Sentencia C-303 de mayo 22 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9278

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 286 (parcial), 288.3 (parcial), 351 (parcial), 356.5 (parcial) y 367 (parcial) de la Ley 906 de 2004.

Actor: David Hassan Saade Morad.

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Bogotá, D.C., veintidós de mayo de dos mil trece.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, profiere la presente sentencia con fundamento en los siguientes

I. Antecedentes

1. Demanda de inconstitucionalidad.

En ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, el ciudadano David Hassan Saade Morad demandó los artículos 286 (parcial), 288.3, 351 (parcial), 356.5 (parcial) y 367 (parcial) de la Ley 906 de 2004.

1.1. Disposiciones demandadas.

A continuación se transcribe la normativa demandada y se subrayan los apartes acusados:

Ley 906 de 2004 

(Agosto 31)

Diario Oficial 45.657, de 31 de agosto de 2004

Congreso de la República 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

DECRETA:

ART. 286.—Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.

ART. 288.—Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:

1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirven para identificarlo y el domicilio de citaciones.

2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.

3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351

ART. 351.—Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior.

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente.

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.

ART. 356.—Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la audiencia el juez dispondrá:

1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará.

2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física.

3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.

4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto.

PAR.—Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.

5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario.

ART. 367.—Alegación inicial. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros.

De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados.

Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado se declara inocente se procederá a la presentación del caso”.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 241.4 de la Carta Política, esta corporación es competente para pronunciarse sobre las disposiciones demandadas, dado que se trata de preceptos contenidos en una ley.

2. Asuntos a resolver y metodología de análisis.

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, la Corte debe resolver los siguientes asuntos:

En primer lugar, dado que a juicio de la Procuraduría General de la Nación y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Corte debe expedir un fallo inhibitorio, se estima necesario definir si la demanda tiene la aptitud necesaria para un pronunciamiento de fondo.

En segundo lugar, en caso de dar una respuesta afirmativa al interrogante anterior, se debe abordar el problema jurídico propuesto por el accionante. En tal sentido, se deben estudiar las dos objeciones señaladas en la demanda:

Por una parte, como el actor considera que la prohibición tácita para que el presunto infractor de la ley penal impugne la formulación de la imputación, desconoce el derecho de defensa, se debe establecer si se lesiona este derecho cuando la ley no contempla un sistema de recursos frente a tal acto de la fiscalía.

Por otra parte, el peticionario afirma que la ausencia de un descuento punitivo para el reconocimiento condicionado de la responsabilidad en la audiencia de formulación de imputación, en la audiencia preparatoria y en la alegación inicial del juicio, vulnera el texto constitucional en, al menos, tres sentidos: (i) El derecho al debido proceso, en tanto de manera indirecta, impide al imputado o acusado expresar todas las circunstancias que son relevantes para la determinación de su responsabilidad penal; (ii) el principio de equidad, porque la ley equipara el rechazo a los cargos y la declaratoria de inocencia, con la aceptación condicional de la responsabilidad, en la que se reconoce la comisión de un delito, pero en unos términos distintos a los propuestos por el ente acusador; (iii) por último, la justicia premial como uno de los lineamientos fundamentales del proceso acusatorio, en cuanto la contribución a la justicia no tiene ningún reconocimiento en la determinación de la pena, y en cuanto como consecuencia de lo anterior, desincentiva la colaboración con el sistema de administración de justicia.

Corresponde entonces a esta corporación definir las siguientes cuestiones: (i) si el derecho al debido proceso comprende la facultad para obtener descuentos punitivos por el reconocimiento condicional de la responsabilidad penal; (ii) si el principio de la justicia premial impone la necesidad de conceder descuentos punitivos a la aceptación condicional de los cargos o de la declaratoria condicional de culpabilidad; (iii) si el reconocimiento condicionado de la responsabilidad penal debe ser equiparado, en términos punitivos, al reconocimiento puro y simple de la responsabilidad.

De acuerdo con el planteamiento anterior, y con el objeto de determinar la constitucionalidad de los preceptos acusados, se seguirá el siguiente procedimiento: (i) Primero, se definirá si hay lugar a un fallo inhibitorio. Para ello se examinarán y evaluarán las objeciones planteadas por la Procuraduría y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en el sentido de que las acusaciones parten de un entendimiento inadmisible de la normativa impugnada, por suponer que los sindicados no pueden participar ni intervenir en la audiencia de formulación de imputación, y que el descuento del 50% de la pena imponible se extiende únicamente hasta la referida audiencia, y en el sentido de que los argumentos contenidos en la demanda no ponen en evidencia la oposición entre las normas acusadas y el ordenamiento superior; (ii) Una vez superado el asunto anterior, se examinará, en primer lugar, si la imposibilidad jurídica para impugnar el acto de imputación comporta una limitación indebida a los derechos de contradicción y defensa, y en segundo lugar, si la prohibición de condicionar el allanamiento y la declaratoria de culpabilidad en la audiencia de formulación de la imputación y preparatoria y en la alegación inicial del juicio, desconoce el debido proceso y las bases constitucionales del proceso acusatorio.

3. Aptitud de la demanda.

La Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Procuraduría General de la Nación señalan dos tipos de deficiencias en la demanda de inconstitucionalidad.

Por un lado, aunque la confrontación normativa se efectúa entre los preceptos legales acusados y el texto constitucional, el contenido que se asigna a la normativa legal es manifiestamente incorrecto: primero, el actor afirma que ni el imputado ni su abogado pueden intervenir dentro de la audiencia de formulación de la imputación, cuando ambos sujetos pueden intervenir ampliamente en esta fase del procedimiento penal; y segundo, el peticionario sostiene que la única oportunidad para obtener el descuento punitivo del 50% de la penase encuentra en la audiencia preliminar, cuando el imputado se allana a los cargos; sin embargo, el beneficio se puede obtener hasta antes de que el fiscal presente el escrito de acusación.

Por otro lado, se afirma que propiamente hablando, no existen cargos de inconstitucionalidad, ya que el peticionario se limita a señalar el contenido de los preceptos acusados, a derivar de allí la imposibilidad para allanarse condicionalmente a los cargos o a declararse culpable en términos distintos a los propuestos por el fiscal, y a concluir que tal limitación procesal vulnera el derecho al debido proceso. No obstante, no acredita la oposición entre la normativa legal y el ordenamiento superior.

Con respecto a la primera de las objeciones, la Corte encuentra que efectivamente, a juicio del actor, en la audiencia de formulación de imputación el investigado “solo puede hacer uso de la palabra en punto de manifestar si entendió o no los cargos que se le imputan y si desea o no allanarse a éstos bajo los términos expuestos por el delegado del ente acusador”, y que por este motivo, “no procede réplica alguna, solo siéndole permisible al administrado la manifestación de voluntad frente a la figura del allanamiento a cargos”.

Ahora bien, aunque el contenido de esta aseveración no se desprende del texto legal, y aunque los imputados sí pueden participar en la audiencia realizando todas las intervenciones que sean compatibles con la naturaleza de este acto procesal de carácter informativo (por ejemplo, solicitando explicaciones adicionales al fiscal para que aclare el sentido de su imputación), lo cierto es que esta falencia interpretativa no afecta la aptitud del cargo, toda vez que el fundamento de la acusación no se estructura en torno a esta consideración, sino que gira alrededor de dos argumentos: primero, la imposibilidad para controvertir los términos de la imputación de la Fiscalía; es decir, el actor no afirma que la disposición sea contraria al ordenamiento superior porque prohíba al imputado participar en la audiencia, sino porque no existe un escenario específico para impugnar la orden de dar inicio a la investigación ni para refutar los términos de la imputación efectuada por la Fiscalía; en este sentido, el actor afirma en la demanda que “su representación en esta audiencia viene a resultar inocua, por cuanto ningún reproche puede hacer frente a los términos de los delitos que se le vienen imputando, limitación ésta que se extiende al propio imputado”; dentro de esta misma línea, en el escrito de corrección afirma que “al omitir el constituyente la posibilidad de que el imputado controvierta, desde ese preciso momento, la comunicación que le es puesta de presente —con la finalidad de persuadir al delegado de la Fiscalía frente a los términos de la misma”; en otras palabras, el fundamento del reproche del peticionario no es la tesis de la prohibición para participar dentro de la audiencia (hacer preguntas, pedir aclaraciones, etc.), sino la de que el imputado no tiene la posibilidad de controvertir o impugnar el acto mediante el cual se le informa sobre la existencia de la investigación en su contra.

Y en segundo lugar, el reproche de constitucionalidad se sustenta en la prohibición tácita para aceptar condicionalmente los cargos que se formulan en contra del sindicado y acceder a los beneficios punitivos propios del allanamiento. Así, en la demanda se afirma lo siguiente: “el imputado una vez puesta a conocimiento de él la situación fáctica y jurídica que lo vincula de manera activa o pasiva (sea por delito por acción o por omisión) a una conducta de interés para el derecho penal, pretende aceptar su responsabilidad, por cuanto reconoce su intervención en la conducta a él puesta de presente, pero no desea hacerlo en los términos dados por el titular de la acción penal, sino que reconoce su participación en los hechos criminales que se le imputan pero en diferente modalidad o grado de participación y condiciona su aceptación de cargos pero es bajo estas específicas circunstancias (…) no obstante lo anterior, el fiscal, como dueño del acto procesal decide no variar los términos de la misma, por lo que el imputado muy a pesar de reconocer su intervención activa en el ilícito no en la modalidad y/o formas de la imputación, decide, como es lógico, no allanarse, e irse a juicio con todas las prerrogativas que ello implica, dando las resultas de la actuación un fallo en los mismos términos propuestos por el ahora procesado-condenado cuando ostentaba la calidad de imputado, no obstante sin derecho a ninguna clase de descuento punitivo”. Una línea argumentativa semejante se encuentra en el escrito de corrección.

Por otro lado, aunque en la demanda se afirma que únicamente es posible acceder al descuento punitivo del 50% de la pena a través del allanamiento durante la audiencia de formulación de cargos, la acusación se sustenta, no en que esta sea la única oportunidad procesal para obtener el beneficio descrito, sino en otras tres consideraciones: por un lado, que el derecho de defensa comprende la facultad controvertir los términos de la imputación desde el mismo momento en que se propone, es decir, desde la audiencia de formulación de cargos; por otro lado, que impedir el allanamiento condicionado riñe con la justicia premial, que constituye un elemento estructural del proceso penal acusatorio; y tercero, que circunscribir el descuento punitivo del 50% a la aceptación pura y simple de los cargos, y no preverlo para la aceptación condicionada, termina por equiparar dos circunstancias sustancialmente distintas: el rechazo de los cargos, y el reconocimiento de la responsabilidad. Por este motivo, la eventual falencia hermenéutica no afecta la aptitud de la demanda.

Por último, los intervinientes señalan que el escrito de impugnación no explicó en qué sentido existe una oposición entre la ley y el texto constitucional. A juicio de esta corporación, dicha apreciación es infundada, toda vez que el demandante sí ofreció razones específicas que apuntaban a demostrar la contradicción entre el derecho al debido proceso, y las normas relativas al procedimiento penal, así: (i) Con respecto al artículo 286, se sostiene que el derecho de defensa debe ser reconocido desde el inicio de cualquier procedimiento judicial, y que en este caso la norma impide controvertir el acto de imputación; (ii) Con respecto a los artículos 288, 351, 356 y 357 del Código de Procedimiento Penal, se afirma que la prohibición de la aceptación condicional de los cargos o de la declaración de culpabilidad en la audiencia de formulación de la imputación, en la audiencia preparatoria y en la alegación inicial del juicio, transgrede el derecho de defensa porque impide atacar los términos en que son planteados los cargos por parte del ente acusador, desconoce la justicia premial como elemento estructural del proceso penal, y equipara injustificadamente la hipótesis del rechazo de los cargos o de la declaratoria de inocencia, con la aceptación condicional y la declaratoria de culpabilidad condicionada. De este modo, el actor no se limita a afirmar la incompatibilidad entre los preceptos legales demandados y el artículo 29 de la Carta Política, sino que además individualiza los componentes de tal derecho que, a su juicio, son desconocidos por la normativa legal.

Por las razones expuestas, la Corte concluye que los argumentos de los intervinientes sobre la ineptitud sustantiva de la demanda, no están llamados a prosperar.

4. Las facultades del sindicado para impugnar la formulación de los cargos y el acto de imputación.

Tal como se indicó anteriormente, a juicio del actor, el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal transgrede el derecho de defensa, por cuanto implícitamente impide al imputado controvertir la imputación que se formula en su contra. En efecto, su papel dentro de esta audiencia se limita a expresar si entendió los términos de la acusación, y si se allana a los mismos, pero ni él ni el abogado que lo representa, tienen la posibilidad de atacar el acto mismo de la imputación o los términos en que se formula, ni de aclarar los hechos en que se fundan los cargos. De esta manera, la presencia del imputado, de su abogado, e incluso del juez, es totalmente inocua porque desde una perspectiva material, no es posible concretar la defensa: “El legislador (…) estableció que la formulación es un acto de mera comunicación (…) actuación preliminar en la que deben encontrarse presentes, tanto el fiscal, como titular de la acción penal; el imputado, como sujeto pasivo del actuar del Estado; el defensor de este último, en un acto que si bien se entiende encaminado a la salvaguardia de los intereses del receptor de la imputación, nada puede hacer en ese sentido; y finalmente el juez, cuya actuación se limita a verificar si s entendieron o no los términos de la imputación y en caso de un allanamiento a cargos, si se hace de manera libre consciente y voluntaria, siendo finalmente ésta la misma función que cumple el defensor”.

La Corte coincide con las apreciaciones de los intervinientes, en el sentido de que la imposibilidad para impugnar el acto de formulación de cargos no constituye una vulneración del derecho al debido proceso.

Lo primero que debe advertirse es que el derecho de contradicción no comprende la posibilidad de impedir que el Estado ejerza el rol investigativo que constitucionalmente le corresponde, sino únicamente la facultad para atacar las bases fácticas y jurídicas a partir de las cuales se ejerce en cada caso particular esta función, siguiendo para ello los cauces procesales establecidos en el ordenamiento jurídico, y una vez se tiene conocimiento de las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión estatal de iniciar el procedimiento investigativo y sancionatorio, que justamente se obtiene en esta audiencia. En otras palabras, en la medida en que el imputado no puede inhibir en abstracto y en general al Estado de ejercer sus funciones investigativas y sancionatorias, sino únicamente en los casos particulares en que se despliega este papel, y ello solo es posible cuando previamente se individualiza el objeto de la controversia a través de la audiencia de imputación, la forzosa conclusión es que la restricción aludida no implica la vulneración del derecho constitucional en cuestión.

Por otro lado, contrariamente a lo que supone el peticionario, la formulación de la imputación es justamente el acto que posibilita la defensa en los procedimientos penales, al menos en dos sentidos. De una parte, porque como el ejercicio de este derecho solo es viable cuando se tiene conocimiento de la existencia de un proceso en contra de una persona, y como en esta audiencia se comunica a dicha persona su calidad de imputado, la medida no solo no desconoce este derecho, sino que lo materializa y hace efectivo. En este sentido, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que “toda persona acusada de un delito tendrá derecho (…) a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”; aunque ni el texto constitucional ni los instrumentos internacionales de derechos humanos exigen una formalidad específica para este acto informativo, el legislador previó un acto procesal especial para la materialización de este deber, exigiendo que la comunicación se efectúe en esta audiencia, con la presencia del imputado, su abogado y el juez.

De otra parte, como no es posible defenderse frente a ataques indeterminados que no individualizan unos hechos concretos ni una acusación particular, la previsión de esta audiencia especial en la que se señalan al imputado las circunstancias fácticas que se consideran relevantes, así como la calificación provisional de la conducta (C.P., arts. 286y 188), hace viable el ejercicio del derecho de defensa. En otras palabras, la norma acusada desarrolla la exigencia del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político de que “durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprende y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”, y la comprensión que de este precepto ha hecho el Comité de Derechos Humanos, en el sentido de que dentro de la información suministrada se debe señalar “tanto la ley como los supuestos de hecho en que se basa [la acusación]”(2)(3).

En otras palabras, la celebración de la audiencia constituye el punto de partida para el ejercicio del derecho al debido proceso, de modo que la ausencia de previsión de recursos frente al acto de imputación no impide atacar el fundamento empírico o jurídico de los cargos, sino que solamente difiere en el razonablemente en el tiempo esta posibilidad. Por estas razones, la Corte considera infundada la acusación del demandante, en el sentido de que el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal desconoce el derecho de defensa por no prever un sistema de recursos frente al acto de imputación.

5. La prohibición tácita para la aceptación condicional de los cargos y para la declaración condicional de culpabilidad.

El segundo núcleo de objeciones del actor se refiere a que según la ley los descuentos punitivos previstos por el legislador para la aceptación pura y simple de responsabilidad, no se extienden al reconocimiento condicionado, es decir, cuando se admite la comisión de un delito, pero en términos distintos a los propuestos por el ente acusador, con variaciones en la modalidad, el tipo penal o grado de participación, aunque referidos al mismo núcleo fáctico. Esta limitación legal se presenta en tres momentos procesales: (i) En la audiencia de formulación de imputación, cuando el sujeto puede allanarse a la misma y obtener una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible, según se dispone en los artículos 286, 288 y 351 del Código de Procedimiento Penal; (ii) en la audiencia preparatoria, cuando el acusado puede aceptar los cargos que se proponen en su contra, y obtener una rebaja de hasta la tercera parte de la pena, según las previsiones del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal; (iii) en la alegación inicial del juicio, en la que el presunto autor del delito puede declararse culpable, y obtener una rebaja de hasta una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados, según se establece en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal(4). A juicio del accionante, tal restricción es incompatible con el derecho de defensa, con el principio de equidad y de justicia, y con los lineamientos constitucionales del proceso acusatorio.

Nuevamente, la Corte coincide con las apreciaciones de los intervinientes, en el sentido de que no es cierto que la ausencia de un descuento punitivo en las hipótesis propuestas, desconozca el derecho de defensa, la equidad y los lineamientos constitucionales del procedimiento penal.

Lo primero que debe aclararse es que la preceptiva demandada en modo alguno prohíbe la rebaja de penas o impide la aceptación condicionada de los cargos, como sugiere el peticionario. Por el contrario, la ley únicamente señala los efectos jurídicos y las vías procesales para viabilizar dos fenómenos distintos: la aceptación simple de los cargos imputados por el ente acusador, y la aceptación condicionada. En el primer caso, el allanamiento o la declaratoria de culpabilidad se formula ante el juez, e implica un descuento punitivo automático en los términos de la legislación procesal; y en el segundo caso, la aceptación condicionada se formula ante el ente acusador mediante el procedimiento de los preacuerdos, y cuyo efecto en términos punitivos no está pre-establecido en la legislación. Pero esto en modo alguno equivale a impedir la aceptación condicionada de la responsabilidad penal.

Ahora bien, con respecto al primero de los señalamientos, es decir, con respecto a la presunta afectación del derecho de defensa, la Corte encuentra que no se vulnera tal prerrogativa fundamental cuando el ordenamiento jurídico no establece un descuento punitivo automático por la aceptación de la comisión de un hecho punible pero en términos distintos al propuesto por el ente acusador, bien sea en la audiencia de formulación de la imputación, en la audiencia preparatoria, o en la alegación inicial del juicio. La razón de ello es que la medida no compromete ninguno de los elementos constitutivos de este derecho, así:

— En primer lugar, el derecho de defensa comprende el derecho a ser informado sobre el inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento penal, y sobre todas las circunstancias relevantes del mismo que tengan incidencia en la configuración de la responsabilidad penal. Esta prerrogativa incluye, por ejemplo, el derecho a que el inicio de la investigación sea comunicado oportuna y formalmente al imputado, y que a partir de ese momento, todas las determinaciones adoptadas por el ente acusador o por el juez cuenten con un sistema de publicidad apropiado para que le imputado o acusado tenga acceso efectivo a esta información.

Como puede evidenciarse, este componente del derecho de defensa no guarda ninguna relación con los descuentos punitivos que alega el actor.

— En segundo lugar, comprende el derecho a controvertir las resoluciones adoptadas dentro del procedimiento, y especialmente aquellas que tienen incidencia en la configuración de la responsabilidad, a través de un sistema adecuado de recursos.

En la hipótesis examinada por la Corte, tampoco se afecta esta prerrogativa fundamental. En efecto, si el imputado o acusado reconoce su responsabilidad penal, pero considera que los cargos formulados por el ente acusador no son correctos porque en realidad se cometió otro delito, o se cometió bajo otra modalidad o con otro grado de participación, el presunto infractor puede impugnar las decisiones que dependan de tal consideración del ente acusador, y por esta vía obtener una ventaja en términos punitivos, cuando la modificación propuesta tenga efectos en este sentido. De este modo, la inexistencia de un beneficio punitivo no amenaza ni desconoce la facultad para controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso penal.

— En tercer lugar, comprende el derecho a aportar pruebas e impugnar el material probatorio existente, a efectos de que la determinación de la responsabilidad penal se ajuste plenamente a la realidad de los hechos.

Tampoco se afecta esta prerrogativa, por no otorgar una ventaja punitiva al reconocimiento condicional de la responsabilidad penal, pues en todo caso el presunto imputado o acusado que considera que los cargos formulados por la fiscalía son incorrectos o imprecisos, cuenta con todas las facultades para atacar el material probatorio en que se funda la apreciación inadecuada de la fiscalía, y para aportar las pruebas que demuestren su tesis, y en ningún caso la ausencia de un sistema automático de descuentos punitivos lesiona o cercena tal prerrogativa.

— Finalmente, el debido proceso comprende el derecho a contar con la asistencia jurídica necesaria durante el procedimiento penal. Al igual que en los casos anteriores, este componente del derecho de defensa no sufre ninguna lesión o menoscabo por la inexistencia del beneficio punitivo para la hipótesis de la aceptación condicionada de la responsabilidad.

En definitiva, la falta de previsión de un descuento punitivo por el reconocimiento condicionado de la responsabilidad penal no compromete el derecho de defensa.

Por otro lado, el peticionario considera que la restricción de la legislación procesal lesiona los principios de equidad, de justicia y de proporcionalidad de las sanciones penales, por establecer un tratamiento diferenciado entre dos hipótesis que son asimilables.

A juicio de esta corporación, esta apreciación no está llamada a prosperar. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que no es admisible la asimilación o equiparación entre la aceptación simple y la aceptación condicionada de los cargos, porque existen diferencias constitucionalmente relevantes entre una y otra, que hacen indispensable un tratamiento jurídico diferenciado. En el primero de los casos la decisión del imputado o acusado da lugar a la terminación anticipada del proceso penal, hace finalizar la controversia entre el ente acusador y el sindicado, y hace cesar la actividad procesal de la fiscalía, al menos respecto de los cargos admitidos, que son justamente las razones por las cuales se concede el descuento punitivo; por el contrario, en la segunda hipótesis, cuando se admite la responsabilidad pero se sostiene que la imputación o acusación del fiscal es incorrecta porque existe alguna variante en el tipo penal, en el grado de participación o en la modalidad delictiva, el procedimiento continúa, la controversia entre las partes persiste y la actividad de la fiscalía subsiste. Aunque las materias sobre las cuales recae el debate se pueden limitar como consecuencia del allanamiento condicionado o de la declaratoria condicionada de culpabilidad, ninguno de los efectos logrados con el reconocimiento simple de la responsabilidad, se obtiene en reconocimiento condicionado de la responsabilidad.

Tampoco puede pasarse por alto que el mecanismo procesal del descuento punitivo fue instituido también para enfrentar las hipótesis en las que el ente acusador tiene dificultades probatorias puntuales y específicas respecto de alguno de los componentes o elementos de los cargos planteados (como cuando existe plena prueba de la comisión de un delito, pero no así de una circunstancia de agravación punitiva), de modo tal que el reconocimiento de la responsabilidad penal por el imputado o acusado permite subsanar y superar tales inconvenientes de orden probatorio, y en función de tal contribución se conceden el beneficio en cuestión. No obstante, en la hipótesis puesta a consideración por el demandante, es poco probable que el reconocimiento de la responsabilidad de manera condicionada, contribuya a superar las dificultades probatorias del ente investigador o acusador, en tanto que el condicionamiento usualmente versará, justamente, sobre las circunstancias que aún no han sido probadas y acreditadas plenamente y en aquellos aspectos en los que la fiscalía carece de fortalezas probatorias y argumentativas. En otras palabras, en el allanamiento y en la declaratoria de culpabilidad condicionada el beneficio carece de justificación y razón de ser, porque la contribución al proceso es prácticamente nula.

En conclusión, las razones por las que el ordenamiento jurídico prevé el descuento punitivo para la aceptación simple de los cargos, no se encuentran presenten en la aceptación condicionada, por lo que no hay lugar a la asimilación normativa reclamada por el actor.

Finalmente, tampoco encuentra la Corte que la ausencia de este beneficio desconozca los lineamientos constitucionales del proceso acusatorio, ni en particular, el componente de la “justicia premial” que el peticionario considera transgredido. Por un lado, como el ordenamiento superior no establece el derecho constitucional al descuento punitivo automático por el reconocimiento de la responsabilidad penal, independientemente de los términos en los que se formule, la regla implícita asumida por el legislador, según la cual el beneficio punitivo debe estar en función de la contribución del imputado o acusado al proceso penal, y el hecho de que la utilidad del reconocimiento condicionado de la responsabilidad es sustancialmente menor al que implica el reconocimiento simple, justifica, desde la perspectiva constitucional, la solución legislativa ahora controvertida.

Por otro lado, la medida ahora cuestionada tampoco tiene ninguna incidencia en el sistema de acuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el presunto infractor de la ley penal, que es el escenario natural en el que se materializa la denominada por el actor “justicia premial”, y que es el procedimiento consistente con el rol de la Fiscalía General de la Nación de ejercer la acción penal. Aunque en este contexto la negociación viene a depender de la voluntad del ente acusador, y los efectos en términos punitivos no necesariamente coinciden con los previstos en la legislación para la aceptación simple de responsabilidad, estas diferencias tienen sustento en las diferencias entre uno y otro fenómeno, tal como explicó en acápites anteriores(5).

En definitiva, la medida ahora cuestionada no compromete el derecho al debido proceso, ni las bases constitucionales del proceso penal, ni los principios de equidad y justicia.

6. Análisis de constitucionalidad de los preceptos demandados.

Una vez resueltos los problemas jurídicos envueltos en este caso, se debe proceder a resolver sobre la constitucionalidad de los preceptos demandados.

— En primer lugar, el actor demanda la expresión “comunica”, contenida en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, ya que a su juicio, el carácter meramente informativo de la audiencia de formulación de la imputación limita injustificadamente el derecho de defensa de los presuntos infractores de la ley penal, quienes en la audiencia únicamente juegan un rol pasivo y no pueden, ni controvertir el acto de imputación, ni presentar las aclaraciones a los cargos que se formulen en su contra.

De acuerdo con las consideraciones precedentes, la Corte considera, por el contrario, que la solución legislativa prevista en el aparte acusado dotó de garantías el derecho de defensa, al menos por tres razones: (i) en primer lugar, porque se diseñó un momento procesal específico, dotado de todas las garantías procedimentales e institucionales, para informar al presunto responsable sobre la existencia de un procedimiento penal en su contra: la audiencia de formulación de la imputación; como este conocimiento es indispensable para ejercer la defensa, la realización de la audiencia, lejos de limitar el derecho de defensa, lo hace posible; (ii) en segundo lugar, porque la ley previó un escenario específico para delimitar el alcance de la controversia jurídica, es decir, para que el Estado informe al particular sobre los hechos considerados relevantes y la calificación jurídica provisional las conductas, y para que el presunto infractor tenga claridad sobre la materia sobre la cual recaerá la actividad procesal del ente acusador; como esta delimitación es fundamental para ejercer la defensa, pues no es posible defenderse frente a acusaciones indeterminadas, la realización de esta audiencia informativa materializa la prerrogativa que el peticionario considera desconocida; (iii) aunque en esta audiencia el presunto infractor de la ley penal no puede controvertir ni modificar los términos de la imputación, tiene la posibilidad de hacerlo durante todo el procedimiento penal; es decir, la defensa material no se ejerce en dicha audiencia, sino justamente a partir de ella.

Por las razones expuestas, el carácter informativo de la audiencia de formulación de acusación no desconoce el derecho al debido proceso, y en consecuencia, la expresión “comunica” contenida en el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal será declarada exequible.

— En segundo lugar, el peticionario impugna la expresión “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación” contenida en el artículo 288.3 y la expresión “determinados” y “comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación” contenida en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. A su juicio, estas normas desconocen el derecho al debido proceso, la justicia y la equidad y las bases constitucionales del modelo acusatorio, por cuanto únicamente confieren el beneficio del descuento punitivo de hasta la mitad de la pena imponible, para la hipótesis de la aceptación simple de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la acusación, pero no para la aceptación de los mismos con modificaciones en el tipo penal, la modalidad del delito o el grado de participación; dado que en ambos casos se reconoce la responsabilidad y se contribuye efectivamente con la justicia, la restricción normativa desconocería una de las bases fundamentales sobre las cuales se erigió el procedimiento penal, como es la promoción de las negociaciones y acuerdos entre el ente acusador y los presuntos infractores de la ley penal, para incentivar la colaboración con la justicia y evitar el desgaste injustificado del aparato judicial.

La Corte considera que este reproche no lesiona los principios constitucionales alegados, así: (i) Por un lado, la limitación procesal anotada no guarda relación con el derecho de defensa, porque éste no comprende un derecho a los descuentos punitivos, y porque no compromete el derecho a ser informado sobre el inicio, desarrollo y conclusión del proceso, el derecho a impugnar las decisiones adoptadas dentro del mismo, aportar las pruebas y controvertir las existentes, ni el derecho a contar con asistencia jurídica; (ii) Por otro lado, la diferenciación que la ley establece entre el allanamiento simple y el condicionado responde a diferencias materiales constitucionalmente relevantes, pues mientras en el primer caso el reconocimiento de la responsabilidad implica hacer cesar el proceso penal, y con éste la actividad de la fiscalía, en el otro no; (iii) Finalmente, la medida cuestionada no riñe con el modelo acusatorio, pues como en éste, quien ejerce la acción penal es la Fiscalía General de la Nación, el escenario natural para la obtención de beneficios punitivos por el reconocimiento de la responsabilidad penal es el sistema de negociaciones con el ente acusador.

— En tercer lugar, el peticionario demanda la expresión “que el acusado manifieste si acepta o no los cargos”, contenida en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal. A su juicio, esta disposición vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto únicamente concede el beneficio de la reducción de hasta la tercera parte de la pena, cuando en la audiencia preparatoria el imputado acepta los cargos formulados por la fiscalía, pero no cuando se reconoce la responsabilidad penal, pero en unos términos distintos a los propuestos por el ente acusador. Por las mismas razones expuestas en relación con la norma anterior, la limitación procesal no se considera vulneratoria del derecho al debido proceso, y será declarada exequible.

— Finalmente, el accionante demanda la expresión “sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable”, contenida en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal. En su parecer, nuevamente, se vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto la norma únicamente concede la rebaja de una sexta parte de la pena imponible cuando en la alegación inicial del juicio el acusado se declara culpable en los términos propuestos por la fiscalía, pero no cuando la reconoce en otros términos. Por las mismas razones anteriores, la medida no se considera contraria al debido proceso, y será declarada exequible por este cargo.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “comunica” contenida en el artículo 286 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.

2. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “posibilidad del investigado de allanarse a la imputación”, contenida en el artículo 288.3 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.

3. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “determinados” y “comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación” contenida en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.

4. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “que el acusado manifieste si acepta o no los cargos” contenida en el artículo 356.5 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.

5. DECLARAR LA EXEQUIBILIDAD de la expresión “sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable” contenida en el artículo 367 de la Ley 906 de 2004, por los cargos propuestos y analizados en el presente fallo.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en al Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.»

(2) Observación General 13 del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Documento disponible en: http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5bCCPR%5d.html#GEN13. Último acceso: 9 de mayo de 2013.

(3) Lo anterior no significa que únicamente a partir de este momento se pueda ejercer el derecho de contradicción, pues existen hipótesis en las que el indiciado tiene conocimiento de las investigaciones en su contra durante la etapa de la indagación; en estos casos, el presunto infractor de la ley penal podría intervenir en el procedimiento para orientar las pesquisas de la Fiscalía. Lo que ocurre es que entonces es que esta audiencia se ofrecen todas las condiciones al imputado para ejercer adecuadamente sus derechos, pues no solo se le comunica formalmente sobre el procedimiento en su contra, sino que se individualizan los hechos relevantes que dan lugar a la investigación, y se efectúa la calificación jurídica provisional de la conducta. En fases anteriores, como no se ha fijado la litis o el alcance de la controversia jurídica, la defensa ofrece dificultades y limitaciones que se superan con el acto de imputación. Sobre el derecho de defensa con anterioridad a la audiencia de formulación de imputación cfr. la Sentencia C-127 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).

(4) Debe aclararse que en la alegación inicial del juicio es posible la declaración parcial de responsabilidad, es decir, con respecto de algunos de los cargos formulados por la fiscalía. Esta modalidad, prevista en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, es distinta del allanamiento condicionado, pues en este caso se altera alguno de los términos del cargo formulado por el ente acusador (por ejemplo, se modifica el tipo penal, el grado de participación o la modalidad delictiva).

(5) Código de Procedimiento Penal, artículo 350.