Sentencia C-290 de abril 25 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-290 de 2007 

Ref.: expedientes D-6489 y D-6491

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 de la Ley 1033 de 2006

Demandantes: Diego Fernando Bedoya Gallo (Exp. D-6489) y Leonardo González Márquez (Exp. D-6491).

Bogotá, veinticinco de abril de dos mil siete.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

Se transcribe a continuación el texto de la disposición acusada, con la advertencia de que se subraya y resalta(sic) lo demandado.

“LEY 1033 DE 2006

“Por la cual se establece la carrera administrativa especial para los empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 204 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política”.

El Congreso de la República decreta

DECRETA:

“ART. 10.—Cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil prevea en los procesos de selección la aplicación de la prueba básica general de preselección a que hace referencia el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y esta tenga el carácter de habilitante, no le será exigible a los empleados que estén vinculados a la administración pública, mediante nombramiento provisional o en carrera, con una antelación no menor a seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, que se inscriban o que se hayan inscrito para participar en el respectivo concurso en un empleo perteneciente al mismo nivel jerárquico del cargo que vienen desempeñando.

“La experiencia de los aspirantes deberá evaluarse como una prueba más dentro del proceso, a la cual deberá asignársele un mayor valor a la experiencia relacionada con las funciones del cargo para el cual aspiran.

“Para dar cumplimiento a lo consagrado en los incisos anteriores la Comisión Nacional del Servicio Civil queda facultada para que dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la expedición de la presente ley, realice los ajustes y modificaciones que se requieran en los procesos administrativos y en las convocatorias que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de esta.

“Habilitar en Carrera Administrativa General, Especial o Específica según el caso a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado. La Comisión Nacional del Servicio Civil emitirá los pronunciamientos a que haya lugar en cada caso.

“PAR.—Con el fin de garantizar la oportuna ejecución del proceso de selección para la provisión de empleos de carrera, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantará la fase I, Prueba básica general de preselección de la convocatoria número 001-2005, a través de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con el apoyo del Icfes y el soporte tecnológico de la Universidad de Pamplona.

“La ESAP asumirá hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del diseño, construcción y aplicación de la Prueba básica general de preselección con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2006, para lo cual dispondrá de los recursos asignados para la aplicación de la Ley 909 de 2004 y el valor restante con cargo al presupuesto de la CNSC”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad de los apartes demandados, ya que hacen parte de una ley de la República.

2. Los problemas jurídicos que plantea la demanda.

Según se desprende de las demandas acumuladas, las intervenciones y el concepto del señor Procurador, correspondería a la Corte definir los siguientes asuntos:

2.1. Si cuando el artículo 10 de la Ley 1033 de 2006 dispone en su primer inciso que la prueba básica general de preselección de carácter habilitante no les será exigible a los empleados que estén vinculados a la Administración Pública mediante nombramiento provisional o en carrera, con una antelación no menor a seis meses, dispensa a estos servidores un privilegio injustificado que desconoce el derecho a la igualdad a que se refiere el artículo 13 superior, el principio contenido en el artículo 125 constitucional conforme al cual el mérito debe ser el factor de selección del personal público, el principio de eficacia de la administración pública y el derecho ciudadano de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. O si por el contrario, esta distinción en el trato se justifica en razón de la diferente situación en que se encuentran quienes vienen desempeñando cargos públicos con esa antelación, pues en este tiempo habrían demostrado tener las aptitudes generales que se pretende comprobar mediante la prueba básica de la que son eximidos.

2.2 Si cuando esta misma norma dispone en su segundo inciso que la experiencia de los aspirantes deberá evaluarse como una prueba más dentro del proceso, y que deberá asignársele un mayor valor a la experiencia relacionada con las funciones del cargo para el cual se aspira, incurre también en un desconocimiento del derecho a la igualdad, al otorgar otro privilegio a quienes vienen desempeñando cargos en provisionalidad. O si, por el contrario, el mayor valor dado a la experiencia específicamente relacionada con el cargo no es contrario a la Constitución, pues lo que el legislador hace es introducir una diferencia con fundamento en la distinta capacidad de los aspirantes.

2.3. Si cuando el inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006 faculta a la Comisión Nacional del Servicio Civil para habilitar en carrera administrativa general, especial o específica, según el caso, a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado, revive la inscripción extraordinaria en carrera administrativa, declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-030 de 1997. O si por el contrario, dicha inscripción extraordinaria toma pie en la consideración según la cual el ingreso a la carrera administrativa procede únicamente después de superar el concurso de méritos realizado “de acuerdo con la normatividad vigente al momento de la convocatoria para la cual se haya participado”, y no otra.

2.4. Si el artículo 10 de la Ley 1033 de 2006 presenta un vicio de falta de unidad de materia, pues el tema general que regula la ley en que se inserta es el concreto de la regulación del régimen de carrera para los empleados públicos no uniformados al servicio de la entidades del sector de defensa de la Administración, y en cambio la disposición acusada regula de manera general el acceso a los cargos de carrera en cualquier entidad de la Administración Pública. O si por el contrario la Ley, como lo expresa su propio título, incluye dentro de su materia la modificación de algunas disposiciones de la Ley 909 de 2004, asunto dentro del cual cabe el de la regulación del acceso a la carrera administrativa en cualquier entidad de la administración.

3. Existencia de cosa juzgada constitucional, en relación con los incisos primero y segundo del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006.

3.1. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-211 de 2007 (1) , declaró inexequibles los incisos primero, segundo y tercero del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, a partir de la fecha de promulgación de esa ley.

Para la adopción de la anterior decisión, la Corte recordó, entre otras cosas, que en la Sentencia C-226 de 2002 (2) había concluido que excluir ciudadanos no inscritos en la carrera administrativa, del concurso de ascenso para proveer cargos superiores en la Procuraduría General de la Nación, constituía una medida irrazonable, contraria al sistema de ingreso, permanencia y ascenso a los cargos públicos, cuyo fundamento eran la capacidad y el mérito de los aspirantes. Así mismo, recordó que a partir de esa sentencia, la jurisprudencia había sido constante en el sentido de reconocer (i) que no hay lugar a distinciones entre las modalidades de concursos para ingreso y para ascenso a la carrera administrativa, pues el artículo 125 no establece esa distinción; (ii) que el fundamento sustancial para la provisión de de cargos de carrera (ingreso o ascenso) es el mérito, que prohíbe incluir dentro de los parámetros de selección de personal criterios diferentes a aquellos que pretendan medir objetivamente dicho mérito de los aspirantes; y (iii) que el reconocimiento de factores que sólo sean aplicables a unos concursantes y a otros no, como criterio de selección de los concursos, resulta desproporcionado, incluso frente al derecho al reconocimiento e incentivo laboral de todos los trabajadores (3) .

De igual manera, para llegar a la conclusión sobre la inexequibilidad de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, en la Sentencia C-211 de 2007 la Corte reiteró que para el caso de los empleados que ocupan cargos de carrera en condiciones de provisionalidad, no resultaban acordes con la Constitución aquellas disposiciones que establecían condiciones especiales, que no se reconocían a quienes participaban en el concurso y no se encontraran vinculados a la administración (4) . De manera particular, la Corte recordó los criterios jurisprudenciales vertidos en ocasiones anteriores, conforme a los cuales resulta inconstitucional estimar que la experiencia específica en un determinado cargo pueda ser un criterio a tener en cuenta a la hora de evaluar a los participantes (5) .

Finalmente, en sustento de la decisión de inexequibilidad mencionada, la Corte recordó lo dicho en la Sentencia C-1122 de 2005 (6) , en donde se explicó que reconocer a las pruebas un carácter exclusivamente eliminatorio y no clasificatorio, de manera que sus resultados no incidan en la ubicación en la lista de elegibles, no sólo desconoce el mérito como fundamento constitucional del ingreso y ascenso en la carrera administrativa, sino también el derecho a la igualdad.

Con fundamento en los citados precedentes jurisprudenciales, en lo relativo al primer inciso del artículo 10, la Corte consideró que eximir de la prueba básica general de preselección a aquellos concursantes vinculados a la administración, bien sea en provisionalidad o en carrera, comportaba un claro desconocimiento de los principios constitucionales según los cuales el mérito y la igualdad son el eje del sistema de carrera administrativa. Además, estimó que reconocer a la prueba básica de preselección un carácter exclusivamente eliminatorio y no clasificatorio, desconocía así mismo el mérito como factor determinante del ingreso a la carrera y el derecho a la igualdad de los concursantes.

En cuanto al segundo inciso del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, la Corte resolvió que el mayor valor que la disposición otorgaba a la experiencia relacionada con el cargo resultaba discriminatorio, pues ello implicaba una ventaja para quien lo estuviera ocupando, en detrimento de quienes no lo estuvieran.

Finalmente, la Corte consideró que una vez detectada la inexequibilidad de dos primeros incisos del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, era claro que el inciso tercero, que autorizaba a la Comisión Nacional del Servicio Civil para introducir modificaciones a la convocatoria 01 de 2005, dejaba de tener sentido, por lo cual la corte debía declarar igualmente su inexequibilidad.

En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de la presente Sentencia se ordenará estarse a lo resulto en la Sentencia C-211 de 2007 (7) , en relación con los incisos primero y segundo del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, ahora nuevamente demandados.

4. Examen de constitucionalidad del inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006.

4.1. Ausencia de cosa juzgada.

También en la Sentencia C-211 de 2007 (8) , la Corte estudió la demanda dirigida en contra del inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, que faculta a la Comisión Nacional del Servicio Civil para habilitar en carrera administrativa general, especial o específica, según el caso, a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se hubiera participado.

Los cargos de la demanda eran dos. Conforme a uno primero, que recaía exclusivamente sobre la expresión “en cada caso” contenida en dicho inciso, ella desconocía el principio de unidad de materia a que aluden los artículos 158 y 169 superiores (9) . Conforme a un segundo cargo, este inciso permitía que por el simple hecho de aprobar el examen, los servidores públicos quedaran automáticamente habilitados en la carrera administrativa, lo cual desconocía los artículo 13 y 25 superiores.

La Sentencia, tras estudiar detenidamente el primero de estos dos cargos, revisando tanto la materia sobre la que versa en general la Ley, como el trámite dado al proyecto en el Congreso de la República, declaró exequible, por el cargo allí analizado, la expresión “en cada caso” contenida en el inciso cuarto del mismo artículo 10 de la Ley 1033 de 2006.

En cuanto al segundo cargo, que como se dijo aducía que el inciso cuarto permitía que por el simple hecho de aprobar el examen, los servidores públicos quedaran automáticamente habilitados en la carrera administrativa, la Corte consideró que la acusación partía de un entendimiento de la norma que no se desprendía de su texto, por lo cual la demanda era inepta y debía conducir a un fallo inhibitorio, como en que en efecto profirió en la parte resolutiva de la providencia.

En la presente oportunidad, el inciso cuarto es nuevamente demandando. Los cargos de la demanda ahora consisten en decir que este inciso revive la inscripción extraordinaria en carrera administrativa, declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-030 de 1997. Así pues la acusación difiere de las dos que fueron esgrimidas dentro del proceso que culminó con la Sentencia C-211 de 2007. En tal virtud, la Corte entrará enseguida a estudiarla.

4.2. Examen de constitucionalidad del inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006.

4.2.1 El inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006 permite a la Comisión Nacional del Servicio Civil habilitar en la carrera administrativa “a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado”. Para el actor dentro de la presente demanda, esta facultad revive la inscripción extraordinaria en la carrera administrativa, que fue declarada inexequible en la Sentencia C-030 de 1997.

En la Sentencia C-030 de 1997 (10) , la Corte estudió la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987, y 22 de la Ley 27 de 1992. Dichas normas permitían que los empleados que estuvieran desempeñando un cargo de carrera sin estar inscritos en la misma, pudieran acreditar, dentro del año inmediatamente siguiente a la vigencia de la ley, el cumplimiento de los requisitos exigidos para sus respectivos empleos, y solicitar al Departamento Administrativo del Servicio Civil su inscripción en la Carrera Administrativa (11) .

La Corte, tras recordar las premisas constitucionales relativas a la carrera administrativa y al concurso como forma de acceder a ella, analizó las disposiciones acusadas concluyendo que ellas permitían el ingreso automático a la carrera administrativa, de funcionarios que reunieran dos condiciones: la primera, estar ocupando un cargo que la ley hubiera definido como de carrera; la segunda, acreditar una serie de requisitos contemplados en leyes y decretos, en un período de tiempo determinado. Al respecto en dicho fallo se dijo lo siguiente:

“Las normas acusadas, en su orden, los artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987, y el 22 de la Ley 27 de 1992, las primeras aplicables a los empleos del nivel nacional, el segundo, a los empleos del nivel territorial, señalan, en términos generales, que, a su entrada en vigencia, los empleados que ocupen un cargo de carrera, podrán, dentro del año siguiente, solicitar su inscripción en la carrera administrativa, previa acreditación de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional o por los decretos que prevean las correspondientes equivalencias. Igualmente, consagran la posibilidad de que las personas que ocupen esos cargos y no puedan acreditar los requisitos en el término que ellas prevén accedan a la carrera, cuando logren acreditar esos requisitos.

“Estas normas, tal como lo indica el actor, permiten el ingreso automático a la carrera administrativa, de funcionarios que reúnan dos condiciones, a saber: la primera, estar ocupando un cargo que la ley ha definido como de carrera; la segunda, acreditar una serie de requisitos contemplados en leyes y decretos, en un período de tiempo determinado.”

Establecido lo anterior, la sentencia concluyó que las disposiciones acusadas facilitaban el ingreso y permanencia en la carrera administrativa de personas que, por estar en cierta condición (desempeñando un cargo de carrera), no requerían someterse a un proceso de selección para evaluar sus méritos y capacidades. Así se desconocían, “no sólo el mandato constitucional contenido en el artículo 125 de la Constitución, que exige la convocación a concursos públicos para proveer los cargos de carrera, sino los principios generales que este sistema de selección tiene implícitos, tales como la igualdad y la eficacia en la administración pública (arts. 13 y 209 de la Constitución)”. En consecuencia, en la parte resolutiva de la sentencia en cita los referidos artículos 5º y 6º de la Ley 61 de 1987, y 22 de la Ley 27 de 1992 fueron declarados inexequibles (12) .

4.2.2. Al parecer de la Corte, en la presente oportunidad la norma acusada regula un supuesto de hecho diferente a aquel a que se referían los artículos que fueron declarados inexequibles mediante la Sentencia C-030 de 1997.

En efecto, en esta ocasión el inciso 4º del artículo 10 se refiere a la situación de quienes “ hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado.” Es decir, entiende la Corte, no se trata como en el caso anterior de funcionarios que simplemente ocupaban cargos de carrera administrativa sin estar inscritos en ella, y sin haber participado en ningún concurso, a los que se permitía acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos con lo cual quedaban automáticamente inscritos en tal carrera, sino que ahora la norma se refiere a personas que, en épocas pasadas, participaron en procesos de selección por mérito, es decir en concursos públicos para acceder a cargos de carrera administrativa.

Respecto de estas últimas personas, el numeral 4º del artículo 10 bajo examen permite que la Comisión Nacional del Servicio Civil las “habilite” en la carrera administrativa. Es decir, entiende la Corte, la disposición permite que sean inscritas en dicha carrera.

A juicio de algunos de los intervinientes, la anterior disposición tiene como propósito garantizar los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas de quienes, “de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria”, participaron en concursos públicos y obtuvieron en ellos el derecho a ser vinculados a la carrera administrativa; pero posteriormente no fueron efectivamente vinculados, por haberse establecido que la normatividad bajo la cual se llevaron a cabo tales concursos no resultaba conforme con los dictados constitucionales (13) .

La Corte estima que la anterior interpretación del inciso cuarto del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006 no es de recibo, toda vez que no se deduce del tenor de la norma; dicho tenor, se recuerda, es el siguiente:

“Habilitar en carrera administrativa general, especial o específica según el caso a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado. La Comisión Nacional del Servicio Civil emitirá los pronunciamientos a que haya lugar en cada caso”.

El examen pausado de la anterior disposición lleva a concluir que ella permite habilitar en la carrera a personas que no están inscritas en ella, que en épocas pretéritas superaron un proceso de selección por mérito. Sin embargo, el tenor literal de la norma no permite concluir que se trate de personas con derecho adquirido a ser inscritas en dicha carrera. Ciertamente, la sola circunstancia de haber participado un proceso de selección por mérito y de haberlo “superado”, no confiere por sí mismo un derecho adquirido al concursante para ser inscrito en la carrera administrativa, pues como es sabido, la regulación legal de dicho proceso (14) sólo lleva a estar inscrito en una lista de elegibles, pudiendo ser posteriormente nombrado para proveer una vacante, tras de lo cual debe superarse un período de prueba, y sólo después se obtiene el derecho a la inscripción en la carrera administrativa (15) .

La disposición no aclara si las personas a que ella se refiere son aquellas que: (i) aprobaron el concurso, (ii) resultaron inscritas en la lista de elegibles, (iii) fueron nombradas, (iv) y superaron también el período de prueba, o si se trata de aquellas que sólo alcanzaron completar la primera etapa de este proceso, es decir, la de las pruebas propiamente tales; respecto de esta última categoría de personas concursantes no es posible predicar la existencia de un derecho adquirido a ser inscritas en la carrera, principalmente por no haber superado el período de prueba. Y si ellas llegaran a ser “habilitadas” en ella, como lo permite la norma bajo examen, claramente se incurriría en un desconocimiento del derecho a la igualdad a que se refiere el artículo 13 superior, pues lo que de manera general exige la ley es que se agote todo el proceso, incluida la superación del período de prueba. De esta forma se estaría dando un trato más benéfico a las personas colocadas en esta situación, frente a todas aquellas otras que para ser inscritas en la carrera administrativa deben agotar el proceso completo de selección.

Así las cosas, la Corte observa que la disposición bajo examen presenta un alto grado de indeterminación y de falta de precisión, que impiden saber cuál es el supuesto de hecho que realmente regula; en estas circunstancias tolera el descrito desconocimiento del derecho a la igualdad, por lo cual será retirada del ordenamiento.

5. Cosa juzgada respecto del cargo esgrimido en contra del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, por falta de unidad de materia.

5.1. Una de las demandas acumuladas dentro del presente expediente aduce que el artículo 10 desconoce el principio de unidad de materia, puesto que el asunto de que trata no tienen relación con el tema general de la Ley 1033 de 2006. Esta ley, dice la demanda, regula el régimen especial de carrera de los empleados públicos no uniformados de las entidades del Sector Defensa (16) , al paso que el artículo 10 acusado se refiere al acceso al Sistema General de Carrera Administrativa en toda la Administración Pública.

5.2. Dentro del expediente que culminó con la Sentencia C-211 de 2007 (17) , fue demandado parcialmente el artículo 10, por la supuesta violación de los artículos 158 y 169 superiores. Esta misma acusación fue esgrimida en contra de los artículos 9º, 11 y 13, de manera que, en relación con todas estas disposiciones, la acusación relativa a la falta de unidad de materia fue examinada en forma conjunta en dicha providencia.

Para descartar el cargo anterior, la Corte estimó que, contrario a lo afirmado en la demanda, el núcleo temático del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 1033 de 2006 no se reducía al tema de la carrera administrativa especial para los empleados públicos civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional, y de sus entidades adscritas y vinculadas al sector Defensa. Que del trámite surtido en el Congreso se desprendía que si bien el proyecto inicial presentado por el Ministro de Defensa aludía exclusivamente al establecimiento de la referida carrera especial, las Comisiones Séptimas Constitucionales habían decidido modificar el título del proyecto —en el sentido de que con el mismo igualmente se modificaban algunas disposiciones de la Ley 909 de 2004—, e introducir artículos nuevos relativos en nuevos relativos en general al tema de los concursos para ingresar a la carrera administrativa y en particular a la convocatoria entonces en curso.

En ese sentido, para la Corte fue claro que tanto el objeto de los debates, como el título del proyecto, y su contenido final habían abarcado dos grandes temas, a saber: la referida carrera especial y las modificaciones a la Ley 909 de 2004 en materia de concursos para ingreso a la carrera administrativa general.

Por lo anterior, visto este carácter multitemático de la Ley 1033 de 2006, la Corte encontró que sus artículos 9º, 10, 11 y 13, total o parcialmente acusados de vulnerar el principio de unidad de materia, mal podía considerarse como “cuerpos extraños” dentro de la mencionada ley. En tal virtud, despacho el cargo como improcedente.

Ahora bien, como puede verse, aunque en esa ocasión la demanda recaía sobre un aparte del artículo 10 (concretamente sus tres primeros incisos) las consideraciones de la Corte en torno de la presunta falta de unidad de materia cobijaron la totalidad del texto de dicha norma, así como también el de los artículos 9º, 11 y 13 de la misma ley.

5.3 Visto lo anterior, la Corte estima que respecto del cargo aducido en la presente oportunidad en contra del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006 según el cual el asunto de que trata no tienen relación con el tema general de la ley, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, que impide a la Corporación volver a proferir un nuevo fallo. En tal virtud, en la parte resolutiva de la presente decisión se ordenará estarse a lo resuelto en la Sentencia C-211 de 2007.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-211 de 2007, que declaró inexequibles los incisos primero, segundo y tercero del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, a partir de la fecha de promulgación de esa ley.

2. Declarar INEXEQUIBLE el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 1033 de 2006.

3. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-211 de 2007, que declaró exequible el artículo 10 de la Ley 1033 de 2006, frente al cargo de inconstitucionalidad por supuesta violación de los artículos 158 y 169 de la Constitución Política.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) M.P Álvaro Tafur Galvis.

(2) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(3) La Corte reitera concretamente la Sentencia C-1265 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(4) La Corte reiteró en este punto las sentencis C-942 de 2003, M.P Alfredo Beltrán Sierra, C-733 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-1263 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(5) La Corte reiteró las sentencias C-1263 de 2005, M.P Alfredo Beltrán Sierra, y C-046 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(6) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(7) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(8) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(9) Se recuerda que el texto del inciso cuarto del artículo 10 es el siguiente: “Habilitar en Carrera Administrativa General, Especial o Específica según el caso a quienes hubiesen realizado y superado el respectivo proceso de selección por mérito de acuerdo con la normatividad vigente a la fecha de la convocatoria para la cual se haya participado. La Comisión Nacional del Servicio Civil emitirá los pronunciamientos a que haya lugar en cada caso.

(10) M.P. Jorge Arango Mejía.

(11) Ley 61 de 1987:

“ART. 5º—Al entrar en vigencia esta ley, los empleados que estén desempeñando un cargo de carrera sin que se encuentren inscritos en la misma, deberán acreditar, dentro del año inmediatamente siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados para sus respectivos empleos en el manual de requisitos expedido por el Gobierno Nacional o en los Decretos que establezcan equivalencias de dichos requisitos, según el caso. Acreditados tales requisitos o sus equivalencias tendrán derecho a solicitar al Departamento Administrativo del Servicio Civil su inscripción en la Carrera Administrativa.

“Si el cargo que se desempeña no estuviera incluido en el manual de requisitos, el período se extenderá por seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que el Gobierno lo incluya, para lo cual éste tendrá un término de doce (12) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

“ART. 6º—Los empleados que no acrediten poseer los requisitos para el desempeño del cargo, dentro de los términos señalados en el artículo anterior, quedarán como de libre nombramiento y remoción, pero si continúan al servicio del mismo organismo sin solución de continuidad podrán solicitar su inscripción en la carrera cuando demuestren poseer los requisitos para el cargo que están desempeñando en el momento que acrediten dicho cumplimiento.

“Sin embargo, los empleados que tengan cinco o más años de servicio a la entidad, tendrán derecho a solicitar su inscripción en la carrera siempre que para el ejercicio de las funciones del empleo que desempeñan no se exija título profesional correspondiente a una carrera reglamentaria”.

LEY 27 DE 1992:

“ART. 22.—De los requisitos para los empleados del nivel territorial. Al entrar en vigencia esta ley, los empleados del nivel territorial que por virtud de ella llegaren a desempeñar cargos de carrera administrativa de conformidad con las normas vigentes, deberán acreditar dentro del año siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados en los manuales para los respectivos cargos o en las equivalencias establecidas en el decreto 583 de 1984, Ley 61 de 1987 y Decreto Reglamentario 573 de 1988.

"Quienes no acrediten los requisitos dentro del término señalado, quedarán de libre nombramiento y remoción. No obstante, si tales empleados continúan al servicio de la Entidad u organismo, podrán solicitar su inscripción cuando lleguen a poseer los requisitos del cargo y los acrediten en debida forma.

“PAR.—Las entidades a que se refiere esta Ley, deberán organizar programas de capacitación y perfeccionamiento, susceptibles de ser considerados como compensación de requisitos, de conformidad con los reglamentos que expida el Gobierno Nacional, salvo los cargos que requieran título profesional. Para este efecto se podrá contar con la asesoría de la Escuela Superior de Administración Pública”.

(12) La sentencia sólo tuvo efectos pro futuro.

(13) En especial una de las intervenciones sostiene que esta situación podría haberse producido como consecuencia de lo decidido mediante la Sentencia C-372 de 1999, en donde, al revisar la constitucionalidad del artículo 45 de la Ley 443 de 1998, se estableció que aunque se avenía a la Constitución que las entidades públicas, previo concurso y agotados los requisitos de ley, y dentro de sus respectivas competencias, efectuaran los nombramientos de las personas que habrían de ocupar los cargos al servicio del Estado, no se ajustaba al artículo 130 de la Carta la autorización legal para llevar a cabo, cada una de ellas, los procesos de selección de personal, función que debía ser cumplida sólo por la Comisión Nacional del Servicio Civil, directamente o a través de sus delegados.

(14) Esta regulación legal ha estado contenida de manera especial en la Ley 443 de 1998 y en la Ley 909 de 2004.

(15) El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 regula las etapas de este proceso, señalando que ellas incluyen una convocatoria, una etapa de reclutamiento, un período de práctica de pruebas propiamente dicho, en donde se aplican los instrumentos de selección que tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, con cuyos resultados se elaboran las listas de elegibles. La norma en comento establece que “la persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento”. El texto completo de esta disposición legal es el siguiente:

“ART. 31.—Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección comprende:

1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes.

2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso.

3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos.

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad.

Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación.

4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.

En los concursos que se realicen para el Ministerio de Defensa Nacional, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional, con excepción de sus entidades descentralizadas, antes de la conformación de las listas de elegibles se efectuará a cada concursante un estudio de seguridad de carácter reservado, el cual, de resultar desfavorable, será causal para no incluirlo en la respectiva lista de elegibles. Cuando se trate de utilizar listas de elegibles de otras entidades, al nombramiento deberá preceder el estudio de seguridad. En el evento de ser este desfavorable no podrá efectuarse el nombramiento.

5. Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento.

Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente.

El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional”.

(16) Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional y sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas.

(17) M.P Álvaro Tafur Galvis.

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