Sentencia C-30 de 28 de enero de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

CAUSAL TERCERA DE LIBERTAD PROVISIONAL

NO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN DESPROPORCIONADA

EXTRACTOS: «A continuación, se transcribe el texto demandado conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio del año de 2000, y se subraya lo demandado:

“LEY 600 DE 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...).

ART. 365.—Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos: (...).

3. Cuando se dicte en primera instancia. preclusión de la investigación cesación de procedimiento o sentencia absolutoria”.

(...).

Para la actora la causal de libertad provisional establecida en el numeral 3º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 desconoce la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de las personas respecto de las que se ha dictado en primera instancia auto de cesación de procedimiento o de preclusión de la investigación o sentencia absolutoria, quienes a pesar de haberse proferido dichas decisiones ven su libertad limitada por los presupuestos propios de la libertad provisional a saber el otorgamiento de una caución y la firma de un acta de compromiso, con lo que se restringen en su concepto de manera irrazonable sus derechos, máxime cuando el propio Estado a través de sus funcionarios judiciales ha decidido que no cabe proseguir con el proceso penal en su contra.

4.1. Contenido y alcance de la disposición acusada.

El artículo 365 de la Ley 600 de 2000 —Código de Procedimiento Penal— establece las causales de libertad provisional. El numeral 3º acusado señala que se tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución cuando se haya dictado en primera instancia cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria.

Es decir, que cuando se den los supuestos a que aluden los artículos 39 y 399 de la Ley 600 de 2000 (21) o cuando el juez de primera instancia absuelve al procesado, basta que se dicte el auto o la sentencia respectiva para que éste tenga derecho a que se le conceda la libertad provisional.

(21) ART. 39.—Preclusión de la investigación y cesación de procedimiento. En cualquier momento de la investigación en que aparezca demostrado que la conducta no ha existido, o que el sindicado no la ha cometido, o que es atípica, o que está demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o no puede proseguirse, el Fiscal General de la Nación o su delegado declarará precluida la investigación penal mediante providencia interlocutoria.

El juez considerando las mismas causales, declarará la cesación de procedimiento cuando se verifiquen durante la etapa del juicio.

ART. 399.—Preclusión de la investigación. Se decretará la preclusión de la investigación en los mismos eventos previstos para dictar cesación de procedimiento.

En caso de que el cierre de la investigación se haya producido por vencimiento del término de instrucción o por la imposibilidad de recaudar o practicar pruebas, la duda se resolverá en favor del procesado.

Cabe precisar que ello no significa que la libertad de una persona que ha sido beneficiada con tales decisiones quede indefinidamente en suspenso dado el carácter provisional a que se ha hecho referencia.

Lógicamente de no presentarse ningún recurso contra cualquiera de las decisiones aludidas, surtido el término de ejecutoria de las mismas, el derecho a la libertad provisional que surge desde el momento en que éstas fueron dictadas se convierte en derecho a la libertad definitiva, pues en esas circunstancias el proceso penal ha concluido con efectos de cosa juzgada.

Es decir que en manera alguna puede entenderse que una persona respecto de cuya conducta se ha dictado en primera instancia cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria quede, por el hecho de la existencia de causal acusada, de manera indefinida sujeta al poder punitivo del Estado.

Tal no es un efecto que pueda predicarse de la existencia de dicha causal. Lo que ella implica es que el procesado no tendrá que esperar a la ejecutoria de las providencias aludidas para tener derecho a la libertad provisional, la cual podrá solicitar inmediatamente si así lo desea.

En todo caso, se repite, ejecutoriada cualquiera de dichas decisiones sin que se haya presentado contra ella ningún recurso lo que procede es que se conceda la libertad definitiva del procesado.

Ahora bien, puede suceder que dichas decisiones sean objeto de recursos (22) durante el término de ejecutoria de las mismas. En esta circunstancia el derecho a la libertad provisional que surge con el hecho de haberse simplemente dictado cualquiera de las decisiones a que alude el numeral acusado solamente se convertirá en libertad definitiva una vez los recursos interpuestos contra ellas se hayan resuelto y las decisiones proferidas hayan sido confirmadas.

(22) Cabe precisar al respecto que contra los autos interlocutorios de cesación de procedimiento o preclusión de la investigación caben los recursos de reposición, apelación y queja (artículo del Código de Procedimiento Penal) y que contra la sentencia de primera instancia cabe el recurso de apelación y eventualmente el recurso extraordinario de casación.

Cabe precisar que la situación normativa en este caso es bien diferente de la que fuera considerada inconstitucional por la corporación en la Sentencia C-392 de 2000, pues de la aplicación del numeral acusado se desprende el derecho a que se otorgue de manera inmediata la libertad física del sindicado con el simple hecho de haberse dictado dichas providencias, sin que sea necesario esperar a que se surta la ejecutoria de las mismas, al paso que las disposiciones declaradas inexequibles negaban para el caso de los procesados por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados el derecho a obtener la libertad provisional en tanto no fueran confirmadas por el superior dichas decisiones y en todo caso sólo hasta 30 días hábiles después de haberse interpuesto el respectivo recurso de apelación si éste no se hubiera resuelto.

Hechas las anteriores precisiones la Corte procede a examinar los cargos formulados por la actora.

4.2. La ausencia de vulneración de la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia reconocida en el artículo 29 inciso 4º de la Constitución (23) , a la que se refieren varios textos internacionales ratificados por Colombia (24) , y que figura dentro de los principios generales del Código de Procedimiento Penal (25) es un postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico que no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance.

(23) ART. 29, INC. 4º—Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se nieguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

(24) La Declaración universal de los derechos humanos en su artículo 11, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1974, establece: “... Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su necesaria mientras no se establezcan legalmente su culpabilidad...” (art. 8º).

(25) La Ley 600 de 2000, en su artículo 7º expresa: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse o favor del procesado...”.

Este derecho que tiene rango de derecho fundamental acompaña, como ha precisado la Corte, al acusado desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio proreo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado (26) .

(26) Ver sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.

Para la actora dicho derecho fundamental resulta desconocido en el presente caso por cuanto a pesar de que con las decisiones a que alude el numeral acusado se ha reconocido la ausencia de responsabilidad penal del procesado, el Estado no actúa en consecuencia y no le concede de manera definitiva su libertad, sino que lo mantiene ligado al proceso penal como si presumiera su culpabilidad y no su inocencia.

Al respecto cabe recordar que esta corporación en reiteradas ocasiones, ha destacado que la previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces, como por ejemplo la detención preventiva de la que se deriva a su vez la institución de la libertad provisional, no atentan contra el derecho a la presunción de inocencia.

Ha dicho la corporación:

“La presunción de inocencia, en la cual descansa buena parte de las garantías mínimas que un Estado democrático puede ofrecer a sus gobernados, no riñe, sin embargo, con la previsión de normas constitucionales y legales que hagan posible la aplicación de medidas preventivas, destinadas a la protección de la sociedad frente al delito y a asegurar la comparecencia ante los jueces de aquellas personas en relación con las cuales, según las normas legales preexistentes, existan motivos válidos y fundados para dar curso a un proceso penal, según elementos probatorios iniciales que hacen imperativa la actuación de las autoridades competentes.

La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1º, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida por la autoridad judicial no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución.

La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso (...)” (27) .

(27) Sentencia C-689 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En el mismo sentido la corporación ha precisado que el objeto de tales medidas preventivas no es el de sancionar al procesado sino se asegurar su comparecencia al proceso y de que se cumplan los fines de la investigación penal (28) .

(28) Ver sentencia C-549 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Al respecto ha dicho lo siguiente:

“...El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no está en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales...” (29) .

(29) Sentencia C-634 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

En este sentido resulta claro que instituciones como la detención o la libertad provisional no parten del desconocimiento de la presunción de inocencia del procesado, pues no debe olvidarse que ésta lo ampara desde que se inicia el proceso hasta el momento en que el funcionario judicial lo declara penalmente responsable, por medio de sentencia ejecutoriada.

El carácter provisional de la libertad que se concede en este caso no supone entonces la culpabilidad del procesado, sino que ella responde a la necesidad de asegurar el cumplimiento de los fines del proceso penal, que no concluye sino una vez se encuentren ejecutoriadas las decisiones que de manera definitiva establecen la existencia o no de responsabilidad penal.

4.3. La ausencia de vulneración del derecho a la libertad.

Para la actora el carácter provisional de la libertad así concedida y las limitaciones que ello implica —prestar caución y cumplir las obligaciones señaladas en el acta de compromiso a que aluden los artículos 366 a 369 de la Ley 600 de 2000— constituye una restricción irrazonable del derecho a la libertad, que califica incluso de “detención arbitraria”.

Al respecto debe la Corte reiterar en primer término que el derecho a la libertad personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del Estado de derecho, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto e ilimitado.

Así la corporación ha precisado, como en el caso de los demás derechos fundamentales (31) , que el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción.

(31) Ha señalado esta Corte que los derechos fundamentales “...no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles...“. sentencia C-578 de 1995.

La Corte ha advertido sin embargo que en este caso la Constitución Política establece una estricta reserva legal y que el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad bien precisos.

Al respecto ha dicho:

“... Desde la perspectiva de los requisitos reseñados, cabe anotar que la norma comentada contempla el derecho de todos a no ser privados de la libertad sino en la forma y en los casos previstos en la ley, de donde surge que la definición previa de los motivos que pueden dar lugar a la privación de la libertad es una expresión del principio de legalidad, con arreglo al cual es el legislador, mediante la ley, el llamado a señalar las hipótesis en que tal privación es jurídicamente viable....

Se deduce de lo expuesto que el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro en consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal...

Sin embargo, esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la Nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona “se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable“ y que quien sea sindicado tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”...

Así pues, aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo...” (32) .

(32) Sentencia C-327 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

En este sentido en materia de libertad provisional la Corte ha señalado que el legislador, por razones de política criminal, tiene facultades para establecer las causales y condiciones para concederla al procesado, o para estatuir los casos en los que ella no procede (33) , siempre y cuando no lesione mandato superior alguno y observe los criterios aludidos (34) .

(33) “La consagración por parte del legislador de causales en las que no procede la libertad provisional, no puede considerarse lesiva del derecho a la libertad, pues la restricción de esta garantía deriva de la comisión de hechos ilícitos que la Constitución no debe permitir y, mucho menos, amparar”. Sentencia C-716 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(34) Ibídem Sentencia C-716 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

La corporación ha precisado en todo caso que ni el artículo 9º numeral 3º de la Ley 74 de 1968 (Pacto internacional de derechos civiles y políticos) ni el artículo 7º, numeral 5º de la Ley 16 de 1972 (Convención americana sobre derechos humanos), citados por la demandante, establecen límites sustantivos a las condiciones y garantías previas a la concesión de la libertad provisional.

Así ha señalado que:

“Los tratados internacionales de derechos han declarado expresamente que los acusados por delitos y los condenados pueden obtener su libertad bajo las condiciones y garantías que les exija el Estado(35) .

(35) Sentencia C-8 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido ver la Sentencia C-716 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Ahora bien, frente a las afirmaciones de la actora la Corte llama la atención sobre el hecho de que prestar caución y comprometerse a cumplir las obligaciones que comportan el otorgamiento de la libertad provisional a que aluden los artículos 366 a 369 de la Ley 600 de 2000 no constituye una restricción desproporcionada e irrazonable del derecho a la libertad de las personas respecto de las cuales se ha proferido en primera instancia cesación de procedimiento, preclusión de la investigación o sentencia absolutoria.

Mientras no se ejecutoríen y queden en firme dichas decisiones o no se hayan resuelto los recursos interpuestos contra ellas confirmándolas y en consecuencia no haya concluido de manera definitiva y con efectos de cosa juzgada el proceso penal que se haya iniciado, no resulta en efecto desproporcionado ni irrazonable que el legislador condicione el disfrute de dicha libertad al cumplimiento de unas determinadas obligaciones, en todo acordes con las finalidades del proceso penal, máxime cuando reconoce en todo caso el derecho a la libertad física del sindicado.

Así las cosas, los cargos planteados en la demanda sobre la vulneración del derecho a la libertad no están llamados a prosperar, por cuanto como ya se explicó el numeral acusado no desconoce en manera alguna la presunción de inocencia ni el derecho a la libertad (C.P., arts. 28 y 29), por lo que la Corte declarará la exequibilidad del numeral 3º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 en relación con dichos cargos y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el numeral 3º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por los cargos analizados en esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-30 de 28 de enero de 2003. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis).

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