Sentencia C-310 de marzo 31 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

LEGITIMACIÓN DE HIJOS NACIDOS FUERA DEL MATRIMONIO

PLAZOS PARA LA IMPUGNACIÓN

Sentencia C-310 de 2004 

Ref.: Expediente D-4827

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 248 del Código Civil.

Actora: Elizabeth Lesmes Ávila.

Bogotá, D.C., treinta y uno de marzo de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, adoptada mediante la Ley 57 de 1887, destacando y resaltando el aparte demandado:

“ART. 248.—En los demás casos podrá impugnarse la legitimación, probando alguna de las causas siguientes:

1. Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante.

2. Que el legitimado no ha tenido por madre a la legitimante; sujetándose esta alegación a los dispuesto en el título XVIII, de la maternidad disputada.

No serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquellos en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

Competencia

1. Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal y como lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Política.

Lo que se debate

2. De conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes, debe la Corte establecer si el plazo que se concede a los interesados distintos de los ascendientes para impugnar la legitimación de los hijos extramatrimoniales desconoce el derecho a la igualdad, toda vez que es un término mayor que aquel que se concede para impugnar la legitimación de los hijos matrimoniales. O si esta distinción está justificada por la diferente regulación legal de la institución de la legitimación de los hijos nacidos dentro del matrimonio, frente a los nacidos por fuera de él, o por la sola circunstancia de nacer dentro o fuera del matrimonio.

Los hijos legítimos y los hijos legitimados

3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 213 del Código Civil, “es hijo legítimo el concebido durante el matrimonio de sus padres”.

La Corte no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta norma; no obstante, en torno de la calificación “hijo legítimo” ha entendido que el término “legitimidad”, utilizado para catalogar la filiación surgida del matrimonio, en contraposición con aquella filiación que se calificó de “ilegítima” por no tener ese origen, era contraria a los nuevos valores en que está inspirada la Constitución de 1991. Sobre el particular dijo:

“... ya no puede hablarse en Colombia de hijos “legítimos” o “ilegítimos”, ni catalogar en forma alguna a las personas por su origen familiar; ni cabe relacionar derecho alguno de un individuo con el hecho —antes relevante en la sociedad colombiana y hoy carente de todo significado jurídico— consistente en haber sido concebido o nacido dentro del matrimonio, o —por el contrario— fuera de él”.

Ahora bien, dado que del artículo 42 de la Constitución dice que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir por el matrimonio (vínculo jurídico) o por la decisión libre de conformarla (vínculo natural), puede hablarse de una familia matrimonial y de una extramatrimonial, sin que ello implique discriminación alguna. Consecuentemente con estas dos formas de fundar la familia, los hijos pueden ser de tres clases, a las que se refiere el mismo canon constitucional: hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos (1) . No obstante, esta clasificación no implica diferencias de trato, pues según la Constitución todos tienen iguales derechos y deberes” (2) .

4. Así pues, por hijos legítimos en el nuevo régimen constitucional ha de entenderse los matrimoniales, es decir los concebidos dentro del matrimonio, según lo indica el artículo 231 del Código Civil. No obstante, la ley civil también reconoce esta calificación (hijos legítimos o matrimoniales) a otra clase de hijos. Ellos son los que han sido “legitimados” por sus padres.

El título XI del libro 1º del Código Civil regula lo siguiente: (i) quiénes son los hijos “legitimados”, y (ii) cómo puede impugnarse la legitimación.

Los artículos 236 a 246 definen quiénes son hijos legitimados, es decir los que fueron concebidos por fuera del matrimonio, pero vienen a ser legítimos (matrimoniales) por el matrimonio que posteriormente contraen sus padres.

Según estas normas, existen 2 clases de legitimación:

1. La legitimación ipso jure o de pleno derecho que, a su vez, se presenta en dos hipótesis:

a) Cuando el hijo se concibe antes del matrimonio y nace después de él (C.C., art. 237), y

b) Cuando los padres que se casan, previamente al matrimonio han reconocido como hijo extramatrimonial (natural en los términos del código) a un hijo nacido de ambos (C.C., art. 238).

2. La legitimación por acto bilateral que se da cuando los padres, en el acta de matrimonio o en escritura pública, conceden al hijo preexistente la categoría de legítimo o matrimonial, categoría que debe ser aceptada por él o por sus descendientes legítimos si el hijo ha muerto (C.C., art. 239).

Regulación legal de los plazos para la impugnación de la legitimación

5. La legitimación ipso jure de los hijos concebidos antes del matrimonio y nacidos dentro de él puede ser impugnada dentro del término de sesenta días. Así se infiere de lo reglado por artículo 247 del Código Civil que, para la impugnación de esta clase de legitimación, remite a los plazos previstos para la impugnación de la legitimidad (condición matrimonial) del hijo concebido durante el matrimonio (3) . Estos últimos plazos están señalados en los artículos 217 y 221 del mismo código. Conforme al primero, “toda reclamación del marido contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto” (4) . Por su parte, el artículo 221 dispone que “los herederos y demás personas actualmente interesadas tendrán, para provocar el juicio de ilegitimidad, sesenta días de plazo, desde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del artículo 219 (5) , o en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del artículo 220 (6)(7) .

Así pues, el plazo para impugnar la legitimidad del hijo propiamente matrimonial es igual al plazo para impugnar la legitimación ipso jure de los hijos concebidos fuera del matrimonio pero nacidos dentro de él, y está legalmente fijado en sesenta días, que como regla general empiezan a contarse desde que se tiene conocimiento del nacimiento del hijo (8) . Es decir, para todos los hijos que nacen dentro del matrimonio, el plazo para impugnar la paternidad el mismo de los sesenta días.

Ahora bien, para la otra clase de legitimación ipso jure, es decir la que se da por el matrimonio de los padres que previamente han reconocido como extramatrimonial a un hijo nacido de ambos, lo mismo que para el caso de la legitimación por acto bilateral, el artículo 248 acusado es la norma que regula el plazo dentro del cual cabe la impugnación. Según la disposición, dependiendo de quién proponga la impugnación, el plazo concedido es diferente: sesenta días contados desde que se tuvo conocimiento de la legitimación, si quienes pretenden impugnarla son los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; y trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho, si quienes se oponen a la legitimación son otras personas que prueben un interés actual en ello.

Así las cosas, el artículo 248, en la parte acusada, introduce una excepción a la regla general que fija en sesenta días el plazo para impugnar la legitimación. En efecto, el aparte demandado otorga un plazo de trescientos días a los interesados distintos de los ascendientes del padre o madre legitimantes que se propongan demandar la legitimación del hijo que ha nacido por fuera del matrimonio.

Las distinciones de trato que introduce la norma acusada

6. A juicio de la Corte, la norma es discriminatoria desde dos puntos de vista: (i) en primer lugar distingue entre hijos nacidos dentro del matrimonio e hijos nacidos por fuera de él, pues solamente tratándose de estos últimos concede a los interesados no ascendientes un plazo de trescientos días para impugnar la legitimación; (ii) en segundo lugar, distingue entre los ascendientes del reconocido y los demás interesados, pues sólo a estos últimos les concede un plazo más amplio para impugnar.

En principio, debe admitirse que los plazos más amplios perjudican al hijo que ha sido legitimado, pues mientras transcurren no está en firme su estado civil. Contrario sensu, los plazos cortos para impugnar la filiación han sido estimados como protectores de los derechos de los hijos; sobre el particular, en la Sentencia C-800 de 2000 (9) la Corte hizo las siguientes reflexiones, vertidas en torno del plazo de sesenta días que se concede para impugnar la paternidad del hijo matrimonial, pero que también son pertinentes respecto de la legitimación de hijos extramatrimoniales:

“Ahora bien, no sólo en nuestro ordenamiento civil, sino en muchos otros sistemas jurídicos foráneos, se ha establecido un corto término de caducidad para que el marido pueda impugnar la paternidad, y la razón de ser de los reducidos plazos, ha sido explicada por la doctrina como una forma de garantizar que la incertidumbre de la filiación no se prolongue demasiado tiempo (Cfr. Luis Claro Solar. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado. De las personas. Tomo II. Santiago de Chile. Imprenta Cervantes 1902. págs. 322-323).

“La Corte Suprema de Justicia ha explicado de la siguiente forma el sentido del corto plazo establecido en la norma sub examine:

“Por la especial gravedad que para el ejercicio de los derechos emanados de las relaciones de la familia y para la estabilidad y seguridad del grupo familiar entraña el desconocimiento del estado civil que una persona viene poseyendo, el legislador ha señalado plazos cortos para el ejercicio de las acciones de impugnación (C.C., arts. 217 y 336). En cambio, permite que el derecho a reclamar el estado civil que realmente se tiene pueda ejercitarse en cualquier tiempo, y de ahí la imprescriptibilidad que para las acciones de esa índole consagra el artículo 406 del Código Civil (Cfr. CSJ, S. Cas. Civ. Sent. jul. 9/70)”.

Así pues, el plazo de trescientos días debe entenderse menos garantista de los derechos del hijo extramatrimonial que ha sido legitimado.

De otro lado, a los terceros interesados se les concede un plazo mayor para impugnar la legitimación, lo cual los favorece frente a los ascendientes del legitimado, a quienes sólo se les otorga sesenta días para esos mismos propósitos. Se trata de un trato diferente en materia procesal, que favorece solamente una clase de interesados en incoar la acción de impugnación de la legitimación.

Vistas anteriores diferencias, debe la Corte estudiar si ellas se encuentran constitucionalmente justificadas.

Argumentos que justificarían la constitucionalidad del trato diferente que introduce el artículo 248 del Código Civil en materia de plazo para impugnar la legitimación de hijos nacidos fuera del matrimonio

a) En cuanto al trato diferente que se introduce entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, pues sólo respecto de estos últimos se concede a algunos interesados un plazo de trescientos días para impugnar la legitimación, podría estimarse que la justificación se encuentra en la distinta situación jurídica que se presenta entre los hijos que nacen dentro del matrimonio y los que nacen por fuera de él, pues respecto de los primeros opera la presunción de paternidad, mientras que respecto de los segundos tal presunción no tienen cabida.

No obstante, a juicio de la Corte el anterior criterio de distinción no es constitucionalmente válido. En efecto, ante la perentoria afirmación del constituyente, según la cual “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él ... tienen iguales derechos y deberes”, no parece justificado el que se otorguen plazos diferentes para la consolidación del estado civil de las personas, con base en el origen familiar. Plazos más favorables a los hijos nacidos dentro del matrimonio, quienes, en todos los casos, en el plazo de sesenta días, ven definitivamente definido este asunto frente a las pretensiones de impugnación en cabeza de terceros interesados.

Tratándose de un criterio de distinción constitucionalmente rechazado en forma expresa, el hecho de que el nacimiento se produzca dentro o fuera del matrimonio no puede implicar diferencias de trato jurídico de ninguna especie, y menos aun en una materia directamente implicada con del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica como lo es la definición del estado civil y la filiación. Por eso, los criterios de examen de constitucionalidad deben ser estrictos, y deben conducir a rechazar de plano tratamientos diferenciales como los que dispensa la norma parcialmente acusada, y

b) De otro lado, la distinción entre el término procesal de caducidad de la acción de impugnación de la legitimación concedido a los ascendientes del legitimado (sesenta días) y el concedido a los demás interesados (trescientos días) tampoco encuentra un sustento razonable. La doctrina jurídica sostiene que la ampliación a trescientos días del plazo para los interesados no ascendientes se justifica “en atención a que se trata de una acción que por referirse a la impugnación del reconocimiento de hijos habidos fuera del matrimonio, presentaba mayores dificultades” (10) . También podría pensarse que el mayor plazo a los terceros interesados distintos de los ascendientes se justificaría por su mayor lejanía familiar con los padres legitimantes. Los ascendientes de estos, estarían en mejores condiciones para conocer de la legitimación, por lo cual el plazo a ellos concedido podría ser menor. No obstante, al parecer de la Corte todas estas posibles justificaciones hoy en día son meramente hipotéticas, es decir surgen de suposiciones sin un adecuado soporte sociológico, y no resultan suficientes para explicar la diferencia que se concede a una clase de impugnantes frente a otros, en lo relativo al término de caducidad de la acción de impugnación de la legitimación.

Si bien es función del legislador establecer los términos de caducidad de las acciones, para lo cual goza de cierta discrecionalidad, ello no puede conducir a tratamientos dispares que no estén soportados en situaciones de hecho realmente distintas, o en criterios de diferenciación constitucionalmente válidos. En el caso presente, ni lo uno ni lo otro parece evidente a esta corporación.

Por las consideraciones anteriores, la Corte declarará la inexequibilidad de la palabra “trescientos” contenida en el último inciso del artículo 248 del Código Civil, y la exequibilidad del resto de la expresión acusada, bajo el entendido según el cual los interesados en impugnar la legitimación distintos de los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes, para incoar la acción tendrán un plazo de sesenta días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “trescientos días” contenida en el inciso 2º del numeral 2º del artículo 248* del Código Civil.

*(Nota: Corregido por la Corte Constitucional en auto de agosto 3 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy, que por error se hizo mención del artículo 240, cuando ha debido hacerse referencia al artículo 248 del Código Civil)

2. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “aquellos en los (...) subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”, contenida en el inciso 2º del numeral 2º del artículo 248 del Código Civil, en el entendido que será el mismo plazo de sesenta días consagrado en este artículo y en el 221 del Código Civil.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Constitución Política, ART. 42: ... “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable”.

(2) Sobre este tema confróntese también la Sentencia C-596 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.

(3) El artículo 216 del Código Civil y la Ley 75 de 1968 sólo le reconoce legitimación para impugnar la paternidad del hijo matrimonial al marido mientras viva y al propio hijo. Si el marido fallece antes de vencerse el plazo fijado por la ley para declarar que no reconoce al hijo como suyo, los artículos 219, 221 y 222 del Código Civil le otorgan el derecho de impugnar a los ascendientes del marido y a toda persona a quien la paternidad del hijo le ocasione un perjuicio actual.

(4) En la Sentencia C-800 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, la Corte condicionó la constitucionalidad de esta disposición a que se entendiera que hace referencia a la posibilidad que tiene el marido de impugnar, no la “legitimidad” —como literalmente lo indica la norma—, sino la paternidad del hijo nacido dentro del matrimonio. La brevedad del término fue encontrada exequible.

(5) ART. 219.—“Si el marido muere antes de vencido el término que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, podrán hacerlo en los mismos términos los herederos del marido, y en general toda persona a quien la pretendida legitimidad del hijo irrogare perjuicio actual.

Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público”.

(6) ART. 220.—A petición de cualquier persona que tenga interés actual en ello, declarará el juez la ilegitimidad del hijo nacido después de expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio.

(7) El hijo puede impugnar la paternidad matrimonial en cualquier tiempo, cuando su nacimiento haya tenido lugar después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron el hogar conyugal en forma definitiva.

(8) Se exceptúa el caso en el cual el padre ha muerto antes de vencerse el plazo para declarar que no reconoce al hijo, pues aquí el plazo empieza a contarse desde la muerte del padre.

(9) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(10) Claro Solar, Luis. Derecho civil chileno. Imprenta “El Imparcial Santiago de Chile”, 1943, pág. 398.

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto hacia las decisiones adoptadas por la corporación, a continuación consignamos las razones que nos llevaron a salvar el voto en el proceso de la referencia.

Tal como lo manifestamos en los respectivos debates, en contraposición al criterio adoptado por la mayoría de los miembros de la Sala Plena, consideramos que no es contrario al principio de igualdad que el legislador, a través del artículo 248 del Código Civil, se haya ocupado de fijar distintos plazos para impugnar la paternidad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. A juicio de quienes suscribimos este salvamento, la medida adoptada estaba plenamente justificada por el artículo 42 de la Carta Política, el cual, si bien censura y descalifica la discriminación fundada en el origen familiar, también reconoce diferencias entre las diversas formas de constituir la familia, es decir, entre la constituida por vínculos jurídicos —a través del matrimonio— y la que se forma por vínculos naturales —fuera del matrimonio—, facultando a su vez al legislador para definir de manera independiente y autónoma sus respectivos regímenes jurídicos.

Bajo ese contexto, la protección que la Constitución promueve a favor de la igualdad en la familia no se predica, en principio, de las diferencias que puedan surgir con ocasión de la regulación de sus diversos institutos —para el caso el de la impugnación de la paternidad—, pues ellas son una consecuencia necesaria de la pluralidad de formas que le dan origen. En realidad, dicha protección es relevante frente a los privilegios y distinciones injustificadas que se reconocen a favor de un tipo específico de familia, y que tienen fundamento en el solo hecho de detentar alguno de sus miembros la condición de esposo o esposa, compañero o compañera permanente, e hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos.

Así, que el régimen jurídico de impugnación de la paternidad sea diferente para los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, concretamente en punto a los términos para ejercerla, encuentra un fundamento objetivo y razonable en la presunción de paternidad que ampara a los primeros, y que se funda a su vez en la convivencia y la fidelidad como obligaciones mutuas que surgen para los cónyuges con ocasión del consentimiento otorgado en el matrimonio, y que permiten reconocer en ellos un mayor grado de certeza acerca de su verdadera filiación. No ocurre lo mismo en el caso de los hijos extramatrimoniales, ya que su nacimiento no es producto de un compromiso formal que haya impuesto a sus progenitores el cumplimiento de obligaciones mutuas y del cual pueda deducirse un nexo causal con el padre, sino el resultado de un acto de mera liberalidad que por lo mismo aumenta el nivel de expectativa sobre su verdadera filiación.

En cuanto el criterio expuesto en este salvamento quedó suficientemente explicado en la ponencia original que no fue acogida por la Sala Plena, para los efectos de sustentarlo debidamente nos remitir (sic) a los fundamentos allí vertidos, en los siguientes términos:

(...).

7. Constitucionalidad de la norma acusada. Las diferencias existentes en los términos de impugnación de la paternidad no viola el principio de igualdad.

7.1. De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia especializadas, en nuestro derecho civil la asignación del estado de hijo legítimo o matrimonial depende o esta vinculado necesariamente al matrimonio de los padres. Sin la existencia de éste, ya sea antes, durante o después de la concepción, no podría hablarse de filiación matrimonial sino extramatrimonial, ya que aquella es un efecto directo del matrimonio y no consecuencia de una simple valoración ética o moral de las relaciones sexuales de la pareja que dieron lugar a la concepción.

7.2. Así entendido, puede afirmarse que la ley distingue dos grandes grupos de hijos matrimoniales: (i) los concebidos dentro del matrimonio —de cuya regulación se ocupa el título X del libro I del Código Civil (arts. 213 y ss.)—, y (ii) los concebidos fuera de él pero legitimados por el matrimonio que posteriormente contraen sus padres —tratados en el título XI del mismo libro y código (arts. 236 y ss)—.

7.3. Respecto del primer grupo, también conocidos como hijos matrimoniales propiamente dichos, hay que decir que su reconocimiento ab initioparte de la presunción legal contenida en los artículos 213 y 214 del Código Civil, según la cual la concepción del hijo dentro del matrimonio determina su filiación matrimonial. Dicha presunción, a su vez, encuentra fundamento en la confianza del legislador de que se cumpla íntegramente el juramento de cohabitación y fidelidad prestado por los cónyuges en el acto del matrimonio, y que comporta la prueba de la estabilidad del hogar y de la entereza y constancia de la institución familiar.

Es sabido que los cónyuges al momento de contraer matrimonio se prometen, tanto el derecho de mantener relaciones sexuales mutuas y no permitirlas con terceros, como también el deber de convivir bajo un mismo techo. Dichos compromisos, que constituyen la máxima obligación de los esposos al momento de casarse, encuentra fundamento en los artículos 176 y 178 del Código Civil que disponen: “Los cónyuges están obligados a guardarse fe” y “Salvo causa justificada los cónyuges tienen la obligación de vivir juntos ...”. A partir de tales obligaciones, es que la ley consagra como presunción que: “El hijo concebido durante el matrimonio de sus padres es hijo legítimo” (C.C., art. 213), y que “El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al marido” (C.C., art. 214).

Convalidando esta línea de interpretación, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en diversas oportunidades, ha sostenido que la presunción de concepción del matrimonio esta basada en las obligaciones matrimoniales y de comunidad de vida, y muy concretamente, en el deber de fidelidad la mujer y la presunción de inocencia de que no se incurre en adulterio (11) . En relación con este tema, dijo la Corte:

“La presunción legal de legitimidad que cobija al hijo concebido durante el matrimonio de sus padres y que tiene como fundamento otra presunción: la de fidelidad de las mujeres casadas, toma fuerza tal con el reconocimiento del hijo, en la hipótesis estudiada, que se hace inexpugnable frente a los herederos del marido, aunque éste haya fallecido sin fenecer el plazo que le otorga la ley para impugnar la pretendida legitimidad” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Civil, Sent., sep. 22/78, M.P. Germán Girardo Zuluaga).

Con esa misma posición, en la Sentencia C-800 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), esta corporación señaló:

Conviene recordar que la presunción de la paternidad del marido —pater is est quem nuptiae demostrant—, está íntimamente relacionada con la presunción de cohabitación de los cónyuges y de fidelidad de la mujer. Y como se trata de una presunción legal, admite prueba en contrario.

7.4. Sobre el segundo grupo, cabe destacar que en él se sitúan los hijos extramatrimoniales cuya condición cambia con el subsiguiente matrimonio de sus padres. El Código Civil establece que la filiación matrimonial por matrimonio posterior puede darse, o bien por ministerio de la ley ipso iure—, caso en el cual los padres no tienen que manifestar su deseo de reconocimiento ni el hijo declarase conforme con el mismo, o bien por declaración voluntaria, evento en el cual debe mediar manifestación inequívoca de los padres y la correspondiente notificación y aceptación del hijo (C.C., arts. 240 a 243).

7.5. De acuerdo con los artículos 237 y 238 del Código Civil, son hijos matrimoniales ipso iure (i) los concebidos antes del matrimonio pero nacidos dentro de él y (ii) concebidos y nacidos fuera del matrimonio pero reconocidos como extramatrimoniales antes del matrimonio de sus padres. Sobre los primeros, hay que decir que su reconocimiento ipso iure parte de una presunción basada en razones de equidad, consistente en que el responsable de la concepción es el marido de la mujer casada, pues se entiende que el hombre que contrae matrimonio con quien se encuentra en estado de gravidez lo hace porque se considera el padre de la criatura en gestación. Respecto del segundo grupo, es evidente que su reconocimiento ipso iure no opera con fundamento en una presunción, sino como consecuencia lógica de la previa declaración de reconocimiento de hijo extramatrimonial por parte de sus padres.

7.6. Por otra parte, el artículo 239 del mismo ordenamiento prevé que son hijos matrimoniales por declaración voluntaria: (i) los reconocidos por sus padres en el momento del matrimonio, debiendo dejar constancia en el acta de matrimonio respectiva, y (ii) los reconocidos por escritura pública con posterioridad al matrimonio, en la que debe designarse con exactitud a los hijos a quienes se les concede el beneficio. En este grupo se incluyen también a (iii) los hijos reconocidos por sentencia judicial, que se promueve a través de acción de investigación de la paternidad matrimonial (L. 45/36, art. 4º) (12) .

7.7. Es menester precisar que, sin importar que se trate de hijos matrimoniales ipso iure o por declaración voluntaria, la ley civil no establece ninguna diferencia entre unos y otros y les reconoce los mismos derechos y las mismas obligaciones de que son titulares los hijos matrimoniales propiamente dichos, es decir, los concebidos y nacidos dentro del matrimonio. Sobre este particular, los artículos 245 y 246 del Código Civil consagran que: “Los legitimados por matrimonio posterior son iguales en todo a los legítimos concebidos en matrimonio”; y que “La designación de hijos legítimos aun con la calificación de nacidos de legítimo matrimonio, se entenderá comprender a los legitimados tanto en leyes y decretos como en los actos testamentarios y en los contratos, salvo que se exceptúe señalada y expresamente a los legitimados”.

7.8. Ahora bien, para que le sea reconocida a un hijo su filiación matrimonial, es necesario que se cumplan los siguientes supuestos, a saber: (i) que haya existido matrimonio de los padres —válido o nulo—, (ii) que el hijo haya sido concebido dentro del matrimonio o reconocido por el subsiguiente vínculo jurídico, (iii) que se presente la maternidad de la presunta madre y (iv) que tenga ocurrencia la paternidad del presunto padre. Probadas tales exigencias, ha de concluirse que se encuentra definida la filiación matrimonial del hijo, aun cuando la misma pueda ser impugnada por quienes están legitimados para ello, siempre que en el respectivo término legal logren demostrar la inexistencia de alguno de los requisitos señalados.

7.9. En lo que tiene que ver con los hijos concebidos y nacidos dentro del matrimonio o hijos matrimoniales propiamente dichos, la presunción legal de paternidad prevista en los artículos 213 y 214, aun cuando encuentra un fundamento sólido en las obligaciones matrimoniales del debito conyugal y cohabitación, no es en todo caso absoluta y, por tanto, la ley contempla la posibilidad de que pueda ser desvirtuada de dos maneras. En los casos en que está presente la presunción de paternidad, allegando las pruebas que dejen sin fundamento la misma, y cuando no tiene lugar la presunción pater is est, desconociendo y controvirtiendo en el plazo señalado por la ley, la paternidad que se atribuye.

7.10. No obstante, atendiendo a las circunstancias especiales que amparan dicha presunción legal, el artículo 216 del Código Civil y la Ley 75 de 1968 (en su modificación de la L. 45/36, art. 3º), sólo le reconocen legitimación para impugna la paternidad del hijo matrimonial, al marido mientras viva y al propio hijos (13) . Al marido, dentro de los 60 días siguientes al día que tuvo conocimiento del parto —si residía en el lugar del nacimiento— o al día en que regresó a la residencia de la mujer —si se encontraba ausente para la fecha del parto—, demostrando en ambos casos que no tuvo relaciones sexuales con la esposa para la época de la concepción o que durante el mismo tiempo ésta mantuvo relaciones sexuales con otros hombres (C.C., arts. 214 y 215). Al hijo, en cualquier tiempo, cuando su nacimiento haya tenido lugar después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron el hogar conyugal en forma definitiva, y en todo caso, en aplicación a lo decidido por la Corte en la Sentencia C-109 de 1995, invocando las mismas razones previstas por los artículos 214 y 215 del Código Civil para el marido. Excepcionalmente, en caso de separación de hecho o declaración judicial de divorcio por adulterio de la mujer, el marido también puede impugnar la paternidad en cualquier tiempo, probando que para la época de la concepción no hacía vida conyugal con la mujer (L. 95/890, arts. 5º y 6º).

En el evento en que el marido fallezca antes de vencerse el plazo fijado por la ley para declarar que no reconoce al hijo como suyo, los artículos 219, 221 y 222 del Código Civil le otorgan el derecho de impugnar a (i) los ascendientes del marido (14) y (ii) a toda persona a quien la paternidad del hijo le ocasione un perjuicio actual; impugnación que deben promover dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento del parto o de la muerte del esposo, pero siempre que este último no haya reconocido como suyo al hijo a través de testamento u otro instrumento público.

7.11. Tratándose de la impugnación de filiación matrimonial por subsiguiente matrimonio, los tratadistas coinciden en señalar que la ley distingue entre hijos concebidos fuera del matrimonio pero nacidos en él, e hijos nacidos fuera del matrimonio. Respecto de los hijos concebidos antes del matrimonio pero nacidos en él, el artículo 247 del Código Civil ordena que se sigan las mismas reglas de impugnación aplicables a los hijos concebidos y nacidos dentro del matrimonio, medida que encuentra explicación en el hecho de que en los dos casos el reconocimiento del hijo se ampara en la presunción de paternidad del marido. No obstante, para los hijos nacidos fuera del matrimonio la norma acusada, el artículo 248 del Código Civil, aplica unas reglas diferentes:

La acción de impugnación puede ser ejercida por “los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes”, de lo cual se deduce que la acción no es exclusiva del marido y el hijo, éste último en cualquier tiempo, sino que también corresponde ejercerla a terceros con interés.

— La impugnación se adelanta por los interesados probando que el hijo no ha podido tener por padre al marido o por madre a la esposa; es decir, a quienes han reconocido la filiación matrimonial, pudiendo acudir a cualquier medio de prueba ya que no se busca desvirtuar una presunción, sino demostrar que la declaración de reconocimiento no se ajusta a la realidad.

— En caso de que la impugnación sea promovida por los ascendientes, deben hacerlo en el término de 60 días, contados a partir de la fecha en que conocieron la filiación. Si la impugnación es alegada por persona diferente, la acción tiene que presentarse “en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”.

7.12. Como puede observarse, en punto al tema de la impugnación de la paternidad, es cierto que el legislador otorga distinto tratamiento jurídico a los hijos nacidos dentro del matrimonio respecto de los hijos extramatrimoniales; distinción que no se limita al establecimiento de un plazo diferente para ejercer la acción por cuenta de quienes demuestren un interés —60 y 300 días—, sino que abarca también a los sujetos legitimados para ello y las condiciones en que debe llevarse a cabo la impugnación.

En efecto, respecto de los sujetos activos,se tiene que en el caso de los hijos nacidos en el matrimonio, ya sean los concebidos dentro del mismo o fuera de él, la ley habilita directamente al padre y al hijo para impugnar, y sólo ante la muerte de aquél extiende la legitimación por activa a terceros, condicionándola incluso a que el padre no haya reconocido expresamente al hijo por instrumento público. No ocurre lo mismo en el caso de los hijos extramatrimoniales, pues allí se le reconoce capacidad de impugnación directa a todo el que demuestre un interés actual, comprendiendo ello no solo al padre y al hijo sino a terceros que pueden ejercer la acción aun estando en vida el padre sin ninguna limitación. En cuanto a las condiciones de impugnación, mientras que para controvertir el reconocimiento del hijo nacido dentro del matrimonio el padre debe desvirtuar la presunción prevista en los artículos 213 y 214 del Código Civil, demostrando únicamente que no tuvo relaciones sexuales con la esposa para la época de la concepción o que durante el mismo tiempo ésta mantuvo relaciones sexuales con otros hombres, tratándose de hijos extramatrimoniales, los interesados —familiares y terceros— buscan dejar sin efecto la declaración voluntaria o judicial de reconocimiento, desvirtuando esta última por cualquier medio de prueba.

7.13. Para la Corte, apartándose de los planteamientos de la demanda y del concepto emitido por el Ministerio Público, ese tratamiento diferencial no es discriminatorio ni contrario a la Constitución, ya que el mismo encuentra un principio de razón suficiente en el hecho de provenir de situaciones jurídicas diversas que tienen origen en la institución del matrimonio y la unión de hecho. Conforme se ha visto, a partir de las distintas formas de constituir una familia, el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional de determinar el estado civil de las personas (C.P., art. 42), ha regulado de manera diversa la filiación matrimonial del hijo nacido en el matrimonio y la del hijo extramatrimonial. En ese sentido, la falta de uniformidad en los términos y condiciones para impugnar la paternidad, es una consecuencia necesaria de la variedad existente en ese ámbito regulatorio; es decir, de la diferencia de régimen jurídico aplicable a unos hijos —los matrimoniales— y el que es predicable de los otros —los extramatrimoniales—.

Ciertamente, en la medida en que la filiación de los hijos nacidos dentro del matrimonio tiene origen en la presunción de paternidad que no requiere ser probada y que se funda en obligaciones mutuas de los cónyuges surgidas del matrimonio como son la fidelidad, la cohabitación y la equidad, resulta consecuente con ello que el legislador consagre un instituto impugnatorio de la paternidad más restrictivo, pues en estos casos existe un mayor grado de certeza sobre la realidad de dicha filiación.

No ocurre lo mismo en el caso de los hijos extramatrimoniales, ya que su estado civil no surge a partir del consentimiento otorgado por la pareja ni se encuentra amparado en la presunción de paternidad. En realidad, el mismo es consecuencia de la ulterior declaración de reconocimiento que haga el padre —voluntaria o judicial—, reconocimiento cuya validez depende de que sea notificado y aceptado por el hijo, y que por lo mismo, en cuanto se funda en una situación de hecho diferente que por regla general no se rige por las obligaciones de fidelidad y cohabitación, no ofrece el mismo nivel de certeza en torno a la filiación, e incluso se presta para que el acto de reconocimiento pueda ser simulado y no proceda de una declaración de voluntad seria y real.

7.14. No considera esta corporación, que establecer distintos plazos para impugnar la paternidad de los hijos nacidos dentro del matrimonio y de los nacidos fuera de él, afecte la igualdad de derechos que la Constitución ordena reconocer en los mismos términos para unos y otros. Como ya se mencionó, los artículos 245 y 246 del Código Civil consagran expresamente la igualdad de derechos y obligaciones para todos los hijos de filiación matrimonial, ya sean nacidos en matrimonio o fuera del mismo, mandato que se materializa, para el caso de la impugnación de la paternidad, en la posibilidad otorgada a todos sin excepción de ejercer la acción en cualquier tiempo. En relación con esto último, el artículo 3º de la Ley 75 de 1968 prescribe claramente que “(e)l hijo podrá reclamar en cualquier tiempo contra su legitimidad presunta...”.

7.15. En realidad, el término de 300 días que se acusa de inconstitucional, es predicable de la acción de impugnación que radicada la ley en cabeza de todo el que demuestre un interés actual en comprobar la falsedad del reconocimiento, siendo el mismo consecuente con el propósito de garantizar en forma razonable a los terceros la defensa de sus intereses familiares ante la posibilidad de que la filiación del hijo extramatrimonial no sea auténtica y les genere perjuicios morales o económicos. Amplitud que, por lo demás, se justifica también en el hecho de que el tema de la filiación es propio del ámbito de la intimidad del núcleo familiar más próximo, lo cual hace a su vez difícilmente perceptible por otros interesados en el corto plazo.

7.15. (sic) En consecuencia, no se opone al principio de igualdad que el legislador, tomando que en consideración la condición de hijo matrimonial o extramatrimonial, establezca distintos términos y condiciones para impugnar la legitimidad de la paternidad, pues ello está plenamente justificado en las diferencias que a nivel constitucional y legal existe entre el matrimonio y la unión de hecho, las cuales se ven materializadas en las variedad de las medidas normativas que determinan su regulación jurídica. En relación con el principio de igualdad, esta corporación ha dicho que el mismo “no puede implicar la impotencia del legislador para establecer normas especiales, excepciones, prohibiciones o requisitos para llevar a cabo actividades o para ejecutar actos jurídicos, ya que semejante entendimiento de ese postulado llevaría a la más completa desfiguración de la tarea legislativa y a la imposibilidad de que mediante ella se introdujeran las distinciones propias de la justicia distributiva, todo lo cual conduciría a la esterilidad de la legislación” (15) ”.

Fecha ut supra. 

Magistrados: Rodrigo Escobar Gil—Eduardo Montelagre Lynett.

(11) Cfr., entre otras, las sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 30 de marzo de 1943 (M.P. Ricardo Hinestroza Daza), 20 de febrero de 1958 (M.P. Arturo Valencia Zea) y 22 de septiembre de 1979 (M.P. Germán Girardo Zuluaga).

(12) En la medida en que el Código Civil no establece el ejercicio de la acción de investigación de la paternidad patrimonial, la Corte Suprema de Justicia, en sentencias del 14 de diciembre de 1960 y del 22 de julio de 1964, advirtió que los hijos extramatrimoniales cuyos padres contrajeron matrimonio sin haber proferido acto de reconocimiento, pueden impugnar a través de la acción prevista para los hijos extramatrimoniales en el artículo 4º de la Ley 45 de 1936.

(13) De acuerdo con lo resuelto por la Corte en la Sentencia C-109 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en virtud del principio de igualdad, las causales con que cuenta el marido para impugnar la paternidad se extienden también al hijo.

(14) En la Sentencia C-105 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte declaró inexequible el término “legítimo” contenido en el artículo 222 del Código Civil, en cuanto por su intermedio se entendía conferida la acción de impugnación únicamente a los ascendientes legítimos del marido, lo cual era claramente discriminatorio. Con el retiro de dicha expresión del ordenamiento jurídico, se entiende que son titulares de la acción de impugnación todos los ascendientes del marido, sean o no legítimos.

(15) Sentencia C-016 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

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