Sentencia C-316 de mayo 3 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-316 de 2007 

Ref.: Proceso D-6551

Magistrado Sustanciador:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: Cristian Albert Uscátegui Sánchez

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º (parcial), 12 (parcial), 20 (parcial) y 65 (parcial) del Decreto-Ley 1278 de 2002 “por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente”

Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil siete.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

EXTRACTOS: «Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 44.840 del jueves veinte (20) de junio de 2002, es el siguiente. Se subraya lo demandado:

“DECRETO NÚMERO 1278 DE 2002

(junio 19)

“Por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001,

DECRETA:

(...).

CAPÍTULO III

Carrera y escalafón docente

(...).

ART. 12.—Nombramiento en período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en período de prueba será sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el escalafón docente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto.

(...).

ART. 20.—Estructura del escalafón docente. El escalafón docente estará conformado por tres (3) grados. Los grados se establecen con base en la formación académica. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D).

Quienes superen el período de prueba se ubicarán en el nivel salarial A del correspondiente grado, según el título académico que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años de servicio, siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje indicado para ello, según lo dispuesto en el artículo 36 del presente decreto.

(...)”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Contitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman parte de un decreto con fuerza de ley proferido en aplicación del artículo 150-10 superior.

2. La materia sujeta a examen.

Para el demandante las expresiones “y deberá ser inscrito en el escalafón docente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto” contenidas en el segundo inciso del artículo 12 , así como el segundo inciso del artículo 20 del Decreto-Ley 1278 de 2002 vulneran los artículos 13, 53 y 58 de la Constitución Política por cuanto en su criterio con ellos se desconocen los derechos adquiridos y el derecho a la igualdad de los docentes inscritos en el escalafón docente regulado por el Decreto-Ley 2277 de 1979, que no ocupan en propiedad cargos de carrera, en la medida en que para acceder a un cargo en propiedad las disposiciones acusadas del Decreto-Ley 1278 de 2002 los obligan a inscribirse nuevamente en el escalafón docente cumpliendo los requisitos en ellas señalados.

Afirma que no se puede dar el mismo trato a quienes ya están inscritos en el escalafón docente regulado por el Decreto 2277 de 1979, aun cuando no ocupen cargos de carrera en propiedad, que a quienes no lo están y sólo con posterioridad a la expedición del Decreto-Ley 1278 de 2002 aspiran a ingresar a la actividad docente regida por el mismo decreto.

Los intervinientes en representación del Ministerio de Educación Nacional y del Departamento Administrativo de la Función Pública solicitan a la Corte declarar la exequibilidad de las disposiciones acusadas. Destacan que i) el legislador bien puede regular de manera diferente el acceso y ascenso en la carrera docente en función del mejoramiento de la calidad de la misma y establecer requisitos como los señalados en el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 del que hacen parte las expresiones acusadas, ii) la inscripción en el escalafón docente regulado por el Decreto 2277 de 1979, es diferente del ingreso a la carrera docente regulada por el mismo decreto, iii) los docentes inscritos en el escalafón docente regulado por el Decreto 2277 de 1979 pueden invocar derechos adquiridos respecto de los derechos de carrera regulados por el mismo Decreto-Ley sólo si han cumplido los requisitos allí señalados para el efecto, iv) Las normas del Decreto-Ley 1278 de 2002, se aplican únicamente a quienes pretendan ingresar al servicio docente con posterioridad a su expedición por lo que mal puede afirmarse que las normas acusadas desconozcan los derechos adquiridos de los docentes regulados por el Decreto 2277 de 1979.

El señor Procurador General de la Nación solicita por su parte que la Corte se inhiba para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. Destaca que las disposiciones acusadas ni siquiera mencionan los docentes regidos por el Decreto-Ley 2277 de 1979 y que en todo caso el problema por él planteado no es de orden constitucional sino de aplicación de la ley en situaciones concretas que eventualmente debe examinar la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Corresponde a la Corte en consecuencia examinar si asiste o no razón al demandante en relación con la supuesta vulneración de los artículos 13, 53 y 58 superiores.

3. Cosa juzgada constitucional.

La Corte constata que en relación con la acusación formulada en contra del segundo inciso del artículo 20 del decreto-ley se configura el fenómeno de la cosa juzgada absoluta pues la Corte en la Sentencia C-314 de 2007 (Exp. D-6477) declaró la exequibilidad de dicho artículo sin limitar los efectos de su decisión.

En consecuencia la Corte habrá de estarse a lo resuelto en dicha sentencia y así se señalará en la parte resolutiva de esta providencia.

En cuanto a la acusación formulada en contra de las expresiones invocadas por el actor contenidas en el artículo 12 del decreto-ley —respecto de las cuales no cabe predicar la existencia de cosa juzgada constitucional—, debe la Corte ante todo examinar la solicitud de inhibición formulada por el señor procurador.

4. El análisis de la solicitud de inhibición.

Como se ha visto el señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada por el demandante por considerar que la misma no reúne los presupuestos señalados por la jurisprudencia para llevar adelante el juicio de constitucionalidad, pues en su criterio la acusación formulada se hace por el actor en contra de disposiciones que ni siquiera mencionan los docentes regidos por el Decreto-Ley 2277 de 1979 —a los que se alude específicamente en la demanda— y que en todo caso el problema planteado no es de orden constitucional sino de aplicación de la ley.

Al respecto la Corte comenzará por recordar que esta corporación ha manifestado en relación con los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para su procedencia, la obligación que le asiste al actor, conforme al Decreto 2067 de 1991, de determinar con exactitud la norma acusada como inconstitucional, de señalar así mismo, las normas constitucionales que se consideren infringidas e indicar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados (1) .

En este sentido ha precisado que la formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que al ciudadano se le impone entonces, como carga mínima, que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional (2) .

Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo de manera formal sino también materialmente con este requisito, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo (3) .

En ese orden de ideas la Corte ha establecido (4) que un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad sólo si cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia (5) .

La Corte ha también puesto de presente que si bien los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 deben cumplirse, el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido a todo ciudadano para acudir ante la jurisdicción constitucional y obtener una sentencia (6) .

Así, ha señalado la Corte que en aplicación del principio pro actione (7) en cuanto se pueda interpretar la demanda en un sentido que permita llevar adelante el juicio de constitucionalidad se debe dar primacía al derecho aludido (8) y preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria, pues esta última podría frustrar el derecho al recurso judicial efectivo (9) .

Por tanto, lo fundamental será determinar, si en la demanda es posible encontrar el planteamiento de un problema constitucional y si este puede estudiarse a partir de las disposiciones demandadas.

Ahora bien, la Corte constata que las afirmaciones del demandante contra las expresiones “y deberá ser inscrito en el escalafón docente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto” contenidas en el artículo 12 del Decreto-Ley 1278 de 2002 bien pueden interpretarse en el sentido que para el actor se vulneran el derecho a la igualdad y los derechos adquiridos de los docentes regidos por el Decreto-Ley 2277 de 1979 inscritos en el escalafón docente pero que no han ingresado a la carrera de acuerdo con el mismo decreto y consecuentemente no están nombrados en propiedad, por cuanto se desconocería en ese caso el alcance de la inscripción en el escalafón docente regulado por el Decreto-Ley 2277 de 1979 al verse obligados para acceder a un cargo en propiedad en la carrera docente a i) participar y ser seleccionados en un nuevo concurso ii) ser nombrados en período de prueba, iii) evaluado satisfactoriamente su desempeño laboral y de competencias, y iv) consecuentemente obtener la inscripción en el nuevo escalafón que es precisamente lo que señala el aparte demandado.

El actor acusa dicho aparte pues en su criterio la inscripción en el escalafón docente regulado por el Decreto-Ley 2277 de 1979 les da derecho a los docentes así inscritos a permanecer en sus cargos docentes y a no someterse a un nuevo concurso y a los demás requisitos señalados en el artículo 12 —dentro de ellos una nueva inscripción en el escalafón docente— para poder acceder a un cargo en propiedad.

Si bien las disposiciones acusadas no aluden expresamente a dichos docentes sino que regulan en general el ingreso y ascenso en el nuevo escalafón y en la carrera regida por el Decreto 1278 de 2002, es claro que quienes no han ingresado a la carrera docente regulada por el Decreto 2277 de 1979 y no ocupen cargos en propiedad antes de esa fecha para ingresar a la carrera docente y para ocupar cargos en propiedad necesariamente deben cumplir con los requisitos señalados en el artículo 12 del Decreto-Ley 1278 de 2002.

En ese sentido el problema planteado por el actor bien puede entenderse referido a las disposiciones acusadas y por tanto la demanda no es inepta.

En efecto puede interpretarse la demanda en el sentido que precisamente al no diferenciarse por las disposiciones acusadas la situación de los docentes escalafonados según el Decreto 2277 de 1979 pero que no ocupan cargos de carrera en propiedad, esto hace que a dichos docentes con las disposiciones acusadas se les dé el mismo trato que se le da en el Decreto 1278 de 2002 a cualquier persona que pretenda acceder a la actividad docente a partir de su vigencia, a pesar de que —en criterio del actor— la situación de los docentes escalafonados según el Decreto 2277 de 1979 sin pertenecer a la carrera administrativa es diferente y por tanto merece un trato diferente que las disposiciones acusadas no establecen.

Para la Corte independientemente de que el demandante tenga razón o no, o se equivoque sobre el alcance de los derechos adquiridos que pueden configurarse en el caso de los docentes regidos por el Decreto-Ley 2277 de 1979, es posible entonces identificar en la demanda cargos concretos de inconstitucionalidad formulados en contra de las disposiciones acusadas.

En este orden de ideas no puede afirmarse que el demandante haya incumplido la carga que les corresponde asumir para permitir el juicio de constitucionalidad, pues de la demanda se desprende claramente cuáles son las disposiciones que se acusan, cuáles normas superiores se violan y cuáles las razones por las que se consideran vulneradas.

Independientemente de la aptitud que dichas razones tengan para provocar o no la declaratoria de inexequibilidad solicitada, ha de recordarse que una cosa es la fundamentación necesaria de la demanda y otra la prosperidad de las pretensiones.

Tales fueron las razones que se tuvieron en cuenta para admitir la demanda planteada y son las que llevan a la Corte a pronunciarse de fondo sobre la misma, de modo que la Corte se abstendrá de atender la solicitud de inhibición y procederá a analizar la acusación planteada en la demanda.

5. El análisis de la acusación formulada en contra de las expresiones contenidas en el artículo 12 del Decreto-Ley 1278 de 2002.

Como se ha visto, para el actor los apartes acusados del artículo 12 del Decreto-Ley 1278 de 2002 vulneran los artículos 13, 53 y 58 superiores pues desconocen los derechos adquiridos y el derecho a la igualdad de los docentes inscritos en el escalafón docente regulado por el Decreto-Ley 2277 de 1979 pero que no accedieron a la carrera administrativa docente regulada por el mismo decreto. Y ello en cuanto se desconocería en su caso el alcance de dicha inscripción en el escalafón docente regulado por el Decreto-Ley 2277 de 1979 al verse hoy obligados para acceder a un cargo en propiedad en la carrera docente a obtener una inscripción en el nuevo escalafón luego de i) participar y ser seleccionados en un nuevo concurso, ii) ser nombrados en perÍodo de prueba, iii) evaluado satisfactoriamente su desempeño laboral y de competencias.

En su criterio la inscripción en el escalafón docente regulado por el Decreto-Ley 2277 de 1979 les da derecho a permanecer en sus cargos y a no someterse a un nuevo concurso y a los demás requisitos señalados en el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 —entre ellos una nueva inscripción en el escalafón docente— para poder acceder a un cargo en propiedad.

Ahora bien, la Corte constata que en relación con la supuesta vulneración del principio de igualdad y de los derechos adquiridos de los docentes regidos por el Decreto-Ley 2277 de 1979 frente a la expedición del Decreto-Ley 1278 de 2002 y concretamente sobre la situación de los docentes inscritos en el escalafón docente previamente a su expedición pero que no hacen parte de la carrera administrativa y no ocupan cargos en propiedad, la Corte ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones al examinar diversas demandas formuladas por estas mismas razones en contra de varias disposiciones del mismo Decreto-Ley 1278 de 2002 —diferentes de las que ahora se acusan—, por lo que resulta pertinente recordar ante todo los criterios señalados en esas providencias, a efectos de resolver la acusación que en similar sentido se hace en este proceso, esta vez, en contra del artículo 12 (parcial) del Decreto-Ley 1278 de 2002 (10) .

5.1. El alcance de la inscripción en el escalafón docente regulado por el Decreto-Ley 2277 de 1979 y la imposibilidad de predicar la existencia de derechos adquiridos por quienes no han cumplido los requisitos señalados en el mismo decreto para estar inscritos en carrera y consecuentemente encontrarse nombrados en propiedad.

La Corte ha hecho énfasis en que para que se puedan entender configurados derechos adquiridos en materia de carrera docente por quienes se encuentran regidos por el Decreto-Ley 2277 de 1979 es necesario que se hayan cumplido los presupuestos señalados en dicho decreto para el efecto. Concretamente ha señalado que los derechos que emanan de la carrera docente establecida en el Decreto 2277 de 1979, en virtud de lo previsto en el artículo 27, se sujetan no sólo a la inscripción en el escalafón, sino también a la superación de las etapas en los procesos de selección o concurso, a la designación en un cargo docente en propiedad y a la toma de posesión del mismo.

Al respecto la Corte en la Sentencia C-1169 de 2004 (11) —al analizar la situación de los docentes que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber estado previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001— hizo las siguientes precisiones.

Señaló la corporación:

“El accionante considera que el artículo 2º del citado decreto, vulnera los artículos 121, 150 y 189 numeral 10 de la Constitución Política, pues desconoce los derechos adquiridos de los docentes que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber estado previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001.

En su opinión, la ley habilitante ordenó aplicar el nuevo estatuto de profesionalización a quienes “ingresen a partir de la promulgación de [dicha] ley” al nuevo régimen de carrera docente y, por lo mismo, a los educadores al servicio del Estado vinculados con anterioridad mediante órdenes de prestación de servicios y que, posteriormente, ingresaron de manera provisional al sector oficial de la educación, en atención a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 715 de 2001, no les resulta aplicable; toda vez que dichos educadores, por una parte, ya se encontraban escalafonados y, por la otra, eran sujetos pasivos de la carrera docente prevista en el Decreto 2277 de 1979.

Conforme a lo expuesto, se pregunta la Corte: ¿Si como lo sostiene el accionante los educadores que accedieron de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber sido previamente vinculados mediante contratos de prestación de servicios, se encuentran sujetos a lo previsto en el Decreto 2277 de 1979 y, en esa medida, el Presidente de la República se extralimitó en el ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 111.2 de la Ley 715 de 2001, al someterlos al nuevo estatuto de profesionalización docente establecido en el Decreto-Ley 1278 de 2002?

[P]artiendo de las anteriores consideraciones, esta corporación concluye que no le asiste razón al accionante, por los siguientes argumentos:

(i) El estar “inscrito” en el escalafón nacional docente previsto en el Decreto 2277 de 1979, no implica necesariamente que el educador se encuentre “vinculado” a la carrera administrativa como servidor público del Estado, ya que, por ejemplo, el mismo decreto, en el artículo 4º, establecía que a los docentes no oficiales (o privados) le eran aplicables las mismas normas sobre el escalafón nacional (12) .

(ii) Los derechos que emanan de la carrera docente establecida en el Decreto 2277 de 1979, en virtud de lo previsto en el artículo 27, se sujetan no sólo a la inscripción en el escalafón, sino también a la superación de las etapas en los procesos de selección o concurso, a la designación en un cargo docente en propiedad y a la toma de posesión del mismo. En efecto, la citada norma disponía que:

“ART. 27.—Ingreso a la carrera. Gozarán de los derechos y garantías de la carrera docente los educadores oficiales que estén inscritos en el escalafón docente, sean designados para un cargo docente en propiedad y tomen posesión del mismo” (resaltado por fuera del texto original).

En virtud de lo anterior, no puede un educador que accedió de manera provisional al sector oficial de la educación, por haber sido vinculado con anterioridad mediante contrato de prestación de servicios, en los términos del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, pretender, en strictu sensu, la ampliación de los beneficios reconocidos en el régimen de carrera docente del Decreto 2277 de 1979, pues para su ingreso se requiere como conditio sine quo non haber sido designado en propiedad para el ejercicio de dicho cargo.

(iii) Esta corporación en diversas oportunidades ha establecido que la existencia de un derecho adquirido (C.P., art. 58), independientemente de la materia jurídica objeto de regulación, se somete al cumplimiento riguroso de los supuestos jurídicos previstos en la ley (13) . Así las cosas, mientras dichos supuestos no se consoliden completamente en el patrimonio de un sujeto a manera de consecuencia jurídica, este tan sólo tiene la esperanza o probabilidad de obtener algún día los intereses o derechos individuales o sociales creados y definidos bajo el imperio de una ley, denominándose dicho fenómeno como mera expectativa o situación jurídica abstracta (14) , a contrario sensu, si todos los hechos jurídicos previstos en la norma, son objeto de realización por el individuo, se producen las consecuencias jurídicas nacidas en virtud de la disposición legal y consolidan a favor de su titular un derecho adquirido o una situación jurídica concreta que debe ser respetada.

En el presente caso, es indiscutible que los educadores a los cuales se refiere el accionarte, no cumplieron las exigencias o supuestos jurídicos para consolidar en su patrimonio el derecho adquirido a la aplicación del régimen de carrera administrativa docente previsto en el Decreto 2277 de 1979, pues no acreditaron, entre otros, los requisitos de superación del proceso de selección, ser nombrados en propiedad y tomar posesión del cargo docente” (15) (resaltado fuera de texto).

Dichos criterios fueron reiterados recientemente por la Corte en relación con el caso de los bachilleres profesionales vinculados al escalafón docente en virtud del Decreto-Ley 2277 de 1979 en la Sentencia C-647 de 2006 (16) donde se declaró la exequibilidad pura y simple de los artículos 2º, 3º, 18 y los incisos primero y segundo del artículo 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002.

Señaló la corporación:

“De dicha síntesis se desprende que —como lo puso de presente la Corte en la Sentencia C-422 de 2005 (17) — el legislador de manera paulatina ha aumentado los estándares de preparación académica de los profesionales docentes, pero siempre ha procurado respetar los derechos adquiridos de quienes desempeñan este tipo de labores.

(...).

Ahora bien, a partir de la expedición del Decreto-Ley 1278 de 2002 los bachilleres pedagógicos que pretendan vincularse al servicio docente y los que habiéndose vinculado anteriormente pretendan voluntariamente que se les aplique el régimen de carrera docente en él establecido deberán cumplir los requisitos señalados en el mismo decreto-ley. Requisitos estos ciertamente más rigurosos dentro de la perspectiva de la profesionalización de dicha actividad y que son precisamente a los que aluden los artículos acusados por el actor en el presente proceso —artículos 2º, 3º, 18 y 21 (parcial)— artículos que constituyen la esencia del nuevo estatuto docente respecto del cual ningún derecho adquirido cabe invocar por parte de los bachilleres pedagógicos.

Los derechos adquiridos que pudieran invocarse por los bachilleres pedagógicos lo son en efecto respecto del régimen establecido en el Decreto-Ley 2277 de 1979 y ello en cuanto se hubieran cumplido los requisitos en él establecidos. En manera alguna pueden predicarse respecto del régimen nuevo establecido en el Decreto 1278 de 2002 que sólo se aplica a quienes pretendan vincularse al servicio docente después de su vigencia, o a quienes habiéndose vinculado al servicio docente antes quieran voluntariamente ser cobijados por ese nuevo régimen, obviamente cumpliendo los requisitos que en él se señalan.

Es decir que claramente la acusación formulada por el supuesto desconocimiento de los derechos adquiridos (C.P., art. 58) en contra de los artículos 2º, 3º, 18 y 21 (parcial) carece de fundamento pues en manera alguna puede considerarse que con dichas disposiciones el legislador haya privado de algún derecho adquirido a los bachilleres pedagógicos i) que se hubieren vinculado al servicio docente en las condiciones señaladas en el Decreto-Ley 2277 de 1979 y hubieren cumplido los requisitos para ser inscritos en carrera pues en relación con ellos no cabe predicar la aplicación del Decreto-Ley 1278 de 2002 y por consiguiente de las normas acusadas, ii) que hayan obtenido el título de bachiller pedagógico después de la vigencia del Decreto-Ley 1278 de 2002 o que habiéndolo obtenido con anterioridad no se hayan vinculado al servicio docente cumpliendo los requisitos para ser inscritos en el escalafón y en la carrera docente señalados por el Decreto-Ley 2277 de 1979 pues respecto de ellos ningún derecho adquirido cabe predicar por la aplicación del Decreto-Ley 2277 de 1979, como claramente lo explicó la Corte en las sentencias C-313 de 2003 (18) , C-1169 de 2004 (19) y C-031 de 2006 (20) al analizar el caso de los docentes provisionales” (21) .

5.2. La constitucionalidad de las disposiciones acusadas.

A partir de los presupuestos anteriores, que la corporación reitera, es claro que la acusación formulada por el actor en el presente proceso no está llamada a prosperar, pues ella se fundamenta precisamente en un presupuesto ya desvirtuado por la Corte, a saber la existencia de derechos adquiridos en materia de carrera y de acceso a cargos en propiedad de la carrera docente por parte de los docentes simplemente inscritos en el escalafón docente regulado por el Decreto-Ley 2277 de 1979, pues en esas circunstancias es claro que i) ningún derecho adquirido cabe predicar respecto del nuevo régimen de profesionalización docente regulado por el Decreto-Ley 1278 de 2002 ii) al tiempo que ni siquiera en relación con la carrera administrativa regulada por el Decreto-Ley 2277 de 1979 y el acceso en propiedad a cargos en la misma, cabe predicar la existencia de derechos adquiridos que pudieran ser desconocidos por las disposiciones acusadas en el presente proceso, o que permitieran considerar de alguna manera vulnerado el derecho a la igualdad de los docentes que se encuentran en esas circunstancias.

Así las cosas dado que la acusación por la supuesta violación de los artículos 13, 53 y 58 superiores se fundamenta en un presupuesto errado, lo que procede es declarar la exequibilidad de las expresiones acusadas frente a los cargos formulados en la demanda a partir del referido presupuesto.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-314 de 2007 (Exp. 6477) en relación con la acusación formulada en contra del segundo inciso del artículo 20 del Decreto-Ley 1278 de 2002 “por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”,

2. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones “y deberá ser inscrito en el escalafón docente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto” contenidas en el segundo inciso del artículo 12 del Decreto-Ley 1278 de 2002 “por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Ver entre otras las sentencias C-375 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-087 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(2) Sentencia C-044 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) Ver, entre otras, las sentencias C-509 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(4) Ver la Sentencia C-528 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(5) Ver Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(6) Ver entre otras las sentencias C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-362 de 2001 y C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(7) Ver entre otras las sentencias C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-520 de 2002, M.P. ÁlvaroTafur Galvis; C-476 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-048 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-1123 de 2004 y C-205 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(8) Ver Sentencia C-205 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(9) Ver, entre otras, la Sentencia C-451 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(10) ART. 12.—Nombramiento en período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en período de prueba será sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los derechos de carrera y deberá ser inscrito en el escalafón docente, de acuerdo con lo dispuesto en el presente decreto (se resalta el aparte acusado).

(11) M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Jaime Araújo Rentería, A.V. Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra. Ver en el mismo sentido la Sentencia C-031 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(12) Recuérdese que dicha norma establecía que: “ART. 4º—Educadores no oficiales. A los educadores no oficiales le serán aplicables las normas de este decreto sobre escalafón nacional docente, capacitación y asimilaciones. En los demás aspectos del ejercicio de la profesión, dichos educadores se regirán por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, los pactos y convenciones colectivas y los reglamentos internos, según el caso” (resaltado por fuera del texto original).

(13) Véase, entre otras, las sentencias C-529 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-126 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara); C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-754 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(14) Sobre la materia, dispone el artículo 17 de la Ley 153 de 1887: “Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene”.

(15) Sentencia C-1169 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Jaime Araújo Rentería, A.V. Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra.

(16) M.P. Álvaro Tafur Galvis. i) estarse a lo resuelto en la Sentencia C-313 de 2003 en relación con la acusación formulada por la supuesta vulneración del principio de igualdad en contra del artículo 2º del Decreto-Ley 1278 de 2002; ii) estarse a lo resuelto en la Sentencia C-422 de 2005 en relación con la acusación formulada por la supuesta vulneración del derecho a la igualdad y de la libertad de escogencia de profesión u oficio en contra del artículo 3º, así como contra el primer inciso y las expresiones “Grado Uno: a) Ser normalista superior” del segundo inciso del artículo 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002; iii) Declarar exequibles, los artículos 2º, 3º, 18 y los incisos primero y segundo del artículo 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002.

(17) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(18) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(19) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(20) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(21) C-647 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

_______________________________