Sentencia C-31 de enero 26 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-031 de 2006

Ref.: Expediente D-5849

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: Luis Alberto Jiménez Polanco.

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002 “por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”.

Bogotá, D.C., veintiséis de enero del año dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.840 del 20 de junio de 2002. Se resalta lo demandado.

“DECRETO LEY 1278 DE 2002

(Junio 19)

Por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente.

El Congreso de la República

DECRETA:

(...).

“ART. 13.—Nombramientos provisionales. Cuando se trate de proveer transitoriamente empleos docentes, los nombramientos deben realizarse en provisionalidad con personal que reúna los requisitos del cargo, en los siguiente casos:

a) En vacantes de docentes cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal, el nombramiento provisional será por el tiempo que dure la respectiva situación administrativa. En este caso deberá hacerse uso del listado de elegibles vigente y su no aceptación no implica la exclusión del mismo;

b) En vacantes definitivas, el nombramiento provisional será hasta cuando se provea el cargo en período de prueba o en propiedad, de acuerdo con el listado de elegibles producto del concurso.

PAR.—Los educadores contratados por órdenes de prestación de servicio que tienen el derecho a ser vinculados en provisionalidad en virtud del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, serán regidos por las normas de este estatuto y, por ende, nombrados provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, en los cargos vacantes de la planta de personal que fije la Nación en ejercicio de su competencia especial dada por el artículo 40 de la Ley 715 de 2001.

Para ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de carrera deben superar el concurso de méritos y obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma demandada hace parte de un decreto-ley de la República.

2. La materia sujeta a examen.

El parágrafo del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002, establece que los educadores contratados por órdenes de prestación de servicio que tienen el derecho a ser vinculados en provisionalidad en virtud del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, serán regidos por las normas del estatuto de profesionalización docente y por tanto serán nombrados provisionalmente en los cargos vacantes de la planta de personal que fije la Nación en ejercicio de su competencia especial dada por el artículo 40 de la Ley 715 de 2001.

Así mismo, dispone que para ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de carrera deben superar el concurso de méritos y obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1278 de 2002.

Para el actor, dicha norma al imponer un requisito no previsto en la Constitución Política ni en la ley para los docentes contratados por órdenes de prestación de servicios, esto es, la evaluación satisfactoria del período de prueba como un requisito para que puedan ser vinculados o nombrados en propiedad y gozar de los derechos que otorga la carrera administrativa, desconoce los mandatos constitucionales y lo previsto en las disposiciones legales vigentes al momento en que fueron vinculados, pues estas no establecían la provisionalidad ni el período de prueba para los educadores y en este sentido considera que se vulneran los artículos superiores.

Los intervinientes en representación de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional, solicitan, el primero, que la Corte declare la existencia de la cosa juzgada constitucional, como quiera que esta corporación en Sentencia C-1169 de 2004 ya se pronunció en relación con la constitucionalidad de la norma acusada, y el segundo, que la Corte declare exequible la norma acusada, toda vez que, los docentes contratados por órdenes de prestación de servicios a los que hace alusión la norma acusada, no están en igualdad de condiciones para competir con quienes además de reunir los requisitos para ejercer la docencia han pasado por el respectivo concurso que los ha hecho merecedores del cargo en propiedad, especialmente si se considera que la ley no quiso dejar de lado a los docentes que venían prestando sus servicios mediante órdenes de prestación de servicios y para ello les brindó la oportunidad de ser nombrados en forma provisional, mientras dichos cargos fueran provistos en propiedad por quienes aprueben el concurso de méritos una vez efectuado el proceso de selección.

Por su parte, la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1169 de 2004 dada la existencia de la cosa juzgada constitucional, puesto que el problema jurídico planteado por el accionante en el presente proceso es el mismo que fue objeto de control constitucional por la Corte en la sentencia referida, en donde se declaró la exequibilidad del parágrafo del artículo 13 del Decreto 1278 de 2002.

Finalmente, el señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la norma demandada, por considerar que el Decreto 1278 de 2002 estableció que el ingreso a la carrera del servicio educativo estatal se hace previo cumplimiento de los requisitos para profesionalización docente, por concurso de méritos, con la elaboración de las correspondientes listas de elegibles, y culmina con el nombramiento en período de prueba y la evaluación satisfactoria al final del mismo, de forma tal que quienes no superen ese período serán separados del servicio.

En ese entendido, explica que el artículo 13 acusado genera dos claras consecuencias, i) que el régimen provisional se mantiene para los docentes hasta tanto no se provean los cargos de manera definitiva, lo cual se ajusta a la expectativa razonable laboral como contraprestación que reciben por poner sus capacidades profesionales al servicio educativo que las necesita para cumplir con los fines estatales de manera eficaz, y ii) que cualquiera de los educadores nombrados en provisionalidad que quieran ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de carrera, deben superar el concurso de méritos y obtener evaluación satisfactoria del período de prueba.

En esos términos, el problema constitucional que plantea la presente demanda es si se desconocen los derechos adquiridos a los docentes vinculados o nombrados antes de la vigencia del Decreto-Ley 1278 de 2002, generándose una desigualdad jurídica al no aplicárseles lo previsto en el Decreto 2277 de 1979 a pesar de ser esta la norma vigente cuando ingresaron a prestar el servicio como docentes, y además al exigírseles un requisito adicional para que puedan ser vinculados o nombrados en propiedad y gozar de los derechos que otorga la carrera administrativa, esto es, la evaluación satisfactoria del correspondiente período de prueba.

3. La solicitud de declaratoria de existencia de cosa juzgada hecha por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, solicitan a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo en el presente proceso, pues consideran que en relación con la acusación formulada en contra del parágrafo del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002 ha operado el fenómeno de la cosa juzgada en relación con la Sentencia C-1169 de 2004, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, comoquiera que esta corporación en dicha oportunidad, se pronunció en relación con la constitucionalidad de la norma referida a partir del planteamiento de un problema jurídico muy similar al expuesto en la presente demanda, esto es, el desconocimiento de los derechos adquiridos por los docentes que se encontraban amparados por el régimen establecido en el Decreto 2277 de 1979, al imponerles la obligación de someterse a un período de prueba y a una evaluación del mismo con el fin de que puedan ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de la carrera docente.

Al respecto la Corte aclara que en la Sentencia C-1169 de 2004 la esta corporación se pronunció sobre la acusación formulada en ese proceso en contra de algunos apartes del parágrafo del artículo 13º del Decreto-Ley 1278 de 2002 (1) y no sobre la totalidad del referido parágrafo como acaece en el presente proceso. Así mismo que el cargo expuesto en aquella oportunidad en contra de las expresiones acusadas se refirió a que hubo un exceso en las facultades otorgadas por el legislador, al expedir el estatuto de profesionalización docente —y consecuentemente la vulneración de los artículos 121, 150 y 189 numeral 10 de la Constitución— (2) , en tanto que en el presente caso el actor acusa el parágrafo del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002 por la supuesta vulneración del preámbulo y los artículos 1º, 2º, 13, 25, 58 y 84 de la Constitución Política.

En esos términos, esta corporación constata que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, pues no solo en esta ocasión se acusa de inconstitucionalidad la totalidad del parágrafo del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002, sino que los cargos planteados son diversos a los que analizó la Corte en la Sentencia C-1169 de 2004 en relación con dicho parágrafo.

Ahora bien, advierte la Corte que si bien es cierto que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con la acusación formulada en contra del parágrafo del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002, en esta oportunidad se deberán necesariamente reiterar los criterios jurisprudenciales expuestos la Sentencia C-1169 de 2004 donde se analizó por la Corte —en relación con el examen de otros artículos del mismo Decreto 1278 de 2002 por el cargo de extralimitación del legislador en el ejercicio de facultades extraordinarias— el tema de la existencia o no de derechos adquiridos en materia de carrera de los docentes contratados por órdenes de prestación de servicios que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber estado previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, aspecto que resulta esencial para el examen de los cargos planteados por el actor en el presente proceso.

4. Los criterios fijados en la Sentencia C-1169 de 2004 sobre el tema de la existencia o no de derechos adquiridos en materia de carrera de los docentes que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber estado previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 y su relevancia para el análisis de los cargos planteados en el presente proceso.

Cabe precisar que la Corte en la Sentencia C-1169 de 2004 al analizar la acusación formulada por extralimitación del legislador en el ejercicio de facultades extraordinarias a él conferidas (3) en contra del algunos apartes del artículo 2º del Decreto 1278 de 2002 (4) hizo una serie de precisiones sobre los antecedentes del Decreto 1278 de 2002 y sobre la situación de los docentes que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber estado previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 que resultan claramente pertinentes para el examen de los cargos planteados en el presente proceso.

Así en relación con los antecedentes del Decreto 1278 de 2002 en el tema de los docentes provisionales señaló la Corte lo siguiente:

A pesar de tener como objetivo el Decreto 2277 de 1979, el desarrollo de la educación en el sector oficial a través de los beneficios y garantías de la carrera docente, algunas disposiciones legales proferidas con posterioridad, permitieron la prestación de dicho servicio público por intermedio de educadores vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Sin embargo, hacia el año de 1993, y puntualmente, en el artículo 6º de la Ley 60 del mismo año, se ordenó perentoriamente la sujeción de la educación oficial al sistema de carrera previsto en el artículo 125 de la Constitución Política y, por ende, la eliminación paulatina de los contratos de prestación de servicios vigentes. Sobre la materia, la norma en cita dispuso:

“ART. 6º—Administración de personal. Corresponde a ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales.

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administrativos sin el lleno de los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa, respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad territorial adopte.

Todo nombramiento o vinculación que no llene los requisitos a que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo ejecute.

(...).

PAR. 1º—Los docentes temporales vinculados por contrato a los servicios educativos estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de la carrera docente, serán incorporados a las plantas de personal de los departamentos o de los distritos en donde vienen prestando sus servicios, previo estudio de necesidades y ampliación de la planta de personal. La vinculación de los docentes temporales será gradual, pero deberá efectuarse de conformidad con un plan de incorporación que será proporcional al incremento anual del situado fiscal y con recursos propios de las entidades territoriales y en un término no mayor a los seis años contados a partir de la publicación de la presente ley (...)” (resaltado por fuera del texto original).

Término legal ampliado a través de la Ley 715 de 2001, en el artículo 38, conforme al cual:

“(...) Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1º de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos fueron renovados en el año 2001, por el municipio o el departamento, indistintamente, serán vinculados de manera provisional durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre, deberán, los departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1º de febrero de 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes de prestación de servicios por los departamentos o municipios, dentro de los dos meses antes y el 1º de noviembre de 2000, demostrando solución de continuidad durante ese período, y que cumplan los requisitos del cargo, serán vinculados de manera provisional durante el año 2002.

Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1º de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional, previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de la entidad territorial (...)”.

Por otra parte, la aprobación del Acto Legislativo 1 de 2001, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación, condujo a la necesidad de realizar algunos ajustes normativos en las disposiciones preexistentes en materia de educación, entre ellas, las referentes al régimen de carrera para el personal docente; pues así lo exigía la nueva distribución de competencias y de recursos públicos para la prestación de dicho servicio por parte de las distintas autoridades del Estado (...).

Con el propósito de adecuar las modificaciones realizadas por el Acto Legislativo 1 de 2001 al servicio público de la educación, el Congreso mediante la Ley 715 de 2001 revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para crear un nuevo régimen de carrera docente y administrativo destinado a derogar el previsto en el Decreto 2277 de 1979, cuya denominación legal sería estatuto de profesionalización docente (5) .

Con fundamento en las citadas facultades extraordinarias, se expidió el Decreto-Ley 1278 de 2002 mediante el cual se creó el nuevo estatuto de profesionalización docente”.

De otra parte, esta corporación resalta lo dicho en la Sentencia C-1169 de 2004, en la que se hizo claridad en relación con dos aspectos relevantes para el análisis de los cargos formulados en el presente proceso a saber, i) que el simple hecho de estar inscrito en el escalafón nacional docente previsto en el Decreto 2277 de 1979, no implica que el educador se encuentre vinculado de forma automática a la carrera administrativa, como servidor público del Estado, y ii) que los derechos que emanan de la carrera docente establecida en el Decreto 2277 de 1979, en virtud de lo previsto en el artículo 27, se sujetan no solo a la inscripción en el escalafón de docentes, sino también a la superación de las etapas en los procesos de selección o concurso, a la correspondiente designación en un cargo docente en propiedad, y a la toma de posesión del mismo.

En efecto, sobre el particular la Corte señaló lo siguiente:

“El Decreto 2277 de 1979 organizó la prestación del servicio público esencial de la educación, a través de la creación de un estatuto para el ejercicio de la profesión docente. Dicho estatuto además de contemplar las condiciones generales para ejercer la docencia, distinguió entre educadores oficiales y no oficiales, y creó el denominado escalafón nacional docente, el cual conforme al artículo 8º del citado decreto, se entendió como el sistema de clasificación de los educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos.

Dada su cobertura y alcance general, el escalafón nacional docente se previó para toda modalidad de educadores, independiente de la institución educativa a la cual prestaran sus servicios (6) . Lo anterior, fue expresamente reconocido en los artículos 3º y 4º del Decreto 2277 de 1979, en los siguientes términos:

“ART. 3º—Educadores oficiales. Los educadores que presten sus servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal, son empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto.

ART. 4º—Educadores no oficiales. A los educadores no oficiales le serán aplicables las normas de este decreto sobre escalafón nacional docente, capacitación y asimilaciones. En los demás aspectos del ejercicio de la profesión, dichos educadores se regirán por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, los pactos y convenciones colectivas y los reglamentos internos, según el caso” (7) (resaltado por fuera del texto original).

En consecuencia, el escalafón nacional docente se estableció como un sistema de clasificación de los educadores para toda modalidad de docentes, ya sean estos del sector oficial o del no oficial. Sin embargo, en cuanto al primer grupo de educadores, la inscripción en el escalafón se convirtió en conditio sine que non para habilitar a dichos profesionales en el acceso, permanencia y retiro de la carrera docente (8) .

Ahora bien, un análisis sistemático de los artículos 27 y subsiguientes del Decreto 2277 de 1979, permite concluir que para ingresar a la carrera docente en el sector oficial, se exigió no solo la inscripción en el escalafón nacional docente, sino también la superación de las etapas en los procesos de selección o concurso, el nombramiento en propiedad y la toma de posesión del cargo (9) . Esto significa que el profesional en la educación del sector oficial que no acreditara el cumplimiento de los anteriores requisitos, no podía acceder a la carrera docente, aun cuando se encontrara inscrito en el escalafón nacional.

En este orden de ideas, se concibió a la carrera docente como el régimen legal de estabilidad, ascenso y permanencia en el sector oficial de la educación, a través del mérito y la profesionalización de los educadores inscritos en el escalafón nacional docente. Al respecto, disponía el artículo 26 del Decreto 2277 de 1979:

“La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga el derecho a la profesionalización, actualización y capacitación permanente, establece el número de grados del escalafón docente y regula las condiciones de inscripción, ascenso y permanencia dentro del mismo, así como la promoción a los cargos directivos del carácter docente”.

Ahora bien concretamente en relación con la situación de los docentes que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber estado previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 y la imposibilidad de predicar en su caso la existencia de derechos adquiridos expresó la Corte lo siguiente:

“El accionante considera que el artículo 2º del citado decreto, vulnera los artículos 121, 150 y 189 numeral 10 de la Constitución Política, pues desconoce los derechos adquiridos de los docentes que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber estado previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001.

En su opinión, la ley habilitante ordenó aplicar el nuevo estatuto de profesionalización a quienes “ingresen a partir de la promulgación de (dicha) ley” al nuevo régimen de carrera docente y, por lo mismo, a los educadores al servicio del Estado vinculados con anterioridad mediante órdenes de prestación de servicios y que, posteriormente, ingresaron de manera provisional al sector oficial de la educación, en atención a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, no les resulta aplicable; toda vez que dichos educadores, por una parte, ya se encontraban escalafonados y, por la otra, eran sujetos pasivos de la carrera docente prevista en el Decreto 2277 de 1979.

Conforme a lo expuesto, se pregunta la Corte: ¿Si como lo sostiene el accionante los educadores que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber sido previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, se encuentran sujetos a lo previsto en el Decreto 2277 de 1979 y, en esa medida, el Presidente de la República se extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001, al someterlos al nuevo estatuto de profesionalización docente establecido en el Decreto-Ley 1278 de 2002?

Partiendo de las anteriores consideraciones, esta corporación concluye que no le asiste razón al accionante, por los siguientes argumentos:

(i) El estar “inscrito” en el escalafón nacional docente previsto en el Decreto 2277 de 1979, no implica necesariamente que el educador se encuentre “vinculado” a la carrera administrativa como servidor público del Estado, ya que, por ejemplo, el mismo decreto, en el artículo 4º, establecía que a los docentes no oficiales (o privados) le eran aplicables las mismas normas sobre el Escalafón Nacional (10) .

(ii) Los derechos que emanan de la carrera docente establecida en el Decreto 2277 de 1979, en virtud de lo previsto en el artículo 27, se sujetan no solo a la inscripción en el escalafón, sino también a la superación de las etapas en los procesos de selección o concurso, a la designación en un cargo docente en propiedad y a la toma de posesión del mismo. En efecto, la citada norma disponía que:

“ART. 27.—Ingreso a la carrera. Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los educadores oficiales que estén inscritos en el escalafón docente, sean designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo” (resaltado por fuera del texto original).

En virtud de lo anterior, no puede un educador que accedió de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber sido vinculado con anterioridad mediante contrato de prestación de servicios, en los términos del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, pretender, en strictu sensu, la ampliación de los beneficios reconocidos en el régimen de carrera docente del Decreto 2277 de 1979, pues para su ingreso se requiere como conditio sine quo non haber sido designado en propiedad para el ejercicio de dicho cargo.

(iii) Esta corporación en diversas oportunidades ha establecido que la existencia de un derecho adquirido (C.P., art. 58), independientemente de la materia jurídica objeto de regulación, se somete al cumplimiento riguroso de los supuestos jurídicos previstos en la ley (11) . Así las cosas, mientras dichos supuestos no se consoliden completamente en el patrimonio de un sujeto a manera de consecuencia jurídica, este tan solo tiene la esperanza o probabilidad de obtener algún día los intereses o derechos individuales o sociales creados y definidos bajo el imperio de una ley, denominándose dicho fenómeno como mera expectativa o situación jurídica abstracta (12) , a contrario sensu, si todos los hechos jurídicos previstos en la norma, son objeto de realización por el individuo, se producen las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de la disposición legal y consolidan a favor de su titular un derecho adquirido o una situación jurídica concreta que debe ser respetada.

En el presente caso, es indiscutible que los educadores a los cuales se refiere el accionante, no cumplieron las exigencias o supuestos jurídicos para consolidar en su patrimonio el derecho adquirido a la aplicación del régimen de carrera administrativa docente previsto en el Decreto 2277 de 1979, pues no acreditaron, entre otros, los requisitos de superación del proceso de selección, ser nombrados en propiedad y tomar posesión del cargo docente.

Es preciso concluir entonces que el Presidente de la República no desbordó el alcance de las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001, toda vez que los educadores a los que se refiere el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, no habían ingresado a la carrera administrativa docente, ni reunían los requisitos previstos en el Decreto 2277 de 1979, para consolidar en su órbita personal y jurídica esa situación.

En estos términos, la Corte declarará la exequibilidad de los preceptos legales demandados previstos en el artículo 2º del Decreto-Ley 1278 de 2002, por el cargo y las razones expuestas en esta providencia” (negrilla fuera de texto).

5. La acusación formulada en el presente proceso y la ausencia de vulneración de los artículos superiores invocados por el demandante.

Frente a la acusación formulada por el actor en el presente proceso por la supuesta vulneración por parte del parágrafo del artículo 13 del Decreto 1278 de 2002 del preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 13, 25, 58, y 84 superiores debe la Corte reiterar que es claro que los servidores a que él alude no adquirieron los derechos de la carrera docente previstos en los artículos 27 y subsiguientes del Decreto 2277 de 1979, por el simple hecho de haber estado inscritos en el escalafón nacional docente, pues de acuerdo con el mismo decreto para el ingreso a la carrera administrativa docente no solo se exigía la inscripción en el escalafón docente, sino también superar las etapas del concurso de méritos, lograr el nombramiento en propiedad en un cargo docente y tomar posesión del mismo.

Así mismo la Corte debe reiterar que los educadores a los que hace referencia el actor en el presente proceso, y en relación con los cuales el parágrafo del artículo 13 establece que “Para ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de carrera deben superar el concurso de méritos y obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en —el D. 1278/2002—”, al haber sido nombrados en provisionalidad y, por lo mismo, no haber adquirido los derechos y garantías de la carrera docente deben necesariamente aprobar el respectivo concurso de méritos y superar la correspondiente evaluación del período de prueba.

En ese orden de ideas, y dado que como en la referida Sentencia C-1169 de 2004 se señaló —al analizar el cargo formulado en contra del artículo 2º del Decreto 1278 de 2002— en relación con los docentes que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber estado previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 no cabe predicar la configuración de derechos adquiridos respecto del régimen de carrera, es claro que la acusación formulada esta vez contra el artículo 13 del mismo decreto por violación del artículo 58 superior carece claramente de fundamento.

Consecuentemente carece igualmente de fundamento, la acusación que el actor deriva del supuesto desconocimiento de dichos derechos adquiridos y que lo hace afirmar que el parágrafo del artículo 13 del Decreto 1278 de 2002 vulnera el preámbulo y los artículos 1º, 2º y 25 superiores.

Ahora bien, la Corte debe precisar que el proceso de selección objetiva que se lleve a cabo a través del correspondiente concurso de méritos que exige la norma tampoco vulnera el principio constitucional de igualdad, pues como lo ha sostenido esta corporación la vinculación en carrera debe obedecer en todos los casos sin excepción a un concurso público, precisamente con el propósito de garantizar el acceso en igualdad de condiciones de todos los participantes, esto es, que tengan las mismas oportunidades (13) .

En ese orden de ideas, lo previsto en el parágrafo del artículo 13 del Decreto 1278 de 2002, se ajusta a los mandatos constitucionales, toda vez que dicha norma lo único que hizo fue extender el régimen que se encontraba previsto inicialmente en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 —con carácter transitorio—, y que opera para vacancias temporales y definitivas, en donde el nombramiento provisional por demás se hace hasta el momento en que sea proveído el cargo en propiedad, y en ese sentido, cualquiera de los educadores que haya sido nombrado en provisionalidad y aspire a ser vinculado posteriormente en propiedad debe presentarse y aprobar el correspondiente concurso de méritos, y obtener además un resultado satisfactorio en la evaluación del período de prueba, en igualdad de condiciones con todos los que se encuentren en su misma situación.

Finalmente, debe la Corte señalar frente a la afirmación hecha por el demandante según la cual el parágrafo acusado genera una discriminación negativa en contra de los docentes vinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley 715 de 2001 y el Decreto-Ley 1278 de 2002 y vulnera el artículo 84 superior al establecer requisitos que no establecían el Decreto-Ley 2277 de 1979 y las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, —como por ejemplo la evaluación satisfactoria del período de prueba como requisito para que los docentes pudieran ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de la carrera administrativa— que en ningún momento puede entenderse en este caso que se estén imponiendo a los servidores a que alude dicho parágrafo nuevos requisitos no previstos en la ley para obtener el derecho de acceso a la carrera administrativa, pues como quedó establecido y se ha reiterado a lo largo de esta providencia, al no formar parte de la carrera administrativa docente establecida en el Decreto 2277 de 1979, requerían de algún tipo de íter legislativo que permitiese su vinculación en propiedad, por lo que el legislador estableció simplemente en el texto demandando, los presupuestos jurídicos que hacen viable su ingreso a la citada carrera, en aras de alcanzar los objetivos de mérito, igualdad de oportunidades y profesionalización que se espera con el ingreso y permanencia dentro de dicha institución jurídica.

Al respecto cabe afirmar además que es apenas lógico que la ley exija que con posterioridad al ingreso a la carrera docente, es decir, una vez sea aprobado el correspondiente concurso de méritos, sea evaluado el desempeño de los docentes durante el período de prueba pues ello no solamente no vulnera el principio de igualdad, ni constituye un requisito adicional independientemente de que se trate de educadores inscritos en el escalafón docente, sino que es un elemento propio de la carrera administrativa que permite garantizar que los educadores evaluados son aptos y cumplen con los estándares del servicio de educación como fin propio del Estado (14) .

Así las cosas, frente a los cargos formulados en el presente proceso la Corte declarará la exequibilidad del parágrafo acusado, puesto que el mismo se ajusta a la Constitución Política, en la medida en que no genera ningún desequilibrio jurídico frente a los derechos de los docentes vinculados mediante órdenes de prestación de servicios antes de la expedición del Decreto-Ley 1278 de 2002, como tampoco vulnera ninguno de los textos superiores invocados por el actor y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, el parágrafo del artículo 13 del Decreto Ley 1278 de 2002 “por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) A continuación se identifican con negrillas los apartes acusados en ese proceso: “ART. 13.—Nombramientos provisionales (...) PAR.—Los educadores contratados por órdenes de prestación de servicio que tienen el derecho a ser vinculados en provisionalidad en virtud del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, serán regidos por las normas de este estatuto y, por ende, nombrados provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, en los cargos vacantes de la planta de personal que fije la Nación en ejercicio de su competencia especia dada por el artículo 4º de la Ley 715 de 2001.

Para ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de carrera deben superar el concurso de méritos y obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto”.

A su vez la parte resolutiva de dicha sentencia señaló en el aparte pertinente:

Segundo. Declarar EXEQUIBLES los siguientes apartes demandados del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002: “regidos por las normas de este estatuto y, por ende”, “de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo”, “y gozar de los derechos de carrera”, “y obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto”, por el cargo y las razones expuestas en esta providencia.

(2) La Corte resumió la acusación formulada en ese proceso de la siguiente manera: “En el mismo sentido que el cargo anterior, el actor considera que las frases demandadas contenidas en el parágrafo del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002, vulneran los artículos 121, 150 y 189 numeral 10 de la Constitución Política. Así pues, sostiene que el gobierno también se extralimitó en el uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso en el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001, al señalar que las normas del estatuto de profesionalización docente le serán aplicadas a los educadores que, estando escalafonados bajo el régimen anterior, se vinculen en provisionalidad en virtud del artículo 38 de la Ley 715 de 2001.

Para el actor, la ley habilitante exige el respeto por los derechos de los docentes contemplados en el Decreto 2277 de 1979. Y, reiterando su posición según la cual todo aquel que esté escalafonado antes de la entrada en vigencia del nuevo estatuto se encuentra amparado por dicho decreto, las expresiones acusadas desconocen los derechos laborales de los educadores que sean nombrados en provisionalidad como consecuencia de la orden impartida en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, pues se les está obligando a ingresar a la nueva carrera administrativa como si fueran nuevos servidores públicos. Así:

“Los educadores a quienes el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 ordenó se les vinculara como provisionales, sí están escalafonados en la anterior carrera docente, pueden asimilarse voluntariamente a la nueva carrera, de lo contrario gozan de los derechos anteriores”.

Por ello, advierte además que, en el evento en que estos docentes sean nombrados en propiedad luego de haber superado el concurso de méritos, deberán ser amparados por la carrera docente anterior”.

A su vez para resolver la acusación formulada señaló: ““Por consiguiente, el Presidente de la República no se extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas por el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001, pues los educadores nombrados en provisionalidad conforme al artículo 38 de la citada ley, al no formar parte de la carrera administrativa docente establecida en el Decreto 2277 de 1979, requerían de algún tipo de íter legislativo que permitiese su vinculación en propiedad, finalidad loable que cumple —en los términos reseñados— el artículo demandado.

En efecto, como se trata de trabajadores no vinculados aún a la carrera administrativa docente, como lo exige la Constitución Política en el artículo 125, el legislador estableció en el texto demandando, una serie de pasos y presupuestos jurídicos que hacen viable su ingreso a la citada carrera, en aras de alcanzar los objetivos de mérito, igualdad de oportunidades y profesionalización que se espera con el ingreso y permanencia dentro de dicha institución jurídica.

Así las cosas, esta corporación declarará exequible los preceptos legales demandados del artículo 13 del Decreto-Ley 1278 de 2002, por el cargo y las razones expuestas en esta providencia” (negrilla fuera de texto).

(3) El actor sostuvo que los apartes acusados en ese proceso del artículo 2º del Decreto-Ley 1278 de 2002, vulneraban los artículos 121, 150 y 189 numeral 10 de la Constitución. Pues consideraba que el gobierno se extralimitó en el uso de las facultades extraordinarias otorgadas en el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001 al disponer que el nuevo régimen de carrera docente se aplicará a quienes se vinculen al cargo o al servicio, y no a quienes ingresen al nuevo régimen de carrera docente como, en su opinión, lo restringía la ley habilitante.

(4) A continuación se destacan los apartes acusados en ese proceso del artículo 2º del Decreto 1278 de 2002: “ART. 2º—Aplicación. Las normas de este estatuto se aplicarán a quienes se vinculen a partir de la vigencia del presente decreto para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes sean asimilados de conformidad con lo dispuesto en esta misma norma”.

A su vez la parte resolutiva de la referida sentencia en el aparte pertinente fue del siguiente tenor: Primero. Declarar EXEQUIBLES los siguientes preceptos legales demandados previstos en el artículo 2º del Decreto-Ley 1278 de 2002: “Se vinculen”, “para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes”, por el cargo y las razones expuestas en esta providencia.

(5) Así las cosas, a través del artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001 (Ley habilitante), se dispuso que: “Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos.

El nuevo régimen de carrera docente y administrativa se denominará estatuto de profesionalización docente y tomará en cuenta entre otros los siguientes criterios:

1. Mejor salario de ingreso a la carrera docente.

2. Requisitos de ingreso.

3. Escala salarial única nacional y grados de escalafón.

4. Incentivos a mejoramiento profesional, desempeño en el aula, ubicación en zonas rurales apartadas, áreas de especialización.

5. Mecanismos de evaluación, capacitación, permanencia, ascensos y exclusión de la carrera.

6. Oportunidades de mejoramiento académico profesional de los docentes.

7. Asimilación voluntaria de los actuales docentes y directivos docentes contemplados en el Decreto-Ley 2277 de 1979.

Para la preparación del proyecto de estatuto profesionalización docente, el Ministerio de Educación Nacional conformará un grupo de trabajo integrado por dos representantes del honorable Congreso de la República, dos representantes de la Federación Colombiana de Educadores, dos expertos designados por el señor Presidente de la República, y el Ministro de Educación Nacional, quien presidirá el grupo. Elegido un nuevo Presidente de la República, este designará a una persona para que integre dicho grupo de trabajo”.

(6) Decreto 2277 de 1979, artículo 8º.

(7) Disposición declarada exequible mediante Sentencia C-673 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(8) Al respecto, el inciso 2º del artículo 8º del Decreto 2277 de 1979, dispuso que: “La inscripción en dicho escalafón habilita al educador para ejercer los cargos de la carrera docente”. De igual manera, los artículos 27 y 28, determinaron: “ART. 27.—Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los educadores oficiales que estén inscritos en el escalafón docente, sean designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo”. “ART. 28.—El educador escalafonado al servicio oficial no podrá ser suspendido o destituido del cargo, sin antes haber sido suspendido o excluido del escalafón (...)” (resaltado por fuera del texto original).

(9) Reitérese, al respecto, lo previsto en el artículo 27 del Decreto 2277 de 1979, conforme al cual: “Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los educadores oficiales que estén inscritos en el escalafón docente, sean designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo” (resaltado por fuera del texto original).

(10) Recuérdese que dicha norma establecía que: “ART. 4º—Educadores no oficiales. A los educadores no oficiales le serán aplicables las normas de este decreto sobre escalafón nacional docente, capacitación y asimilaciones. En los demás aspectos del ejercicio de la profesión, dichos educadores se regirán por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, los pactos y convenciones colectivas y los reglamentos internos, según el caso” (resaltado por fuera del texto original).

(11) Véase, entre otras, las sentencias C-529 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-126 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-168 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-789 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y C-754 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).

(12) Sobre la materia, dispone el artículo 17 de la Ley 153 de 1887: “Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene”.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-313 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-422 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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