SENTENCIA C-293 DE ABRIL 2 DE 2008

 

Sentencia C-293 de abril 2 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sentencia C-293 de 2008 

Ref.: Expediente D-6900

Magistrado sustanciador:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 103 y 109 (parciales) de la Ley 734 de 2002

Demandante: Luis Alberto Sepúlveda Villamizar

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Norma acusada

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 44.708 de 13 de febrero de 2002 y se resalta la parte acusada:

“Ley 734 de 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

El Congreso de Colombia

DECRETA

(…).

ART. 103.—Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse; si esta no se presenta a la secretaría del despacho que profirió la decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el evento del pliego de cargos.

En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada.

(…).

ART. 109.—Comunicaciones. Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo.

Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el medio más eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente”.

(…).

Consideraciones de la Corte Constitucional

Competencia

1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

2. Problemas jurídicos planteados.

La Corte Constitucional debe entrar a resolver los siguientes problemas jurídicos:

En primer lugar, esta corporación debe establecer ¿Si el contenido de los argumentos esgrimidos por el demandante, respecto del artículo 103 de la Ley 734 de 2002, permiten efectuar un estudio constitucional de fondo?

En segundo lugar, debe la Corte analizar ¿Si el contenido normativo demandado perteneciente al artículo 109 de la ley mencionado, vulnera el principio de publicidad establecido en la Constitución?

3. Así las cosas, para resolver los problemas jurídicos planteados esta Corte establecerá los siguientes parámetros teóricos. De una parte, los requisitos legales y jurisprudenciales para la admisión de una demanda de inconstitucionalidad y su aplicación a los argumentos esbozados en la demanda respecto del artículo 103 de la Ley 734 de 2002.

De otra parte, y con relación al artículo 109 acusado, se analizará (i) el principio de publicidad en un Estado democrático de derecho y se observarán algunos antecedentes jurisprudenciales emitidos por esta corporación respecto al tema de notificaciones y comunicaciones por correo, para posteriormente (ii) estudiar el caso concreto.

I. Artículo 103 de la Ley 734 de 2002. Requisitos legales y jurisprudenciales para la admisión de una demanda de inconstitucionalidad

4. El artículo 241 constitucional determina las competencias de la Corte Constitucional. Por su parte, el decreto 2067 de 1991 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional” establece en su artículo 2º los requisitos que debe contener una demanda de inconstitucionalidad. Dichas exigencias son las siguientes:

• El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas;

• El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas.

• Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;

• Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la constitución para expedición del acto demandado y la forma en fue quebrantado: y

• La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.

5. Esta corporación estableció a través de Auto de Sala Plena A-032 de 2005 (2) lo siguiente:

“En reiteradas jurisprudencias, esta corporación ha insistido en la necesidad que las demandas de inconstitucionalidad sujetas a estudio, cuenten con cargos contra las normas acusadas.

Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que estos permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.

En este orden de ideas, no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad. En efecto, es necesario que los razonamientos alegados contengan unos parámetros mínimos que puedan llevar a esta corporación a desconfiar de la constitucionalidad de la norma acusada. Así las cosas, para que la acción pública de inconstitucionalidad sea efectiva como forma de control del poder político, los razonamientos en ella expuestos deben contener unos parámetros mínimos con el fin de que no se malogre la posibilidad constitucional de obtener de parte de esta corporación un fallo de fondo respecto del asunto planteado. Y no por el contrario, que se presente la posibilidad de que la Corte Constitucional se abstenga de pronunciarse sobre el asunto planteado debido a “razonamientos” que no permiten tomar una decisión de fondo.

En este orden de ideas, esta corporación ha entendido que los cargos de inconstitucionalidad deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes (3) .

Pues bien, los cargos serán claros si permiten comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Para que dicha comprensión se presente por parte del juez de constitucionalidad, no sol