Sentencia C-308 de abril 29 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-308 de 2009 

Ref.: Expediente D-7438

Magistrado Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 (parcial) de la Ley 1015 de 2006, “Por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional”.

Demandante: Rodrigo Martínez Silva

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el artículo 44 de la Ley 1015 de 2006, conforme a su publicación en el Diario Oficial 46.175 de 7 de febrero de 2006, subrayando el aparte que se acusa en la demanda:

“LEY 1015 DE 2006

(Febrero 7)

“Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO

Normas para los auxiliares de policía

ART. 44.—Sanciones. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, destitución e inhabilidad general por un término entre diez (10) y veinte (20) años.

Para las faltas gravísimas culposas con culpa grave o graves dolosas, suspensión e inhabilidad especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a bonificación.

Para las faltas graves realizadas con culpa gravísima, suspensión e inhabilidad especial entre treinta y uno (31) y ciento ochenta (180) días, sin derecho a bonificación.

Para las faltas graves realizadas con culpa grave, o leves dolosas, suspensión e inhabilidad especial de uno (01) a treinta (30) días, sin derecho a bonificación.

Para las faltas leves culposas, amonestación escrita.

PAR.—La suspensión en ningún caso se computará como tiempo de servicio. Cumplida la sanción se continuará con la prestación del mismo”.

(...).

VI. Fundamentos de la decisión

1. Competencia de la Corte.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1015 de 2006.

2. Problema jurídico y solicitud de inhibición.

2.1. De acuerdo con el actor, el régimen disciplinario previsto en el artículo 44 de la Ley 1015 de 2006 para los auxiliares bachilleres que prestan su servicio militar en la Policía Nacional, con excepción del aparte conforme al cual, la sanción para las faltas leves culposas será la amonestación escrita, resulta contrario al principio de igualdad, debido a que establece una diferencia de trato en relación con las sanciones que, en igualdad de condiciones, son aplicables a quienes prestan su servicio militar en las fuerzas militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 836 de 2003.

El actor parte de la premisa de que la situación de quienes prestan su servicio militar en la policía es asimilable a la de quienes lo hacen en las fuerzas militares y que, si bien se trata de instituciones distintas, lo cual podría explicar cierta diferencia de trato, ello no justifica la desproporción que resulta de la comparación de los dos regímenes sancionatorios, puesto que al paso que en la policía, para las faltas gravísimas, la sanción puede implicar una inhabilidad de hasta veinte años, en las fuerza militares solo se sancionan las faltas leves, con reprensión simple, formal o severa.

2.2. Quien interviene por el Ministerio de Defensa se opone a las pretensiones de la demanda, sin referirse a la diferencia de trato que, se predica, existe entre quienes prestan su servicio militar en la policía nacional y quienes lo hacen en las fuerzas militares, argumentando en torno a las características que tiene la institución policial; a la importancia de las medidas orientadas a preservar la disciplina interna, para asegurar el adecuado ejercicio de la función que le corresponde cumplir, y al hecho de que los auxiliares bachilleres hacen parte del cuerpo de policía, razón por la cual se encuentra justificado que, en general, se les aplique un régimen disciplinario equivalente al que rige para el resto del personal uniformado vinculado a la policía.

A su vez, quien interviene por la Universidad Nacional, después de advertir que, en su criterio, es necesario que el legislador expida una ley que unifique el régimen disciplinario aplicable a quienes prestan su servicio militar obligatorio en las distintas instituciones que integran la fuerza pública, concluye que, en este caso, no se advierte que la disposición demandada comporte una violación palmaria de las normas constitucionales y que el problema señalado por el actor es atribuible a una falta de técnica en la redacción de las normas.

2.3. El Ministerio Público, por su parte, considera que, puesto que el cargo que se ha presentado en esta oportunidad surge de la comparación entre textos normativos de rango legal que comportan igual jerarquía normativa, el mismo carece de los requisitos de certeza y pertinencia, razón por la cual no resulta idóneo y la Corte debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo.

2.4. De esta manera, encuentra la Corte que en el presente proceso es preciso resolver, en primer lugar, si se está ante una demanda en forma, y si, por consiguiente, cabe un pronunciamiento de fondo, o si, por el contrario, lo que procede es un fallo inhibitorio, por ineptitud sustantiva de la demanda. En segundo lugar, si la Corte concluye que sí hay demanda en forma, sería preciso establecer si la diferencia del régimen disciplinario aplicable a quienes prestan su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, en relación con el que se aplica a quienes lo hacen en las fuerzas militares, es desproporcionada y, por ende, violatoria del principio de igualdad.

2.5. Para resolver las anteriores cuestiones la Corte se referirá, en primer lugar, a los antecedentes del régimen disciplinario de las fuerzas armadas, particularmente, a las circunstancias en las que surge una normatividad específicamente orientada a regular la situación de quienes prestan su servicio militar obligatorio. En segundo lugar, hará un recuento sobre la jurisprudencia constitucional en torno a la aplicación del principio de igualdad en la comparación de distintos regímenes jurídicos. Finalmente, a la luz de los parámetros que resulten de las consideraciones anteriores, se resolverán, para el caso concreto, las cuestiones planteadas.

3. Cuestión previa. La solicitud de inhibición.

Para la Corte, no es de recibo el planteamiento del Ministerio Público conforme al cual, en este caso, procede un fallo inhibitorio debido a que el problema presentado es de rango legal, en la medida en que surge de la comparación de dos disposiciones que tienen la misma jerarquía normativa. Estima la Corte que, por el contrario, el actor ha formulado un verdadero problema de constitucionalidad, puesto que, en su criterio, sujetos que por sus condiciones objetivas son asimilables, reciben, sin embargo, un distinto tratamiento legal, sin justificación suficiente.

En consecuencia, se procederá en esta providencia al análisis del cargo presentado, a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la aplicación del principio de igualdad en la comparación de regímenes jurídicos distintos, particularmente, en el ámbito de las fuerzas armadas.

4. Antecedentes del régimen disciplinario de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Mediante Ley 578 de 2000, el Congreso de la República confirió facultades extraordinarias legislativas al Gobierno para, entre otros asuntos, expedir los reglamentos de régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional.

En desarrollo de esas facultades el Gobierno expidió los decretos 1797 de 2000, por medio del cual se adoptó el reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, y 1798 de 2000, por medio del cual se modificaron las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional.

Dichos decretos no contenían disposiciones disciplinarias orientadas específicamente a regular la situación de las personas que se encontraban prestando el servicio militar obligatorio, quienes, en consecuencia, se sujetaban al régimen general aplicable al personal uniformado.

Debe tenerse en cuenta, por otro lado, que en la Ley 4ª de 1991 se había establecido el servicio obligatorio para bachilleres en la Policía Nacional, como una modalidad de servicio militar (art. 29), y que en ella se dispuso que las funciones que este servicio debe cumplir se limitarán a los servicios primarios de policía, que son aquellos que se refieren a la protección de la tranquilidad, salubridad, moralidad, ecología y ornato público tales como: vigilancia en pesas y medidas, ocupación de vías públicas, ornatos, conservación del medio ambiente, mendicidad, protección de ancianos, menores, campañas preventivas contra el consumo de drogas y fundamentalmente la función educativa hacia la comunidad (art. 32). Se dispuso, así mismo en la ley, que el personal de bachilleres que preste su servicio militar en la Policía Nacional “... quedará sometido a las disposiciones del Código Penal Militar y al régimen disciplinario vigente para las Fuerzas Militares” (art. 33).

Esa ley fue reglamentada mediante Decreto 2853 de 1991, en cuyo artículo 22 se dispuso que “[de conformidad con el artículo 33 de la Ley 4ª de 1991, a los auxiliares de policía bachilleres, se les aplicará el régimen disciplinario, vigente para las Fuerzas Militares, pero la competencia para conocer y sancionar las faltas que estos cometan, la tendrán los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que posean cargo equivalente al de los miembros de las Fuerzas Militares”.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 2001 declaró inexequible el libro segundo del reglamento disciplinario para las fuerzas militares contenido en el Decreto 1797 de 2000, por considerar que allí se había modificado la estructura del Código Disciplinario Único contenido en la Ley 200 de 1995, lo cual excedía las facultades otorgadas por el Congreso al Presidente de la República.

Como consecuencia de lo anterior, en el año 2001, el Ministerio de Defensa presentó al Congreso de la República, un proyecto de ley dirigido a expedir el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares. Dicho proyecto contenía, por primera vez, unas previsiones especiales aplicables a quienes prestaban el servicio militar obligatorio, presumiblemente, en atención a la consideración sobre la improcedencia, en relación con esas personas, de las sanciones de destitución y de suspensión, y también, al distinto estatus que ellas tienen frente al personal vinculado a las fuerzas militares en otra modalidad de servicio.

En el correspondiente acápite del proyecto se proponía el siguiente régimen de sanciones, que incluía un tratamiento diferenciado para los soldados bachilleres y regulares, frente al propio de oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales:

“ART. 60.—Definición de las sanciones. Las sanciones disciplinarias son:

1. Separación absoluta de las Fuerzas Militares: Es la cesación definitiva de funciones.

2. Suspensión: Consiste en la cesación temporal de funciones en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración.

3. Prolongación del servicio militar obligatorio: Consiste en prorrogar la permanencia del soldado en las filas militares por un tiempo que no sobrepase el establecido por la ley o normas de reclutamiento.

4. Reprensión: Es la desaprobación expresa que por escrito hace el superior sobre la conducta o proceder del infractor.

ART. 61.—Clasificación de las sanciones.

1. Separación absoluta: para oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales cuando incurran en falta gravísima.

2. Suspensión hasta por noventa (90) días sin derecho a remuneración: se aplicará a oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales que incurran en falta grave. En ningún caso se computará como tiempo de servicio.

3. Prolongación del servicio militar obligatorio hasta por 90 días: Se aplicará a soldados regulares o bachilleres cuando incurran en faltas gravísimas o graves.

4. Reprensión simple, formal o severa: que se aplicará a oficiales, suboficiales y soldados cuando incurran en faltas leves”.

Como puede advertirse, en ese régimen, según sus destinatarios, era posible distinguir tres tipos de sanciones: El primero, que comprendía las sanciones de separación absoluta de las Fuerzas Militares y de suspensión, era aplicable a oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales; el segundo, al que corresponde la sanción de prolongación del servicio militar obligatorio, era aplicable a soldados regulares o bachilleres, y finalmente, el tercero, constituido por la sanción de reprensión, resultaba aplicable a todos los sujetos disciplinables.

Sin embargo, durante el trámite del proyecto en el Congreso de la República se suprimieron los ordinales terceros de los anteriores artículos, relativos a la sanción de prolongación del servicio militar obligatorio (2) , con lo cual el texto que finalmente fue aprobado, quedó tal como figura en el artículo 62 de la Ley 836 de 2003, que es el que se ha tomado como parámetro de comparación para la demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el régimen sancionatorio aplicable a los auxiliares bachilleres que prestan su servicio militar en la Policía Nacional. Las correspondientes normas de la Ley 863 de 2003 son del siguiente tenor:

“ART. 61.—Definición de las sanciones. Las sanciones disciplinarias son:

1. Separación absoluta de las Fuerzas Militares: Es la cesación definitiva de funciones.

2. Suspensión: Consiste en la cesación temporal de funciones en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración.

3. Reprensión: Es la desaprobación expresa que por escrito hace el superior sobre la conducta o proceder del infractor.

4. Las inhabilidades general y especial en los términos de los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 734.

5. Cuando se imponga separación absoluta de las Fuerzas Militares, ello implica pérdida del derecho a concurrir a las sedes sociales y sitios de recreación de las Fuerzas Militares.

ART. 62.—Clasificación de las sanciones:

1. Separación absoluta. Para oficiales, suboficiales Y soldados voluntarios o profesionales cuando incurran en falta gravísima dolosa.

2. Suspensión hasta por noventa (90) días sin derecho a remuneración. Se aplicará a oficiales, suboficiales y soldados voluntarios o profesionales que incurran en falta grave o gravísima. En ningún caso se computará como tiempo de servicio.

3. Reprensión simple, formal o severa. Se aplicará a oficiales, suboficiales y soldados cuando incurran en faltas leves”.

Para la Corte no resulta de fácil comprensión la técnica legislativa utilizada en el trámite del proyecto que dio lugar a la Ley 836 de 2003, porque la sanción de prolongar el servicio militar obligatorio se había previsto, en relación con los soldados bachilleres y regulares, para sustituir las sanciones de separación absoluta y de suspensión, que se aplicaban a los demás sujetos disciplinables en los eventos de faltas graves y gravísimas, pero que carecían de sentido en relación con quienes se encontraban prestando el servicio militar obligatorio, para quienes la separación definitiva del servicio tendría la implicación de una exoneración de la obligación de concluir el tiempo de servicio militar y la suspensión, una especie de licencia en el cumplimiento del deber legal.

Sin que se hubiese advertido lo anterior, y sin que, por consiguiente, se hubiesen hecho las correspondientes adecuaciones en el régimen de sanciones, la supresión de la sanción prevista específicamente respecto de los soldados bachilleres y regulares por la comisión de faltas graves o gravísimas, conduce a dos alternativas interpretativas que no resultan armónicas o congruentes:

O se entiende que, dado el tenor literal de la norma, los soldados bachilleres y ordinarios solo pueden ser sancionados por faltas leves, y quedarían en la impunidad las infracciones que constituyan faltas graves o gravísimas; o de manera alternativa, debe entenderse que, tratándose de soldados bachilleres y regulares, para todas las modalidades de falta, cabe aplicar únicamente la sanción de reprensión, lo cual plantea un problema por la eventual ausencia de correspondencia entre la sanción y la gravedad de la falta.

En este contexto se dictó la Ley 1015 de 2006, “por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”, que tiene unas previsiones orientadas a regular de manera especial las sanciones disciplinarias aplicables a los auxiliares bachilleres que prestan su servicio militar en la Policía Nacional. En la exposición de motivos del correspondiente proyecto de ley, se justificó la presencia de esas normas con la consideración conforme a la cual, por un lado, era preciso tener en cuenta “... la naturaleza de la función policial que cumple el personal que presta su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional” y por otro, se consideraba necesario regular las sanciones aplicables y las autoridades encargadas de su ejecución, destacando que “... a los auxiliares se les aplicarán también las sanciones de destitución e inhabilidad general y la suspensión e inhabilidad especial, para superar la inocuidad y lenidad de las sanciones que hasta el momento se les han venido imponiendo, lo cual ha generado indisciplina y falta de responsabilidad en la prestación del servicio militar obligatorio, perjudicando seriamente el servicio de seguridad encomendado a la Policía Nacional y la función pública que se presta a través de este personal”.

El régimen especial que, en consecuencia, se expidió para los auxiliares bachilleres que prestan su servicio militar en la Policía Nacional, como puede verse en la siguiente trascripción a doble columna, no establece diferencias sustanciales con el aplicable al personal escalafonado en la Policía:

Personal uniformado escalafonadoTítulo VII
Capítulo único
Normas para los auxiliares de policía
ART. 38.—Definición de sanciones. Son sanciones las siguientes:
1. Destitución e inhabilidad general:
La Destitución consiste en la terminación de la relación del servidor público con la Institución policial; la inhabilidad general implica la imposibilidad para ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.
2. Suspensión e inhabilidad especial:
La Suspensión consiste en la cesación temporal en el ejercicio del cargo y funciones sin derecho a remuneración; la inhabilidad especial implica la imposibilidad de ejercer funciones públicas en cualquier cargo, por el término señalado en el fallo.
3. Multa:
Es una sanción de carácter pecuniario, que consiste en imponer el pago de una suma de dinero del sueldo básico devengado al momento de la comisión de la falta.
4. Amonestación escrita:
Consiste en el reproche de la conducta o proceder, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida.
 
ART. 39.—Clases de sanciones y sus límites. Para el personal uniformado escalafonado, se aplicarán las siguientes sanciones:
1. Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima destitución e inhabilidad general por un término entre diez (10) y veinte (20) años.
2. Para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave o graves dolosas, suspensión e inhabilidad especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a remuneración.
3. Para las faltas graves realizadas con culpa gravísima, suspensión e inhabilidad especial entre un (1) mes y ciento setenta y nueve (179) días, sin derecho a remuneración.
4. Para las faltas graves realizadas con culpa grave, o leves dolosas, multa entre diez (10) y ciento ochenta (180) días.
5. Para las faltas leves culposas, amonestación escrita.
PAR.—Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
ART. 44.—Sanciones.
Para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, destitución e inhabilidad general por un término entre diez (10) y veinte (20) años.
Para las faltas gravísimas culposas con culpa grave o graves dolosas, suspensión e inhabilidad especial entre seis (6) y doce (12) meses, sin derecho a bonificación.
Para las faltas graves realizadas con culpa gravísima, suspensión e inhabilidad especial entre treinta y uno (31) y ciento ochenta (180) días, sin derecho a bonificación.
Para las faltas graves realizadas con culpa grave, o leves dolosas, suspensión e inhabilidad especial de uno (01) a treinta (30) días, sin derecho a bonificación.
Para las faltas leves culposas, amonestación escrita.
PAR.—La suspensión en ningún caso se computará como tiempo de servicio. Cumplida la sanción se continuará con la prestación del mismo.

Como se puede apreciar, el legislador incorporó un régimen específico para los auxiliares de policía, que en general, contempla las mismas sanciones que las que se aplican al personal escalafonado, con la única exclusión de la multa, que se sustituye por suspensión e inhabilidad; la precisión conforme a la cual los auxiliares bachilleres, comoquiera que no reciben remuneración laboral, se les suspende el reconocimiento de la bonificación y la aclaración de que el tiempo de suspensión no se computará como tiempo de servicio, que resultaba indispensable dada la naturaleza del servicio militar obligatorio que se encuentran prestando los auxiliares bachilleres.

El anterior recuento normativo permite advertir el contexto en el que, en la presente demanda de inconstitucionalidad, se ha formulado un cargo por violación del principio de igualdad, derivado del distinto trato que, en materia disciplinaria, reciben quienes prestan su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional y quienes lo hacen en las Fuerza Militares.

5. Jurisprudencia constitucional sobre el principio de igualdad en la comparación de regímenes jurídicos distintos. Análisis de los cargos.

5.1. Se ha planteado una inconstitucionalidad atribuible a la diferencia de trato que en materia disciplinaria se desprende de la ley para quienes prestan su servicio militar obligatorio, dependiendo de si lo hacen en las Fuerza Militares o en la Policía Nacional.

5.2. En principio cabe señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no procede construir un cargo por diferencia de trato a partir de la comparación de diferentes regímenes jurídicos que obedecen a situaciones distintas.

Así, si bien puede aceptarse la existencia de una categoría general de sujetos conformada por quienes prestan su servicio militar obligatorio, no es menos cierto que las condiciones en las que el servicio se presta difieren notoriamente según que se trate de las Fuerza Militares o de la Policía Nacional.

La jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que la misma Constitución ha previsto la existencia de un sistema de carrera y de un régimen disciplinario independientes para las Fuerzas Militares y para la Policía Nacional. En efecto, el artículo 217 superior relativo a las primeras afirma que “La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”; por su parte el 218 ibídem, concerniente a la Policía Nacional, establece que “La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

A partir de esas premisas, en un caso similar al presente, en la Sentencia C-421 de 2002, la Corte expresó que “... en el juicio de igualdad propuesto (3) , (...) el término de comparación utilizado por el actor resulta inapropiado, pues no es posible establecer, válidamente, una equivalencia entre el personal de la Policía Nacional y el personal de las Fuerzas Militares en materia de régimen disciplinario...” (4) .

Puntualizó la Corte en esa oportunidad que resulta claro que los miembros de las Fuerzas Militares —Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional— y los de la Policía Nacional no se encuentran en la misma situación frente a la imposición de sanciones disciplinarias y que a esta conclusión se llega a partir del hecho de que la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, si bien ambas forman parte de la fuerza pública (C.P., art. 216), tienen una distinta naturaleza jurídica y persiguen distintos fines constitucionales.

Expresó la Corte que las referidas diferencias “... radican fundamentalmente en el carácter civil que se atribuye a la policía y que emerge del artículo 218 de la Constitución, carácter del que no se revisten las Fuerzas Militares, y en el objetivo que persigue cada institución, el cual en el caso de la policía es ‘el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz’, mientras que en el caso de las Fuerzas Militares ‘la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional’” (5) .

De este modo, observa la Corte que, en principio, la diferencia de trato a la que alude el actor en esta oportunidad, sería atribuible a esa variedad de situaciones y, por consiguiente, al distinto régimen jurídico que existe entre las Fuerzas Militares y la policía, sin que los supuestos de hecho de los que parte la demanda fuesen comparables.

Con todo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha señalado que, no obstante que la diferencia de regímenes jurídicos excluye, en principio, la exigencia de un tratamiento equivalente entre los destinatarios de uno y otro, no es menos cierto que no toda diferencia de trato puede tenerse como justificada a la luz de ese criterio. Así, por ejemplo, la Corte, en la Sentencia C-171 de 2004, al pronunciarse sobre el tratamiento diferenciado entre la jurisdicción penal ordinaria y la justicia penal militar en punto a los requisitos para acceder a los cargos de cada jurisdicción, señaló que, no obstante que ese tratamiento diferenciado “... no constituye —per se— violación al principio de igualdad constitucional, porque la disímil estructura jurídica de una y otra excluye el tratamiento equivalente...”, esa conclusión “... no resuelve lo atinente a la legitimidad del trato diferenciado objeto de la demanda, ya que es claro que no cualquier tratamiento diferente podría autorizarse con el simple argumento de que el trato diferente está permitido”. Agregó la Corte que “[a]demás de estar permitido, el trato diferencial debe ser legítimo, razonado y proporcional”.

De este modo se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia, no obstante que el legislador está facultado para diseñar diferentes regímenes disciplinarios para las instituciones de la fuerza pública, no puede desconocer ciertos límites que se derivan de la Constitución, entre los cuales se encuentra aquel conforme al cual, aún ante situaciones distintas, no es posible establecer diferencias de trato que resulten irrazonables o desproporcionadas.

En esta dimensión del análisis, sin embargo, advierte la Corte que el cargo presentado por el demandante resulta inepto, porque, por un lado, no realiza consideración alguna sobre las razones por las cuales el régimen disciplinario aplicable a quienes prestan su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional pueda calificarse como desproporcionado, y por otro, la desproporción entre los dos regímenes disciplinarios aplicables a quienes prestan su servicio militar obligatorio, según que lo hagan en la Policía Nacional o en la Fuerzas Militares, no es imputable a la disposición demandada, ni es producto de una decisión deliberada del legislador de establecer un trato diferente, con las características anotadas, sino que es atribuible a una disposición distinta a la demandada, que es la que establece las sanciones aplicables a los soldados bachilleres y regulares en el régimen disciplinario de las Fuerzas Militares.

Así, tal como consta en los antecedentes del correspondiente proyecto de ley, el régimen disciplinario de los auxiliares bachilleres que prestan su servicio militar en la Policía Nacional, se estableció para evitar precisamente la lenidad que resultaba del aplicable con anterioridad. Para ello se consideró necesario imponer, en general, las mismas sanciones a todo el personal disciplinable, con la consideración conforme a la cual quien presta su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional cumple una función de naturaleza policial y que la indisciplina y la falta de responsabilidad en la prestación del servicio militar obligatorio, había venido perjudicando seriamente el servicio de seguridad encomendado a la Policía Nacional y la función pública que se presta a través de este personal (6) .

A la luz de las anteriores consideraciones, encuentra la Corte que no cabe predicar que de la disposición demandada se desprenda una violación del principio de igualdad en razón de la diferencia que ella presenta frente a las sanciones aplicables a los soldados bachilleres y regulares en las fuerzas militares, razón por la cual la disposición demandada se declarará exequible, únicamente por el cargo analizado.

En cuanto a la presunta falta de proporcionalidad entre ambos regímenes disciplinarios aducida por el demandante, para la Corte, la ineptitud del cargo, atribuible al hecho de que en la demanda no se aportan los elementos normativos que permitan realizar una ponderación, no permite realizar un estudio de fondo a este respecto.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar la EXEQUIBILIDAD de los apartes demandados del artículo 44 de la Ley 1015 de 2006, únicamente por el cargo analizado en esta providencia.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, publíquese y cúmplase».

(2) En el informe de ponencia para segundo debate en el Senado de la República se hizo el siguiente recuento sobre este particular: El día 3 de junio de 2003, se discutió en Comisión Primera del Senado el proyecto, y con relación a las modificaciones que los ponentes propusimos, se presentaron algunas modificaciones: // 4. Artículo 62. En esta norma, sobre clasificación de las sanciones, se presentaron las siguientes modificaciones: // a) La honorable senadora Blum propuso excluir el numeral 3º, referente a la prolongación del servicio militar obligatorio hasta por 90 días, eliminación que fue aprobada con la aquiescencia de la Ministra de Defensa; // b) El honorable senador Pardo Rueda propuso la eliminación del numeral 5º, sobre la multa, toda vez que esa sanción no tiene ningún efecto en el Régimen Disciplinario Militar. Esa propuesta fue aceptada por la comisión, también con el respaldo de la Ministra de Defensa. // 5. Artículo 61. La señora Ministra de la Defensa, como consecuencia, propuso la exclusión del numeral 3º del artículo 61, sobre la definición de las sanciones, de la prolongación del servicio militar obligatorio, propuesta que fue acogida por la comisión.

(3) En relación con la aplicación del test de igualdad ver entre otras las sentencias C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-412/01 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-586/01; y C-233/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-742/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, con aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería.

(4) Sentencia C-421 de 2002, con salvamento de voto de los magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett.

(5) Sentencia C-421 de 2002.

(6) Exposición de motivos del proyecto que dio lugar a la Ley 1015 de 2006.

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