Sentencia C-297 de abril 24 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

SENTENCIA C-297 DE 2002 

Ref.: Expediente D-3745.

Magistrado Ponente:

Eduardo Montealegre Lynett.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 76 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Actora: Marcela Patricia Jiménez Arango.

Temas:

— Inimputabilidad, penas, medidas de seguridad y principio de igualdad.

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil uno (2002) (sic).

EXTRACTOS: «II. Del texto objeto de revisión.

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 44097 del 24 de julio de 2000:

“Ley 599 de 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código Penal

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...).

ART. 76.—Medida de aseguramiento en casos especiales. Cuando la conducta punible tenga señalada pena diferente a la privativa de la libertad, la medida de seguridad no podrá superar el término de dos (2) años”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de una ley de la República.

El asunto bajo revisión

2. La actora considera que la disposición acusada es discriminatoria porque no sólo impide que una persona inimputable recurra a ciertos mecanismos para terminar anticipadamente el proceso penal, como la oblación, sino además porque ella implica que en esos eventos, el inimputable tendrá que ir a prisión por dos años, mientras que un imputable podría evitar esa sanción, recurriendo a un mecanismo como el pago de la multa o la oblación. Por el contrario, para los intervinientes y la vista fiscal, el artículo demandado se ajusta a la Carta, por cuanto se basa en la distinción entre penas y medidas de seguridad, que tiene fundamento constitucional expreso. Por ello consideran que la actora busca igualar el régimen sancionatorio de los imputables e inimputables, que son personas que están en situación distinta. Finalmente, según su parecer, el cargo de la demanda se fundamenta en una indebida interpretación de la norma acusada, pues ella no está ordenando el internamiento en la prisión del inimputable sino que simplemente está estableciendo un límite en el tiempo a las medidas de seguridad, que pueden ser impuestas a aquel inimputable que cometa un delito que tenga una pena distinta a la privación de la libertad.

Conforme a lo anterior, el problema que plantea la presente demanda es si es o no discriminatorio que la demanda prevea un régimen especial para los inimputables que cometan delitos sancionados con penas que no son privativas de la libertad. Para responder a ese interrogante, la Corte comenzará por recordar las bases constitucionales de la distinción entre penas y medidas de seguridad, para luego analizar si la disposición acusada se ajusta a esa diferenciación.

Inimputabilidad, penas y medidas de seguridad

3. El estatuto penal colombiano, siguiendo la doctrina nacional e internacional sobre el tema, establece dos regímenes diferenciados de responsabilidad penal. Uno para los imputables, que son las personas que al momento de realizar el hecho punible tienen la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento y de orientar su comportamiento conforme a esa comprensión. En estos casos, el Código Penal impone penas y exige que el comportamiento sea no sólo típico y antijurídico sino además culpable, pues la Carta excluye la responsabilidad objetiva en materia punitiva (C.P., art. 29). De otro lado, el estatuto prevé un régimen distinto para los inimputables, que son los individuos que al momento del delito, y por factores como inmadurez sicológica o trastorno mental, no pueden comprender la ilicitud de su conducta, o no pueden determinarse de acuerdo con esa comprensión, y por ello no pueden actuar culpablemente. En esos eventos, el Código Penal no establece penas sino medidas de seguridad, que no tienen una vocación sancionadora sino de protección, curación, tutela y rehabilitación. Y por ello el estatuto punitivo no exige que el comportamiento sea culpable sino que basta que sea típico, antijurídico, y que no se haya presentado una causal de exclusión de la responsabilidad. En tales circunstancias, esta Corte había señalado que en términos estructurales, en el Código Penal había dos tipos de hechos punibles, “esto es, el hecho punible realizable por el sujeto imputable que surge como conducta típica antijurídica y culpable, y el hecho punible realizable por sujeto inimputable que surge como conducta típica y antijurídica pero no culpable (delito en sentido amplio)” (1) .

(1) Sentencia C-176 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento 5.1.

4. Esta diferenciación de regímenes de responsabilidad penal tiene sustento expreso en el artículo 28 superior, que prohíbe las “penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. Pero incluso si esa disposición constitucional no previera esa diferencia entre penas y medidas de seguridad, ella encuentra claro sustento en los principios de igualdad y dignidad humana (C.P., arts. 1º y 13), que prohíben un trato igual, en materia punitiva, entre las personas que pueden comprender la ilicitud de su comportamiento, y pueden orientar su conducta con base en esa comprensión, y aquellos individuos que no pueden hacerlo. Por ello, desde sus primeras sentencias, esta Corte había señalado que esta diferencia de regímenes para imputables e inimputables se ajustaba a la Carta. Así, la Sentencia T-401, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, fundamento 4, señaló al respecto:

“La intención subjetiva presente en el momento de cometer el delito es el elemento que distingue las situaciones en que se ven comprometidos los imputables y que está ausente cuando la acción es realizada por los inimputables, incapaces de comprender la ilicitud de su conducta y determinarse de acuerdo con dicha comprensión. La conducta y el agente conforman para la ley penal un conjunto unitario que, con base en el indicado elemento, es claramente distinguible según se trate del imputable o del inimputable, de modo que las consecuencias jurídicas —pena y medida de seguridad— son diferentes y ello es así pues se originan en presupuestos diversos. La distinción que opera la ley penal, a juicio de la Corte, no es arbitraria, máxime si el legislador al otorgarle mayor peso a la intencionalidad del acto ha buscado conferirle más severidad a la pena. De otra parte, la medida de seguridad —mirada no a partir de su presupuesto sino de su consecuencia— tiene entidad y singularidad propias, explicables por su finalidad rehabilitadora del enfermo”.

5. Esta diferencia de regímenes explica a su vez que, como esta Corte lo explicó en la Sentencia C-176 de 1993, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero, las penas y medidas de seguridad tengan tanto similitudes como diferencias. Así ambas tienen fines de protección social, pues buscan evitar que pueda reincidir quien cometió un hecho punible. Ambas implican una restricción de derechos derivada de la comisión de un hecho punible, y en esa medida ambas hacen parte del derecho penal y están sometidas a las garantías constitucionales propias del derecho penal. Por ello, desde sus primeras decisiones, esta Corte ha señalado invariablemente que violan la Carta las medidas de seguridad indeterminadas, puesto que desconocen el principio de legalidad y la prohibición de las penas imprescriptibles (2) .

(2) Ver las sentencias T-401 de 1992, C-176 de 1993 y C-358 de 1997.

Pero obviamente, las penas y medidas de seguridad tienen también diferencias profundas, derivadas en gran parte del hecho de que la persona inimputable no puede actuar culpablemente. Por ello los fines de las penas y las medidas de seguridad no son idénticos. Por ejemplo, las penas tienen, entre otras, una cierta finalidad retributiva, de la cual están desprovistas la medidas de seguridad, pues sería contrario a la dignidad humana y a la libertad (C.P., arts. 1º, 16 y 28) castigar sobre la base de la retribución a quien no logra comprender la ilicitud de su comportamiento. Por ello, al referirse a las finalidades de estas medidas de seguridad, esta Corte señaló que éstas “no tienen como fin la retribución por el hecho antijurídico, sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las reglas de grupo. La prevención que aquí se busca es la especial. De acuerdo con este objetivo se conforma su contenido. Otra cosa es que, por su carácter fuertemente aflictivo, también tenga efectos intimidatorios” (3) . Y con base en esos criterios, las sentencias C-176 de 1993 y C-358 de 1997 concluyeron que violaba la Carta la fijación de términos mínimos de duración del internamiento de los inimputables, pues si la función de la medida de seguridad es curativa y de rehabilitación, no tiene sentido prolongar esa medida más allá del tiempo necesario para el restablecimiento de la capacidad psíquica de la persona. Por ello, la imposición de términos mínimos transforma la medida de seguridad en un castigo retributivo, incompatible con la situación propia de los inimputables. Dijo entonces esta Corte al respecto:

(3) Sentencia C-176 de 1993, fundamento 5.2.

“El tiempo de internación del inimputable no depende de la duración prevista en el tipo penal respectivo sino de la duración que tome el tratamiento. Ahora bien, la rehabilitación psiquiátrica no tiene topes mínimos de duración sino que depende en cada caso del tratamiento científico pertinente. Es por ello que no se compadece con la preceptiva constitucional, particularmente con el valor y derecho a la libertad, el internar a un inimputable más tiempo del estrictamente necesario para lograr su rehabilitación. De allí la inconstitucionalidad de los plazos mínimos establecidos en los tres artículos estudiados” (4) .

(4) Sentencia C-176 de 1993, fundamento 6.2.

6. Estas diferencias entre imputables e inimputables, y entre penas y medidas de seguridad explican que el ordenamiento prevea, en muchos aspectos, regulaciones distintas para unos y otros, sin que pueda aducirse un desconocimiento del principio de igualdad. Por ejemplo, el artículo 24 del Código Penitenciario y Carcelario (L. 65/93) prevé la existencia de establecimientos de rehabilitación y pabellones psiquiátricos especiales “destinados a alojar y rehabilitar personas que tengan la calidad de inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, según dictamen pericial”. La Sentencia C-394 de 1995, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, declaró exequible esa disposición pues consideró que no violaba la igualdad ya que “es apenas natural que los inimputables por trastorno mental o inmadurez psicológica, según dictamen pericial, tengan un tratamiento diferenciado, adecuado a sus circunstancias”.

Una vez precisadas las diferencias básicas entre medidas de seguridad y penas, y su sustento constitucional, entra la Corte a analizar el sentido de la disposición acusada, con el fin de poder estudiar los cargos del actor contra la misma.

El sentido de la norma acusada y su constitucionalidad

7. El artículo acusado establece que si la conducta punible tiene señalada una pena para diferente a la privativa de la libertad, entonces “la medida de seguridad no podrá superar el término de dos (2) años”. La actora infiere que ese mandato es discriminatorio pues impide que el inimputable pueda beneficiarse de ciertas causales de extinción de la acción penal, como la oblación o el pago, de suerte que el inimputable obligatoriamente terminará en prisión.

Sin embargo, un estudio literal y sistemático de esa disposición muestra que la conclusión de la demandante no es totalmente acertada. En efecto, esa disposición no está ordenando que el inimputable vaya a prisión durante dos años, por la sencilla razón de que la prisión es una pena, y por ende no está prevista para los inimputables. Para estos últimos, los artículos 69 y 81 del Código Penal establecen como medidas de seguridad (i) la internación en establecimientos psiquiátricos o clínicas adecuadas, (ii) la internación en casa de estudio o trabajo, (iii) la libertad vigilada, (iv) la reintegración al medio cultural propio, y (v) la imposición de medidas restrictivas de derechos, distintas a la multa y a la prisión, que sean compatibles con las funciones de las medidas de seguridad. Por consiguiente, no es cierto que el artículo acusado esté ordenando la prisión o la privación de la libertad del inimputable. Esta disposición simplemente está señalando un límite temporal máximo a las medidas de seguridad, cuando se trata de delitos que no contemplan penas privativas de la libertad, como el impedimento de ceremonia religiosa (art. 202), los daños de cosa destinadas al culto (art. 203), la utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública (art. 431) o el ultraje a emblemas o símbolos patrios (art. 461), entre otros. Si alguno de esos delitos es cometido por un inimputable, entonces, conforme a la norma acusada, la medida de seguridad tendrá un máximo de dos años, sin que esa disposición haya definido cuál es la medida de seguridad que debe ser aplicada, pues esa determinación depende de otros factores, que el propio estatuto regula: por ejemplo, si el trastorno mental es permanente, la medida adecuada es la internación en un establecimiento psiquiátrico, mientras que si éste es transitorio sin base patológica, no hay lugar a imposición de medida de seguridad.

8. Conforme a lo anterior, la norma acusada simplemente establece un límite temporal máximo de dos años a las medidas de seguridad que sean impuestas en aquellos eventos en que un inimputable haya incurrido en un delito sancionado con pena no privativa de la libertad. Esa disposición no es entonces discriminatoria pues, como bien lo señalan los intervinientes, y como se desprende del estudio adelantado en los fundamentos 3 a 6 de esta sentencia sobre las diferencias entre penas y medidas de seguridad, la regulación de la situación jurídica de los inimputables no tiene por qué ser igual a la de los imputables. Y en tal contexto, la consagración de un límite temporal máximo se ajusta perfectamente a la Carta, por cuanto, como ya se explicó, las medidas de seguridad, si bien son distintas a las penas, están sometidas a las garantías propias del derecho penal. Por ende, conforme al principio de legalidad y a la prohibición de que existan penas y medidas de seguridad imprescriptibles (C.P., arts. 28 y 29), es claro que la ley debe prever un límite máximo para las medidas de seguridad, tal y como esta Corte lo ha señalado en varias ocasiones (5) .

(5) Ver las sentencias T-401 de 1992, C-176 de 1993 y C- 358 de 1997.

9. El examen anterior es suficiente para concluir que el otro cargo de la actora carece de sustento pues no es cierto que la disposición acusada esté prohibiendo que un inimputable pueda hacer cesar la acción penal por medio distintos al cumplimiento de la medida de seguridad. Si eso es así, punto que no corresponde definir a esta Corte en la presente sentencia, esa situación no derivaría de la disposición acusada, la cual se limita a prever un límite temporal máximo para las medidas de seguridad en ciertos delitos. Y en todo caso, en caso de que existiera esa disparidad, lo cierto es que la presencia de una regulación diferenciada de la extinción de la acción penal para imputables e inimputables no es en sí misma discriminatoria, pues, como se ha insistido en esta sentencia, esas diferencias de trato encuentra sustento constitucional en la diversa situación de esos sujetos frente a la responsabilidad penal. Con esa afirmación, la Corte no excluye que eventualmente una diferencia específica de régimen entre imputables e inimputables pueda ser discriminatoria. Simplemente esta corporación está afirmando que la simple diversidad de regulación no afecta el principio de igualdad.

Los cargos de la demandante serán entonces desechados y la norma acusada será declarada exequible.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 76 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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