Sentencia C-289 de marzo 15 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2500

Magistrado ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Demandante: Mario Williams García.

Normas acusadas: Artículos 169 y 171 parciales del Código Civil, modificadas por los artículos 5º y 7º del Decreto 2820 de 1974.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo quince de dos mil.

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de los artículos 169 y 171 del Código Civil modificados por los artículos 5º y 7º respectivamente del Decreto 2820 de 1974, resaltando en negrilla los segmentos normativos acusados, así:

“ART. 169.—Inventario solemne de bienes. Modificado. Decreto 2820 de 1974, artículo 5º. La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiera volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de bienes que esté administrando”.

ART. 171.—Imposición de multas. Modificado. Decreto 2820 de 1974, artículo 7º. El juez se abstendrá de autorizar el matrimonio hasta cuando la persona que pretenda contraer nuevas nupcias le presente copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a sus hijos, del auto que le discernió el cargo y del inventario de los bienes de los menores. No se requerirá de lo anterior si se prueba sumariamente que dicha persona no tiene hijos de precedente matrimonio, o que éstos son capaces.

La violación de los dispuesto en este artículo ocasionará la pérdida del usufructo legal de los bienes de los hijos y multa de $ 10.000 al funcionario.

Dicha multa se decretará a petición del cualquier persona, del Ministerio Público, del defensor de menores o de la familia, con destino al Instituto de Bienestar Familiar.

(...).

V. Consideraciones y fundamentos.

1. El problema jurídico planteado.

Conforme a los cargos de la demanda y al concepto emitido por el Procurador General de la Nación, debe la Corte determinar si las expresiones contenidas en los artículos 169 y 171 del Código Civil, en la forma como, en su orden, fueron modificados por los artículos 5º y 7º del Decreto 2870 de 1974, violan los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto, como lo asevera el actor, ellas establecen un tratamiento discriminatorio entre las distintas clases de hijos que describe nuestro ordenamiento legal, al no prever aquéllos en su regulación a los hijos extramatrimoniales; o si por el contrario, exista una justificación razonable que amerite la exclusión de éstos de la mencionada reglamentación.

2. La solución al problema.

2.1. Las normas acusadas forman parte del título VIII del Código Civil que regulan la materia “De las segundas nupcias”. El texto original del artículo 169 del Código Civil era el siguiente:

“El varón viudo que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría quisiere volver a casarse deberá proceder al inventario solemne de bienes que esté administrando y les pertenezcan como herederos de su mujer difunta o con cualquier otro título”.

“Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial”.

Por su parte, el contenido original del artículo 171 del Código Civil era:

“La autoridad civil no permitirá el matrimonio del viudo que trata de volver a casarse, sin que se le presente certificado auténtico del nombramiento de curador especial para los objetos antes dichos, o sin que preceda información sumaria de que el viudo no tiene hijos de precedente matrimonio que estén bajo su patria potestad o bajo su tutela o curaduría”.

La obligación para el varón viudo que contraía nuevas nupcias y las consecuencias que de su incumplimiento se derivaban, obedecían a la necesidad de preservar el patrimonio de los hijos del anterior matrimonio del viudo, de modo que no existiera confusión entre los bienes de éstos y los de la nueva sociedad conyugal que se iba a formar con motivo de las segundas nupcias (1) .

(1) Manuel Somarriva Undurraga, Imprenta Nacional, Santiago de Chile 1982, pág. 54.

Analizado el precepto original del artículo 169 del Código Civil, puede observarse lo siguiente: i) La obligación únicamente estaba referida a “el varón”, es decir, que ella no comprendía a la mujer; ii) el empleo en la norma de la expresión “viudo” indicaba que la obligación surgía cuando el matrimonio se hubiera disuelto por muerte natural o presunta de la mujer. Por lo tanto, no comprendía otras formas de disolución del matrimonio diferentes a las indicadas; iii) al establecer dicha disposición que la obligación surgía cuando se tenían “hijos de precedente matrimonio”, es obvio pensar que sólo comprendía a los hijos legítimos, esto es, los concebidos durante el matrimonio de sus padres y no a los hijos naturales o extramatrimoniales; iv) los hijos debían encontrarse bajo la patria potestad o bajo la tutela o curaduría del padre viudo.

Concordante con dicha norma el artículo 171 sancionaba el incumplimiento de la obligación mencionada por el viudo que deseaba contraer nuevas nupcias, mientras no se acreditara el nombramiento de curador especial para los efectos indicados, o la prueba de que aquél no tenía hijos de precedente matrimonio, bajo su patria potestad, tutela o curaduría.

2.2. La modificación introducida a los artículos 169 y 171 por el Decreto 2820 de 1974, obedeció a la filosofía que inspiró la expedición de este decreto, en el sentido de eliminar en cierto modo la discriminación existente entre el hombre y la mujer. De ahí que las nuevas disposiciones de dichos artículos ya no se refieran al “viudo” exclusivamente, para efectos de establecer la aludida obligación, sino a cualquier persona que se halle dentro de la hipótesis en ellas reguladas.

2.3. La familia es una realidad sociológica que fue objeto de un reconocimiento político y jurídico en la Constitución de 1991, en cuanto se la considera como el núcleo o sustrato básico de la sociedad. Esto implica, que ella sea objeto de una protección integral en la cual se encuentra comprometida la propia sociedad y el Estado, sin tomar en cuenta el origen o la forma que aquélla adopte, atendidos los diferentes intereses personales e instituciones sociales y jurídicas, a través de los cuales se manifiestan, desenvuelven y regulan las relaciones afectivas; por lo tanto, la Constitución aun cuando distingue no discrimina entre las diferentes clases de familia; todas ellas son objeto de idéntica protección jurídica sin que interese, por consiguiente, que la familia se encuentre constituída por vínculos jurídicos, esto es, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por vínculos naturales, es decir, por la voluntad responsable de conformarla.

En la Sentencia T-523 de 1992 (2) la Corte explica que el constituyente, acorde con la idea de un Estado que reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, no reconoce ningún privilegio a un tipo específico de familia, sino que admite la diversidad de orígenes o vínculos que pueden originarla, sean naturales o jurídicos, es decir, tanto reconocimiento jurídico merece la familia que se forma por los lazos matrimoniales, como la que se constituye por las relaciones naturales, con lo cual se evidencia una aplicación concreta del principio de igualdad que cobija a las diferentes clases de familia que puedan conformarse.

(2) M.P. Ciro Angarita Barón.

La especial protección que el constituyente consagró a favor de la familia, en las condiciones de igualdad antes descritas, se manifiesta: en que las relaciones familiares se erigen sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de la pareja, así como en el respeto recíproco entre todos los integrantes del núcleo familiar; en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, previendo la posibilidad de sancionar las conductas que atenten contra ello, en el reconocimiento de iguales derechos y deberes para los hijos, sin que importe el origen de éstos; y en fin, en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe al niño para asegurar su desarrollo integral y el goce pleno de los derechos a que alude el artículo 44.

Acorde con las consideraciones expuestas en torno a la igualdad de las familias se pronunció la Corte, en la Sentencia C-105 de 1994 (3) , en la cual dijo:

(3) M.P. Jorge Arango Mejía.

“a) La Constitución pone en un plano de igualdad a la familia constituída “por vínculos naturales o jurídicos” es decir, a la que surge de la “voluntad responsable de conformarla” y a la que tiene su origen en el matrimonio”. “b) “El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”, independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato”.

“c) Por lo mismo, “la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”, sin tener en cuenta el origen de la misma familia”.

“d) Pero la igualdad está referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de ello es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio”.

“En conclusión: según la Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio o constituídas al margen de éste”.

2.4. Las normas que contienen las expresiones demandadas establecen, para la persona que haya tenido un vínculo matrimonial y quisiere contraer nuevas nupcias, la obligación de elaborar un inventario solemne de los bienes que esté administrando de los hijos habidos en dicho matrimonio, que se encuentren bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, con la intervención de un curador especial. Del incumplimiento de dicha obligación se generan ciertas consecuencias negativas y sanciones. Si se examinan las normas acusadas dentro del estricto contexto normativo del cual forman parte, esto es, como disposiciones especiales que regulan la temática relativa a “las segundas nupcias” y que no aluden para nada a las uniones libres o extramatrimoniales, podría pensarse que per se no violan la Constitución, pues la obligación en ellas contenida resulta armónica con la materia que regulan.

Sin embargo, examinado objetivamente el contenido de las referidas normas la Sala aprecia la existencia de una desigualdad manifiesta, en la medida en que otorga una protección especial al patrimonio de los hijos habidos en una relación matrimonial, y en cambio se omite dispensar la misma protección al patrimonio de los hijos originados en una unión libre no permanente, o permanente, o sea la que nace de la voluntad responsable de una mujer y un hombre de cohabitar y establecer una comunidad de vida permanente y singular, con firmes vínculos de apoyo mutuo, solidaridad e intereses comunes por satisfacer, en aras de conformar una familia. En efecto:

a) La Constitución impone al Estado y a la sociedad el deber de garantizar la protección integral de la familia, sin tener en cuenta que ella se forme a través de una relación matrimonial o de una unión libre. Ambos tipos de familia, por consiguiente, gozan de la misma protección y sus integrantes son iguales y gozan de los mismos derechos;

b) Así mismo, en lo que concierne a los hijos el inciso 6º del artículo 42 consagra la igualdad de derechos, sin tener en cuenta si fueron habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica;

c) El propósito de las normas de las cuales forman parte los segmentos acusados, como se explicó antes, es la protección del patrimonio de los hijos. En tal virtud, no existe justificación constitucional que aquéllas solamente protejan el patrimonio de los hijos habidos dentro de las relaciones matrimoniales y no los originados en una unión libre o extramatrimonial. En efecto, si frente a la Constitución todas las familias y los hijos son iguales y merecen idéntica protección, no encuentra la Corte que exista una razón objetiva y válida que justifique el trato diferenciado, pues los bienes de los hijos, sin que importe su origen, merecen la misma protección.

Con el fin de garantizar la supremacía de las normas de la Constitución y específicamente el derecho a la igualdad, la Corte ha acudido en diferentes ocasiones a armonizar una norma que se ha acusado con los preceptos de la Constitución, declarando la exequibilidad condicionada, a través de las llamadas sentencias modulativas o condicionadas, o ha dispuesto que se otorgue un plazo al legislador para que remedie la situación, llenando el vacío que contiene la norma y que la hace inconstitucional (4) .

(4) Sentencias C-700/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-109/95, C-221/97 y C-112/2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Por lo anterior, con la finalidad de asegurar la protección del patrimonio, tanto de los hijos habidos en una relación matrimonial, como los originados en una unión libre, la Corte declarará inexequibles las expresiones “de precedente matrimonio” y “volver a” del artículo 169, y “de precedente matrimonio” del artículo 171 del Código Civil, pero condicionará la interpretación del vocablo “casarse” y la expresión “contraer nuevas nupcias”, contenidos en dichas normas, en armonía con los artículos 13 y 42 de la Constitución, a la circunstancia de que sean entendidos, bajo el supuesto de que la misma obligación que se establece para la persona que habiendo estado ligada por matrimonio anterior quisiere volver a casarse, se predica también respecto de quien resuelve conformar una unión libre de manera estable, con el propósito responsable de formar una familia.

De este modo, se da un tratamiento igualitario y se protegen las relaciones derivadas de matrimonio o de las uniones libres, a las familias, independientemente del origen o de la forma que ellas adopten, y a los hijos, sin que importe si ellos fueron habidos en el matrimonio o en una relación extramatrimontal.

3. En conclusión, por las razones precedentes la Corte declarará exequibles las normas acusadas, con los condicionamientos antes señalados.

Vl. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “de precedente matrimonio” y “volver a” del artículo 169, y “de precedente matrimonio” del artículo 171 del Código Civil. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 42 de la Constitución el vocablo “casarse” y la expresión “contraer nuevas nupcias”, contenidos en dichas normas, deben ser entendidos, bajo el supuesto de que la misma obligación que se establece para la persona que habiendo estado ligada por matrimonio anterior quisiere volver a casarse, se predica también respecto de quien resuelve conformar una unión libre de manera estable, con el propósito responsable de formar una familia, a efecto de asegurar la protección del patrimonio de los hijos habidos en ella.

Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

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