total.

“Por derecho natural, todo el orbe —totus orbis— forma una comunidad dotada de hacer cumplir la voluntad internacional. De lo dicho se infiere un corolario: que el derecho de gentes no sólo tiene fuerza por el pacto y convenio de los hombres, sino que tiene verdadera fuerza de ley. Y es que el orbe, todo, que en cierta manera forma una República, tiene poder de dar leyes justas y a todos convenientes, como son las del derecho de gentes. De donde se desprende que cometen gran injusticia los que violan los derechos de gentes, sea de paz, sea tocantes a la guerra, en la inviolabilidad de los legados. Y ninguna nación puede darse por no obligada ante el derecho de gentes, porque está dado por la autoridad de todo el orbe” (Negrilla fuera del texto original).

La racionalidad del derecho es la que exige pues que el orden interno no vulnere el orden internacional, pues sería el precedente para que la unilateralidad se proclamara con argumentos que podrían ser de fuerza y no de razón, es decir, de “capricho” y no de consenso. Por eso es que existen deberes y derechos eminentemente racionales —y en su extensión, universales—, por lo que las diversas sociedades civiles, organizadas bajo la forma de Estado cada una de ellas, se hallan unidas entre sí por pactos que las vinculan en un ideal común objetivo. La base de todo el orden internacional, el fundamento de su construcción y progreso, no es otro distinto al respeto por el consenso, es decir el principio pacta sunt servanda, manifestación de la recta razón.

3.4. La génesis del control previo sobre los tratados en la Asamblea Nacional Constituyente.

El tema relacionado con el control de constitucionalidad de los tratados internacionales fue ampliamente debatido en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, a través del estudio de los numerosos proyectos presentados por los delegatarios, que consignaban diversas propuestas acerca del mismo.

En el informe-ponencia presentado en forma conjunta por los constituyentes integrantes de la comisión tercera de la misma asamblea, se expresó lo que a continuación se transcribe, como parte fundamental de la materia en referencia.

“...Consideramos que el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del tratado como sobre la ley aprobatoria del mismo, una vez ésta haya sido sancionada, trámite que de una parte permitiría un control total sobre el fondo y la forma, pero que a su vez evitaría duplicidad en la función de este control y por tanto dilaciones en la obtención de una seguridad jurídica. La declaratoria de inconstitucionalidad, ya sea del tratado o de la ley, por parte de la Corte, impediría la ratificación o el canje de notas.

Sobre este particular todos los miembros de la subcomisión estuvieron de acuerdo en que es conveniente establecer el control de constitucionalidad sobre los tratados públicos y sus leyes aprobatorias, de manera expresa, antes de que se proceda a ratificarlo; pero hubo discrepancias en cuanto a la etapa del proceso interno en que dicho control debe ser ejercido, y en cuanto si este debe ser automático o solamente cuando se haga uso por cualquier ciudadano, de la acción de inexequibilidad (lo subrayado es de la Corte).

Sobre el particular, el constituyente Alfredo Vásquez Carrizosa propone que el artículo sobre control de constitucionalidad quede así: Institúyese la instancia de revisión de constitucionalidad de los tratados, convenios o acuerdos internacionales en los cuales la Nación sea parte contratante. El Presidente de la República, los miembros del Congreso Nacional, o cualquier ciudadano, podrán promover dicha instancia mediante una petición motivada ante la Corte Constitucional, una vez firmado este instrumento internacional y antes de la ratificación del mismo. Es improcedente la instancia de revisión de constitucionalidad, una vez ratificado un instrumento internacional por el Presidente de la República. La Corte Constitucional dispone de treinta días laborables para pronunciarse sobre dicha petición, previo el concepto del Procurador General de la Nación, quien dispondrá de quince días laborables para emitir dicho concepto”. (Gaceta Constitucional Nº 68, Tomo II, 1991, pág. 13).

Igualmente en el Acta Nº 1 emanada de la subcomisión de relaciones internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, se lee lo siguiente:

“Hubo consenso respecto a que al Estado le corresponde expedir las normas que regulen el estado civil de las personas, pero también lo hubo respecto a que la Constituyente no puede modificar unilateralmente un tratado internacional como lo es el Concordato. (Subraya la Corte).

Hubo acuerdo en que deben ser celebrados por el Presidente, aprobados por el Congreso, revisados a la luz de la Constitución por la Corte Suprema o la Corte Constitucional y ratificados por el Presidente de la República”. (Gaceta Constitucional Nº 89, Tomo II, pág. 11).

Además de los antecedentes mencionados y consecuente con ellos, resulta claro que lo determinado en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Fundamental, se refiere a la competencia de la Corte Constitucional para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben, como un control previo de constitucionalidad a la ratificación de los mismos. Es de suponer entonces, que si se trata de tratados perfeccionados o ratificados con anterioridad a la vigencia de la Carta, no procede la mencionada revisión, pues es claro que si la finalidad perseguida por el constituyente fue el control previo a la ratificación del tratado, esta instancia no es procedente cuando ya se ha producido la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse.

Además de lo anterior, cabe indicar que la terminación, reforma y denuncia de los tratados es, como ya se ha dicho, competencia del Presidente de la República en su condición de director de las relaciones internacionales, como lo establece el artículo 189, numeral 2º de la Constitución Nacional, de manera que para poder cumplir con los compromisos adquiridos con otros Estados, para los fines mencionados, deben utilizarse los mecanismos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes.

4. Conclusiones sobre la jurisdicción constitucional en materia de tratados perfeccionados antes de la vigencia de la Constitución de 1991.

La Constitución Política deja, pues, en claro la diferenciación y oportunidad de las funciones que competen a cada órgano del poder público. Por ello, en el caso bajo examen, el presupuesto procesal para que la revisión sobre el contenido de los tratados prospere no se cumple, por cuanto el examen constitucional no se puede ejercer respecto de instrumentos públicos internacionales ya perfeccionados. Así lo reconoció expresamente esta Corte en reciente providencia, cuando se dice que “después de perfeccionado el tratado, se pierde la capacidad de su juzgamiento interno, haciendo tránsito al campo del derecho internacional”.

Esto se entiende como un reflejo natural de la supranacionalidad en este tipo de convenios que comprometen a la Nación, como persona de derecho público internacional, en un acto en el que ha perfeccionado su voluntad y en donde ningún organismo de carácter interno, ni siquiera el órgano encargado de la jurisdicción constitucional, puede entrar a revisar aquello que es ley entre las partes, siendo tales los Estados vinculados. La Carta Política ha tenido en cuenta este espíritu de equivalencia entre las partes, al considerar que el control constitucional tan sólo se puede ejercer con anterioridad al momento en que se perfeccione el tratado, esto es, previamente a la manifestación íntegra de la voluntad del Estado pactante. Es por ello que el artículo 241, numeral 10, establece que el control debe ser previo al canje de instrumentos de ratificación o de adhesión, que es uno de los actos mediante los cuales se perfeccionan los tratados.

Se recuerda que los tratados que ocupan la atención de la Corte fueron perfeccionados al producirse la adhesión de Colombia el 25 de agosto de 1934, y desde ese momento entraron a ser parte de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, como sujeto de derechos y deberes en el ámbito internacional y, así mismo, dejaron de ser materia de la esfera de la soberanía de la Nación y del control jurisdiccional, propio de las leyes y de los actos internos del país.

En la Constitución Política se establece, de acuerdo con el artículo 189, numeral 2º, que es función básica del ejecutivo, en cabeza del Presidente de la República:

“Dirigir las relaciones internacionales (...), celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.

En concordancia con este mandato, entre las atribuciones del Congreso, señaladas en el artículo 150, figura en el numeral 16 la de:

“Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados”.

Como complemento al proceso de formación de los tratados, la nueva Carta Política ha previsto, como ya se ha señalado, la revisión previa y automática por parte de la Corte Constitucional en los siguientes términos:

“241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumplirá las siguientes funciones:

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.

Por lo demás, el artículo 9º de la Carta, estatuye que, si bien es cierto las relaciones internacionales se fundamentan en la soberanía nacional, también parten del supuesto del “reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. Y es una verdad incontrovertible que uno de esos principios es el cumplimiento de los tratados, como medida de seguridad y estabilidad jurídica dentro del orden internacional. Esa es la correspondencia lógica con el principio universal pacta sunt servanda, cuyo fundamento jurídico reside en la paz, la seguridad y la convivencia entre los estados, principio el cual no puede ser desconocido bajo ningún pretexto, por ser una exigencia de la recta razón.

Ahora bien, de acuerdo con los principios rectores de la Constitución de 1991, en el artículo 241, numeral 10, se permite el control de constitucionalidad sobre los tratados y leyes aprobatorias de los mismos, pero, como se ha dicho, en forma automática y previa; de suerte que “la ratificación por parte del Gobierno esta supeditada a la determinación de la Corte. Pero, desde luego, eso vale únicamente respecto de los tratados que se aprueben por el Congreso después de la Constitución de 1991 y no puede aplicarse a los anteriores, dado precisamente el carácter previo del momento procesal de control”.

Es cierto que la segunda ley aprobatoria es posterior a la expedición de la Carta de 1991, pero hay que tener en cuenta que el tratado, como tal, ya había sido perfeccionado el 25 de agosto de 1934, razón por la cual resulta improcedente el control por parte de esta corporación, por cuanto supondría ejercer una función distinta a las prescritas en el artículo 241 del estatuto superior.

Lo anterior en cuanto al derecho constitucional colombiano, el cual establece unos pasos que garantizan la formación plena de la voluntad del Estado, manifestada por las tres ramas del poder público, que es expresión de la voluntad del Estado para comprometerse a nivel internacional. Por tanto, la voluntad de celebrar un tratado se expresa en primer término, en la iniciativa y la negociación por parte del Presidente de la República como Jefe de Estado y director de las relaciones internacionales; en segundo término, en la aprobación o improbación por parte del Congreso Nacional, y en tercer término, en la revisión automática por parte de la Corte Constitucional, paso este último que es previo al perfeccionamiento del tratado. Con posterioridad vendrán la ratificación, el canje de instrumentos y demás formalidades a través de las cuales el tratado es perfeccionado y, por ende, puesto en vigencia.

A manera de síntesis, tenemos que la ley aprobatoria de los tratados es una ley que, si bien cumple con una función de carácter interno —darles un fundamento a los tratados internacionales que se pretenden hacer valer—, los tratados en el ámbito internacional están incólumes, sin estar condicionados a que exista o no un pronunciamiento, bien jurisdiccional o bien legislativo, respecto de los mismos.

Es cierto que a la Corte Constitucional le confía la Carta Política la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución; pero esta cláusula general de competencia no debe interpretarse, en el caso que nos ocupa, de manera absoluta, pues debe recordarse que a renglón seguido, la norma constitucional que se la otorgó le está señalando unos límites perentorios: “en los estrictos y precios términos de este artículo” (art. 241).

Como ya se ha dicho, la actuación del órgano jurisdiccional sólo puede recaer sobre aquello que legalmente está dispuesto como apto para ser revisado. No considera esta Corte que proceda la revisión de un acto jurídicamente superfluo, puesto que la materia sobre la cual recae, los tratados ya perfeccionados, no puede ser afectada por decisión alguna del orden interno. Es así como sobre estos tratados no cabe pronunciamiento de fondo y, por tanto, esta Corporación habrá de inhibirse en el presente caso.

En consecuencia, mediante esta Sentencia se cambia la jurisprudencia en contrario, sentada en el fallo Nº C-027 proferido por la Corporación el día cinco (5) de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993).

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE, por los aspectos formales, la Ley 33 de 1992 “por medio de la cual se aprueba el Tratado de derecho civil internacional y el Tratado de derecho comercial internacional” firmados en Montevideo el 13 de febrero de 1889.

2. INHIBIRSE de proferir pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad del “Tratado de derecho civil internacional y el Tratado de derecho comercial internacional”, firmados en Montevideo el 13 de febrero de 1889.

3. Comuníquese el presente fallo al Gobierno Nacional para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política.

Cópiese, comuníquese y publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase».

(Sentencia C-276 de julio 22 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «El Tratado de Montevideo fue suscrito el 12 de febrero de 1889, y en su época quizá se avenía a la tradición y a las legislaciones internas de los países signatarios. Particularmente, en Colombia se había adoptado el Código Civil de 1873 de Cundinamarca basado en el Código chileno de don Andrés Bello, tributario del Código de Napoleón.

En el momento histórico en que se suscribió este tratado, todavía era muy incipiente la lucha por la igualdad de la mujer y el reconocimiento de sus derechos por lo que el contenido del tratado no contradecía la realidad política, social y cultural de la época. Sin embargo, el convenio prontamente fue superado por la evolución permanente de las sociedades que cada vez ampliaban más sus horizontes hacia la aceptación de la igualdad de sexos. Dicha evolución se reflejó, como ya se ha visto, en los instrumentos internacionales y en la legislación interna.

3.2. El Tratado de Montevideo frente a la Constitución vigente.

Fue intención del Constituyente colombiano fundamentar las relaciones exteriores del Estado en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios consagrados en los tratados internacionales ratificados por Colombia (C.P. art. 8º). En el presente siglo el derecho internacional ha orientado su visión hacia la protección de los derechos humanos, en especial el derecho a la igualdad. La mayoría de los países han expresado su preocupación por el tema, que se ha materializado en la celebración de convenios universales destinados a su definición y garantía. De igual forma, en la Constitución vigente la persona humana es la razón de ser, el centro de todo el ordenamiento jurídico y en este sentido existe una perfecta armonía entre el orden interno y el plano internacional.

3.2.1. El Tratado y los derechos de la mujer. 

La Asamblea Nacional Constituyente juzgó insuficiente el reconocimiento ya logrado en tratados internacionales y en el ordenamiento jurídico interno sobre los derechos de la mujer. Consideró que a pesar de los avances todavía se conservaba una mentalidad reflejada en una actitud discriminatoria en todos los campos contra su condición. Es por esta razón que el tema despertó una especial sensibilidad en los Constituyentes que se manfiestó en la preocupación de brindar a la mujer una protección integral.

A través de la ponencia denominada “Derechos de la familia, el niño, el joven, la mujer y la tercera edad” (1) se puso de relieve el papel preponderante de la mujer en la sociedad y se propugnó la elevación a canon constitucional del principio de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

En la aludida ponencia se recordó que nuestra sociedad no siempre había sido dominada por el elemento masculino, es más, tenía un ancestral régimen de tipo matriarcal, en el que la mujer se encontraba en el pináculo de la jerarquía. Lo anterior, derivó, por razones socio-culturales relacionadas, en una situación de discriminación, subordinación y subvaloración de la mujer.

En la actualidad, explican los ponentes, la mujer en los países desarrollados ha encontrado su verdadero papel en la sociedad, como agente de producción de importancia y a la vez como sujeto cogestor de vida humana; sin embargo, no ha sucedido lo mismo en el concierto de las naciones en proceso de desarrollo, en las que aún se mantiene esa situación de marginamiento de la mujer, que se manifiesta en fenómenos como el alto desempleo, la baja participación política, la violencia, entre otros. Se concluye que debe consagrarse una protección especial para la mujer gestadora de la vida y consagrarse el respeto absoluto a la igualdad de derechos.

Con fundamento en los postulados planteados por los constituyentes, la Constitución de 1991, proscribe en el artículo 13 la discriminación por razones de sexo, norma que se desarrolla específicamente en el artículo 43, que contempla la igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer, y tajantemente establece que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.

Además de lo anterior la Constitución contempló acciones afirmativas concretas a nivel constitucional para la protección efectiva de la mujer. Ejemplo de ello es la especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, después del parto y el subsidio alimentario si estuviere desempleada o desamparada. Igualmente en el artículo 42 se consagró la igualdad de derechos y deberes entre los cónyuges (C.P., art. 42).

En el ámbito de los derechos políticos se estableció un mandato a las autoridades para garantizar la participación adecuada y efectiva de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública (C.P., art. 40).

El Tratado de Montevideo restringe la libertad de locomoción y domicilio de la mujer al establecer que frente a la ausencia de residencia conyugal, se entiende por tal el domicilio del marido e incluso para la mujer separada judicialmente mientras no constituya otro.

Esta norma vulnera flagrantemente todas las disposiciones sobre igualdad consagradas por el constituyente y, en especial, el derecho de circulación y residencia que tan sólo encuentra una limitación en leyes “razonables” que respeten el campo propio de los derechos fundamentales.

Ahora bien, asumir que el domicilio de una mujer separada judicialmente es el del marido, mientras no constituya otro, no sólo vulnera las disposiciones constitucionales sino que, adicionalmente, contradice la propia definición de domicilio, de acuerdo con la cual es la residencia junto con el ánimo de permanecer en ella (C.C., art. 76). En efecto, no se entiende cómo la mujer separada va a tener el ánimo de tener como residencia la del ex marido.

3.2.2. El Tratado y la igualdad de derechos entre los hijos.

Pese a que la Ley 29 de 1982 había eliminado el trato discriminatorio en el terreno sucesoral entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y los extramatrimoniales, el constituyente prefirió elevar a rango constitucional el derecho a la igualdad de los hijos.

En efecto, el artículo 13 de la Constitución al consagrar el derecho fundamental a la igualdad, prohíbe la discriminación por razones de origen familiar. Dicha norma de aplicación inmediata debe ser interpretada a la luz del artículo 42, que consagra la igualdad de derechos y deberes entre los “hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica”.

Esta norma constitucional impide al Estado colombiano disponer otra cosa en los tratados internacionales que pretendan desconocer o disminuir estos derechos inherentes a la persona humana.

Esta es la situación presente en el artículo 18 del título VI del Tratado de derecho civil internacional cuando establece que “Los derechos y obligaciones concernientes a la filiación ilegítima se rigen por la ley del Estado en el cual hayan de hacerse efectivos”. Esto significa que un nacional colombiano que tenga la condición de ser hijo extramatrimonial podría ver afectados sus derechos sucesorales en un estado que todavía mantenga distinciones por origen familiar a este respecto, en un momento en el que Colombia constitucionalmente ha decidido excluir de la discrecionalidad del Ejecutivo y del Legislativo la facultada de disponer arbitrariamente sobre los derechos hereditarios, dada su íntima relación con el derecho fundamental a la igualdad.

De otra parte, el Tratado de Montevideo al darle aplicabilidad al estatuto territorial, utilizado especialmente frente a aspectos relacionados con los bienes, desconoce la prevalencia del estatuto personal, en virtud del cual la ley del Estado del nacional lo acompaña a cualquier lugar donde se encuentre en materia de los atributos de la personalidad, a los que el constituyente colombiano les ha otorgado rango constitucional.

4. ¿Está vigente el Tratado de Montevideo frente al derecho internacional?

A la luz de la Carta de las Naciones Unidas no está vigente el Tratado de Montevideo.

La sentencia de la cual nos apartamos se limita a establecer su vigencia a la luz del principio “pacta sunt servanda” , como valor absoluto de las relaciones entre estados, sin entrar a analizar su posición dentro de todo el contexto de las normas internacionales y específicamente aquellas que regulan la interpretación de los tratados.

En el derecho internacional se ha superado la antigua concepción de acuerdo con la cual su objetivo es simplemente la regulación de las relaciones entre los estados. En efecto, también constituye preocupación mundial determinar los límites al poder de los estados frente a los derechos de las personas en particular.

La decisión de la mayoría se limita a un análisis teórico y abstracto de la validez de los tratados en el ámbito internacional y deja de lado la evaluación del contenido del tratado a la luz de los conflictos que puedan surgir con otros instrumentos, tema que ocupa un lugar preponderante de la doctrina y práxis internacionales.

El Tratado de Montevideo es un tratado multilateral, suscrito por algunos países de América Latina y, por lo tanto, carece de vocación universal. Con posterioridad a la firma del tratado, el derecho internacional ha tenido una gran evolución surgida de la necesidad de reconocer normas más universales que permitan establecer lazos de comunicación estrechos entre los diferentes estados.

La sentencia de la Corte Constitucional se remite al preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas para destacar la consagración del principio “pacta sunt servanda”, pero olvida mencionar su ubicación secundaria frente a los postulados sobre la reafirmación de los derechos fundamentales, la dignidad de las personas —que no de súbditos, expresión arcáica y de estirpe monárquica contraria al ideario de un Estado democrático, que reiteradamente utiliza el fallo de la mayoría—, y la igualdad de derechos de hombres y mujeres, que son objeto permanente y supremo del derecho internacional y humanitario de nuestros días que, al igual que los derechos internos, se estructura no en torno del principio de soberanía, sino del superior principio de respeto y reconocimiento a la dignidad de la persona humana.

Uno de los propósitos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas es ordenar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, lo que luego es reiterado en los artículos 55C y 56, que se refieren al principio de efectividad de tales derechos y al compromiso que adquieren los Estados miembros para su realización.

Es indiscutible la vocación universal de la Carta de las Naciones Unidas y su supremacía que fue expresamente contemplada en ella, al disponerse en forma inequívoca en el artículo 103, que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.

Esta prevalencia fue reiterada expresamente por la Convención de Viena en el artículo 30 relativo a la aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma material. La sentencia de la mayoría se refiere a ella, como “el tratado de los tratados”, pero sólo para resaltar al principio “pacta sunt servanda”. Lo que hace fuera del contexto de toda la convención que, incluso, contempla como excepción el vicio del consentimiento del Estado, cuando se presente una violación manifiesta que afecte a una norma fundamental del derecho interno.

Normas como las contempladas en el Tratado de Montevideo que vulneran el derecho de la mujer a determinar libremente su domicilio, incluso cuando se ha dado una separación judicial, y la igualdad de derechos entre los hijos, al disponerse la aplicación de las disposiciones vigentes en cada estado sobre “filiación ilegítima”, contradicen de manera flagrante los propósitos y las regulaciones de la Carta de las Naciones Unidas como instrumento vinculante principal para todos los Estados partes así como otras convenciones específicas sobre los derechos de la mujer y del hijo.

III. La competencia de la Corte

En este salvamento de voto se reitera la doctrina expuesta en la Sentencia C-027 del 5 de febrero de 1993, mediante la cual se declararon inexequibles algunas disposiciones de la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato suscrito entre el Gobierno colombiano y la Santa Sede.

A la luz de las anteriores consideraciones no se remite a duda que la Corte Constitucional es competente para examinar en el fondo la Ley 33 de 1992 que aprueba un tratado abiertamente violatorio del derecho a la igualdad de la mujer y a la igualdad entre los hijos. Aparte de inconstitucional, el tratado carece de vigencia en el ámbito internacional y, en el caso de tenerla, sería así mismo nulo de pleno derecho por vulnerar el derecho a la igualdad que es norma de imperativo cumplimiento (jus cogens)».

Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz. 

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