Sentencia C-30 de enero 29 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9746

Magistrada Ponente:

Dra. María Victoria Calle Correa

Demandante: Adriana María Guillén

Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 6 y 7 del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, ‘Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones’

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma cuyos incisos sexto y séptimo, son acusados, los cuales se resaltan en negrilla.

“LEY 1564 DE 2012(2)

“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

(...).

Libro quinto

Cuestiones varias

(...).

Título II

Disposiciones relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

ART. 612.—Modifíquese el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

ART. 199.—Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

De esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, solo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.

La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada(3).

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las acusadas.

2. Controversia planteada por la demanda.

En el presente proceso, la Directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, en ejercicio de sus derechos políticos ciudadanos, presentó demanda de inconstitucionalidad contra los incisos finales (sexto y séptimo), del artículo 612 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), por considerar que la obligación impuesta a los jueces, de notificar a dicha agencia el inicio de todos los procesos en contra del Estado, es irrazonable y desproporcionada constitucionalmente. Sustenta sus cargos la demandante sobre la base de que la notificación personal obligatoria a la agencia del auto admisorio de la demanda y los mandamientos de pago dirigidos contra entidades estatales, implican una actuación en cabeza de los jueces, que retrasa el desarrollo de los procesos judiciales, pero también afecta el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, porque ante la imposibilidad física de que la agencia analice todos los expedientes, los intereses litigiosos de la Nación quedarían relativamente desprotegidos.

La violación al debido proceso tendría lugar no solo por la ineficacia de la regla procesal para alcanzar el fin para el cual fue diseñada, pero además en no pocas ocasiones los despachos judiciales omiten efectuar la notificación a la agencia, lo que implica que deba declararse la nulidad de todo lo actuado. Dice la accionante, que la medida es desproporcionada, en tanto no supera el segundo paso del test de proporcionalidad. No es una medida eficaz, ya que el medio previsto por el legislador para alcanzar la meta propuesta no tiene la aptitud de producir el efecto buscado.

En criterio de la demandante, tampoco la medida es necesaria, porque no es el medio más eficiente frente a los mecanismos existentes. Ninguna entidad del Gobierno Nacional, así como tampoco de la Rama Legislativa del poder público, participaron para defender la norma. Una de las intervenciones, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, coadyuvó la demanda, por considerar que sí se trata de una regla irrazonable. Las dos intervenciones restantes, de las universidades Externado de Colombia y Libre de Bogotá, consideraron que la norma es razonable, por cuanto es la agencia la que decide si participa o no en un proceso determinado, no se le impone una obligación. Finalmente, el Procurador General de la Nación sostiene que la norma debe ser declarada exequible por cuanto sí la considera razonable, en especial, por cuanto el medio alternativo para alcanzar el fin que se busca con las normas acusadas, no se puede lograr cabalmente con otra opción.

3. Argumentos sobre la inconveniencia de la norma; ausencia de cargos de inconstitucionalidad.

Para la Sala, la demanda presentada evidencia problemas de conveniencia de la norma acusada, que pueden ser de gran importancia pero que, de acuerdo con los argumentos presentados, no demuestran de qué forma esta inconveniencia de la norma conlleva también una afectación a los límites constitucionales. A continuación se hará referencia (i) a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (ii) a la obligación de ser notificada por los jueces de los procesos que se adelanten en contra del Estado y (iii) a los argumentos presentados por la demanda.

3.1. Breve alusión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una institución novedosa dentro del orden constitucional vigente. No se trata de una figura que ya existiera y que se está tratando de reformar. Es una institución que responde a visiones actuales del Estado y del manejo del gobierno. Su propósito es responder los retos que supone la defensa del Estado, desde una mirada amplia y general, no restringida y particular a cada uno de los casos, considerados aisladamente. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue creada por el Congreso de la República, mediante la Ley 1444 de 2011 (por medio de la cual se escinden unos ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones) en su artículo 5º(18). El objetivo de la entidad es doble, la producción de las políticas de prevención del daño antijurídico, para lo cual deberá estructurar, formular, aplicar, evaluar y difundir dichas políticas. Y, además, la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales públicas, con el fin de que se reduzca la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa. Se trata de funciones generales que no buscan que la agencia realice directamente la defensa del Estado, sino que la estructure de forma amplia y general(19).

3.1.1. El Gobierno Nacional reguló la entidad, mediante el Decreto-Ley 4085 de 2011 (por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado), expedido en ejercicio de la facultades atribuidas por el Congreso de la República en la misma Ley 1444 de 2011 (art. 18, lit. f). El decreto reiteró los objetivos de la agencia en los siguientes términos: “La agencia tendrá como objetivos: (1) el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; (2) la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y (3) la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación”. El artículo 2º del Decreto 4085 de 2011, que contempla el objetivo de la entidad, trae también un parágrafo en el que establece que, para efectos del decreto, se deberá entender por ‘intereses litigiosos de la Nación’ los siguientes: “(a) Aquellos en los cuates esté comprometida una entidad de la administración pública del orden nacional por ser parte en un proceso. || (b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación o aplicación. || (c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional. || (d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Nación. || (e) Los demás que determine el consejo directivo de esta agencia dentro de los lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional”.

3.1.2. El artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 consagra las funciones de la agencia en relación con las políticas(20), en relación con la coordinación de la defensa del Estado(21), en relación con la gestión del conocimiento y evaluación de la defensa(22) y en relación con el ejercicio de la representación(23). Es importante resaltar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no tiene como competencia única y exclusiva la posibilidad de representar a la Nación. También puede ejercer la representación judicial de las entidades territoriales mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento de poder. Pero, obviamente, se trata de una función extraordinaria, que no hace parte de sus actividades centrales. El artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011, en su tercer parágrafo establece que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica no será la parte demandada; dispone la norma: “PAR. 3º—La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en ningún caso tendrá la condición sustancial de parte demandada en los procesos que se adelanten contra las demás entidades públicas, razón por la cual no podrán dirigirse contra ella las pretensiones de la demanda y no podrá ser convocada a tales procesos a ningún título. En ningún caso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asumirá las obligaciones patrimoniales de las entidades públicas en cuyo nombre actúe”. Finalmente, se establece el sistema Litigob (sistema único de información litigiosa del Estado colombiano) como fuente de información(24).

3.2. Obligación de notificación.

El artículo 612 del Código General del Proceso, hace parte del capítulo dedicado a las disposiciones relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El artículo 610 del código se ocupa de establecer que la agencia podrá actuar, en cualquier estado del proceso sea cual fuere la jurisdicción. Posteriormente, el artículo 611 dispone que el proceso se suspenda por treinta días cuando la agencia decida intervenir, para luego, en el artículo 612 ocuparse de la notificación del proceso. Para tal fin, se resuelve modificar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo pertinente (L. 1437/2011, art. 199). El artículo incluyó dos incisos adicionales a los cinco que originalmente tenía(25). Para darle a conocer la existencia de un proceso en contra de la Nación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y que esta pueda decidir si se vincula o no, el legislador decidió modificar el artículo que regula la notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas y demás. El séptimo inciso se ocupa de consagrar los términos en los que debe ser hecha esa notificación que son, básicamente, los mismos que se establecen para la parte demandada.

El propósito de las normas citadas es armonizar las disposiciones de carácter procesal con las competencias de la agencia en cuestión. Incluir dentro de la nueva legislación procesal de Colombia (el Código General del Proceso, CGP), las reglas básicas que hagan posible la adecuada intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dentro de los procesos judiciales que se adelanten contra la Nación (y aquellos contra entidades territoriales que, excepcionalmente, decida la agencia seleccionar). Así, el artículo 610 del Código General del Proceso (L. 1564/2012) reconoce una amplia competencia de la agencia dentro del trámite del proceso, permitiéndole participar en cualquier momento. En el sentido similar, el artículo 612 del Código General del Proceso busca armonizar la legislación previa (en este caso, el procedimiento contencioso administrativo) con las competencias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3.3. Argumentos presentados e inhibición de la Corte.

En virtud del principio pro actione y de los argumentos presentados por la demanda, esta fue admitida para su estudio. No obstante, al analizarla en detalle, la Sala consideró que los argumentos presentados no establecen de forma pertinente y suficiente el porqué los yerros acusados implican un reproche constitucional. En otras palabras, los argumentos presentados por la demanda están orientados a demostrar la irracionalidad y desproporción de la obligación procesal que se acusa, que ordena a los jueces notificar personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de todos los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, en donde sea demandada una entidad pública. Sin embargo, no se muestra de forma clara como este diseño legal que la agencia estima inconveniente es, a la vez, inconstitucional.

3.3.1. Varias razones da la demanda: (i) Sostiene que la agencia no requiere la notificación en cuestión por cuanto no tiene la función de participar en todos los procesos judiciales que se adelanten en contra del Estado. No es ese su propósito. Por tanto, se alega, establecer que todos los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, en donde sea demandada una entidad pública, deben notificarse personalmente a dicha entidad, no es una medida legislativa que desarrolle o armonice la legislación procesal con las facultades de dicha agencia. (2) Aunque podría pensarse que la medida permite que la agencia se vincule debidamente a aquellos procesos en los que va a participar, la demanda considera que tal norma es inocua puesto que existe otra disposición dentro del propio Código General del Proceso (art. 610) que da esos amplios poderes de intervención. (3) Tampoco puede considerarse adecuada la medida como un medio de información, se sostiene, pues no es racional que para saber cuáles son los procesos en contra del Estado, se tenga que establecer como una obligación procesal vincular una persona jurídica a todas las controversias que se plantean en las distintas jurisdicciones. (4) La demanda sostiene que la medida afecta la defensa del patrimonio público, porque ante la dificultad física de que la agencia analice todos los expedientes, los intereses de la Nación no estarán adecuadamente protegidos. (5) Finalmente, la obligación de notificación abre la posibilidad de que se dilaten los procesos y haya lugar a nulidades.

3.3.2. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional “la efectividad del derecho político depende (...) de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”; aclarando que por pertinencia se entiende “que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”(26). En tal sentido, la jurisprudencia ha precisado que una crítica a la técnica legislativa empleada por el Congreso en una ley de la República, no sustenta necesariamente una inconstitucionalidad(27). En otras palabras, un error de técnica legislativa no es, per se, una violación del orden constitucional vigente, un argumento pertinente de constitucionalidad. Se requiere demostrar que ello es así.

3.3.3. En el presente caso se dan argumentos que buscan demostrar la inconveniencia (esto es, una falta de técnica de la ley acusada), pero no se demuestra adecuadamente que tales yerros implican, también, una violación de la Constitución. La demanda hizo alusión a dos referentes constitucionales. El derecho al debido proceso y a la defensa, por una parte, y la obligación de proteger el patrimonio del Estado, por otra. Los argumentos presentados en la demanda muestran por qué para la agencia es inconveniente e incluso innecesario, atender el trámite de la notificación que se le hace en cada proceso. No obstante, no se muestra claramente por qué esas dificultades son de una entidad tal, que comprometan la defensa misma del patrimonio del Estado. Es una medida que dificulta la labor de la agencia, se alega, pero no se explica por qué hasta desconocer la Constitución. Tampoco se establece por qué estas medidas afectarían el derecho de defensa. La demanda menciona la posibilidad de que se generen nulidades con ocasión de la falta de notificación por parte del juez a la agencia, pero no se demuestra que se trate de un riesgo real e inminente que represente una amenaza cierta sobre el derecho. En todo caso, en ese evento la nulidad provendría de que el funcionario no hubiera cumplido la obligación legal, y no de la existencia del deber de notificar. Así, la demanda no logra demostrar por qué, la regla acusada afecta el debido proceso y el patrimonio del Estado.

3.4. Conclusión.

En conclusión, la Sala reitera que los cargos presentados con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 6 y 7 del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, ‘Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones’, no pueden ser evaluados en sede de constitucionalidad, teniendo en cuenta que contienen argumentos que dan razones acerca de la inconveniencia y falta de técnica de una ley, pero no acerca de por qué tales problemas implican, a su vez cuestionamientos de constitucionalidad; la ausencia de cargos pertinentes y suficientes impide a la Corte realizar un examen de fondo en este caso.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de los incisos demandados (sexto y séptimo) del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(2) Diario Oficial 48489, julio 12 de 2012.

(3) Se resaltan los apartes demandados.

(18) Ley 1444 de 2011, ART. 5º—Sector administrativo de justicia y del derecho. El sector administrativo de justicia y del derecho estará integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, las superintendencias y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al mismo. || PAR.—Créase la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como una unidad administrativa especial, que como entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, tendrá como objetivo la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa. Para ello, tiene como misión planificar, coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la Nación, a fin de prevenir el daño antijurídico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales.

(19) Para lograr los objetivos indicados, y a fin de prevenir el daño antijurídico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales, la norma indica que la agencia tiene la misión de realizar las acciones que logren la defensa efectiva de la Nación, a saber: coordinarla, ejercerla, monitorearla y evaluarla, a partir de las miradas puntuales y concretas de las defensas judiciales de cada uno de los procesos judiciales en contra del Estado.

(20) Dice el artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 al respecto: “1. En relación con las políticas. (i) Formular, aplicar, evaluar y difundir las políticas públicas en materia de prevención de las conductas públicas antijurídicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, la defensa jurídica pública y la protección efectiva de los intereses litigiosos del Estado, así como diseñar y proponer estrategias, planes y acciones en esta materia para la prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, el daño antijurídico y la extensión de sus efectos; (ii) diseñar y proponer estrategias, planes y acciones para la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; (iii) diseñar y proponer estrategias, planes y acciones para la participación en procesos judiciales en los que la Nación o las entidades públicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban intervenir; (iv) diseñar y proponer estrategias, planes y acciones para el cumplimiento de sentencias y conciliaciones y la recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición; (v) diseñar e implementar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estrategias, planes y acciones dirigidos a mitigar los efectos negativos asociados a las controversias que por su relevancia fiscal se definan como prioritarias; (vi) diseñar y proponer políticas de aseguramiento de las entidades estatales y de los servidores públicos; (vi) coordinar la implementación de las políticas y estrategias para la prevención del daño antijurídico, la defensa jurídica efectiva del Estado, la reducción de la responsabilidad patrimonial y la recuperación de recursos públicos con las entidades y organismos del orden nacional”.

(21) Dice el artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 al respecto: “2. En relación con la coordinación de la defensa. (i) elaborar protocolos y lineamientos para la adecuada gestión de la defensa jurídica del Estado, cuando haya lugar a ello; (ii) elaborar los instructivos para la aplicación integral de las políticas de prevención y de conciliación, así como los relativos al sistema único de gestión e información; (iii) difundir los cambios normativos, jurisprudenciales y de políticas de prevención y defensa jurídica que resulten relevantes entre los servidores públicos y contratistas que intervienen en la defensa jurídica del Estado. || Los protocolos y lineamientos para la gestión de la defensa de jurídica del Estado, cuando existan, serán vinculantes para los abogados que ejercen la representación judicial de las entidades del orden nacional, salvo razones justificadas para apartarse de los mismos, de las cuales se deberá dejar constancia. Los instructivos para la aplicación integral de las políticas de prevención del daño y de conciliación, así como los relativos al sistema único de gestión e información, serán vinculantes para las entidades del orden nacional”.

(22) Dice el artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 al respecto: “4. En relación con la gestión del conocimiento y evaluación de la defensa: (i) Desarrollar, implementar y administrar, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación, contemplado en el artículo 15 de la Ley 790 de 2002 y el Decreto 1795 de 2007, el cual deberá ser utilizado y alimentado por todas las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza jurídica y por aquellas entidades privadas que administren recursos públicos; || (ii) incorporar dentro del sistema único de gestión e información las variables estadísticas que se requieran para la estimación permanente y actualizada del pasivo contingente por sentencias y conciliaciones de las entidades públicas, de acuerdo con los requisitos definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 819 de 2003; (iii) desarrollar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reportes de alertas para las entidades públicas, cuando se detecte riesgo fiscal en los procesos; || (iv) desarrollar y administrar mecanismos de verificación de información judicial que permitan comprobar la información suministrada por las entidades para el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la Nación; || (vi) asegurar el acceso a la información y reportes contenidos en el sistema único de gestión e información, a las entidades públicas que tienen obligación o competencia para recaudar y producir información sobre la materia; || (v) evaluar el resultado e impacto de las políticas relacionadas la defensa jurídica del Estado, mediante la formulación de indicadores y demás instrumentos que para el efecto se requieran (...)”.

(23) Dice el artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 al respecto: “3. En relación con el ejercicio de la representación: (i) Asumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la administración pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencia; || (ii) designar apoderados, mandatarios o agentes para el cumplimiento de la función anterior; || (iii) coordinar o asumir la defensa jurídica del Estado en los procesos que se adelanten ante organismos y jueces internacionales o extranjeros, de conformidad con los tratados y acuerdos que regulen la materia, salvo las controversias a las que se refiere el numeral siguiente; || (iv) apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la defensa de las controversias comerciales internacionales del Estado colombiano y en los procesos que se adelanten en instancias internacionales en relación con obligaciones contenidas en tratados internacionales en materia de inversión; || (v) apoyar a las diferentes entidades en la creación y conformación de comités técnicos de apoyo para el mejor desempeño de sus funciones en procesos que se adelanten en instancias internacionales o extranjeras; || (vi) dar instrucciones para interponer, en los casos procedentes y cuando lo estime conveniente, acciones de tutela contra sentencias de condena proferidas contra entidades públicas, así como para coadyuvar las interpuestas por las propias entidades; || (vii) ejercer la facultad de insistencia para la selección de sentencias de tutela para revisión por la Corte Constitucional, en los términos previstos en la ley; || (viii) participar en los comités de conciliación de las entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional; || (ix) hacer seguimiento al debido ejercicio de la acción de repetición por parte de las entidades del orden nacional y dar instrucciones a las entidades para que, de conformidad con la ley, instauren acciones de repetición por el pago de sentencias y conciliaciones de carácter indemnizatorio causadas por dolo o culpa grave de los agentes estatales, o interponerlas directamente cuando la entidad u organismo del orden nacional no las ejerzan habiendo lugar a ello. || PAR. 1º—Cuando a ello hubiere lugar, la agencia podrá ejercer la representación judicial de las entidades territoriales mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento de poder. || PAR. 2º—La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado precisará los criterios para determinar los casos en los cuales deberá intervenir de manera obligatoria en los procesos judiciales”.

(24) Dice el artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 al respecto: “PAR. 4º—El actual sistema Litigob se integrará al sistema único de gestión e información. Para el desarrollo, implementación y administración del sistema único de gestión e información, se contará con la participación permanente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

(25) Ley 1564 de 2012, ART. 612.—Modifíquese el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así: ART. 199.—Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código. || En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior. || La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada”.

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(27) Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil; A.V. Humberto Antonio Sierra Porto; S.V. Jaime Araújo Rentería); en este caso la Corte resolvió inhibirse de conocer algunos de los cargos presentados en la demanda por no ser idóneos; dice la sentencia: “(...) En las condiciones anotadas y en contra del criterio expuesto por el señor Procurador General de la Nación, no procede el estudio del cargo planteado que sirve más para fundar una crítica de la técnica legislativa empleada, que para sustentar una eventual inconstitucionalidad”.