Sentencia C-293 de julio 6 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

PARTE CIVIL

OPORTUNIDAD PARA SU CONSTITUCIÓN

EXTRACTOS: «El artículo 45 del decreto 2700 de 1991 preceptúa lo siguiente. Se subraya la parte demandada:

“ART. 45.—Oportunidad para la constitución de parte civil. La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento, a partir de la resolución de apertura de instrucción y hasta antes de que se profiera sentencia de segunda o única instancia”.

Según el demandante, la norma acusada es inconstitucional ya que limita el acceso a la justicia, y de esa manera discrimina a las víctimas o los perjudicados por un delito, pues no les permite participar, como sujetos procesales, durante la investigación previa. Por el contrario, según los ciudadanos intervinientes y la vista fiscal, esta restricción es razonable, y por ende constitucional, pues ella armoniza con la naturaleza de la parte civil y la especificidad de la investigación previa.

IV. Alcance de la norma demandada parcialmente.

El artículo 45, en la parte acusada, señala el momento desde el cual puede intentarse la constitución de parte civil: “a partir de la resolución de apertura de instrucción...”, límite que el demandante encuentra injustificado y pugnante con la Carta Política, por recortar a la víctima o a sus herederos las posibilidades de actuar desde el comienzo, en busca del descubrimiento de la verdad, derecho que —en su sentir— se infiere de la normatividad básica y posee un mayor alcance y trascendencia del que lo habilita para perseguir el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el delito.

Al respecto debe la Corte observar que la citada norma hace parte de un capítulo (el II del libro I del Código de Procedimiento Penal) que se ocupa de la acción civil, y que fija los alcances de ésta en el artículo 43 al disponer en su parte pertinente: “La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por el hecho punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil, o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, o por los herederos o sucesores de aquéllas, o por el Ministerio Público o el actor popular cuando se afecten intereses colectivos” (subrayas de la Corte). De ese modo, fuera de toda duda, está precisando el legislador qué es lo que con la citada institución se persigue. Y para abundar en claridad acerca de su finalidad inequívoca, agrega en el inciso segundo: “Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes, y optare por ejercitarla dentro del proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal” (subrayas fuera del texto). Con la expresión subrayada quiere la Sala destacar que se trata de un mecanismo diseñado con fines esencialmente patrimoniales, pues nada distinto puede buscar una acción indemnizatoria.

Ahora bien: establecida con claridad la naturaleza de la acción, el límite temporal fijado por el legislador se explica por sí mismo y hace inanes los argumentos que en su contra se esgrimen. Veamos por qué razones:

1. Si se trata de constituirse parte civil dentro del proceso penal, parece un presupuesto lógico de absoluta necesidad, este: que haya proceso penal. Y resulta que la etapa de investigación previa es previa, justamente, al proceso penal.

2. Podrá reargüirse, en contra de lo dicho, que es arbitrario excluir la llamada investigación previa del proceso penal; que este ya existe cuando existe aquélla.

Pero resulta, una vez más por la necesidad misma de las cosas, que no puede existir proceso sin sujetos procesales. Y si no hay siquiera imputado (como es el caso en la mayoría de las veces en que no se pasa de la investigación previa, circunstancia que reconoce el propio demandante), falta el protagonista del proceso y sin protagonista no puede haber proceso, así como sin actores no puede haber representación.

Basta leer el artículo 319 del mismo código para llegar a esa elementalísima e ineludible conclusión.

Dice el precepto, que trata sobre las “Finalidades de la investigación previa: en caso de dudas sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tiene como finalidad la de determinar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal” (subraya la Sala ). Es decir si hay o no lugar al proceso penal. Luego aún no lo hay. ¿Y si no lo hay, cómo ejercer dentro de él (!) una acción accesoria que lo tiene como obligado presupuesto?

3. Pero, podrá decirse —tal como se desprende de los argumentos expuestos en la demanda— que, precisamente, se trata de dar injerencia a las víctimas y a sus herederos en la construcción misma del proceso penal. A esto, puede observarse:

a) Se trata entonces de proponer una acción distinta a la acción civil dentro del proceso penal, cuya plausibilidad puede discutirse, pero cuya inexistencia no torna inexequible a la que sí existe con sus finalidades muy claramente determinadas y sin conflicto alguno con la Constitución.

b) El titular indiscutido de la acción penal —al menos hasta ahora y superadas ciertas etapas a cuyo retorno no aspiran las gentes civilizadas— es el Estado. Es a él, entonces, a quien compete verificar cuándo se dan los presupuestos necesarios para que el proceso penal surja, y en aras de esa competencia es preciso (y hasta deseable) deponer los deseos de venganza privada, no siempre armonizables con los propósitos de una recta justicia.

En ese orden de ideas, si no existe (a juicio del Estado) sujeto protagónico del proceso penal, la pregunta obvia parece ésta: ¿de quién sería contraparte la parte civil?

c) En función de esa titularidad indiscutible de la acción penal, el Estado ha señalado las situaciones en que ésta no puede tener lugar. ¿Lo habrá hecho de modo caprichoso o gratuito? No parece, a juzgar por las que indica el artículo 327 como generadoras de resolución inhibitoria, a saber: 1) que el hecho no ha existido; 2) que la conducta es atípica (es decir, no la contempla la ley como delictiva); 3) que la acción penal no puede iniciarse (v.gr. porque ya prescribió o porque no fue promovida por querellante legítimo cuando tal condición se exige); 4) que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad. El carácter necesario de tales causales parece incontrovertible y eximente de cualquier intento de justificación.

4. Todo lo dicho atrás supone, hay que admitirlo, un mínimo de confianza en el Estado y hay que reconocer que, en ese sentido, atravesamos una época de crisis. La tendencia a transformar lo público en privado estimula propósitos como el que anima a la demanda. No obstante, al margen de que la filosofía que los sustenta sea objeto de adhesión o repudio, es claro que la Constitución actual no los respalda.

V. ¿Existe violación del derecho de igualdad?

A juicio del demandante, del límite establecido por el legislador para intentar la constitución de parte civil (“a partir de la resolución de apertura e instrucción”) se sigue un desequilibrio para las partes que se traduce en violación del derecho de igualdad ante la ley, pues mientras “el sindicado sí cuenta con una debida y adecuada representación en dichas diligencias preliminares... de ella se priva en cambio a la víctima o al perjudicado...”.

A juicio de la Corte no existe dicha violación, pues la ley concede a quien aduzca que se siente lesionado con el delito, medios que, en esa etapa, juzga proporcionados a la defensa de su interés. En efecto: el denunciante o querellante (y es presumible que lo sea quien tenga interés directo en el esclarecimiento de los hechos) puede aportar las pruebas que juzgue conducentes para todos los efectos contemplados en el artículo 319, pedir revocación de la resolución inhibitoria (328), apelar de ella ante el respectivo superior y, en este caso, nombrar abogado que lo represente y conocer las diligencias practicadas (327, subrayas de la Corte).

Y téngase presente que la investigación previa es una etapa transitoria, que si no hace tránsito a la instrucción es por que lo impiden situaciones tan determinantes como las señaladas en el citado artículo 327, que la resolución inhibitoria no genera la cosa juzgada, y que cuando el denunciante o querellante interpone contra ella apelación, puede nombrar abogado que lo represente y tiene entonces pleno acceso a las pruebas que se hayan producido.

De tal suerte que el dilema es claro: si no apelan la resolución inhibitoria es porque la estiman conforme a derecho y ningún detrimento se ha causado. Y si la apelan, porque están inconformes, cesa la reserva de las diligencias practicadas que sería el último argumento para sostener la violación del principio de igualdad.

De todas las actividades que pueden llevar a término en beneficio de sus intereses la víctima o sus herederos, se desprende de manera palmaria que tienen garantizado un amplio acceso a la administración de justicia, en armonía con lo dispuesto por el artículo 229 de la C.P.

Algo más: lo que el citado artículo consagra como un derecho, es a la vez el contenido de un deber según mandato del artículo 95-7, que establece: “...son deberes de la persona y del ciudadano: 7) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Y parece lógico pensar que ese deber sea más vinculante para las personas que tienen un interés directo en el resultado del proceso. Luego: poner en conocimiento del funcionario que tiene a su cargo la investigación previa toda la información que se posea, resulta —también para la víctima y sus herederos— no sólo legítimo sino obligatorio.

Si a lo anterior se agrega que los intereses que la víctima o sus herederos persiguen son de naturaleza económica, mientras que el derecho que el sindicado tiene en jaque es la libertad, la alegada desigualdad entre las partes se desvanece por completo. Y no se insista en que la víctima o sus herederos pueden pretender es el esclarecimiento de la verdad, al margen de los valores patrimoniales, porque, tal como más atrás quedó dicho, la acción civil tiene en nuestra legislación una finalidad pecuniaria (desde luego legítima), y la ausencia de normas que apunten a intereses más altos no hace inexequibles las reglas que la consagran.

VI. Un argumento preocupante: la impunidad.

Obran en el proceso datos estadísticos aportados por la Fiscalía General de la Nación minuciosamente relatados en el proyecto de sentencia que no fue aprobado por la Sala. Según tales datos:

“En 1993 se adelantaron 200.461 investigaciones previas, se dictaron 44.465 resoluciones inhibitorias, 56.150 suspensiones de investigación y se abrieron formalmente 23.878 instrucciones. Además, todo indica que unas 70.000 investigaciones previas permanecían al final de ese año todavía en ese estado pre procesal por no existir imputado conocido, puesto que se suspendieron unas 56.000 pero según la Fiscalía entraron ese año 135.222 indagaciones preliminares sin presunto responsable. Todo esto muestra que en 1993 las aperturas formales de instrucción sólo representaron un 12% del total de investigaciones previas; sólo hubo resolución inhibitoria en 22% de los casos, mientras que aproximadamente el 67% de las investigaciones previas seguían en ese estado o habían sido suspendidas por no existir presunto responsable.

Las cifras aportadas por la Fiscalía para 1994 son similares, puesto que en ese año entraron más de 195.000 investigaciones previas, de las cuales más de 135.000 no contaban con presunto responsable. Se profirieron 52.271 autos inhibitorios, 68.701 suspensiones de investigación y se abrió formalmente instrucción en 27.001 casos”.

Tales datos son sin duda preocupantes pues corroboran una verdad sabida: el alto índice de impunidad existente en Colombia. Pero no es lícito inferir de ellos, que la imposibilidad de acción en que se hallan la víctima de un delito o sus herederos (afirmación que atrás quedó desvirtuada), sea un factor determinante de ese gravísimo mal que padecemos. Argüir que la impunidad judicial está relacionada con una norma que impide una actividad más amplia y extensa de los particulares en el proceso penal es improcedente por varias razones: 1) Porque implica un análisis parcial e inexacto de la disposición; y 2) Porque tal afirmación se mueve en la misma línea de pensamiento de quienes afirman que la criminalidad disminuiría si la autotutela de los derechos personales se sustituyera a la deficiente e ineficaz tarea que en ese campo lleva a cabo el Estado. Con todas las precariedades y contingencias que puedan imputársele, el Estado es el monopolizador legítimo del empleo de la fuerza y el —también— titular indiscutible de la acción penal.

Se trata de argumentos que consultan más la conveniencia que la constitucionalidad de las normas aludidas, pero que aun desde aquella perspectiva resultan inconsistentes por las razones que se dejan expuestas.

VII. Conclusión

No sólo desde un punto de vista lógico sino también desde una perspectiva material los argumentos aducidos contra la constitucionalidad del artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 son inconsistentes y endebles, y por eso la Corte habrá de confirmar la constitucionalidad de la norma.

Aunque es sólo una expresión la acusada de inconstitucionalidad, dado que ella sólo es inteligible dentro del precepto íntegro de que forma parte, y en vista de que las consideraciones que atrás quedan consignadas se refieren a la norma en su integridad, sobre ésta versará el pronunciamiento de exequibilidad.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 45 del Decreto 2700 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-293 de julio 6 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «14. Según el artículo 319 del Decreto 2700 de 1991 o Código de Procedimiento Penal, la investigación previa no es una fase de obligatorio cumplimiento, pues se adelanta sólo cuando hay duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, y por ello su finalidad es determinar si procede o no el ejercicio de la acción penal en el caso concreto. Por ello las autoridades que intervienen —a saber, los funcionarios de policía judicial bajo la dirección del fiscal, las unidades de fiscalía y el Ministerio Público— deben “adelantar las medidas necesarias tendientes a determinar si ha tenido ocurrencia el hecho que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades; si está descrito en la ley penal como punible; la procedibilidad de la acción penal y practicar y recaudar las pruebas indispensables con relación a la identidad o individualización de los actores o partícipes del hecho”.

Esta investigación previa, cuando hay imputado conocido, tiene un término máximo de dos meses, que se amplía a cuatro para los delitos de competencia de los jueces regionales (CPP, art. 324). Dentro de ese plazo, el fiscal deberá, si encuentra mérito, abrir formalmente el proceso mediante resolución de apertura de instrucción, o dictar resolución inhibitoria cuando aparezca que el hecho no ha existido, o que la conducta es atípica, o que la acción penal no puede iniciarse o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad (CPP, arts. 324 y 327). En cambio, cuando no hay sindicado conocido, la investigación previa tiene término indefinido, pues la ley procesal penal no fija un plazo máximo de duración de esta etapa preprocesal y simplemente señala, en el artículo 326, que se podrá suspender “si transcurridos ciento ochenta días no existe mérito para dictar resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria”.

Esta fase no ha existido siempre en el procedimiento penal colombiano. Así, el Código de Procedimiento Penal de 1971 (D. 409/71) no preveía la existencia de este momento preprocesal y autorizaba, en su artículo 126, la constitución de parte civil en cualquier estado del proceso, antes de que el negocio entrara al despacho para dictar sentencia de segunda instancia. Posteriormente una reforma a ese código creó, en el artículo 320 bis, un equivalente a la investigación previa: la indagación preliminar que se adelantaba por el funcionario de instrucción, dentro del término de diez días, cuando existiera duda sobre la procedencia de la apertura de la investigación. Nótese que en esta regulación la ausencia de sindicado conocido no impedía la apertura formal de la instrucción, puesto que los artículos 473 y 474 de ese código regulaban las situaciones en las cuales la investigación sumarial no hubiese permitido vincular a ninguna persona al proceso.

Posteriormente, el Código de Procedimiento Penal de 1987 (D. 050/87) amplió la figura de la indagación preliminar, puesto que estableció que ésta también operaba en aquellos casos en donde no se pudiera establecer la identidad o individualización de los autores del hecho punible.

15. Conviene destacar que a pesar de que la investigación previa no es jurídicamente de obligatorio cumplimiento, en la práctica, en numerosos casos, la Fiscalía General de la Nación no sólo adelanta tal fase preprocesal sino que además muchas investigaciones no parecen superar esta etapa. En efecto, en caso de que haya imputado conocido, según lo señalado en el numeral precedente, la investigación previa conduce a una apertura formal de investigación o a una resolución inhibitoria. Pero frente a la ausencia de presunto responsable, la investigación previa puede continuar de manera indefinida o ser suspendida si transcurridos ciento ochenta días no hay mérito para formalizar la apertura de instrucción o dictar resolución inhibitoria. Ahora bien, según los datos aportados por la Fiscalía General a este proceso, e incorporados en la sentencia, la suerte de muchas investigaciones penales se define en este momento preprocesal, ya sea porque el fiscal dicta resolución inhibitoria en aproximadamente uno de cada cuatro casos, ya sea porque la indagación se suspende o se mantiene de manera indefinida en casi siete de cada diez casos.

16. En tales circunstancias, consideramos que la exclusión del perjudicado de esta fase preprocesal desconoce su derecho a saber la verdad y a que se haga justicia, y puede afectar profundamente su derecho a obtener una reparación económica por el perjuicio ocasionado por el hecho punible. En efecto, en numerosos casos, como lo demuestran las cifras del numeral anterior, las víctimas y perjudicados no tienen derecho a exigir procesalmente que el Estado investigue y esclarezca un hecho punible, puesto que la investigación judicial no supera las indagaciones preliminares, en las cuales las víctimas no pueden participar como verdaderos sujetos procesales.

Es cierto que el estatuto procesal penal permite un cierto acceso al expediente por parte de las víctimas, incluso durante la investigación previa. En efecto, el artículo 28 establece que la víctima o el perjudicado “podrá ejercer el derecho de petición ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas”. Esta misma norma señala que el funcionario deberá responder dentro de los diez días siguientes. Igualmente, cuando la víctima ha sido denunciante del hecho o querellante tiene derecho a impugnar la resolución inhibitoria (CPP, art. 327). Sin embargo, nosotros consideramos que esas posibilidades no son suficientes para asegurar los derechos constitucionales de las víctimas, pues ellas no pueden participar como sujetos procesales durante la investigación previa, por lo cual sus derechos se ven fuertemente limitados. Así, en particular, ellas no pueden controvertir las pruebas y, si la víctima o el perjudicado no ha sido denunciante o querellante del hecho, no tiene ni siquiera la posibilidad de impugnar la resolución inhibitoria proferida por el fiscal. Por todo lo anterior, ya esta Corporación había señalado al respecto:

“Tampoco se satisface el derecho de la parte civil a un debido proceso si elementos de tan significativo matiz conflictual como las causales de anti-juridicidad y de culpabilidad se definen en esta pre-procesal a través de una resolución inhibitoria que, si bien puede ser impugnada, se edifica sobre pruebas que desde su posición no se ha tenido oportunidad para controvertir”.

Este desconocimiento de los derechos de víctimas y perjudicados es más evidente aun en aquellas hipótesis en las cuales la investigación previa se adelanta por la ausencia de presunto responsable conocido, aun cuando pueda existir certeza sobre la ocurrencia del hecho punible. En efecto, en estos casos, que son los más numerosos, según las cifras aportadas por la Fiscalía General, la ley no autoriza a la víctima o al perjudicado a participar activamente del proceso, a pesar de que el Estado acepta que efectivamente ha habido un ilícito que ha provocado víctimas y perjudicados. Además, en estos casos, la ley procesal no prevé ningún límite temporal para el desarrollo de la investigación previa, de suerte que las víctimas ven suspendidos de manera indefinida sus derechos al y en el proceso penal.

17. Quienes suscribimos este salvamento no encontramos entonces ninguna justificación razonable para esta exclusión de las víctimas de esta fase investigativa. Así, en primer término, no es aceptable el argumento de que la indagación previa formalmente no constituye en sentido estricto un proceso penal, por lo cual no se estaría violando el derecho de acceso a la justicia penal de las víctimas. En efecto, precisamente lo que se cuestiona es que de esta manera se está vulnerando el derecho de la víctima a exigir que el Estado adelante una investigación penal en debida forma por un hecho punible que la ha afectado, y en la cual tiene derecho a participar como sujeto procesal. Consideramos que en la interpretación constitucional no puede invocarse un argumento de purismo procesal —según el cual aún no existe proceso penal— para desconocer los derechos fundamentales de las personas, en este caso los derechos de las víctimas y perjudicados por los hechos punibles. Además, esta Corporación había señalado que, sin perjuicio de las discusiones doctrinales al respecto, “desde la perspectiva constitucional el proceso comienza desde que las autoridades de policía o de fiscalía reciben la notitia criminis, como quiera que a partir de ese momento el Estado despliega su poder investigativo y su capacidad para limitar e intervenir en la órbita de los derechos y de la libertad de las personas reconocida constitucionalmente”. Igualmente, esta Corte ha destacado en varias ocasiones que esos niveles preprocesales no son ajenos a las reglas del debido proceso y no pueden vulnerar los derechos constitucionales de las personas.

Tampoco nos parece de recibo el argumento según el cual la persona afectada puede recurrir a la vía civil para obtener la reparación del daño ocasionado por el delito porque, como se ha reiterado en esta sentencia, los derechos de las víctimas y perjudicados desbordan el campo puramente indemnizatorio.

Tampoco creemos que se puede invocar el argumento del carácter público de la acción penal para excluir a las víctimas de la investigación previa, pues su participación, como se destacó en los fundamentos 11 a 13 de este salvamento, no erosiona el monopolio estatal del ius puniendi. El particular no sustituye al Estado sino que participa en el proceso para dinamizarlo y hacerlo más eficaz, lo cual dista de ser una forma de justicia privada.

En ese mismo orden de ideas, tampoco encontramos un sustento válido en el carácter reservado y la protección de la investigación previa, puesto que el propio estatuto procesal penal establece también la reserva durante el sumario, y sin embargo admite en ella la constitución plena de la parte civil. Y es que la participación de las víctimas no es incompatible con la protección de la reserva de la investigación pues, de un lado, quien quiera ser parte civil debe demostrar su legitimación y, de otro lado, debe entenderse que durante la investigación previa, al igual que durante la instrucción, la parte civil, al igual que los demás sujetos procesales, tiene la “obligación de guardar la reserva sumarial, sin necesidad de diligencia especial” (CPP, art. 332). Además, lejos de perjudicar la eficacia de la investigación penal, la participación de las víctimas tiende a dinamizarla, puesto que ellas son las más interesadas en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables.

Finalmente, la participación de la víctima no implica una violación de los derechos de los sospechosos de haber cometido el hecho punible, puesto que el imputado que haya rendido versión tiene derecho a controvertir las pruebas y a participar en la investigación previa. Además, según el artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, “quien tenga conocimiento de que en una investigación previa se ventilan imputaciones en su contra, tiene derecho a solicitar y obtener que se le escuche de inmediato en versión libre y a designar defensor que lo asista en ésta y en todas las demás diligencias de dicha investigación”.

18. Por todo lo anterior, quienes suscribimos este salvamento consideramos contrarios a los derechos constitucionales de las víctimas y perjudicados su exclusión de la investigación previa, por lo cual consideramos que la expresión demandada “a partir de la resolución de apertura de instrucción” del artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 debió haber sido declarada inexequible en la parte resolutiva de esta sentencia. De esa manera, las víctimas y perjudicados por los hechos punibles hubieran podido constituirse en parte civil también durante la investigación previa de tales conductas, lo cual es congruente con sus derechos constitucionales.

19. Finalmente, consideramos importante señalar que la sentencia de la Corte no ha cerrado, en manera alguna, la posibilidad de establecer, por vía legal, una participación de las víctimas en el proceso penal que desborde el campo indemnizatorio. En efecto, la sentencia señala que es posible que por medio de mecanismos procesales distintos a la acción civil las víctimas puedan tener mayor injerencia en la construcción misma del proceso penal. Sin embargo, según la sentencia, en tal caso “se trata de proponer una acción distinta a la acción civil dentro del proceso penal, cuya plausibilidad puede discutirse, pero cuya inexistencia no torna inexequible a la que sí existe con sus finalidades muy claramente determinadas y sin conflicto alguno con la Constitución”.

Por consiguiente, las consideraciones de la sentencia permiten concluir que es perfectamente constitucional una ley que posibilite la constitución de parte civil durante la investigación previa o que consagre otras formas procesales en favor de los derechos constitucionales de las víctimas. Lo que sucede es que la sentencia considera que eso es un asunto de competencia del legislador, quien en su libertad de configuración ha determinado que la participación de las víctimas, por medio de la acción civil, tiene un sentido puramente reparatorio. En cambio nosotros consideramos que la Corte debió haber interpretado esa institución legal de acuerdo con los valores y principios constitucionales, a fin de proteger de manera inmediata los derechos constitucionales de las víctimas y los perjudicados por los hechos punibles. Pero de todos modos, el debate en la sociedad colombiana sobre el tema sigue abierto a fin de lograr mejores formas de acceso a la justicia de las víctimas de los delitos y los abusos de poder, pues estamos convencidos que estas personas —que son la encarnación viviente y concreta de los valores que busca proteger el derecho penal— no pueden ser un saldo silencioso de la política criminal en un Estado social de derecho (C.P., art. 1º) que aspira también a ser un Estado de justicia (C.P., preámbulo y art. 2º)».

Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz. 

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